En la Amazonía

UN CONFLICTO

INTERNACIONAL

Joan Martínez Alier

Martí Orta

La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.

El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.

Se sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.

Alan García esta dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.

Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.

El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva ") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer.

Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.

Joan Martínez Alier y Martí Orta son Investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona.

14-06-09

EL DÍA SIGUIENTE

desco

La situación está lejos de calmarse en la región amazónica. Más aun, tiene un largo antecedente y, seguramente, tendrá una amplísima proyección hacia adelante. No esperemos soluciones inmediatas a problemas que se han ido formando a través de siglos. Sin embargo, tampoco se puede ser condescendiente con un gobierno que actúa con criterios pasadistas y notablemente excluyentes.

No nos equivoquemos. El rostro gubernamental presentado en los –hasta ahora– momentos más álgidos de la crisis desatada en la Amazonía, quiso aparentar fiereza, ese «orden» que tanto reclaman los entusiastas de la «mano dura» para otros, pero sólo dio el penoso espectáculo de alguien que simplemente está lejos de sintonizar con las señales más elementales del mundo moderno.

Llamar «salvajes» e incapaces de «poder leer los decretos legislativos que rechazaban» a quienes reclamaban la vigencia de un elemental Estado de Derecho, es una muestra de incapacidad de comunicarse e intolerancia, haciendo que la diferencia derive en exclusiones. Así, se podrá adjetivar de diversas maneras a los acontecimientos y sus actores, para tratar de encontrar alguna justificación a sus procedimientos. Pero, lo que no podrá explicar el gobierno es cómo pudo conducir las cosas hacia una masacre mutua entre ciudadanos y fuerzas del orden: entonces, ¿dónde podríamos colocar la regresión salvaje en este caso?

Así, hay unanimidad para señalar que las tareas urgentes están por el lado de restablecer un mínimo de necesaria confianza, para formar un ámbito de diálogo y negociaciones que aseguren el compromiso de las partes. Al respecto, es indudable que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo serían las entidades llamadas para actuar en esta situación. De otro lado, el momento exige a las organizaciones de los pueblos amazónicos un relevo de sus interlocutores, algo que tampoco parece difícil de llevarse a cabo. Pero, también demanda gestos políticos muy claros por parte del tragicómico Congreso de la República y, sobre todo, del Ejecutivo.

Sobre este último, se esperaban actitudes que enaltecieran a los integrantes del Gabinete Ministerial. Sin embargo, salvo la renuncia de la Ministra de la Mujer, lo sucedido no parece conmover en mayor medida a los demás ministros. ¿Suponen acaso que aún poseen el crédito político suficiente, para proponerse como interlocutores válidos en estas circunstancias?

Entonces, salvo mejor parecer, el terreno parece ya marcado desde el lado oficial y, en ese sentido, tendremos que asumir que la gobernabilidad a «lo aprista» hacia adelante ha empezado a verse con total nitidez. El criterio será asegurar los beneficios para la inversión privada a como dé lugar y limitar manu militari cualquier demanda social.

¿Habría otra salida? Desde la lógica gubernamental, muy difícil. La interpelación amazónica ha evidenciado los límites y las fisuras del actual modelo económico y lo inoperante del sistema político. El cuestionamiento a la constitucionalidad de algunas normas, ha sido suficiente para mostrar que el concepto de desarrollo inmerso en el actual patrón de acumulación sólo alcanza para algunos peruanos y algunos territorios del país. En otras palabras, la equidad, la justicia social, el desarrollo humano, son expectativas a las que pueden aspirar solamente una parte de la sociedad peruana, mientras que la otra deberá contentarse con el asistencialismo y la filantropía, si buenamente alcanzan.

Asimismo, la desafección al sistema democrático realmente existente que expresamos los peruanos en cada encuesta, demuestra una vez más su pertinencia con la torpeza y el nulo interés para consolidar instituciones que han revelado los gobernantes, en todos los niveles del Estado, en lo que va de la actual crisis. Más aun, ha quedado la profunda sospecha que la falta de voluntad para resolver de manera franca y abierta el conflicto amazónico, en realidad esconde de mala manera los esfuerzos que han hecho para evitar que un debate público sobre las concesiones a las empresas extractivas sea transparente y con ello traslucir el insondable foso de corrupción sobre el cual vienen actuando. Así, la vida de policías y pobladores nativos significan absolutamente nada para los grandes y turbios negocios.

Entonces, se ha inaugurado un nuevo momento político. El mensaje vendido por el neoliberalismo criollo –salvo el crecimiento, todo es ilusión– ha caído en coma profundo, anunciando la hora de nuevas concepciones y nuevos criterios de desarrollo, que busque mayores equilibrios entre inversión, crecimiento, sostenibilidad ambiental, institucionalidad y equidad.

12-06-09

LAS CONSECUENCIAS

DEL TLC, SÍ O SÍ

Humberto Campodónico

Peor favor no le ha podido hacer el gobierno a su deseado TLC con EEUU. Como los ministros y ministras repitieron hasta el cansancio que no se podía derogar ni modificar el DL 1090 “porque se ponía en peligro el TLC con EEUU”, ahora la prensa internacional informa que el TLC fue la causa de la violencia y las muertes.

Sucede, sin embargo, que ha tenido que derramarse sangre de peruanos para que ahora la ministra Mercedes Aráoz diga que “todavía estamos dentro de unos plazos que podemos manejar para trabajar este tema; además terminará siendo una propuesta del Ejecutivo pero dialogada y que incorporará los pedidos de las comunidades indígenas”.

Queda claro, entonces, que si hubiera habido consulta previa a los indígenas amazónicos, como lo manda el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, se hubiera evitado el enfrentamiento. Recordemos que este Convenio fue ratificado por la Resolución Legislativa 26253 de diciembre de 1993 por el Congreso Constituyente de Fujimori.

Pero desde esa fecha el Art. 6 no fue reglamentado, lo que fue tomado como excusa para, justamente, no consultar a los indígenas, con diversos argumentos: “que no se sabe a quién consultar, que hay muchos grupos indígenas, que la consulta en la Región Loreto –por su amplitud– es diferente a la consulta en la Región Amazonas” Y así. Los 16 años sin reglamento son un indicador claro que no se desea la consulta previa.

Dicho esto, existen análisis legales de los decretos legislativos que establecen dos hechos, aparentemente contradictorios. De un lado, que los DL exceden el mandato que les dio la Ley 29157. Dice Francisco Eguiguren en su Informe Jurídico sobre los Decretos Legislativos: “al analizar el conjunto de DL dictados por el Poder Ejecutivo, puede constatarse sin mayor dificultad que ha predominado un uso extensivo y abusivo de los términos del contenido de la delegación”.

De otro lado, que algunos DL incumplen lo acordado en el TLC con EEUU. Alberto Barandiarán dice que el Art. 11.1 del cuestionado DL 1090 modifica el requisito del Estudio de Impacto Ambiental –establecido por la Ley 27446–que debe contener el Plan General de Manejo Forestal y lo sustituye por una Evaluación de Impacto Ambiental.

Como la Evaluación es mucho menos exigente que el Estudio, se incumple con el Art. 4 del Anexo 18.3.4 del Capítulo Ambiental del TLC con EEUU, que dice: “se deben fortalecer las capacidades para mejorar el desempeño del sistema de concesiones forestales para cumplir con los objetivos económicos, sociales y ecológicos”. Por tanto, “existe evidente contradicción entre esta modificación del DL 1090 y el Capítulo Ambiental del TLC” (Análisis de la institucionalidad ambiental de los DL, Red Globalización con Equidad, http://www.redge.org.pe/).

Así, del fortalecimiento del impacto ambiental hemos pasado a su debilitamiento, lo que podría ser objetado por EEUU. La Ley 29317 de enero del 2009, que modificó el DL 1090, no tocó para nada este aspecto.

Para terminar, la cuestión de fondo es que no solo no se consultaron los DL de los indígenas amazónicos, lo que incluye el DL 1090. Tampoco se consultaron los 100 DL restantes –elaborados por asesores del gobierno, consultoras privadas y estudios de abogados– que tratan de aspectos tan diversos como la reforma del Ministerio de Agricultura, ley de pesca, leyes laborales, empresas públicas y límites a las inversiones de las AFP en el exterior, entre otros.

Para Alan García, el discurso del perro del hortelano significa no solo la venta de los recursos naturales, sino también, y principalmente, la voluntad de completar la “reforma incompleta” del modelo neoliberal. Así como el retroceso del gobierno es un paso adelante en la preservación del bosque amazónico de la violencia que generan estas leyes inconsultas y con nombre propio, lo mismo se debe hacer con el bosque país.

La República

12-06-09

EL CONVENIO

169 DE LA OIT

Maria Clara Galvis

Experta en Derecho Internacional

“Sería un arcaísmo del siglo XVIII no querer aplicar el Convenio 169 por falta de reglamento.”

Ideele: ¿En qué contexto surge el Convenio 169 de la OIT? ¿Cuáles eran los problemas más apremiantes de dicha época?

El Convenio 169 es adoptado por la Conferencia General de la OIT en 1989, al considerar que “la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia”. El Convenio ha sido aprobado por el Perú desde la década de los 90, mediante la Resolución Legislativa 26253 de 2 diciembre de 1993; es decir, es ley vigente en el Perú. Es una norma internacional acatada por el Perú, por lo que sería un arcaísmo propio del siglo XVII el no querer aplicar dicha ley argumentando la falta de un reglamento de la misma. Este mandato no requiere un reglamento, lo que requiere es que cuando un Estado otorgue una concesión para explotación de recursos naturales en territorio de un pueblo indígena, se asegure que las empresas concesionarias protejan los derechos de los pueblos indígenas y cumplan con dar participación a los pueblos en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. La norma no dice qué derechos, pero se entiende que son los derechos que ya tienen y no otros, es decir, los derechos que los ordenamientos internacional y nacional les conceden.

Ideele: ¿Existe otra normativa en el marco del Sistema Interamericano que se pueda invocar en defensa de los pueblos en huelga?

Básicamente por todos los instrumentos internacionales que el Perú ha ratificado. La jurisprudencia de la CIDH protege el derecho de los miembros de estas comunidades: 1) a la propiedad comunitaria de sus territorios tradicionales y de los recursos naturales ligados a su cultura; 2) el derecho a la participación política, 3) el derecho a la identidad cultural, y 4) el derecho de acceso a la justicia tomando en cuenta sus particulares condiciones económicas y sociales. Cabe recordar que el Artículo 19 de la Declaración de los DDHH dice: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Ideele: Si las normas firmadas por el Estado en esta materia tienen rango constitucional. ¿Es viable la solicitud de inconstitucionalidad para los decretos que dictó el Poder Ejecutivo peruano para la implementación del TLC con Estados Unidos (los que eran relativos a venta de terrenos en la Amazonía sin consulta previa) o incluso una denuncia contra el Estado Peruano?
Cualquier norma que afecte a las comunidades indígenas debe ser consultada previamente con ellos. Es el mandato que se deriva del Convenio 169 de la OIT y de la Corte Interamericana. Si se omite la consulta, es válida la inconstitucionalidad e incluso una denuncia ante el Sistema Interamericano. En Colombia por ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural y de la Ley Forestal precisamente por dichas omisiones. En el caso de recurrir a la Corte Interamericana seguramente ésta fallaría a favor de las comunidades ya que un caso análogo se produjo en Surinam recientemente.

Ideele: ¿Podría contarnos algunos casos exitosos de aplicación de estas normas en donde se logró un equilibrio entre intervención Estado-Empresa y comunidades indígenas?

Por ejemplo, tenemos la declaratoria de inconstitucionalidad, en Colombia, de leyes que no han sido consultadas previamente con las comunidades. También las órdenes de la Corte Constitucional, vía acción de tutela (amparo), de suspender la ejecución de proyectos de explotación petrolera mientras no se subsane el vicio de la falta de consulta previa.
Ideele: ¿Qué participación tuvo la Sociedad Civil en este proceso?Aquí influyó la Comisión Colombiana de Juristas, que es una ONG reconocida en Colombia. La demanda de inconstitucionalidad de la Ley General Forestal fue presentada, entre otros, por Daniel Bonilla, de la clínica jurídica de la Universidad de los Andes

Ideele

EL BURRO

DEL HORTELANO

Rafo León

No tenemos un gobierno ni unos congresistas ni una derecha ni una prensa promedio capaz de entender los matices indispensables para encarar con lucidez la crisis de Bagua. Hay demasiado prejuicio, estupidez y cerrazón, lo prueba un Alan García tan herido en su ego ante lo que está sintiendo como una derrota –el que se esté planteando la posibilidad de revisar y eventualmente revocar el Decreto 1090- que como en los peores discursos que encargó Leguía a su funcionario Carlos Rey de Castro en la época del caucho, se habla y se vuelve sobre el salvajismo de los nativos y su escasa representatividad numérica en relación con el total de la población del Perú.

Por eso intentar que les entre el tema de la cosmovisión de los pueblos amazónicos en la que no encaja el principio de la propiedad privada, en la que subyace un fundus guerrero que responde con muerte a la muerte, donde el animismo dota de vida a los elementos naturales que podrán cobrarse venganza si petroleros o agricultores se meten a agredir sus espíritus; intentar ese camino creo que es como darle alfajores a las vacas. Son demasiado brutos y pueden, con el aplauso de la canalla, responder con argumentos como “Ah, si es así entonces hay que respetar la cosmogonía de los narcotraficantes, de los violadores y de los secuestradores y se instala el caos en el país, ahora que tan bien nos va”. Lo he escuchado decir y con menor sofisticación.

Por eso me gusta más la argumentación pública que la antropóloga Margarita Benavides está empleando, y que anoche (9-06-09) usó de manera magistral en la entrevista que el hizo de Althaus, en la que la especialista en amazonía le pone una piedra en la boca al periodista y lo deja mudo, con las cejas más enarcadas que nunca. Benavides propone analizar el tema dentro de lo estrictamente legal, en el entendido de que las leyes están dadas para todos y para que sean entendidas por todos. En esa lógica, el Decreto 1090 hay que entenderlo en el conjunto de decretos de urgencia que se dieron para ajustar la legislación peruana a los acuerdos tomados para el TLC. Vistos los decretos en conjunto demuestran que la finalidad del nuevo sistema legal para el manejo de tierra- y no solo en la amazonía, en todo el territorio nacional- busca dotar al gobierno de argumentos para declarar como eriazas o abandonadas cada vez más cantidad de tierras, ya que estas son las que se entregarán en concesión privada previo cambio el uso, de modo que si estamos frente a un bosque depredado, pueda ser reforestado para madera, o convertido en campo para el cultivo de insumos para etanol.

Lo que no se establece en ese conjunto de decretos es quién y con qué criterios determina la condición de tierra abandonada o eriaza. Porque en un caso puede estar en efecto, hablándose de un bosque depredado. Pero en otro, de una restinga, una porción entre la orilla y el agua del río que en temporada de lluvias se inunda pero que después queda como la mejor tierra, y es ahí que los nativos la usan. O simplemente bosques que no tienen circunscripción ni titulación alguna pero que sirven para la sobre vivencia de los nativos porque allí está su cacería y su pesca, actividades que no pueden ser delimitadas tan fácilmente y menos cuando hay una ocupación humana creciente, que aleja a los animales y por tanto demanda más distancias para encontrar las piezas de caza.

Planteadas las cosas así, se entiende mejor por qué García se pasó por alto el requisito del consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos amazónicos. De haberse sometido los decretos a consulta, esto habría saltado, dejando sin argumento al perro del hortelano. Ahora, en la historia del cinismo García ha reincidido en el primer puesto con lo que ha repetido respecto a este punto: “la gente habla sin estar informada sobre los decretos”. A ver, ¿cómo va a estar informada si precisamente no se hizo el esfuerzo para que lo estuviera? Y dos: que agradezca a diosito que la gente no haya estado tan informada como Margarita Benavides, sus decretos no hubieran resistido cinco minutos de debate. Tremenda situación, muertos de todos lados, mentiras, decepción, y Alan García sigue sacando pecho cuando lo que debería hacer es zafar culantro.

Caretas

11-06-09

Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal del Perú
y la Defensoría del Pueblo

¡ALTO A LA VIOLENCIA!

El Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del Pueblo lamentan profundamente el desenlace violento que viene ocurriendo en el Departamento de Amazonas, ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, entre otras, que ha ocasionado la muerte de civiles y policías y un saldo de varios heridos.

La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como la de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden.

Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que, de manera inmediata, cesen enfrentamientos entre compatriotas. Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal de diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos.

Conscientes de nuestro deber de protección de la vida y de los derechos fundamentales de las personas, invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo el país.

Firman:

Miguel Cabrejos Vidarte, OFMArzobispo de Trujillo,Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú

Dra. Beatriz Merino Lucero, Defensora del Pueblo

Con la adhesión de: Rvdo. Darío López RodríguezPresidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú