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martes, 23 de marzo de 2010

DOS ESTAFAS MÁS
Y OTRA POR VENIR
Nicolás Lynch

La estafa educativa de un tiempo a esta parte se ha convertido en moneda corriente en nuestro país. El martes pasado la Comisión de Educación del Congreso volvió a cometer dos latrocinios más y está a punto de consumar un tercero. Se aprobaron los proyectos de creación de la Universidad de Frontera sobre la base de la sucursal en Sullana de la Universidad Nacional de Piura y de la creación también de la Universidad Nacional Tecnológica de Chota, parece que sobre la base de la sucursal respectiva de la Universidad Nacional de Cajamarca y el Instituto Superior Tecnológico de Chota. Asimismo, el martes 23 se va a discutir la creación de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología sobre la base del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército. ¡Qué tal avalancha de universidades!

Nos acercamos a las cien universidades con más de 600,000 estudiantes en ellas, que reciben no una mala –eso sería una calumnia– sino una pésima educación en la gran mayoría de los casos y nos atrevemos a seguir creando universidades. Es más, lo hace una Comisión del Congreso que ni siquiera tiene el coraje de discutir soluciones de fondo para la debacle universitaria y que más parece un grupo encargado de tramitar intereses particulares.

Lo primero que dicen los expertos en el tema de la educación superior es que no necesitamos más universidades, especialmente públicas, peor todavía si se trata de universidades de un origen perverso como es la satisfacción de una clientela política. Más aún, no hay profesores mínimamente calificados para las universidades que ya existen, ¿de dónde van a sacar profesores para nuevas universidades? Hace unos años un Ministro de Economía al observar mi preocupación sobre el tema me dijo: “de qué te preocupas, en el MEF no vamos a agregar un centavo al presupuesto universitario, seguirá la misma torta sólo que con más comensales”. Al cinismo del MEF se agrega el cinismo de los políticos que solo piensan en engordar su bolsa de votos preferenciales.

Algunos rumores políticos dicen que se trata de dos regalitos para clientelas apristas, otros que se han repartido en asunto “miti-miti” uno para los apristas y otro para los nacionalistas. Sería bueno que los responsables políticos le aclaren al público esta situación. ¿Y el Ejército para qué necesita universidad, peor todavía a partir de un tecnológico, si las escuelas militares ya tienen nivel universitario? ¿O se trata de pegarle otra mordida al presupuesto público, en esta danza macabra de repartirnos un bien limitado?

La República
23-03-10
COMISIÓN
DE MALA EDUCACIÓN

Nicolás Lynch

El día 11 de marzo de 2010 fue un día de luto para la educación nacional. Ese día sucedieron dos hechos oprobiosos en el Congreso de la República. Por una parte en la Comisión de Educación una mayoría de congresistas, a pedido de Mercedes Cabanillas, decidió no discutir la propuesta de una nueva ley universitaria y mandar el anteproyecto al archivo. El pretexto fue que solo se necesitaban algunos cambios a la actual ley universitaria y que la propuesta, en la que la Comisión ha trabajado los últimos cuatro años, era innecesaria. Por otro, el Consejo Directivo del Congreso decidió, ese mismo día, enviar también al archivo el pedido que hiciera en el mes de diciembre la Comisión de Educación para asumir facultades investigadoras en el caso de la Universidad Alas Peruanas y el presunto funcionamiento ilegal de sus filiales en todo el país, así como la vinculación irregular de esta universidad con magistrados supremos, congresistas y altos funcionarios del Estado.

Cualquiera que conozca algo de la realidad de las universidades, públicas y privadas en el Perú, sabe que se trata de una aguda crisis en la que en muchas de estas instituciones se hallan manejadas por mafias que solo buscan el provecho propio. Los resultados son atroces para el Perú, con una casi nula investigación científica y la multiplicación de vacantes, carreras y dizque universidades que no tienen nada que hacer con las necesidades del país. Ya hemos dicho y repetimos hoy que lo que tenemos es una estafa educativa. Si la congresista Cabanillas cree que para componer esta realidad solo se necesitan afeites a la actual ley, hace muchos años que no visita una universidad en este país.

Por otra parte el archivamiento del pedido de investigación de Alas Peruanas, que en diciembre llevó a que el propio Presidente de la República enviara un proyecto de ley al Congreso para suspender la creación de nuevas universidades al amparo del DL 882, llama a mayor escándalo todavía. El argumento ha sido infeliz, ¡que se trata de una institución privada!, sí pero de una institución privada que da un servicio público y a la que se denunció por vínculos extraños con funcionarios públicos. ¡Que alguien les regale una brújula a los señores congresistas!

¿Y los proyectos, el presidencial incluido, de suspensión de creación de las universidades con dueño (DL 882) cómo quedan? La congresista Cabanillas también tenía uno sobre el tema. ¿Se olvidará del mismo?

La República
16-03-10

jueves, 10 de diciembre de 2009

¿SE DESPERTÓ
GARCÍA?

Nicolás Lynch

Sorpresivamente el presidente García declaró que en el Perú hay universidades cuyos títulos emitidos “a nombre de la nación” no sirven ni para envolver pescado y que por lo tanto habría que proceder a evaluar a todas las existentes, públicas y privadas. Sorpresivamente, digo, porque es la primera vez en tres años y medio de gobierno que expresa una preocupación de semejante magnitud por la universidad.

Y no podemos sino tomarle la palabra, con el perdón de los pescados, porque es cierto, la crisis actual de la mayoría de las universidades públicas y privadas las hace indignas de dar nada en nombre de la nación. El Presidente no hace sino hacer crecer la bola de nieve que empezó hace dos meses y medio con la huelga de los catedráticos, siguió hace dos semanas con el “affaire” de Alas Peruanas y se encuentra ahora en la rifa de las soluciones.

¿Qué hacer? La primera constatación es que al gobierno no le interesa remediar la pobreza de las universidades públicas porque no le ha hecho el menor caso al justo reclamo docente. La segunda es que algo se cuece, que no conocemos, dentro del Apra, porque continúan exigiendo, para bien, que se cierre la creación de universidades con dueño. Esto último no tiene precedente. ¿Habrá conversado con su amigo el ministro Chang, distinguido dueño universitario?

El debate sobre la universidad ha producido en los últimos años diversos proyectos de nueva ley –alguno de los cuales cuenta con alto consenso en el Congreso– que abordan precisamente los temas que hoy García descubre: los problemas de calidad académica y de grave debilidad institucional. Un paso adelante sería la puesta en debate del proyecto de nueva ley universitaria que existe en la Comisión de Educación. De esta manera, iríamos a los problemas de fondo: de reglas comunes para todas las universidades, de gobierno de las mismas, de la calidad académica, de financiamiento universitario, de régimen de profesores, etc.

Si hay consecuencia en la Presidencia de la República, lo cual sería una grata novedad, se tendría que dar el paso de coger el rábano por las hojas y no seguir en la eterna mecida en lo que a educación superior se refiere. Mientras tanto, presidente García, una muestra de buena voluntad sería cumplir con la ley y llevar adelante la homologación de los sueldos de los profesores universitarios.

La República
8-12-09

martes, 10 de noviembre de 2009

CARRANZA
CONTRA LA LEY

Nicolás Lynch

Hace seis semanas que los profesores de las universidades públicas nos encontramos en huelga y al gobierno la situación de 36 universidades, 22 mil docentes y 300 mil estudiantes parece importarle un comino. Seguramente que ningún ministro tiene un hijo suyo en alguna universidad pública.

Según la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup), hay 31 dispositivos legales, entre leyes, sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional que obligan al gobierno a pagarnos nuestros sueldos, pero este se niega. Ojo, no estamos pidiendo aumento, bueno fuera, sino homologación, es decir, que nos paguen el haber que nos corresponde, a lo que sucesivos gobiernos se han negado en los últimos 26 años.

El ministro de Economía, Luis Carranza, ha tenido la insolencia de decirles a los dirigentes de la Fendup que no tiene plata para pagar, cuando todos sabemos que los cofres del Estado están llenos, pero lo que falta es voluntad política. La universidad pública no les interesa porque tienen un desprecio de clase y raza frente a la misma.

Lo curioso, sin embargo, según la misma Fendup, es que acto seguido Carranza les manifiesta que podrían haber mejoras salariales si se presenta “un proyecto que garantice la mejora de la calidad educativa”. ¿Es acaso el titular del MEF autoridad universitaria o experto en la materia? Los universitarios no podemos permitir que el MEF nos dé lecciones porque sencillamente no le corresponde.

Ahora bien, los graves problemas de calidad que sí tienen las universidades públicas han sido objeto de intenso debate en los últimos años y el Congreso de la República se ha hecho eco del mismo avanzando varios anteproyectos de nueva ley universitaria que tratan los problemas más delicados con alto grado de consenso. Sin embargo, no parece que al actual gobierno le interese la solución del problema de fondo, porque prefiere perder el tiempo creando nuevas universidades públicas y haciéndoles favores a sus amigos de las universidades privadas. Ya es hora de que el Congreso alce su voz al respecto y mande algún proyecto al Pleno.

En lo inmediato, póngase a derecho, señor Carranza, y páguenos lo que nos debe.

La República
10-11-09