EL TERRITORIO Y LOS DERECHOS

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Fermín Tiwi Paati

En este Congreso Nacional organizado por la Asociación de Estudiantes Indígenas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta , se me ha asignado el tema materia de exposición sobre: El Territorio y los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un tema bastante debatido desde la esfera académica, política, económica, social y cultural, además muy pretendido durante décadas por los gobernantes de desaparecer el régimen comunal de nuestras Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas. Pues, el gobierno esta promoviendo que las comunidades nativas vendamos nuestros territorios comunales a favor de las empresas transnacionales, es decir, a las empresas madereras, petroleras y mineras, justificando de manera absurda de que la existencia de los pueblos indígenas es un estorbo y atraso para el desarrollo del país.

Clara muestra de ello es el caso al que llamo el “28J - paquetazo para el pueblo indígena”, que el 28 de Junio del presente año 2008, el ejecutivo dio numerosos decretos legislativos que van en contra de las comunidades nativas[1], así tenemos los: D.Leg. Nº 1064: Que tiene que ver con el régimen de uso agrario; D.Leg. Nº 1073: Que modifica el artículo 10 del D.Leg. Nº 1015; D.Leg. Nº 1075: Que modifica la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y tiene que ver con todo lo que implica propiedad intelectual y por lo tanto guarda relación con conocimientos colectivos; D.Leg. Nº 1078: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; D.Leg. Nº 1079: Áreas Naturales Protegidas; D.Leg. Nº 1081: Sistema de Recursos Hídricos; D.Leg. Nº 1085: Organismo supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre; D.Leg. Nº 1089: Régimen temporal extraordinario de formalización de predios rurales, COFOPRI, tiene que ver con el Proyecto de Ley Nº 1770; D.Leg. Nº 1090: Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Para ya entrar en el desarrollo del tema en sí quiero plantear cómo entienden nuestras autoridades el concepto “territorio”, y cómo entendemos los indígenas el territorio y qué es el territorio para los indígenas?, por qué decimos los indígenas que queremos defender el territorio indígena y la tierra indígena?.

Hoy en día el concepto tierra ha sido cada vez más discutido ya no solo en el ámbito del derecho, sino desde el punto de vista cultural, es decir, más en lo “espiritual” y no tanto como un bien material como se concibe en el derecho real.

De esta manera, para el pueblo indígena la tierra no es un bien material, sino un significado de contenido espiritual. Para nosotros los indígenas la tierra es el generador de la vida, en ella se encuentran dependientes los recursos naturales desde las especies pequeñas hasta las especies más grandes, en ella se encarnan nuestras almas, las plantas, los animales, los lagos, los ríos. La tierra nos proporciona energía, poder y continuidad, diría los hermanos campesinos ecuatorianos[2], y si se menoscaba la tierra todas ellas tienden a la desaparición y muy difícil de revertir a su estado natural.

Bajo esta convicción, los indígenas defendemos nuestras tierras muy celosamente porque somos parte de ella, nuestra existencia y nuestra vida depende de nuestra madre tierra y según como se maneje, y si no es bien manejada o bien cuidada nuestra existencia como pueblos indígenas corremos el riesgo de desaparecer. Ahora, es bien claro en darse cuenta, de que nuestras autoridades deban procurar a proteger y salvaguardar a los pueblos indígenas asegurando política y jurídicamente las tierras indígenas.

Sin embargo, durante el actual gobierno del señor Alan García, todo ha ocurrido al revés el tema indígena, una fuerte amenaza en querer desaparecer el sistema comunitario de las comunidades nativas y comunidades campesinas, dando como se dijo anteriormente un paquetazo de decretos legislativos que pone en grave situación el futuro de los pueblos indígenas. En este sentido, me parece que el gobierno juega un rol anti-indígena.

La concepción que tienen nuestros gobernantes de la tierra es puramente material, un bien que produce nada más, un bien de contenido económico y nada que ver que éste tenga una relación con la espiritualidad. El territorio para el Estado es un espacio de soberanía jurídica, un lugar en el cual se aplica o puede aplicarse el sistema normativo peruano. Por eso, para el Estado, la tierra es un asunto de negocio, la tierra se vende, se arrienda, se hipotecar y se gana el dinero para salir de la pobreza. Los indígenas decimos al contrario, vender la tierra indígena es más bien el aniquilamiento del sistema comunitario y la desarticulació n de los pueblos indígenas.

Esta política del gobierno es la vieja fórmula de despojar a los indígenas de sus tierras y de esa manera extraer con facilidad los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Esto es clarísimo en darnos cuenta del interés y ambición del señor García sobre las tierras indígenas.

En su discurso político dice que el Perú avanza muy aceleradamente y que el índice de la pobreza está disminuyendo. Este discurso se ve engañoso y altanero, ya que en la vida práctica vemos en nuestro medio más desempleos, alzas de costos de productos de primera necesidad, paros en todos los sectores populares. Esto significa que aún existen problemas que no están resueltos. En el Perú hablar de la pobreza resulta demasiado alto, ni siquiera estamos en la pobreza, sino en la miseria. La gente no tiene pan para mañana. Además, el señor García se niega a ver que, los pueblos indígenas seguimos en las peores condiciones.

Con esta política de inversión privada se concesionaron varios lotes petroleros en los territorios indígenas, lo cual ha generado un severo conflicto interno entre las organizaciones indígenas, han surgido dirigentes que se dejan vender por un plato de frijoles frente a otros y sus organizaciones que realmente defienden el interés de los indígenas.

Nuestra protesta se ajusta a una gran verdad, sabemos que con los recursos que se extraen de nuestros territorios los pueblos indígenas no nos beneficiamos de las grandes ganancias que se obtienen, al contrario, aquí solo se enriquecen sus entornos y sus funcionarios, mientras que los indígenas estamos de mirones, cómo estos se enriquecen aprovechando de los recursos indígenas, justificándose con leyes de contenido lleno de artimañas y con el cuento de siempre que los recursos naturales son del Estado y éste es el único soberano en su aprovechamiento y es la política del Estado para el desarrollo del país.

Ahora bien, el concepto de territorio desde el punto de vista indígena no solamente es un espacio que comprende el espacio aéreo, marítimo, el suelo y el subsuelo (tierra), sino la totalidad de todos los elementos como el pueblo (cultura, arte, música, idioma, comida, mitos, creencias, la forma de organizarse y administrar) . Sin embargo, el derecho adquirido a través de largos años de existencia de los pueblos indígenas todo se cambió cuando se creó la república, a partir a esa fecha, los lugares que eran de dominio de los indígenas pasaron a ser automáticamente cosas públicas, es decir, de dominio del Estado. Y con ello, el pueblo indígena solo tenemos el derecho y acceso a uso de las tierras, pero ya no nos corresponde el espacio aéreo ni subsuelo.

En el año 1974, en el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado, en pleno proceso de la Reforma Agraria dictó el Decreto Ley Nº 20653 - Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Cejas de Selva, con el objetivo de incorporar la colectividad nativa a la vida económica nacional en condiciones equitativas[3], y más tarde, en el año 1978, se modificó el decreto ley dado por Velasco con el Decreto Ley Nº 22175 – Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva[4] por el gobierno del General Francisco Morales Bermúdez. A partir de ese momento los pueblos indígenas somos denominados “comunidades nativas”, una denominación impuesta por los gobernantes, una denominación que nos encierra a los indígenas con poca posibilidad de abrirse y desarrollarse libremente con autonomía y como pueblos. Lo que las autoridades deben entender es que nosotros los indígenas somos una nación indígena con diversas nacionalidades, es decir, somos Pueblos Indígenas que tenemos un mismo origen, una historia común, idiomas propios e intereses comunes regidos por nuestras propias leyes y derechos como pueblo indígena. Cabe precisar entonces, que nuestra existencia como pueblos indígenas es preexistente al Estado.

El Estado lo que hace es reconocer nuestra existencia, por consiguiente, debe garantizar con una ley estable. Los indígenas tenemos nuestras propias particularidades, nuestra forma de vida tiene un carácter comunitario porque nuestro modo de producción está basado en la reciprocidad, solidaridad, igualdad, donde todos los miembros participan activamente. Los pueblos indígenas Amazónicas del Perú somos 13 familias lingüísticas y 42 pueblos indígenas[5], estas son:

1. Arahuaca: [Yanesha][6], Asháninka, Culina, Chamicuro, Nomatsiguenga, [YineYami][7];

2. Cahuapana: [Shawi][8], Jebero;

3. Harakmbet: Amarakaeri;

4. Huitoto: Bora, Huitoto, Ocaina;

5. Jíbaro: [Awajún][9], Achual, Candoshi, [Wampis][10], Jíbaro;

6. Pano: Amahuaca, Capanahua, Cashibo-Cacataibo, Cashinahua, Isconahua, Mayo-Pisabo, Mayoruna, Nahua, Sharanahua, Shipibo-Conibo, Yaminahua;

7. Peba Yagua: Yagua;

8. Quechua: Quechua Lamista, Quechua del Napo, Quechua Pastaza Tigre;

9. Tacana: Ese-Ejja;

10. Tucano: Orejón, Secoya;

11. Tupí-Guaraní: Cocama-Cocamilla;

12. Zaparo: Arabela, Iquito;

13. Sin clasificación: Taushiro, Ticuna, Urarina.

Sin embargo, quiero precisar que ésta no es una enumeración taxativa ni mucho menos se cierre con 13 grupos de familias lingüísticas, porque hay una probabilidad que existan más pueblos indígenas aún no estudiadas como el caso de los pueblos indígenas no contactados o pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Ahora bien, siguiendo con el tema del territorio, existen diversas categorías de terminologías especializadas, por ejemplo, cuando el pueblo indígena habla del “territorio”, el Estado cree que los indígenas queremos formar un mini Estado aduciendo que el territorio es del Estado-Nación y no de un grupo de personas. Además nos dice que los indígenas solo debemos tener y vivir en un pedazo de tierra, en una parcela, en un solar o en un lote. Es así que nos resultó difícil entendernos con el Estado en materia del territorio indígena y por falta de leyes con qué acaparar nuestro derecho. La Constitución Política y la ley especial solo nos reconocían como comunidades nativas y tierras comunales, y no como pueblos indígenas y territorio indígena.

Así pasaron varias décadas hasta que el 27 de Junio de 1989 en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administració n de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptara el Convenio Nº 169 de la OIT – Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes[11], la misma que en el año 1993 ha sido ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 26253. Ahora, esta norma forma parte del derecho nacional según el artículo 55 de la Constitución Política del Perú[12], por lo mismo, tiene que ser cumplida obligatoriamente por ser ésta un tratado con efecto vinculante.

Posteriormente, el 13 de Septiembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues, esta norma para que sea cumplida como tal mucho tendrá que ver con la voluntad política del gobierno. Los que no son especialistas en la materia de derecho confunden qué es una convención, un tratado, un acuerdo, una declaración, una carta o una decisión, en fin serie de terminologías que se usa en el derecho internacional público. Por ejemplo, el Convenio Nº 169 – OIT, es una convención, para que en una nación sea aplicable, ésta tendría que pasar a un proceso de ratificación, una vez ratificada mediante la resolución legislativa, recién forma parte del derecho nacional y aplicable para todos los países que hayan suscrito y ésta tendrá el efecto vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio por el Estado que adoptó dicha convención.

Ahora bien, en cambio, una Declaración tiene otra categoría, una categoría que tiene ver más con la política, sin embargo, a través de largos años la Declaración de los Derechos Humanos se ha aplicado como una norma de cumplimiento obligatorio, esto hace que la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas obtenga el carácter vinculante, ahora, esta Declaración también es de cumplimiento obligatorio por el Estado que formó parte de la aprobación de esta norma. Asimismo, es una obligación del Estado, adecuar e incorporar dichas normas internacionales a la realidad nacional.

Actualmente, para defender nuestro territorio indígena ya contamos con suficientes instrumentos normativos y jurídicos, así tenemos por ejemplo: dos normas internacionales y dos normas nacionales: 1). El Convenio Nº 169-OIT – Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1993; 2). Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007; 3). La Constitución Política del Perú de 1993; 4). Ley Nº 22175 – Ley de las Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva de 1978.

Por fin podemos decir que somos los Pueblos Indígenas y no simplemente “comunidades nativas o comunidades campesinas”. Llamamos Pueblos Indígenas aunque otros hermanos indígenas no aceptan este término, sin embargo, podemos señalar que la palabra “indígena” viene de la voz latín “indigĕna”[13] que significa “oriundo, nativo, aborigen”, es un término que, en sentido amplio, se aplica a todo aquello relacionado a una población originaria en un territorio determinado que habita de manera prolongada y estable. En sentido estricto y más habitualmente, se aplica la denominación de indígenas, a las etnias que preservan las culturas tradicionales propias y no europeas. Con este alcance, se denomina indígenas a los grupos humanos que presentan características tales como: pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la aparición del Estado moderno; pertenecer a culturas que sobrevivieron la expansión.

Por todo lo antedicho, podemos decir que los pueblos indígenas tenemos el derecho al territorio donde vivieron nuestros ancestros en ejercicio de nuestro derecho de autodeterminació n como pueblos.

Los indígenas tenemos dos derechos muy importantes que tenemos que conocer: derecho indígena como individuo y el derecho indígena como pueblo o colectivo.

Los derechos que nos asiste como indígena o individuo o derecho individual indígena son: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la educación tanto de los padres y de la escuela, el derecho a la libertad de reunión o asociación, el derecho a la propiedad, el derecho a la propia cultura y a decidir sus propias culturas, el derecho al propio idioma, el derecho al libre tránsito, derecho a la identidad, etc.; y los derechos que tenemos como pueblos indígenas o derechos colectivos son: derecho a la autodeterminació n, derecho a la autoafirmació n, derecho al autogobierno, derecho a la salud, derecho a la participación, derecho a la consulta, derecho a la identidad social y cultural, derecho a la no discriminació n por razones étnicas, derecho al desarrollo como pueblo, derecho a su propio idioma, derecho al ejercicio de la función jurisdiccional o la administració n de justicia, derecho a la tierra, etc.

Estos derechos colectivos como individuales que tenemos los indígenas debemos hacer respetar porque son nuestros derechos reconocidos en las normas nacionales como internacionales que mencionamos anteriormente, porque hay que saber que no existe un pueblo sin territorio ni tampoco territorio sin pueblo. Sin ello, el pueblo indígena pierde su existencia y las generaciones venideras no tendrían espacio dónde vivir para poder desarrollarse. Es precisamente ahí donde los pueblos indígenas nos levantamos nuestras voces de protesta que ¡la tierra indígena no se vende ni se regala, la tierra indígena se respeta![14].

Concluyendo con esta brevísima conversación y reflexión que comparto con todos los presentes (estudiantes, profesores, dirigentes y profesionales indígenas) también para muchos que van a tener acceso a la lectura de este material una vez publicada, la tarea más grande que nos queda es, defender nuestro territorio indígena y los recursos naturales, por qué no decir, luchemos hasta lograr el derecho de veto, porque los recursos naturales son de nosotros los indígenas, aunque muchos dirán que no, porque siempre dicen que los recursos son del Estado. Con este derecho, los indígenas seríamos los primeros en negociar nuestros recursos naturales con cualquier empresa y asignarle solo un porcentaje al Estado, lo que actualmente sucede al revés. En otros países como los indígenas de Canadá si gozan de ese derecho, ellos son los que negocian con la empresa.

Finalmente, termino diciendo que si hoy en día el tema indígena le interesa al Estado o a la empresa no es porque somos bonitos, simpáticos, sino por nuestros recursos naturales que tenemos, aquí viene mi reflexión, ¿qué será de nosotros el día de mañana después que nos hayan saqueado todos nuestros recursos?. Es muy probable que nos dejen en el olvido, porque los indígenas solo somos recordados por nuestras autoridades cuando ocurren desastres naturales o cuando existen conflictos armados y en las contiendas electorales para aprovechar los votos. Por eso, hermanos indígenas, es el momento de defender los recursos naturales porque son recursos no renovables y las contaminaciones del medio ambiente producidas por esta actividad afectan gravemente a la salud de los indígenas y a los daños a la ecología son irreversibles.

Muchas gracias.

El autor es un miembro de la etnia Awajún y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es Bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres, con un Diplomado en Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, por la Universidad de San Martín de Porres y American University Washington Collage Of Law. También es investigador sobre derecho consuetudinario del pueblo Awajún.

Notas:

[1] http://www.entrelin eas.com.pe/ default.php
[2] MACAS A. LUIS A.: La tierra para los pueblos indígenas en el Ecuador. Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 58, Enero del 2004: http://icci. nativeweb. org/boletin/ 58/macas. html
[3] Decreto Ley Nº 20653 - Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Cejas de Selva. Gobierno del Régimen Militar General Juan Velasco Alvarado. 1974.
[4] Decreto Ley Nº 22175 – Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva. Gobierno del Régimen Militar General Francisco Morales Bermúdez C. 1978.
[5] Fuente: Chirif y Carlos Mora, 19977; Wise y Ribeiro. 1978. Instituto Indigenista Peruano. 1994. En: Amazonía Peruana, Comunidades Indígenas, Conocimiento y Tierras Tituladas. Atlas y Bases de Datos. GEF/PNUD/UNOPS. Proyectos RLA/92/G31, 32, 33. Lima. 1997. Op.Cit. P.4.
[6] Los pueblos indígenas que se señalan entre corchetes son mis correcciones, por ejemplo, al pueblo indígena Yanesha los antropólogos conocían por Amuesha y al Pueblo Yine Yami por Piro así respectivamente.
[7] Ahora se autodenominan Yine Yami, lo que anteriormente se conocía como Piro.
[8] Chayahuita.
[9] Aguaruna.
[10] Huambisa.
[11] Convenio Nº 169 de la OIT – Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989. Ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 26253 de fecha 5 de Diciembre de 1993.
[12] Artículo 55º.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.
[13] http://buscon. rae.es/draeI/ SrvltConsulta? TIPO_BUS= 3&LEMA=antedicho
[14] Voz expresada de los pueblos indígenas Achuar, Awajún y Wampís frente al convenio de varios lotes petroleros para operar en el territorio indígena.

DEMOCRACIA
A LA PERUANA

La democracia está en peligro, afirman nuestros gobernantes. Responsabilizan de ello a quienes desde el exterior y el interior, incluyendo a las comunidades amazónicas, estarían supuestamente tramando la desestabilización del país como parte de un complot que derivaría en la caída del régimen. Comunistas y chavistas, rojos que ahora son verdes, serían, según esos mandamaces, incluyendo a la carilinda Ministra Meche Araoz, que se las ha agarrado con las ONG, los malos de la película.

Esos señorones y señoronas olvidan, que según la historia republicana del país, nuestra democracia siempre suele estar en cuidados intensivos porque de ella, los de abajo sólo hemos conocido muñones y nada más. De otra manera no nos podríamos explicar el cómo después de 1821 siguió existiendo la esclavitud negra o se dio pase a la semiesclavitud china, o también el porqué se estuvo que esperar hasta 1970 para que se liquidase la servidumbre feudal existente en los latifundios serranos. O si quisiéramos ubicarnos en la selva, no entenderíamos las razones por la que la explotación del caucho es una página negra de la historia económica y social.

Esa democracia suele caerse sola porque quienes afirman defenderla la resquebrajan con sus actos o la vuelven letal para los deposeidos. La intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión para bloquear la decisión judicial, no fue obra de los amuesha ni de los asháninka, la orden provino de las más altas esferas del Ejecutivo. Y es mortal porque a pesar de que está constitucionalmente establecido el derecho a la vida - es uno derechos fundamentales de la persona- los niños siguen muriendo en las alturas de Puno, Huancavelica, Pasco, Ayacucho, víctimas del friaje, como si este fenómeno natural recién hiciese su aparición en el país, cuando desde tiempos inmemoriales se conoce de su existencia, al igual que otro tipo de calamidades: fenómenos de El Niño, terremotos, sequías, desbordes de ríos, huaycos...

A los aguarunas, huambisas o machiguengas, tampoco podemos culparlos de ese desastre, menos responsabilizarlos de que La Oroya sea una de las diez ciudades más contaminadas del planeta porque es una verdadera cámara de gas causada por el plomo, el arsénico y el cadmio de la fundición ahí existente. ¿Resultados? Más del 99% de los 12 000 niños que viven en esa ciudad tienen la sangre envenenada por el plomo, la muerte es prácticamente su eterna acompañante, sin que nadie puede frenar esta desgracia "democrática".

Ante una democracia como la peruana que ha sido siempre ciega, sorda y muda ante los reclamos de las mayorías, históricamente, la violencia siempre ha sido el único gran recurso al que han podido acudir para obtener sus reivindicaciones. Lo sabe el APRA, que en sus orígenes antioligárquicos estuvo comprometida hasta el cuello con más de un amotinamiento social. La llamada revolución aprista del 7 de julio de 1932 en Trujillo, es un ejemplo de los muchos. Lo saben también las multitudes que en los años 70 obligó a los militares a volver a sus cuarteles; como tampoco puede desconocerse la irrupción no precisamente pacífica de los pueblos en el combate frontal contra el fujimorismo, que concluiría con la fuga del dictador y ¡léase bien! la vuelta a la democracia formal, a las primaveras que los de arriba son los primeros en violentar.

No debe llamarnos entonces la atención que las comunidades amazónicas hayan emprendido el camino de la protesta aírada en procura de sus demandas. Anteayer fueron los cañeros de la costa peruana, los artesanos y obreros de la capital de la República y provincias; ayer, los mineros y petroleros, los campesinos y maestros, los estudiantes y los pobladores de los asentamientos humanos... y podemos seguir. Lo nuevo en este escenario de lucha social es el protagonismo de las etnias amazónicas y sus reivindicaciones, que colocan al Perú ante una confrontación democrática y nacional nunca antes vista.

La Selva, no las ciudades, sino las profundidades de ella, son las que hoy están manifestándole al mundo cuan precaria y falsa es la democracia peruana, incapaz, como lo está demostrando, de viabilizar un petitorio que en su esencia no le cierra el paso a la inversión privada, sino que busca garantizar la existencia de un habitat ya bastante maltratado justamente porque nadie ha querido ponerle coto a la despiadada práctica de los neocaucheros de las trasnacionales del petróleo; y al mismo tiempo salvaguardar la existencia de las etnias y su universo cultural, expuestas a la irracionalidad del capitalismo salvaje, como se ha denunciado en decenas de oportunidades.

Los luctuosos sucesos de Bagua, del pasado viernes 5 de junio pudieron evitarse, incluso el propio levantamiento de las etnias amazónicas pudo no producirse si es que nuestros gobernantes hubieran respetado la legalidad vigente, que los obligaba a consultar con esos pueblos cualquier decisión a adoptar en materia de inversiones. Como lo han dicho los especialistas: el Convenio número 169 de la OIT, incorporado a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa número 26253 del 2 de diciembre de 1993 obliga, así como se lee: obliga, a nuestros gobernantes a esa consulta, para lo cual se deben crear las mejores condiciones: de información, de organización, de diálogo, de previsión, para que ese proceso de intercambio de ideas pueda efectuarse sin contratiempos de ninguna naturaleza.

Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (Expediente número 03343-2007-PA/TC del 19 de febrero del año en curso), reconoce explícitamente ese derecho de las etnias amazónicas, al señalar que "...la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad nativa o su hábitat natural". Asimismo dispone que para procesarla debe garantizarse: a.- Información relativa al tipo de recurso a explotar; b.- Àreas de explotación; c.- Informes sobre impacto ambiental; d.- Posibles empresas que podrían efectuar la explotación del producto; e.- Entrega anticipada de la información.

Como colofón, sentencia el Tribunal que dicha consulta tendrá que realizarse sin ningún tipo de coerción que pueda desvirtuarla. (Juan Carlos Ruiz, T.C. reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y rango constitucional al Convenio 169 de la OIT. En: Gaceta Constitucional, T. 16, abril de 2009, p.137).

Los decretos leyes números 1090 y 1064, son cuestionados por las comunidades nativas porque justamente no cuentan con su opinión, tal y como lo establece el Convenio número 169 de la OIT, y como también lo determina la sentencia del Tribunal Constitucional arriba citada, que sienta jurisprudencia sobre el particular. El gobierno ha soslayado abiertamente tales disposiciónes; lo más serio es que persiste en su actitud: aparentemente va al diálogo, pero con los interlocutores señalados a dedo, y en un ambiente nada propicio: con toque de queda, estado de emergencia, persecusión de dirigentes y satanización de las comunidades nativas.

En este sentido, si se trata de buscar una salida idónea al problema actual de la amazonía, la opinión del ex Canciller Manuel Rodriguez Cuadros debería ser colocada en el orden del día. Por ello la trascribimos tal como ha sido expuesta en la edición de hoy del diario La Primera de Lima:

1) Derogar los decretos legislativos. 2) Constituir, en aplicación del Convenio 169 de la OIT, una comisión plural que elabore un nuevo régimen jurídico de desarrollo en la Amazonía, bajo los principios del respeto a los derechos de propiedad ancestral, el beneficio compartido y la sustentabilidad medio ambiental. 3) Deponer la suspensión antidemocrática de los congresistas opositores. 4) Otorgar el salvoconducto a Alberto Pizango. 5) Conformar una comisión independiente que esclarezca los hechos de violencia, con participación de los obispos amazónicos y la Defensoría del Pueblo. 6) Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que haga una vista y observación “in loco”. 7) Que los órganos jurisdiccionales establezcan con independencia las responsabilidades individuales por las muertes. (Alberto Mosquera Moquillaza)

Lima, 15 de junio de 2009

¿QUÉ RECLAMAN

LOS INDÍGENAS PERUANOS?

Ernesto Carmona

El trasfondo de la legítima reclamación de los indígenas del Perú radica en que sus vidas están en peligro desde que el gobierno de Alan García proyecto entregar extensos territorios de la Amazonía a la voracidad de numerosas corporaciones mineras, petroleras y gasíferas transnacionales. Pero esta oleada de concesiones en la selva virgen está ocurriendo, además, en todos los países que confluyen en la Amazonía occidental, según estudios científicos ocultados por la gran prensa internacional.

Los indígenas peruanos, a quienes la corresponsal peruana de CNN –Maria Elena Belaúnde– suele llamar "revoltosos", sólo desean sustraer sus tierras nativas –junto con la biodiversidad de la selva y del bosque autóctono– a la exploración y futura explotación minera, gasífera y petrolera, según una investigación de Rob Hunter, sometida a la consideración del Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California.

Desde hace un año se conocen los estudios investigados por Hunter, a partir de su divulgación en publicaciones como el diario The Guardian, de Londres, el web site Common Dreams, el periódico especializado en medio ambiente PLoS One y otros medios independientes de la gran prensa mundial. Hoy está en peligro inminente toda la Amazonía occidental, que alberga a la mayor biodiversidad y selva tropical que aún permanece intacta en todo el planeta. El peligro consiste en que pronto puede llegar a convertirse en un territorio cubierto de tuberías y plataformas petroleras. Una investigación publicada por el periódico PLoS One (1) sacó a la luz que por lo menos 35 compañías de petróleo y gas operan más de 180 "bloques", o áreas zonificadas para exploración y desarrollo insertas en el corazón de selva occidental de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, abarcando un territorio de más de 688.000 km2, tan extenso como el estado de Texas.

La Amazonía occidental también constituye el hogar de numerosos grupos étnicos, incluyendo a algunos de los últimos pueblos indígenas que prefieren vivir en aislamiento voluntario, sin ningún contacto con el mundo cruel del capitalismo salvaje. El territorio contiene una diversidad cultural y biológica tan extraordinaria que los científicos ambientales lo denominan “el pulmón del planeta”, pero por desgracia contiene grandes reservas de petróleo y gas.

Los elevados precios de los hidrocarburos y su demanda global cada vez mayor estimulan niveles sin precedentes de nuevas exploraciones destinadas a la futura extracción de petróleo y gas, amenazando con la devastación ambiental y cultural de la selva. Por ejemplo, de los 64 bloques que cubren el 72% de la Amazonía peruana –creados todos a partir de 2004–, por lo menos 16 fueron aprobados por el gobierno de Allan García en 2008. Y hasta 58 de estos 64 bloques corresponden a tierras cuyos dueños legítimos son los pueblos indígenas del Perú, mientras otras 17 áreas propuestas para que se exploren abarcan incluso reservas declaradas explícitamente como el hábitat natural y legítimo de grupos indígenas en aislamiento voluntario.

La "instigación del comunismo internacional", o del gobierno de Venezuela, que invoca y "denuncia" el presidente peruano Alan García no es más que la resistencia política indígena, una expresión de su rechazo a la depredación de las transnacionales. El peligro de perderlo todo ha conseguido que las etnias exhiban cada vez más organización y eficacia para sus reclamos en los ámbitos nacionales e internacionales. “Esta expansión de las exploraciones se desarrolla en detrimento de nuestra gente y de la Madre Tierra”, advirtió José Antúnez, líder del pueblo Ashaninka de Perú. (2)Por más de tres años, investigadores de instituciones sin fines de lucro de EEUU, como "Save America's Forests" (Salvemos la Selva Americana) y "Land Is Life" (Tierra es Vida), junto con científicos de la Universidad de Duke, han elaborado un mapa de las actividades corporativas en busca de gas e hidrocarburos a través de la Amazonía occidental. El resultado ha sido una evaluación alarmante de las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad y la población indígena de la región. El trazado muestra en detalle los proyectos de extracción de petróleo y gas de 35 compañías transnacionales en las áreas del Amazonas más propicias para la vida de especies como mamíferos, pájaros y anfibios.

Los investigadores confeccionaron su mapa utilizando información suministradas por los propios gobiernos respecto a las tierras que durante los últimos cuatro años se han arrendado o concesionado para que las compañías energéticas busquen petróleo y gas amazónicos en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Los mapas muestran que las regiones elegidas para proyectos de petróleo y gas en Perú y Ecuador ya abarcan a más de dos tercios de su Amazonía.“Hemos estado siguiendo los desarrollos de petróleo y gas en el Amazonas desde 2004 y el cuadro está cambiando ante nuestros ojos”, dijo Matt Finer, de Salvemos la Selva Americana, un grupo conservacionista de EEUU. “Cuando ustedes observen dónde están localizados los bloques de petróleo y gas, verán que se ubican perfectamente encima de las áreas de mayor biodiversidad, casi como si lo hubiera exigido su diseño, y éste no es un zona cualquiera o una más entre la mayoría, sino precisamente el área de mayor biodiversidad de la tierra”. (2)En algunas zonas ya se han descubierto reservas de petróleo y gas, pero en otras áreas, las compañías necesitarán eliminar primero el bosque para verificar sus especulaciones y luego, iniciar prospecciones que incluyen perforaciones de explosión sísmica como medio de prueba. Típicamente, las compañías dedican siete años a explorar una región antes de decidir si entrarán de lleno a explotar la producción.

“La mayor preocupación realmente surge si la exploración de la zona resulta acertada, porque entonces comenzará la fase de desarrollo, con movimientos de tierra, construcción de caminos, perforaciones e instalación de redes de tuberías”, dijo Finer. El artículo del periódico PLoS One, Finer y otros científicos de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, y voceros de Tierra es Vida, un grupo medio ambiental de Massachussets, llamaron a los gobiernos suramericanos a que repiensen cómo explotarán sus reservas energéticas en el Amazonas.

Los autores exigen, entretanto, que las compañías debieran someter a una consideración seria de las autoridades de cada país la evaluación del impacto ambiental y de las consecuencias para el medio ambiente de sus proyectos, a menudo decididos individualmente en vez de colectivamente. “No están observando el cuadro completo de lo que sucederá, ni tampoco verifican si, al mismo tiempo, existen otros proyectos similares por ejecutarse”, dijeron.

“Cada compañía podría estar creyendo individualmente que está siendo de manera relativamente responsable y custodiará bajo su control sus propias redes de carreteras, y así sucesivamente, pero ¿qué sucede cuando existen otros 15 proyectos alrededor?”, preguntó Finer. “De pronto, cuando se observe el cuadro completo, saltará a la vista una extensa red de caminos”, añadió, al parecer estimando posible que las transnacionales competidoras pudieran hacer sus propios acuerdos de explotación entre ellas mismas.

La construcción de extensas redes de carreteras hará previamente inaccesible la selva, con el riesgo de la tala de árboles y la caza ilegal, argumentaron vehementemente los autores de los estudios. Los investigadores urgieron a las compañías a adoptar una moratoria en la construcción de nueva carreteras y en su lugar, utilizar helicópteros para desplazar personal y maquinaria hasta los sitios de exploración, como ya lo han hecho en algunas locaciones. También llamaron a los gobiernos a adoptar una visión de conjunto sobre las consecuencias de nuevos proyectos lesivos para el medio ambiente, evaluándolos más bien como grupo de países que individualmente.

La investigación del equipo científico encontró que muchos proyectos de exploración y extracción se encuentran en tierras que son el hogar ancestral de etnias indígenas que no han sido consultadas, ni se las pedido ninguna opinión acerca de continuar, o no, tales proyectos. Por lo menos así ha ocurrido en 58 de las 64 regiones asignadas en Perú, donde numerosas comunidades viven en aislamiento voluntario, incluyendo 17 áreas en que se está infringiendo su actual estatus legal de reserva destinada exclusivamente al hábitat de grupos indígenas.

“La manera en que se está llevando a cabo el desarrollo del Amazonas occidental es una violación gruesa de los derechos de los pueblos indígenas de la región”, dijo Brain Keane, de la organización Tierra es Vida. “Los tratados internacionales de derechos humanos interamericanos que han ratificado las leyes de los países involucrados, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y prohíben explícitamente que – sin su consentimiento previo– se otorguen concesiones de recursos naturales en los territorios en que tales pueblos viven en libertad”, añadió.

Los informes añaden que la comunidad internacional debería pagar a los pueblos indígenas del Amazonas si desean que abandonen su selva virgen. Ecuador ha dicho que no permitirá desarrollar sus grandes reservas de petróleo todavía intactas si no recibe una regalía o indemnización antes de fin de año, refiriéndose a 2008, una postura que los demás países todavía no toman en cuenta. Pero Ecuador es el primer país del mundo que incorporó a su nueva Constitución los derechos de la tierra, de los recursos naturales y de la biodiversidad.

Notas:

1) “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples” Matt Finer et al, PLoS One, 8/2008. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002932

2) Artículo de Ian Sample en The Guardian, del Reino Unido, publicado el 13 de agosto de 2008.

Ver también:

–“Oil And Gas Projects In Western Amazon Threaten Biodiversity And Indigenous Peoples” ScienceDaily, 8/14/08. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080812213814.htm

–“Amazon Rainforest Threatened By New Wave of Oil and Gas Exploration” Ian Sample, The Guardian/UK,8/13/08. http://www.commondreams.org/archive/2008/08/13/10973/print/16-06-09

ARGENPRESS

16-06-09

HIDROELÉCTRICAS

EN LA AMAZONÍA

Marc Dourojeanni

En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciada demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas .

Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.

A este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.

Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.

El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari , pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado gran parte del país sin ríos no explotados con una o más obras para fines energéticos, con gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Han generado, por ejemplo, el importante movimiento popular denominado Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa instalaciones de las empresas.

El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:

1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?

2. ¿Hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental?

3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?

El Brasil y el Paraguay están precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.

Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es “una represa” en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de la Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podrían haber otras cinco represas para “explotar” mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.

De otra parte, es difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los niveles nacional, regional y local y en las instancias políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica , que va a ser parcialmente destruida por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socio-ambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.

Lima, 3 de Junio del 2009

Amazonía

DOS MODELOS EN PUGNA

Pedro Francke

La magnitud del conflicto amazónico sólo puede explicarse porque expresa el conflicto entre dos modelos de desarrollo en pugna.

El modelo primario-exportador , de extracción de materias primas, ha sido llevado a su extremo con la política neoliberal. Si en la sierra lo que ha sido dominante ha sido la minería, en la selva ha sido el petróleo y el gas. Pero en ambos casos, sierra y selva, minería y petróleo, los efectos económicos y sociales han sido similares: muy pocos empleos generados; severos efectos ambientales que impactan sobre la salud de la población; y deterioro de la agricultura y la pesca de la que viven los indígenas, mestizos y campesinos de esas zonas. En la selva, esto se agrava con la extracción salvaje de madera y oro, con amenazas a futuro provenientes de las nuevas concesiones mineras y para etanol.

En ambas regiones hay casos emblemáticos. En la selva, la zona del río Corrientes explotada por Pluspetrol, ha generado que más del 90% de los niños tengan niveles tóxicos de Cadmio en la sangre; en la sierra, ha sido Doe Run en La Oroya quien se lleva el premio. En ambos casos, se ha logrado alguna vigilancia ambiental gracias a la presión ciudadana, pero las empresas y el estado incumplen los compromisos asumidos de limpieza y reparación de los daños ocasionados.
La teoría del “perro del hortelano” de Alan García lleva al extremo este neoliberalismo. Según lo escrito por nuestro Presidente, todos esos efectos ambientales negativos no existen, porque “en la actualidad las minas conviven con las ciu­dades sin que existan problemas…” (seguramente se refiere al caso de La Oroya, ¿o será a Cerro de Pasco?). A su juicio, los indígenas no basan su economía en esas tierras: “hay millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar” ¿de qué creerá García que viven los indígenas y campesinos? ¿del aire?

Hay progreso y oportunidades

El propio Antonio Brack Egg, actual ministro (desaparecido) del ambiente, nos mostró en decenas de reportajes las posibilidades económicas de la selva peruana.

Varias de estas experiencias se desarrollan con los indígenas. En Madre de Dios, hay negocios de turismo ecológico hechos en convenio entre empresarios extranjeros y comunidades nativas. En la selva de Loreto, hay pueblos indígenas explotando de manera sostenible la madera. El desarrollo de piscigranjas, por parte de comunidades nativas, ha sido favorecido por nuevas tecnologías del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana (IIAP) y promovido por gobiernos regionales como el de San Martín. Comunidades awajún han avanzado en su actividad productiva con piscigranjas y mejoras de su cultivo del cacao apoyados por la ONG SAIPE. La propia AIDESEP, hoy reconocida por representar a los indígenas y organizar su movilización, tiene décadas de experiencias exitosas en proyectos de salud y educación.

Hay, además, una gran riqueza por aprovechar en nuestra amazonía. El bosque es un sumidero de carbono, prestando así un gran servicio a la humanidad en estos tiempos de calentamiento global, servicio que debe ser pagado por los países desarrollados que son los grandes contaminantes. La biodiversidad nos puede permitir desarrollar muchos productos de gran valor, sobretodo medicinales, nutricionales y de cuidado personal.

Aprovechar la riqueza ecológica de la amazonía, priorizando sus recursos renovables en vez de limitarse a extraer petróleo, oro y madera “a la mala”, tiene como gran ventaja su sostenibilidad. El petróleo y el oro, con toda seguridad, se acabarán. El bosque, si se le cuida, no.

Petróleo: ¿de todos los peruanos?

El último argumento de Alan García es que el petróleo es de todos los peruanos, y que 400 mil nativos (así dice él en su desinformació n o demagogia) no pueden ir en contra de 26 millones de peruanos.

Bueno, yo soy parte de esos millones de peruanos que no somos indígenas. Pero resulta que cuando se vende la empresa Petrotech, que extrae el petróleo peruano, su dueño el sr. Kallop dejó de pagar U$ 270 millones de dólares de impuestos. Así lo estableció una Comisión Investigadora del Congreso dirigida por un aprista, es decir, no de la oposición sino del gobierno. Pero no se ha movido un dedo para cobrar ese dinero. ¿Tendrá esto alguna relación con los vínculos de Mr. Kallop con la campaña electoral de Alan García que un medio de circulación nacional revelara semanas atrás?

Además, por cierto, prácticamente toda la explotación petrolera en el Perú es hecha por trasnacionales. Petroperú ya no explora ni explota petróleo, como sí lo hacen ENAP de Chile, PEMEX de México, PETROBRAS de Brasil o ECOPETROL de Colombia, para hablar solamente de países vecinos que no registran cambios políticos más nacionalistas como Venezuela, Bolivia o Ecuador.

Además, cuando se concesionaron los lotes petroleros, el ex – ministro y congresista aprista Rómulo León, junto con el aprista Manuel Químper vicepresidente de Perúpetro, y el sr. Fortunato Canaán a quien el ex - premier aprista Jorge del Castillo visitaba en su suite y que hacía costosos regalos al ex – ministro aprista Hernán Garrido – Lecca, hicieron un “faenón”.
¿Disculpe, sr. García, ese petróleo que pertenece a los 26 millones de peruanos, podría decirnos más o menos cuánto nos beneficia a los 25 millones 999 mil 900 peruanos que no somos del cogollo del gobierno? Lo cierto es que los impuestos y regalías pagados por el petróleo en las últimas décadas no llegan ni al 5% de los ingresos del estado.

Democracia y economía

Pero la gran cuestión en debate hoy, es si cualquier propuesta de desarrollo para la selva peruana puede hacerse en contra de sus habitantes, indígenas y mestizos. Para el neoliberalismo extremo, como el petróleo y el oro valen mucho, no importa que su explotación le cueste la vida a los pueblos que allí habitan desde milenios atrás. Al extremismo ideológico le sale su vena autoritaria.

Hay otra posibilidad. La de un desarrollo de la amazonía y de la sierra que sea económico y social, con su gente y no contra ella, mediante acuerdos y no puras imposiciones, que respete al medio ambiente y sea sostenible. La extracción de petróleo, oro y madera pueda darse, en este esquema, de una manera limitada, cuidadosamente regulada y en acuerdo con los pueblos indígenas. Sólo así, la riqueza de nuestra amazonía servirá para que la mayoría de peruanos, y sobretodo los más pobres, se vean beneficiados por esa riqueza que, como dice la Constitución, le pertenecen a la Nación, y no al señor Alan García

12-06-09

NACIÓN A PESAR

DE SI MISMA

Manuel Burga

Los dramáticos sucesos en Bagua, con la muerte violenta de un número indeterminado de nativos y de 24 policías, repentinamente nos han devuelto al pasado, a las iras coloniales, republicanas, criollas, occidentales. El señor presidente, algunos de sus ministros, congresistas poco ilustrados, llevados por estas iras, han afirmado enfáticamente que se trata de salvajismo terrorista de los que quieren vivir aparte, de aquellos que desconocen que el Perú es de todos los peruanos y que atienden más bien las incitaciones de una conspiración política extranjera. Todo esto no parece nada exacto, ni ecuánime, ni bien pensado; contrariamente parecería que nuestro país, como decía David Bushnell para Colombia, ya es una nación, pero a pesar de sí misma.

Por eso he recurrido a James Regan, un hombre generoso, jesuita que reside 42 años en nuestro país, desarrollando actividades pastorales e investigaciones antropológicas, autor de ‘Hacia la Tierra sin mal’, donde nos dice que el título de su libro alude a ese anhelo tan arraigado en los nativos de la Amazonia peruana de “vivir en un mundo en que no haya maldad”. Él conoce muy bien a los awajún y wampis, sabe de lo que habla, y ahora mismo desarrolla un proyecto educativo intercultural en el distrito de Imaza.

Ellos habitan las provincias de Condorcanqui y Bagua. Hablan la misma lengua, el jíbaro, y en realidad pertenecen a un gran grupo étnico, que integra también a los achuar de Ecuador. Los awajún, en particular, constituyen una de las poblaciones nativas más pobres de la Amazonia, viven del plátano, yuca, la caza y la pesca, muy pocos del oro de los ríos. Tienen un fuerte apego a su identidad, su cultura y no poseen grandes jefaturas étnicas, ni “apus”, sino más bien obedecen a un “Consejo de Ancianos” que designa coordinadores en las comunidades distantes. Se resistieron al catolicismo, pero ahora son cristianos, mayoritariamente católicos, y a pesar de su aparente lejanía, aislamiento, se sienten muy peruanos, tanto que ofrendaron sus vidas ejemplarmente en la Guerra del Cenepa de 1995, enfrentando a nativos que hablan su misma lengua, pero de otra nacionalidad.

No es fácil acercarse a ellos. En San Marcos, con James Regan, en la maestría de Estudios Amazónicos, elegimos dos áreas para desarrollar investigaciones: una en la selva central (territorio asháninka) y otra en Condorcanqui (awajún y wampis). Organizamos viajes de reconocimiento a ambas zonas. Álvaro Vidal, más tarde ministro de Salud, y Susel Paredes, abogada, encabezaron el pequeño grupo para remontar el río Santiago en busca de un área precisa. Los acompañaba Diógenes Ampam, awajún, alumno del mismo grupo. Lograron avanzar hasta donde Diógenes tenía parientes, ir más allá lo consideraron peligroso.

En la universidad pública existe un examen de admisión para los nativos y así ingresaron, muchos de ellos, que salían de colegios de la región, a la Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, pero la desilusión los llevó a San Marcos, donde tampoco encontraron lo que esperaban. Aquí, a partir de 2004, se organizaron y los mejores estudiantes ocuparon los cargos directivos. Me dicen que este año 2009, algunos de ellos, asumieron cargos de coordinadores de sus distritos de origen para mantener comunicación, desde Lima, con sus respectivos Consejos de Ancianos.

AIDESEP se creó en 1980, es una ONG como las miles que existen en el país. Agrupa a 57 federaciones étnicas y desarrolla programas de formación de maestros bilingües, investigaciones en salud intercultural, en derecho indígena y esporádicamente apoya a los estudiantes nativos de universidades de Lima. El presidente es Alberto Pizango Chota, egresado de educación de la UNAP de Iquitos, alumno también de la maestría de Estudios Amazónicos de San Marcos en 2006, pero no continuó regularmente. Es del grupo shawi (Yurimaguas), habla chayahuita, pero no la lengua jíbara de los awajún y wampis.

La protesta de las comunidades nativas es contra el Decreto Legislativo 1090 del gobierno central, en particular contra las probables concesiones de extensos bosques para su explotación, forestal, agrícola, petrolera o minera. No esperamos que las leyes sean hechas por antropólogos, por el padre Regan, pero sí deberían escuchar sus voces, como la de Santiago Manuin, awajún, quien en junio de 2008, a pesar de su pacífico talante, ya hablaba fuerte: “Siempre las petroleras han hecho un daño muy grande a la naturaleza. Los indígenas no separamos al hombre de la naturaleza. Estamos incrustados uno en otro. El gobierno está en su palacio; nosotros en nuestra selva. Pensamos diferente. Si nosotros entregamos la selva, ¿dónde vamos a vivir?”.

Después de tantos siglos de incomprensión, agresión cultural, política y económica, la desconfianza nativa es explicable. Entonces. ¿Por qué no escuchar sus temores, su sabiduría? Ahora están comunicados, tienen ojos y oídos en todas partes y reclaman tratar adecuadamente lo que sienten suyo, como lo haríamos nosotros, en circunstancias similares. Esa es una buena forma de ser peruano.

La República

11-06-09

IMPULSEMOS LA MODERNIDAD

APOYEMOS LA LUCHA AMAZÓNICA

José Oscátegui

Muchos recordamos el infausto artículo “El síndrome del perro del hortelano” del presidente García, en octubre del 2007:“El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante..... Para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir..... existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales..… en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador…”.

El diagnóstico presidencial y el diseño de la “solución” fueron hechos hace casi dos años, lo que ocurrió en el intermedio fue el desarrollo de la legislación que podría convertir en legal la expoliación a las comunidades indígenas. El pretexto fue el llamado TLC con EEUU. Tanto la “solución” presidencial a la pobreza indígena como el TLC fueron presentados como condición necesaria para el ingreso del Perú a la modernidad. Nada más equivocado. Ni el TLC ni el despojo, directamente o vía mercado, de sus tierras a los indígenas son muestra de modernidad sino todo lo contrario.

El desarrollo económico “a lo García”

La experiencia peruana con el desarrollo del mercado “a lo García” puede observarse en los resultados de la explotación minera desde la colonia. La minería de mercurio en Huancavelica, explotada desde el siglo XVII, no ha producido ni riqueza, ni progreso, ni bienestar en ningún lugar de esa región. Tampoco lo hizo en Pasco la explotación de la Cerro de Pasco Corporation, que solo extinguió los pastos y la ganadería campesina. Esta región es una de las más pobres del país. En tiempos más recientes, la explotación de hierro en Marcona tampoco produjo riqueza alguna en Ica. Podríamos generalizar diciendo que ese modelo de desarrollo no ha producido riqueza ni para las regiones ni para las mayorías del país. El modelo de García es el mismo de Fujimori, es el modelo neoliberal.

El desarrollo, el rol del Estado y la modernidad

Tal como lo muestran las experiencias recientes de desarrollo en sociedades atrasadas (como la experiencia alemana en el siglo XIX, la experiencia asiática desde mediados del siglo XX, y hasta la chilena), el Estado tiene que ser un promotor y organizador del desarrollo. En primer lugar, debe garantizar que todos los habitantes sean ciudadanos (pero ni siquiera esto se cumple en el caso de la población indígena amazónica). En segundo lugar, la modernidad exige que el Estado asegure servicios como la educación de calidad para toda la población, servicios de salud y seguridad ciudadana (nada de lo cual existe en cantidad suficiente en nuestro país, ni siquiera para la población urbana). En tercer lugar, para promover el funcionamiento y desarrollo del mercado, el Estado debe regularlo.

La desconfianza de las comunidades nativas se basa en que nuestro Estado, raquítico e intencionalmente debilitado por los fundamentalistas del libre mercado, no cumple con ninguna de estas funciones. El Estado actual, manejado por el gobierno de García, no recauda los tributos que debería recaudar (pide óbolos) y en vez de redistribuir ingreso, facilita su concentración.La lucha de los nativos y de toda la población amazónica es, como en Majaz, por impedir la concentración de la propiedad y la riqueza en pocas manos, sean estas nacionales o transnacionales. Por esto, esta lucha es democratizadora y debilita los soportes de los que promueven la concentración de la riqueza en un extremo y la miseria en el otro, con el pretexto de la modernidad y el libre mercado.

(*)El autor condena los asesinatos de policías y civiles y se une al pedido de una Comisión Independiente que investigue estos hechos.

La República

11-06-09

NO ES TIEMPO

DE CALLAR

Alberto Chirif

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles ?en cumplimiento de sus funciones? y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad. Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena. Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.

La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de “perros del hortelano”, para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.

La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol.

El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación ?limpia? y que la contaminación es problema del pasado. Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año. El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.

Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.

La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.

Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.

La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.

Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.

Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.

Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones. Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.

Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla. Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.

Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.

Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.

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EL RECLAMO

DE LA SELVA

Margarita Benavides

Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a los pueblos indígenas, dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es, pues, urgente avanzar para concluir el proceso de demarcación de los territorios indígenas. El otorgamiento de derechos a terceros sin tener los territorios indígenas debidamente saneados es y será una permanente fuente de conflictos en la Amazonía. Preocupa por ello que el 25 de mayo pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) publicara un comunicado en el que deslegitimó los reclamos de los pueblos indígenas y de paso desinformó sobre la extensión de los bosques de la Amazonía. Decía el comunicado que el Estado garantiza la protección de al menos 55 millones de hectáreas de bosques amazónicos cuando estos se extienden realmente sobre 67 millones de hectáreas.

Según datos del Mapa de Deforestación de la Amazonía 2000 (Inrena/Conam, aún sin publicar), el área neta de bosques amazónicos existente antes del proceso de colonización y deforestación era de 77 millones de hectáreas. Entendemos que no hay un estudio equivalente posterior a este. Si restamos 10 millones ya deforestadas —según señala el Minam—, tenemos una superficie de 67 millones de hectáreas de bosques en pie y no de 63 millones como afirma erróneamente ese comunicado.

El Ministerio del Ambiente solo reconoce el otorgamiento de 11 millones de hectáreas a los pueblos indígenas cuando en realidad son más de 13 millones ya demarcadas y distribuidas así: más de 10,5 para 1.232 comunidades tituladas y 2,8 para reservas territoriales para la sobrevivencia de indígenas en aislamiento, esto de acuerdo con las cifras registradas por el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común (Sicna).
Además el Sicna registra 277 comunidades por titular, en aproximadamente 2,37 millones de hectáreas. Hay seis solicitudes de reservas para indígenas en aislamiento con un requerimiento cercano a los 4 millones de hectáreas y desde hace varias décadas existen diversas solicitudes de ampliación de comunidades, aún no atendidas.

Así tenemos una engañosa presentación de las cifras que se suma a la potestad del Minam para cambiar el uso de tierras de aptitud forestal a agrícolas. En su comunicado, el ministerio señala que el D.L. 1090 (o “ley de la selva”) prohíbe el cambio de uso de la tierra de aptitud forestal a aptitud agrícola, contradiciéndose inmediatamente al afirmar que tal cambio puede realizarse —por el propio Minam— en “casos de proyectos de interés nacional”. ¿El cambio de uso abarcará también los 12 millones de hectáreas de bosques no mencionadas? ¿Se entregarán a grandes empresas fomentando la concentración de la propiedad y la deforestación? ¿Qué garantía da el Estado de que no cambiará de uso en los 55 millones de hectáreas de bosques que ofrece proteger, cuando los decretos legislativos que se le pide y niega derogar lo facultan declarar eriazos bosques demarcados a favor de comunidades y cambiarles de uso “en caso de proyectos de interés nacional”?

Es la ideología del perro del hortelano del presidente de la República expresada en estos decretos la que incentiva la protesta de los pueblos indígenas. Es él mismo quien debería recomendar agilizar su derogatoria para solucionar la protesta indígena e iniciar un proceso que respete la consulta, los derechos indígenas y la transparencia en las cifras y planes del Gobierno para la Amazonía.

(*) ANTROPÓLOGA, COORDINADORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS Y SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO DEL BIEN COMÚN.

El Comercio

08-06-09