EL 1 DE MAYO

Y EL "TRABAJO DECENTE"

Humberto Campodónico

El Día del Trabajo ha sido, tradicionalmente, el día de los asalariados, aquellos que trabajan para un empleador. Sin embargo, hoy en día los asalariados en el Perú son claramente una minoría. Formando parte de “los que trabajan” ahora también están los informales, los mineros artesanales, los ambulantes y muchos más (algunos también consideran a los microempresarios, que tienen empresas familiares).

Es conocido el hecho de que los asalariados han visto decaer sus salarios en los últimos 15 a 20 años, además que han perdido buena parte de sus derechos (condiciones de trabajo, “services”, vacaciones, CTS, sindicalización, negociación colectiva, entre otros). Pero, desde nuestro punto de vista, estaba faltando un indicador que nos muestre de manera clara las condiciones de los asalariados.

Contribuye a llenar ese vacío un reciente trabajo de Julio Gamero (1. Se trata del “trabajo decente”, el mismo que debe cumplir con cinco condiciones básicas, a partir de indicadores llamados básicos y complementarios, diseñados por el Ministerio de Trabajo de Argentina.

Los indicadores básicos (IB) son el tipo de contrato (con o sin contrato) y el ingreso laboral (menor o mayor al salario mínimo vital), mientras que los indicadores complementarios (IC) son la duración de la jornada de trabajo (hasta 48 horas) y si se tiene o no un seguro de salud y acceso a algún sistema de pensiones.

A partir de allí, tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2008 se establecen cinco indicadores para saber cómo están los asalariados (que son el 39% de la PEA de 15 millones de personas) y los no asalariados (que son el 61% de la PEA).

Definidos esos parámetros se construye un indicador final por el cual se establecen 5 niveles en la escala del Índice de Trabajo Decente. En el Nivel 1 se cumple con todos los IB e IC, mientras que en el Nivel 2 se cumple solo con todos los IB. En el Nivel 3 se cumple por lo menos con uno de los IB, mientras que en el Nivel 4 no se cumple con los IB, pero sí con al menos uno de los IC. Finalmente, en el Nivel 5 no se cumple con ningún indicador.

Los resultados son sorprendentes: solo el 19% de los asalariados está en el Nivel 1, es decir, se cumple con los IB e IC y, por tanto, tiene un “trabajo decente”. Un 25% de los asalariados está en el Nivel 2, o sea que trabajan más de 48 horas y no tienen seguro de salud ni sistema de pensiones. El 55% restante está en los Niveles 3, 4 y 5: o sea con trabajos superprecarios.

La cosa es peor con los no asalariados, pues casi no están en la foto de los Niveles 1 y 2. El 25% está en el Nivel 3 y nada menos que el 61% está en el Nivel 4. Así, para los no asalariados se puede decir que “desconocen mayormente” el hecho de trabajar menos de 48 horas, tener seguro de salud o una pensión de jubilación.

El texto de Gamero aborda toda una gama de facetas que no podemos comentar en este artículo: el Trabajo Decente por sexo, por edades y, también, por Regiones. Se demuestra que las mujeres tienen menos trabajo decente que los hombres y que en Huánuco, Piura y Amazonas se encuentra la mayor cantidad de asalariados en los Niveles 4 y 5.

Una cosa más antes de terminar: el estudio se realiza con la ENAHO del 2008, es decir, en el punto más alto del boom económico que comenzó en el 2002. Lo que quiere decir que desde el 2009 a la fecha la cosa ha empeorado. No es mucho, entonces, lo que tienen que celebrar los asalariados y los no asalariados en este 1º de mayo. Más bien hay que hacer todo lo posible para acabar con el trabajo indecente que, hoy, asola al Perú.

(1) A un año del TLC con EEUU, Un enfoque desde el trabajo decente, marzo del 2010, en Red de Globalización con Equidad, www.redge.org.pe.

La República

1 de mayo de 2010

LA DEUDA

CON LOS TRABAJADORES

Carlos Bedoya

Muchos analistas señalan que la crisis económica se acabó en el Perú porque se han recuperado los precios de las materias primas que exportamos y porque ya han regresado los capitales de corto plazo. Pero ¿qué hay del peruano de a pie que se esfuerza diariamente por salir adelante? Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo, nos da sus impresiones sobre la calidad del empleo en el Perú de hoy.

-El Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de recuperación sostenible de la economía mundial, pero ¿cuál es la situación mundial del empleo?

-En esta etapa vemos que hay incremento de la producción sin aumento del empleo. En las economías del norte es necesario distinguir EEUU de Europa y Asia. EEUU, si bien no ha tenido las tasas de desempleo abierto de España y otros, tiene el problema de que el aumento de su gasto público se concentró en el salvataje del sector financiero. El gasto público aumentó a favor de los bancos. Francia y Holanda no han tenido tanto crecimiento previo ligado a la construcción, a diferencia de España que tiene problemas derivados de una burbuja inmobiliaria. Europa está complicada. A ello se suma la debilidad del euro como moneda común. En un inicio se hablaba de que Grecia necesitaba 30 mil millones de dólares para pagar su deuda y cerrar sus déficits internos y externos, ahora se habla de 100 mil. Y al ser parte de la eurozona afectará al Euro. Como la solución que se busca dar a la crisis va dirigida al sector financiero, en lugar de al sector real, el empleo está aún en crisis.

-A nivel nacional ¿cuál ha sido el impacto de la crisis en el empleo?

-De acuerdo a las estadísticas oficiales no disminuyó el empleo. En el 2009 el empleo urbano creció 1%. Claro que en el año previo había crecido 8%. Es una bajada fuerte. Pero es cierto que el Perú no ha presentado un impacto fuerte en el empleo durante la crisis. Es que los sectores comercio y servicios vinculados a la demanda interna crecieron, contrarrestando la caída de 6% en los sectores manufacturero y agroindustrial de exportación. Dentro de la industria, el empleo en el sector textil cayó más de 10%, pero aún así el crecimiento de empleo en los otros sectores levantó el promedio.

-¿Y en términos de calidad del empleo?

-Ni el ciclo de expansión económica que hemos vivido los últimos años ha podido revertir la precariedad en el empleo originada por las reformas laborales neoliberales de los 90. Es el único sector que no ha logrado recuperar los niveles anteriores a los 80 y 90. El acceso a la seguridad social no ha recuperado niveles de cobertura anteriores. El único efecto positivo reciente es la reducción del empleo informal. Lo que pasa es que últimamente el empleo ha crecido en la mediana y gran empresa, pero esto no se ha expresado en mejores modalidades de contratación laboral o seguridad social debido al marco institucional con el que se cuenta.

-¿Cuál ha sido el impacto de los TLC que hemos firmado en el empleo? Algunos dicen que si no fuera por el TLC con EEUU nos hubiera ido peor.

-Cuando uno analiza las exportaciones a EEUU, se da cuenta que cayeron más que las exportaciones a Asia. Y si bien ya habían empezado a caer en el 2008, la caída se acentuó en el 2009. Por otro lado, si uno mira los mecanismos de solución de controversias laborales, se encuentra que son buenas herramientas que pueden ser utilizadas por el movimiento sindical, pero no se aprovechan dada la poca tasa de sindicalizació n. De acuerdo a los datos de diferentes estudios, el impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el empleo es reducido. Hay un estudio –no difundido- del BID que señala que los puestos de trabajo crecerían en 40 mil en un lapso de diez años, por ejemplo. En general, con los TLC se ve afectada la microempresa que abastece el mercado interno. Por eso Gamarra no quiere saber nada del TLC con China.

-¿Cuáles son sus críticas a la política laboral peruana?

-Lo primero es que se mantiene el marco institucional que genera inequidades. El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita ha crecido 43% del 2000 al 2009. Sin embargo, la remuneración media, como informa la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo creció 6.7%. De otro lado, el excedente en una economía se distribuye entre utilidades (empresas), remuneraciones (trabajadores) e impuestos (Estado), y en el Perú ni en ninguna parte dicha distribución obedece a criterios de racionalidad económica o de coeficientes técnicos. Entonces, todo depende de la capacidad de negociación de los actores involucrados. Depende del poder que ejerzan las partes y ya vemos que los salarios y la presión tributaria no se elevan. El sector empresarial tiene más poder que el Estado para la negociación. Las grandes empresas renegocian con el Estado cuando quieren, en cambio el Estado nunca plantea la renegociación de ningún contrato, como lo señala la evidencia de los últimos años. Asimismo, los trabajadores con una tasa de sindicalizació n del 5% no tienen mayor poder de influencia. A esto se suma que no hay políticas que busquen reducir la inequidad y que se expresen, por ejemplo, en facilitar la organización de los trabajadores, en mayores negociaciones y convenios colectivos de trabajo, los mismos que, por el contrario, se han venido reduciendo en número. Es bueno decir, también, que la dirigencia sindical no está exenta de responsabilidad, pues ha debido hacer a los sindicatos más atractivos para los trabajadores en un contexto de cambios. Sin embargo, también se debe señalar que abundan las prácticas antisindicales. Una expresión de ello es que en las más de mil empresas agroindustriales solo hay cinco sindicatos. En empresas como Ripley y Claro, cuando los trabajadores se afilian al sindicato no se les renueva el contrato.Esto debe ser reformado, modificado con nuevas formas de sindicalizació n, suprimir requisitos para la formación de sindicatos -como el de mantener un número mínimo de 20 trabajadores para constituir un sindicato de empresa- y que se facilite, también, la conformación de sindicatos de rama. En esto último, tenemos por ejemplo el sindicato de rama de construcción civil, donde el empleo es bastante inestable, pero los trabajadores en conjunto negocian periódicamente sus condiciones laborales. En conclusión hace falta transformar el marco institucional.

-¿Y sobre las políticas de generación de empleo?

-El sector informal concentra más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. Y para que los emprendimientos tengan mayor viabilidad se necesitan políticas sectoriales. Según COPEME, solo 10 millones de dólares se dirigen a las Microempresas. En el Plan de Estímulo Económico que se elaboró en el contexto de la crisis global, se destinaron 150 millones de soles para compras estatales dirigidas a las microempresas. Esto debería ser la regla en lugar que una medida extraordinaria.La forma como se ha querido fortalecer a las Mypes ha sido a través de la reducción de los estándares de los beneficios para los trabajadores, como si ello fuera un tema legal. La promoción de las Mypes, su capacidad en generar mayor excedente y riqueza, es un tema económico. Se ha llegado al extremo, por ejemplo, de incluir a las pequeñas empresas, aquellas que tienen 100 trabajadores, bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1086. La promoción a las Mypes más que un tema microeconómico es de política sectorial, de mayores recursos en el presupuesto nacional. La política económica debería ser marcadamente pro microempresa.

-¿Se puede subir el salario?

-Sí. En el 2007 hubo una comisión técnica tripartita (trabajadores, Estado y empresarios) , que estableció criterios para aumentar periódicamente el salario mínimo en función a los niveles de productividad y la inflación subyacente. Se incorporó, también, la cláusula gatillo, por la cual si la inflación era mayor a la proyectada por el Banco Central de Reserva (BCR), se ajustaba la remuneración mínima. Y a pesar que los empresarios estaban de acuerdo, en el 2008, cuando la inflación superó 4% a la proyectada por el BCR, llegando a 6%, no hubo aumento para el 2009. Por lo menos se debió ajustar en 27 soles el sueldo mínimo. El gobierno argumentó que eso afectaría al empleo. Cabe señalar que en América Latina, estamos en el tercio inferior en lo que se refiere a salarios mínimos medidos en dólares. Sin ir muy lejos, Ecuador tiene menor PBI per cápita pero su salario mínimo (240 dólares) es 46 dólares mayor que el nuestro (194 dólares).Todos los países de la región aumentaron el salario dentro de sus planes de estímulo durante la crisis. Y lo aumentaron porque es la forma más directa de promover la demanda interna. Nuestro Plan, de los 10 mil millones de soles con los que contaba, destinó 150 millones a las compras estatales de Mypes como dijimos, y 100 millones al programa de reconversión laboral Revalora. Fue muy poco y eso no hace sino expresar, creo, las prioridades del gobierno. El país tiene una deuda social con los trabajadores, entendidos estos de manera extensa: obreros, empleados, trabajadores del hogar, autoempleados, informales, etc. Resolver y honrar dicho pasivo es una tarea de gobierno y de Estado.El país tiene una deuda social con los trabajadores, entendidos estos de manera extensa: obreros, empleados, trabajadores del hogar, autoempleados, informales, etc. Resolver y honrar dicho pasivo es una tarea de gobierno y de Estado.

La Primera

2 de mayo de 2010

CRISIS ALIMENTARIA

Y POBREZA

Oxfam Internacional presenta el informe “Precios de doble filo”, donde denuncia la desprotección de los pequeños productores por parte de sus gobiernos y de las instituciones financieras mundiales

La escalada de los precios de los alimentos, lejos de beneficiar a los pequeños agricultores de los países en desarrollo, ha empeorado su situación y ha profundizado la pobreza y la desigualdad de 290 millones de personas. Este es una de las conclusiones que se desprenden del informe “Precios de doble filo” que la organización Oxfam Internacional ha hecho público hoy, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación.

El informe destaca que el precio de los alimentos, ya sean altos o bajos, ha demostrado ser un arma de doble filo: sufren consumidores y productores por igual. En América del Sur, esta crisis podría afectar de manera directa a las familias más pobres, que destinan entre el 50% y 70% de sus ingresos a comprar alimentos y se han visto forzadas a modificar su dieta con alimentos de menor valor nutricional, reducir la cantidad de comida y recortar el gasto en educación y en salud.

Pero la crisis no ha afectado a todos los países por igual. Algunos han resistido mejor porque en los últimos 20 años han invertido más en su pequeña agricultura y en redes de protección social para los más pobres. En su informe, Oxfam ha identificado los países que están resistiendo a la crisis gracias al aumento de la inversión en sus pequeños productores; mediante políticas de desarrollo rural y mejora de sus programas sociales. Este es el caso de Brasil, donde las políticas fortalecieron el potencial agrario del país, donde la agricultura familiar representa el 85% de las fincas, suministra los alimentos del mercado interno y emplea el 70% de la fuerza de trabajo en el campo. Un estudio técnico que acompaña el informe concluyó que el caso de Brasil prueba de que las políticas agrarias pueden adaptarse a la diversidad y heterogeneidad de la agricultura familiar.

Teresa Cavero, autora del informe, asegura que en países donde los gobiernos han invertido en agricultura y donde se han llevado a cabo políticas de apoyo a las poblaciones más vulnerables o desfavorecidas, el impacto de la subida de precios ha sido menos severo. “Por el contrario, en aquellos países donde la liberalización comercial se ha llevado a cabo de manera descontrolada, donde no se ha invertido lo suficiente en agricultura, y donde los sistemas de apoyo gubernamentales son frágiles o nulos, los efectos han sido devastadores”, apunta la autora.

En las últimas décadas, la ayuda internacional al desarrollo de la agricultura descendió desde el 18 por ciento en los años en los años 80, hasta un 4 por ciento en la actualidad. Esta disminución es consecuencia del modelo de crecimiento económico promovido por las Instituciones Financieras Internacionales que no está basado en la agricultura.

Principales afectados

El encarecimiento de los alimentos ha aumentado los niveles de pobreza en las zonas rurales, en un escenario donde los mercados están concentrados en pocas empresas y donde el aumento del transporte y de insumos agrícolas –como fertilizantes- nos le permite a los pequeños productores obtener ganancias de la alza de precios. Las mujeres son las más perjudicadas, ya que sobre ellas recae la responsabilidad de alimentar a la familia y a menudo son las primeras que reducen su ración de alimentos. Además, aunque son ellas quienes producen mayoritariamente los alimentos básicos, raramente son propietarias de las tierras (sólo son propietarias del 11% del suelo en Brasil y del 13% en Perú) y tienen limitado acceso a medidas de protección, como seguros agrarios y créditos.

Propuestas para paliar la crisis alimentaria

En el informe, Oxfam destaca una serie de recomendaciones que pueden servir de guía a los países en desarrollo en caso de que la crisis alimentaria se mantenga o se vuelva a repetir.

Según Oxfam, los gobiernos deben invertir en políticas agrarias y de seguridad alimentaria para evitar que la pobreza rural y la inequidad se profundicen. Medidas para promover la producción como créditos, precios de garantía, subvenciones a los insumos e inversión en infraestructura permiten enfrentar mejor la crisis. Las poblaciones rurales en riesgo de perder sus cosechas y semillas por friaje, sequía o fenómenos agravados por el cambio climático, deben recibir atención prioritaria.

Según el informe, los gobiernos también deben garantizar el acceso a la tierra y al agua, especialmente para las mujeres productoras y comunidades indígenas y campesinas. Estos recursos son vitales para la producción de alimentos y hasta ahora se mantienen en desigual distribución y falta de control.

De igual manera, sector privado y gobiernos deben respetar los derechos laborales de los trabajadores rurales, especialmente de las mujeres trabajadoras de la agroindustria. El trabajo estacional en la agricultura debe complementarse con programas que compensen los ingresos familiares en épocas de baja. Los países que aumentaron los salarios de los trabajadores rurales, lograron enfrentar mejor la crisis sin disminuir su seguridad alimentaria y nutricional de sus familias.

Oxfam hace otra recomendación clave: que la Unión Europea y los EEUU no presionen a los países a firmar acuerdos comerciales que afecten su agricultura, mientras mantengan sus altos subsidios. De lo contrario, los efectos sobre la agricultura serán perversos, porque los mercados se inundarán con alimentos subvencionados.

Para Oxfam, los gobiernos –con la cooperación internacional- deben apoyar otros modelos de desarrollo agrario que sean más inclusivos, donde se potencien las alianzas entre productores y consumidores y se dé mayor poder y beneficios a los pequeños productores en las cadenas de valor.

Beneficios de las multinacionales agroalimentarias

Oxfam Internacional también destaca que pese a agravarse la situación de los pequeños productores, determinadas compañías agroalimentarias han incrementado sus ventas este año como consecuencia de la subida de los precios de los alimentos. A modo de ejemplo, la empresa Monsanto, dedicada a la venta de semillas, que ha alcanzado 3,6 billones de dólares de beneficios en los cinco primeros meses de este año y la multinacional Nestlé, que ha incrementado sus ventas cerca de un 9 por ciento en la primera mitad de 2008. Otras empresas, como la francesa Carrefour y la norteamericana Wal-Mart aseguran que la venta de alimentos es el principal factor que mantiene en alza sus beneficios.

Lamentable respuesta de la comunidad internacional

A diferencia de la crisis financiera, a la que Estados Unidos y Europa han respondido de forma inmediata y con cifras astronómicas, la respuesta a la crisis de alimentos todavía se hace esperar. De los 12.300 millones de dólares que la FAO pidió en junio en la reunión de alto nivel de Roma, apenas se han recaudado algo más de 1.000 millones. El grupo de trabajo de alto nivel de Naciones Unidas sobre precios de los alimentos calcula en 30.000 millones de dólares anuales lo que se necesitaría para paliar la crisis. Una cifra que contrasta con los 700.000 millones de dólares aprobados estos días por la Reserva Federal Norteamericana y con los dos billones de euros comprometidos por la Unión Europea.

“La crisis financiera no es fruto de la fatalidad sino consecuencia de la aplicación de políticas equivocadas. Igualmente la crisis alimentaria es fruto de años de abandono de la agricultura y de políticas erróneas. En ambos casos, los países que han regulado mejor sus mercados se encuentran ahora en mejor posición”, concluye Cavero.

Oxfam Internacional

16-10-08