¡SALVEMOS

LA OROYA!

Ira Rennert es un multimillonario industrial americano con un largo y documentado historial de severos abusos ambientales en los Estados Unidos. Las agencias del Estado Norteamericano lo consideran " el peor contaminador privado” de su país. No contento con contaminar su patria, Ira contamina de igual manera el Perú.

En 1997 Ira creó la compañía Doe Run Perú, luego de comprar la fundición minera en La Oroya a un precio escandalosamente bajo que se le brindó con la condición de que redujera drásticamente las emisiones tóxicas que emanaba hasta esa fecha tal fundición. Lamentablemente, ni Ira ni Doe Run han cumplido con esto. Contrariamente, la situación del ambiente de La Oroya ha empeorado cada vez más, tanto así que por segundo año consecutivo, esta ciudad ha sido incluida dentro de la lista de los diez lugares más contaminados del mundo.

Los miles de kilos de plomo, cadmio y arsénico que son emitidos diariamente por la fundición, quedan atrapados en los estrechos cañones que caracterizan La Oroya creando una especie de cámara de gas constante, que es absorbida por la población de La Oroya, y que viene causando la aparición de daño cerebral irreversible en los niños, cáncer, e incluso la muerte. La contaminación es tan desenfrenada que más del 99% de los 12.000 niños que viven en La Oroya, tienen la sangre envenenada con plomo.

Diez años han pasado y Ira Rennert aún no cumple sus promesas ambientales.

Durante todo este tiempo, nadie ha llegado a comprender por qué el gobierno peruano no ha ejecutado medidas más radicales que puedan frenar esta situación. Quizás tengan temor de impugnar a Ira Rennert y a Doe Run Perú, y pensar que con esto se puedan asustar las inversiones extranjeras. Sin embargo, esta inacción refuerza la impunidad y da luz verde a que las corporaciones internacionales, piensen que en el Perú el respeto al medio ambiente y a la salud de sus pobladores, es parte de una broma. Una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno es proteger la salud de sus ciudadanos.

ESTÁ EN TUS MANOS EL AYUDARNOS A DETENER A IRA Y A CONVENCER AL GOBIERNO PERUANO A QUE DEBE FRENAR LA CONTAMINACIÓN DE LA OROYA.

http://salvemoslaoroya.org/index.php

LA OROYA

AGONIZA

La Oroya es una ciudad ubicada a 175 Km. de Lima, en el departamento de Junín (Perú). En 1922 se convirtió en un centro metalúrgico cuando la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation inició sus operaciones. Desde entonces, la vida y la economía de esta población de aproximadamente 30,000 habitantes, gira en torno a las necesidades de esta gran fundición. La misma que es responsable de la contaminación por plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados que emite diariamente al medio ambiente, a través de una enorme chimenea que parece dominar la ciudad.

Las consecuencias de la exposición a estos contaminantes, van desde el deterioro irreversible del sistema respiratorio, diferentes tipos de cáncer, efectos adversos en el sistema reproductivo y en el desarrollo y daños a órganos vitales; hasta cambios de conducta y en la actividad cerebral y agotamiento permanente, sobretodo a niños y niñas menores de 6 años. A pesar de ello, las autoridades de salud y ambientales del Perú no han cumplido las obligaciones de control a la actividad metalúrgica y de protección a la salud de las personas.

La Oroya es el único lugar en América del Sur, de acuerdo a un informe del Blacksmith Institute (2006), que presenta los peores niveles de contaminación y afecta seriamente la salud de las personas, por ello ha sido incluida en una escalofriante lista de los 10 lugares más contaminados del mundo, junto a Chernobyl donde ocurrió el mayor accidente industrial del mundo, Dzerzhinsk una ciudad rusa donde se fabricaban armas químicas, Linfen donde se desarrolla la industria de carbón en China y Rapinet donde más de 3 millones de personas están afectadas por desechos de curtiduría en La India.

Cronología de hechos

En 1974 la fundición pasó a manos del Estado Peruano: CENTROMIN Perú, quien presentó en 1996 su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Plan de 10 años, al cabo de los cuales la empresa se adecuaría a las normas ambientales vigentes en el Perú.

En 1997 el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) es vendido a la empresa norteamericana Doe Run Company y se crea Doe Run Perú (DRP), quien desde el comienzo modifica 3 veces el PAMA y pide una ampliación de su plazo (que vencía en enero del 2007) por cinco años más.

Después de muchos escándalos y denuncias en medios de comunicación, nacionales e internacionales, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en controversial desición, resuelve en junio del 2006, darles la ampliación del PAMA hasta el 2009.

Lamentablemente, esta desición es tomada, aún sabiendo que desde 1999 se vienen realizando estudios de salud y a partir del 2001 se evidenciaron los altos niveles de plomo en sangre en mujeres gestantes y niños. Según el propio Ministerio de Salud (MINSA), el 99.1% de los niños oroínos tienen promedios altos de plomo en sangre, 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro), sobrepasando los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la salud (OMS), que son 10 ug/dl.

En el 2005 la Universidad de Saint Louis, Missouri, en convenio con el Arzobispado de Huancayo, realizó un “Estudio sobre la contaminación ambiental en los hogares de La Oroya y Concepción y sus efectos en la salud de sus residentes”, para determinar los niveles de metales tóxicos en sangre y orina. Los resultados del muestreo biológico confirmaron la gravedad de la situación de salud comunitaria, concluyendo que la población de La Oroya y Concepción están contaminadas con plomo, arsénico, cadmio, antimonio, etc.

Esta situación suscitó que en Noviembre de 2005 las organizaciones Earthjustice, CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), junto con el Dr. Carlos Chirinos (abogado peruano), solicitaran medidas cautelares (para que se hagan acciones urgentes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en nombre de un grupo de personas en La Oroya, incluyendo varios menores de edad.
El 27 de junio del 2006, se reconoció el derecho a la salud de la población de La Oroya pues el Tribunal Constitucional peruano (TC) dictó sentencia en un proceso de acción de cumplimiento, declarando culpable al MINSA y ordenando implemente en 30 días un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes.

Casi paralelamente, el 02 de agosto del 2006, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) publicó el “Plan a Limpiar el Aire de la Cuenca Atmosférica de La Oroya”, con el objetivo de proteger la salud de las personas y la calidad del ambiente a través de la implementación de estrategias, políticas y medidas de acción directas, concertadas y participativas para controlar la contaminación ambiental, reduciendo las emisiones de la chimenea y las llamadas emisiones fugitivas del CMLO. Este plan incluía un "Plan de Contingencia", cuya finalidad era reducir la exposición de la población a altos niveles de contaminación así como reducir las emisiones en los episodios más agudos de contaminación, las cuales deben contar con la activa participación de la población afectada y el macroemisor (DRP).

Como las acciones dentro de Perú no se han cumplido, y las acciones que el MINSA argumentó ante el TC como eficientes (Convenio, modificación al PAMA, acuerdos) no han sido suficientes para mejorar la situación en la ciudad de La Oroya, también se presentó en Diciembre de 2006, ante la CIDH, una solicitud de caso (demanda) para que se determine la responsabilidad del Estado peruano por las afectaciones en la salud, la dignidad, la integridad y la vida y de los derechos de los niños, entre otros, debidos a la falta de control de la contaminación en La Oroya.
La CIDH siguió recibiendo información actualizada del caso La Oroya y después de estudiarlo, con fecha 31 de Agosto de 2007, decretó medidas cautelares urgentes a favor de los 65 beneficiarios, para que el Estado Peruano brinde diagnóstico y tratamiento médico especializado, para prevenir daños graves en su integridad y vida.

Hasta la fecha no se ha cumplido la orden del TC, no se han implementado los planes aprobados gracias a la presión de la sociedad civil y el apoyo de algunas organizaciones sociales de base de La Oroya y los esfuerzos se están centrando en hacer que el Estado implemente las medidas cautelares. Hacemos votos para que nuevos horizontes de esperanza y salud se abran para los oroinos quienes merecen vivir en un ambiente sano.

www.todosobrelaoroya.org)

Doe Run

ASEGURAR LA INVERSIÓN

AMBIENTAL

Jorge Manco Zaconetti

En la sesión del 31 de marzo pasado de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República existía una gran expectativa de los congresistas por escuchar a las más altas autoridades del sector de Energía y Minas, como el viceministro de minería, al presidente de Cofide y al presidente del Directorio de Doe Run, sobre lo que está pasando en el principal complejo minero metalúrgico del país, La Oroya, ubicado en el departamento de Junín, en la región central. Lamentablemente los invitados por diversas razones se excusaron, desairando al Congreso con argumentos cuestionables; desde mi punto de vista, esta ha sido una oportunidad perdida para tratar problemas de fondo, como el de recabar una mayor información para debatir con altura sobre un viejo problema ambiental heredado tanto por las prácticas de la Cerro de Pasco Corporation como por la estatal Centromín.

Los parlamentarios de diversas bancadas expresaron su malestar ante la ausencia de los invitados, que debieron exponer con transparencia lo avanzado hasta entonces. Hubiese sido importante escuchar al Ing. Huyhua Presidente del Directorio de Doe Run, sobre la difícil situación económica financiera de la empresa que hasta octubre del 2008 estaba generando más de 88 millones de dólares por concepto de utilidades operativas, y que al cierre de año se han convertido en pérdidas netas.

Hubiese sido interesante saber el nivel de deudas de la empresa con sus abastecedores de concentrados como Glencore, que acaba de cerrar las operaciones de su unidad Iscaycruz, de Volcan, Milpo, Atacocha, es decir de todas aquellas empresas que le venden concentrados de zinc, plomo, y cobre. Es más, extraoficialmente se señala que el principal acreedor sería la propia matriz Renco Group de Estados Unidos de Norteamérica, a través de Doe Run Resource Corporation Sec. No debemos olvidar que estamos ante una empresa de “malas prácticas empresariales”.

En el debate, el grupo fujimorista fue el más agresivo. Ante la posibilidad de un rescate financiero, se argumentó que no se debiera arriesgar dineros públicos, destacando que frente a las altas utilidades obtenidas en los años del boom minero, debieron reinvertir, cumplir con las obligaciones ambientales, y que no existiría justificación alguna para comprometer dineros públicos en asuntos de orden privado. Si la empresa no ha sabido administrar sus recursos debiera asumir las consecuencias.

De otro lado, el grupo de UPP con la intervención del PNP, demandaban una solución más drástica, en el sentido que los acreedores debieran presentar ante el Indecopi la declaración de insolvencia de Doe Run por los adeudos e incluso la capitalización de las deudas, lo que daría lugar a un cambio del accionariado y asiento en el directorio. Es más, la congresista del Partido Nacionalista exigió la nacionalización de la empresa por sus reiterados incumplimientos en las inversiones ambientales, volviéndose a la administración estatista de los años setenta.

No deja de ser curioso el comportamiento del grupo fujimorista que en la década pasada avaló por razones de Estado el “rescate financiero” por más de 1,200 millones de dólares de la cartera “superpesada” de los bancos Wiese y Latino, que ante la debilidad del organismo regulador, la Superintendencia de Banca y Seguros, resultaban “imposibles” de cobrar, a pesar que gran parte de los préstamos se habían realizado ante empresas satélites, empresas vinculadas a los principales accionistas. Al margen que fue durante el gobierno del presidente Fujimori donde se privatizó por partes, las distintas unidades mineras que formaban una unidad técnico material con el complejo minero-metalúrgico, es decir, con la fundición y refino. Ello significa que desde 1998 el complejo de La Oroya tiene que comprar a precios de mercados los concentrados producidos por terceros.

En el presente, la realidad impone una inteligente y creativa intervención del Estado ante la importancia del principal minero complejo minero metalúrgico del Perú. En principio, debemos aclarar a muchos analistas y parlamentarios que Doe Run Perú SRL no es propiamente una empresa minera. La única unidad minera de explotación que tiene es Cobriza (Huancavelica), que abastece el 25% de los requerimientos de concentrados de cobre y que representa menos del 5% de los ingresos totales de Doe Run, ingresos que en el 2008 sumaron los 1,384 millones de dólares, un 6% menores a los alcanzados en el 2007, y superiores a los 1,181 millones de dólares alcanzados en el 2006.

No debiera existir duda alguna sobre el interés nacional, regional y local para resolver de una vez la contaminación histórica de La Oroya, calificada entre las diez ciudades más contaminadas del mundo. Así, por una re negociación de las obligaciones ambientales de Doe Run con el Estado, entre mayo y junio del 2006 que extendió el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, hasta octubre del 2009, que principalmente estaban centradas en la captación del dióxido de azufre que constituye el insumo principal para la obtención del ácido sulfúrico, en la reducción de las emanaciones de plomo, arsénico etc.

En tal sentido, sea cual fuere la alternativa de solución frente a los problemas de Doe Run- La Oroya, rescate financiero, respaldo como garante frente a los bancos consorciados, capitalización de la deuda de parte de los acreedores, el gobierno actual en representación del Estado, tiene la obligación de asegurar el más estricto cumplimiento de la inversión ambiental, donde Doe Run según Osinergmin habría invertido más de 219 millones al cierre del 2008, y estarían restando menos de 75 millones de dólares para terminar con la construcción de la planta de ácido sulfúrico de la unidad de cobre.

Osinergmin, organismo regulador responsable desde el 2007 de la fiscalización minera, ha señalado en un documento oficial “PAMA DEL COMPLEJO METALURGICO LA OROYA-DOE RUN PERÚ” avances a 2 de marzo del 2009 donde se expone que “A diciembre 2008 las inversiones realizadas fueron de US $ 219.5 millones. Mientras que la inversión del período enero-diciembre 2008 fue de US$ 143.2 millones. Estos valores están siendo ajustados, debido a que incluyen rubros que no están directamente relacionados con el PAMA prorrogado, de acuerdo a información de DRP y al presupuesto de inversiones 2009 aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”

Esta declaración del organismo regulador es importante pues está reconociendo que en el período enero/diciembre del 2008 la empresa habría invertido 143.5 millones de dólares y los restantes 76.3 millones entre el 2006 y 2007. En tal sentido, la empresa habría cumplido con sus compromisos ambientales, entre otras razones gracias al fideicomiso firmado con el Estado, con el ministerio de Energía y Minas, a la mayor fiscalización de Osinergmin, y que serían los problemas derivados de la crisis mundial los que estarían afectando los niveles de inversión para dar cumplimiento de las inversiones ambientales, y para reconstruir el capital de trabajo.DOE RUN: UNA MAYOR TRANSPARENCIA

Uno de los problemas centrales de DOE RUN PERÚ SRL es la pobre información sobre sus estados financieros y la memoria empresarial. Es una empresa que no cotiza ni en la Bolsa de Valores de Lima, ni de New York. En tal sentido, es una empresa cerrada, de allí la fuerte duda que generan las declaraciones de sus directivos, a ello se agrega los pésimos antecedentes empresariales del único accionista, ciudadano norteamericano de origen judío Ira Rennert, experto en la quiebra de empresas, cuestionado por problemas ambientales en los Estados Unidos.

Lo cierto y evidente es que con la información disponible, reconstruida utilizando varias fuentes, estamos ante una empresa que ha tenido una débil propensión a la inversión. Así, en el período 1997 al 2008 habría invertido 587.8 millones de dólares, de los cuales si se deducen los 123.1 millones de dólares que formaron parte del contrato de transferencia por privatización, aporte dinerario que permitía aumentar el capital social de empresa, es decir, el nuevo propietario capitalizaba la nueva empresa con 126.4 millones de dólares y se comprometía a la inversión de 120 millones de dólares en cinco años contabilizados a la firma del contrato de transferencia.

Sobre la inversión de 120 millones de dólares en cinco años (1998-2002) con la información oficial disponible se ha cumplido con los compromisos de inversión en relación al contrato firmado con la CEPRI de Centromín, Es decir, el cumplimiento de la inversión ha sido posible a pesar que la empresa declaraba pérdidas netas entre los años 1999 al 2002 como se puede observar en el cuadro respectivo. Solamente declaró utilidades netas en el 1998 llegando a los 32 millones de dólares.

Por tanto, dejando de lado la inversión de capitalización de 1997 por un valor de 120 millones, restaría como inversión total 464.7 millones de dólares (587.8 menos 464.7 millones), de los cuales entre once años, estarían haciendo un promedio de 47 millones de dólares por año, valores que no resultan significativos para un complejo minero metalúrgico como el de La Oroya, que requería de compromisos mayores de inversiones.

Frente al total de inversiones recalculadas 464.7 millones de dólares en once años, Doe Run habría realizado inversiones ambientales para cumplir con el PAMA, Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, por un valor de 296.7 millones de dólares, montos que están por encima de los compromisos iniciales propios del proceso de privatización que fueron menores a los 187 millones de dólares.

Se debe destacar que gracias a las mayores exigencias del Estado entre el 2006 al 2008 en razón del fideicomiso firmado el 29 de mayo del 2006, se aseguraron las mayores inversiones ambientales en relación al PAMA. Así, entre el 2006 y el 2008 las inversiones fueron del orden de los 225.4 millones de dólares, que representan el 76 % del total de las inversiones ambientales ejecutadas entre 1997 al 2008. Por tanto, se puede afirmar que el grueso de las inversiones ambientales han sido ejecutadas gracias a la mayor fiscalización minera, tanto de parte del Ministerio de Energía y Minas como del Osinergmin, a partir del 2007 por las transferencias de las atribuciones de fiscalización minera de la Dirección General de Minería (DGM) hacia el Osinergmin.

En tal sentido, la Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM que impone la figura del fideicomiso, expresamente impone una serie de limitaciones, candados para asegurar la inversión ambiental, así el artículo 2 de la referida resolución señala que se debe:Artículo 2º.- Requerir a la empresa Doe Run Perú S.R.L para que en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados desde la notificación de la presente Resolución Ministerial, suscriba por escritura pública con el Banco Wiese Sudameris, un contrato de fideicomiso que cubra el 100% de todas las obligaciones dispuestas en el Informe Nº 118-2006-MEM-AAM/AA/RC/FV/AL/HS/PR/AV/FQ/CC, con intervención de la Dirección General de Minería, en señal de aprobación de los términos y condiciones pactados, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la prórroga otorgada.

El contrato de fideicomiso deberá incluir cláusulas relativas a un monto mínimo que deberá mantenerse en el fideicomiso; el abono de excedentes de caja a dicho fideicomiso considerando para este efecto, criterios para el cómputo de los “Gastos generales y Administrativos” de la empresa Doe Run Perú S.R.L, en base a sus promedios históricos; y en general, mecanismos que aseguren el flujo oportuno de dinero y que faciliten su manejo transparente y supervisión”.

En tal sentido, el estricto cumplimiento de lo pactado en el fideicomiso debiera ser una política de Estado para resolver los pasivos ambientales históricos frente a una empresa que tiene una pobre transparencia en sus obligaciones contractuales. De allí, que resulte necesario interrogarse, antes de cualquier intervención del gobierno como garante ante terceros, sobre la real situación económico financiera de la empresa. Es decir, antes de garantizar préstamos de bancos a Doe Run, exigir las garantías que debieran ser otorgadas con el respaldo suficiente, sea con acciones, se debería aclarar el destino de las utilidades netas.UTILIDADES NETAS: A DÓNDE ESTÁN??

Asumiendo que las inversiones se financian con las utilidades netas no distribuidas, con la información disponible entre el 2005 y el 2007 Doe Run Perú SRL habría obtenido 352 millones de dólares por concepto de utilidades netas, 47.9 millones en el 2005 que habrían financiado las inversiones del 2006 que sumaron los 44.8 millones. En el mismo sentido, la empresa obtuvo en el 2006 una utilidad neta de 120 millones de dólares que financiaron las inversiones del 2007 que arribaron a los 56.6 millones. Es decir, las utilidades netas del año financian las inversiones del año siguiente. En tal sentido, las utilidades netas del 2007 fueron del orden de los 183.5 millones con la propia información de la empresa, debemos asumir que estas utilidades netas han financiado las inversiones del 2008 que fueron equivalente a los 143.2 millones de dólares.

En resumen la empresa obtuvo utilidades netas entre el 2005 y el 2007 más de 352 millones de dólares, al margen de las depreciaciones y amortizaciones que constituyen recuperos de capital. De otro lado, las inversiones entre el 2006 y 2008 sumaron los 244.6 millones de dólares. Por tanto, debiera interesar el destino del excedente, es decir la diferencia de más de 107 millones de dólares debiera interesar. ¿Cuál es el destino de dichos valores? No podría ser capital de trabajo, pues como toda empresa de mercado con espíritu especulativo trabaja con capitales de préstamos, asume el costo del dinero y con ello financia sus operaciones. Tampoco se trataría de un fortalecimiento patrimonial en razón que el capital social tiende a disminuir.

En el siglo XXI con el proceso de globalización mundial no resulta aceptable que una empresa moderna no publique sus estados financieros, y sus principales cuentas como el balance general, estados de ganancias y pérdidas, estado de flujo en efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, y sus respectivas notas a los estados financieros, etc. Antes de cualquier solución temporal debiera exigirse la mayor transparencia, pues sería lamentable que nuevamente una empresa como Doe Run Perú SRL con el gran respaldo financiero de su matriz, sorprenda nuevamente a los peruanos y nos “agarre de cholitos”.

EPILOGO

Ante los problemas económicos de Doe Run, serían los propios acreedores y un grupo de productores mineros con los cuales trabaja la empresa quienes financiarán hasta por 175 millones de dólares, con los cuales se espera superar los problemas de falta de capital de trabajo (100 millones) y el cumplimiento del PAMA (75 millones). Este sería un acuerdo entre privados, según informó el ministro de economía y finanzas Dr. Luis Carranza, en la conferencia de prensa llevada a cabo en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

En la misma conferencia de prensa el ministro señaló que será la casa matriz Doe Run Resources de los Estados Unidos, la que se comprometió a capitalizar el total de sus acreencias las mismas que ascenderían a156 millones de dólares. Es decir, la principal deuda que tenía Doe Run La Oroya era con su matriz, lo cual haría inviable cualquier rescate financiero del Estado.

Kuraka: Minerìa y Energìa

02-04-09

Doe Run

EL FIDEICOMISO Y

LA "PRÒRROGA"

Humberto Campodónico

E n el 2004, la empresa Doe Run incumple con los compromisos del Programa de Saneamiento Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico de La Oroya por tercera vez, lo cual lleva la contaminación a niveles inadmisibles. A pesar de este incumplimiento, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) decide otorgarle a Doe Run una cuarta prórroga.

Es esta cuarta prórroga (que termina el 31 de octubre del 2009) la que Doe Run ha incumplido desde diciembre del 2008, cuando paraliza las inversiones en la planta de ácido sulfúrico de cobre. Dicho esto, a esa fecha, la empresa ya había culminado satisfactoriamente las plantas de ácido sulfúrico de zinc y, también, de plomo. Se han invertido US$ 223 millones y faltan US$ 70 millones. Antes de que se firme la cuarta ampliación del PAMA en mayo del 2006, las opiniones en contra de otorgarla eran mayoritarias, tanto en los sectores políticos como en los medios de comunicación. Es por eso que el MEM decide poner condiciones muy estrictas a Doe Run, las que se plasman en la RM 257-2006, y que están orientadas a garantizar que se lleven a cabo el 100% de las inversiones del PAMA.

Veamos esto en detalle. Dice la RM 257-2006 que Doe Run debe suscribir un contrato de fideicomiso “que cubra el 100% de todas las obligaciones”, donde también interviene la Dirección General de Minería. Agrega que el contrato “deberá incluir cláusulas relativas a un monto mínimo que deberá mantenerse en el fideicomiso y el abono de excedentes de caja a dicho fideicomiso” (art. 2). Además, el art. 3 requiere a Doe Run que “a más tardar el 15 de diciembre de 2006, 2007 y 2008 presente ante la Dirección General de Minería el cronograma mensualizado y valorizado de las inversiones a ejecutar el siguiente año, a efectos del cómputo de los montos que deberán ser abonados al fideicomiso”. Y en el art. 5 se le obliga a otorgar una carta fianza de US$ 28.6 millones.

En el art. 6 se dice que “para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones y la consecuente protección de la población, Doe Run queda impedida de efectuar pagos o de contraer obligaciones a favor de sus accionistas, participacionistas, empresas vinculadas o los accionistas de estas que puedan afectar el cabal y satisfactorio cumplimiento de las obligaciones establecidas”. Queda claro que el MEM conocía bien los “métodos” de Ira Rennert, especialista en succionar las utilidades de sus empresas a la Casa Matriz, no solo en el Perú sino en todo el mundo.

Además, “todo movimiento de más de un millón de dólares deberá ser informado al auditor del fondo fideicometido (lo que recayó en Price Waterhouse Coopers), así como cualquier pago u obligación que Doe Run asuma o ejecute y que pueda presumiblemente afectar el cumplimiento del PAMA” (art 7). O sea que ni siquiera el crédito revolvente de Doe Run con el Banco de Crédito y el Paribas tenía prioridad sobre el PAMA.

Si esto es así, entonces la Dirección General de Minería debiera decirnos qué pasó en diciembre del 2008 con fideicomiso para el cronograma de inversiones del 2009 (art. 3). Se sabe que Doe Run tuvo importantes excedentes del 2005 al 2008 por más de US$ 500 millones (ver La República del 28 de marzo), por lo cual las inversiones estaban garantizadas. En efecto: la RM 257 dice que no se pueden efectuar pagos que puedan afectar al PAMA (art. 6), lo que quiere decir que los excedentes generados en los últimos años debieron haberse quedado en la empresa (1).

El gobierno está pensando darle una quinta prórroga a Doe Run, contraviniendo a la RM-257 que dice que los plazos son improrrogables (art. 1). Eso no está bien. El gobierno tiene que hacer cumplir lo que está firmado. Doe Run debe meterse la mano al bolsillo y cumplir con sus obligaciones. Si la empresa dice que no puede cumplir, entonces deberá rescindirse el contrato y buscar una solución técnica-económica que garantice el empleo de los trabajadores y la salud de la población de La Oroya. (1) Hay versiones de que Doe Run habría estado remesando divisas a su Casa Matriz. Esto debe ser aclarado por el BCR.

La República
30-0309

LA OROYA

La Oroya es una ciudad minera de 35.000 habitantes, creada alrededor del complejo metalúrgico y está situada a 3.370 metros de altitud en la Sierra Central del Perú, a 180 km al noreste de la capital, Lima. La Sierra del Perú, rica en recursos minerales, tiene minas de plata, de plomo, de cobre y de zinc. Los minerales extraídos, se purifican en una refinería situada en La Oroya. La refinería se creó en 1922 y desde esa fecha, los habitantes de La Oroya sufren los efectos de sus emisiones tóxicas y de sus vertidos.

En Diciembre de 2005, fue publicado por la Universidad de St. Louis, Missouri (EE.UU.) un informe científico con los resultados de una investigación sobre la contaminación de la sangre y la orina de los habitantes de La Oroya a consecuencia de la exposición al plomo, arsénico, cadmio, y otras sustancias tóxicas, comparado con los niveles encontrados en la población de una ciudad cercana (Concepción) donde no hay niveles de contaminación tan extremos como en La Oroya.

Los resultados fueron sumamente preocupantes. El informe concluyó que "Los resultados del muestreo biológico confirman la gravedad de la situación de salud comunitaria en la ciudad de La Oroya y especialmente en La Oroya Antigua. Como crisis se entiende los significativamente mayores niveles de riesgo para la salud que existen para todos los grupos poblacionales y sobre todo para los grupos más vulnerables como son los niños y los bebés. Los resultados de plomo confirman las tendencias observadas en monitoreos previos que indican la presencia de niveles elevados de plomo en sangre en toda la población Oroina y, lo que es más grave, niveles por encima de los 45 μg/dL (microgramos por decilitro) para gran parte de la población que ya no son sólo niveles de preocupación sino de emergencia médica de acuerdo al CDC (Center for Disease Control and Prevention – Centro para el Control y Prevención de Enfermedades). Los resultados de cadmio, arsénico y antimonio que han sido estudiados proporcionan evidencia científica adicional que se suma al impacto negativo de la contaminación ambiental de La Oroya." (2)

El 99% de los niños que viven en La Oroya y alrededores, presentan un nivel de plomo en sangre que supera los límites aceptables. Los estudios realizados por la Dirección General de Salud Ambiental en Perú, ya en el año 1999 (3), denunciaron que el nivel de plomo en sangre de los niños entre 6 meses y 10 años, era peligrosamente elevado con 33.6 µg/dL, valor que triplicaba el límite admitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 10 µg/dL. Se ha constatado que el envenenamiento por plomo, tiene efectos particularmente dañinos para el desarrollo mental de los niños. La sociedad civil está altamente alarmada y numerosos centros de investigación han confirmado la gravedad de la situación. Sus estudios han revelado la presencia de otros metales en el aire, la tierra y el agua de La Oroya, incluyendo arsénico y cadmio, además del plomo.

Más recientemente, en Mayo de 2005, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EEUU, envió una misión a Perú para elaborar un plan de reducción de la exposición de la población y la tierra a estos elementos contaminantes. Las recomendaciones del informe elaborado por dichos expertos eran tajantes: "La prioridad mas urgente es reducir el nivel de plomo y otros contaminantes (…) Se han documentado la relación existente entre los niveles de plomo en sangre y los niveles de plomo en el aire y en la tierra. Los efectos del plomo (...) pueden provocar desde problemas de aprendizaje y de conducta hasta convulsiones, estado de coma y muerte" (4).

Los campos cultivables han ido quedando estériles o sólo dan productos contaminados. Los pastos de los montes de la zona, de los que se alimentaban los animales, están igualmente contaminados y al final, toda la vida humana, animal y vegetal de la región se ve condenada a un envenenamiento, lento pero implacable, y a un empobrecimiento cada vez mayor ya que nada de lo que se produce en sus tierras es sano, nada puede venderse, no se crean puestos de trabajo que no estén relacionados con la explotación minera, y la población se ve obligada a abandonar sus tierras no viendo otra salida que la emigración a otra región, a los suburbios de la gran capital, o incluso a otro país.

http://estradeeco.blogspot.com/2008/11/la-oroya-campen-de-la-contaminacin.html

¿HAY QUE REFORMAR

LOS DEPARTAMENTOS

DE ECONOMÌA!

En un reciente reportaje efectuado por el suplemento Cash de Pàgina/12, a James K. Galbraith, profesor de la Universidad de Texas, e hijo de John K. Galbraith, en relaciòn a los acuerdos de la Cumbre del G-20, dicho analista dijo:

–Entre 1930 y 1970, tras el cataclismo de la Gran Depresión, había una mirada mucho más sensible del rol que cumplían el sector público y el privado. Después de 1970 se dio un proceso sistemático de borrar de la memoria esos temas. Pero creo que será muy difícil borrarla una segunda vez. La inestabilidad del sistema financiero ha quedado establecida y quedó claro que un sistema bancario desregulado es la fórmula para el desastre. Nadie va a prestar atención a las teorías que nos trajeron hasta acá; están acabadas. Es la gente que se pasó los últimos 20 años diciéndonos que lo que está pasando no podía suceder. Hubo un tiempo en el que se los trató como grandes pensadores, pero no serán recordados como tales.

Ante lo expuesto, los periodistas preguntaron:

Sostiene que las corrientes económicas dominantes están acabadas, pero en las universidades esas teorías son casi lo único que se enseña y los medios continúan consultando a sus voceros.

–Se siguen aplicando sus teorías, pero el hecho de que me haya hecho esta pregunta tan entrada la entrevista es una prueba de cuánto se han hundido estas ideas durante la crisis. Sus ideas no tienen más credibilidad. Las universidades son el último lugar que se ajusta a la realidad; quedaron aisladas. Los Departamentos de Economía se convirtieron en reductos sellados donde los economistas neoliberales hablan entre ellos, pero su poder de influencia se está hundiendo. Las autoridades universitarias deberían cuestionarse algunas cosas. Por ejemplo, para qué fondear un Departamento de Economía cuyas teorías no conciben la posibilidad de una crisis global. Cuál es la función social que cumple una institución de este tipo si todo lo que se enseña no tiene ni una relación con los problemas que estamos enfrentando. Hay que reformar los Departamentos de Economía para darle lugar a la gente que trabaja estos temas y que ha sido excluida por mucho tiempo en todo el mundo.

5-04-09

LA MÌSTICA

DE LA ORTODOXIA

Alberto Minujin

En un ensayo publicado en diciembre de 1930, John Maynard Keynes, decía: “estamos envueltos en una colosal confusión, habiendo cometidos graves errores en el manejo de una delicada maquinaria (la economía), el funcionamiento de la cual no entendemos”. Frente a lo que según sus palabras era una de las grandes catástrofes de la historia moderna impulsó cambios sustantivos en la visión y teoría económica.

Hace poco, el por muchos años presidente de la reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, en su presentación frente al congreso, dijo que estaba anonadado y subrayó que el edificio conceptual que habían armado durante los últimos decenios se había derrumbado. Greenspan estaba im- pactado, shoked, por cómo hacía agua el modelo del libre mercado.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con Keynes, los economistas ortodoxos -la corriente más importante-, no han modificado sus puntos de vista. Sus ideas prevalecen en organizamos como el FMI y en América latina.

La teoría del libre mercado por encima de todo, la desregulación y la minimización del gobierno aún reina entre economistas y políticos y en universidades y colegios de economía y de negocios. Por largo tiempo los economistas heterodoxos, los que no seguían o cuestionaban esos mandatos, fueron raleados de buena parte de los centros académicos. Los estudiantes y recién graduados saben que, si quieren hacer carrera, deben sumarse a la teoría dominante: la ortodoxia. Lo más extraordinario es que esto ocurre en medio de la tremenda debacle del sistema financiero y económico que cuestiona las bases del sistema capitalista. El devastador impacto social entre los pobres y los sectores medios volverá a mostrar ¡una vez más! que el libre mercado sin control fuerte, sin regulación firme y sin un estado que redistribuya produce beneficios para los más ricos con una total falta de ética y sentido social.

Este debería ser un momento para plantear nuevas bases y reglas de juego. Pero los neo-conservadores se resisten. No sólo el pensamiento no ha cambiado sino que alimentan los renovados y concentrados esfuerzos para desacreditar y modificar la propuesta de la administración de Obama. Falta desarrollar un pensamiento que sustancie y fundamente las posibilidades y direcciones del cambio. Y es necesario en América latina desarrollar e impulsar un pensamiento independiente que dé fundamentos a las experiencias alternativas que se están desarrollando en la región. Como dice Paul Krugman, se trata de terminar con la mística del mercado y de creer en la magia del mercado financiero y el poder de los hechiceros que lo manejan. Debemos plantear una visión y estructura financiera y económica centrada en la sociedad. Debemos debatir cómo, en un mundo complejo y en crisis, se plantean sistemas económicos y sociales incluyentes que permitan acabar con la inequidad e injusticia social que prevalece en el actual sistema capitalista. Sería injusto no admitir que hay una cantidad de gente y organizaciones debatiendo estos temas. Pero se está lejos de tener orientaciones fuertes que influyan el pensamiento establecido y menos aún en las decisiones se los organizamos internacionales. No es un tema técnico sino político e ideológico y es por allí que pasa la confrontación.

El autor es profesor en el Programa de Posgrado en Asuntos Internacionales de la New School University en Nueva York.

La Gaceta

29-03-09