viernes, 11 de diciembre de 2009

¿UNIVERSIDADES
EN EMERGENCIA?

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El premier, Javier Velásquez anunció el miércoles un proyecto de ley para suspender la creación de nuevas universidades, hasta que las existentes sean evaluadas y acreditadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. También el presidente Alan García había señalado que la solución al problema de la calidad de estos centros de estudios estaba en la acreditación.

Para empezar a resolver la grave crisis que atraviesa la universidad peruana, debe darse una declaratoria de emergencia en todo el sistema, paralizando inclusive aquellos centros de estudios, programas de enseñanza y filiales que dan servicios al borde de la legalidad, hasta que se apruebe la nueva ley universitaria que se debate desde hace un año en el Congreso, propuso Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
“Se requiere medidas de emergencia, ante una situación de emergencia”, indicó y sostuvo que con ello se impedirán leguleyadas de las instituciones que podrían ampararse en la figura de la autonomía universitaria para continuar lucrando con la educación universitaria como lo están haciendo. Cuenca dijo que una medida de esta naturaleza es necesaria porque una gran parte de las universidades surgidas al amparo del cuestionado Decreto Legislativo 882, de promoción de la inversión privada en la educación, ofrecen en estos momentos una educación de mala calidad a la población más pobre del país, ahondando las diferencias sociales y la división entre los peruanos.
La estafa
El especialista del IEP señaló que la apertura de filiales regionales de esas universidades, en clara contradicción con lo que ordena la ley, es una experiencia sumamente perniciosa y una abierta estafa a los estudiantes. Inclusive, Cuenca recuerda que en alguna oportunidad fue invitado por una de estas universidades para dictar una maestría en tan sólo 14 fines de semana, oferta que rechazó de plano pues le pareció que no tenía un mínimo de seriedad.
“Las filiales, han proliferado sin control y sin estar sujetas a una regulación, perjudicando a las personas que quieren y necesitan educarse. Se ha engañado a estas personas dándoles algo de mala calidad como si se tratase de una educación universitaria”, sostuvo. Cuenca sostuvo que la idea de que las universidades-negocio puedan regularse a través de la acreditación, es una solución a medias, como lo demuestra la experiencia. El analista señaló que los sistemas donde mejor funciona la acreditación son aquellos en que se realiza de manera voluntaria, no obligatoria como se pretende acá.
“La acreditación universitaria obligatoria en el Perú creará un nuevo problema porque estará sujeta a trámites burocráticos”, dijo.Mientras que, por otro lado, será difícil que las universidades -que son en realidad negocios- tengan la iniciativa de realizar una acreditación de las carreras que ofrecen, pues se trata de procedimientos de gran complejidad y costo.
La Primera
11-12-09
LA UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO Y EL DL 882


Cuando hay problemas en la UNMSM, la U. San Martín o la PUCP, los asuntos internos universitarios pasan a dominio público en poco tiempo, pero de este caso no he visto un solo comentario en especial.
Nuestro embajador en los EEUU, Felipe Ortiz de Zevallos, ha dejado una madeja con muchos cabos sueltos en su último papel como rector. Por los pasillos de la Universidad del Pacífico se habla fuertemente de una crucial asamblea donde se aprobó un documento que ha cambiado la naturaleza de la institución, una asamblea de cambio de estatutos que al parecer fue "fantasma", y que fue llevada a cabo en su gestión. En esta se registra la presencia de profesores y alumnos que nunca estuvieron allí y que menos votaron por la unanimidad con la que según las actas se votó a favor ¿Un caso de desdoblamiento astral? ¿o qué datos faltan y de quién es la verdad? Es una pregunta mística digna de un gurú, aunque sea empresarial.
Con unos nuevos estatutos aprobados unánimemente en una reunión de la que muchos de sus asistentes no dan fe de su existencia concreta (19/04/2006) y realizada casi como un calco de una asamblea ordinaria de un día antes que no tocó para nada el tema (18/04/2006), la Universidad del Pacífico se aleja de los mecanismos de gobierno clásico de una universidad para constituírse prácticamente en una empresa privada más. La comunidad universitaria pierde peso en las decisiones, que pasan a ser en mayor medida de los accionistas de la nueva empresa privada.
Antes de satanizar la lógica del libre mercado y entrar en debates ideológicos sin fin, cabría mencionar que más allá de los desacuerdos, toda universidad puede decidir por asamblea cambiar sus estatutos. El problema es cuando muchos de los que supuestamente figuran en las actas niegan haber estado en dicha asamblea, o simplemente nunca pudieron estar pues se encontraban en el extranjero, entre otras situaciones sospechosas. Para un viraje de timón tan notorio, la manera en que se llevó a cabo es, por decir poco, terriblemente misteriosa, más aún si la persona responsable de ello es alguien conocido por promover los conceptos del "buen gobierno corporativo". Una bruma por aclarar envuelve este asunto que debería poner bajo una lupa esta acción como rector de la Pacífico del embajador FOZ y que no ha tenido el más mínimo impacto en ningún medio.
Como he mencionado, de haber sucedido la mitad de esto en la PUCP o la San Martín quizá ya sería parte de la comidilla en la prensa y aquí extrañamente no he sabido de algún trascendido. Lo cierto es que de este tema no solo pende la suerte de la Universidad del Pacífico, sino la influencia del caso sobre la tendencia misma de las comunidades universitarias peruanas, si seguirán siendo las mismas o se acoplarán a la nueva lógica.
La educación ¿es un fin en si mismo, o es antes que nada un negocio? En nuestro país la pregunta quedó zanjada de un hachazo y sin debate digno de resaltar con la promulgación del D.L. 882 en la época de Fujimori. El decreto promovía la constitución de las instituciones educativas como entidades con fines de lucro, y por lo tanto regidas bajo los principios claros y básicos propios de una sociedad de capitales: quien es el dueño decide que cosa va o no va. En el caso de las decisiones dentro de una comunidad universitaria, esto significa mucho menos peso de la opinión de la plana docente, de las unidades académicas y del alumnado. Quien es el dueño de las acciones de la institución tiene la voz cantante y los demás actores pierden su papel de una manera notoria o total en algunos casos.

Acogiéndose bajo la nueva ley, la universidad desaparece como una comunidad con su propia lógica interna de decisiones a ser una muchísimo menos democrático "gobierno del que tiene plata", para lo cual existe una certera palabra de raíces griegas: plutocracia. En suma, el dueño de la zapatería decide a quien contrata y a quien no, y la universidad pasa a ser una empresa más, con la lógica de manejo de quien tiene más acciones antes que del consenso de los componentes de la comunidad. La humanidad avanza.

Afortunadamente quedan universidades que siguen rigiendose bajo los parámetros previos, es decir, salvándose de la plutocracia totalitaria de quien tiene más efectivo. La Universidad del Pacífico era una de ellas, pero solo hasta hace muy poco. La asamblea "fantasma" ha cambiado el panorama a favor de los actores con la billetera gruesa, en este caso favorecería al patronato de la institución donde resalta la figura de Roque Benavides, exitoso empresario minero dueño de Buenaventura, de la que resulta ser accionista también nuestro buen FOZ.El éxito en la gestión del TLC con los EEUU en la que también tomó parte el embajador (pero donde la mitad de la chamba o quizá más hay que reconocérsela al equipo toledista) no nos debe llevar a obviar entendibles y justos cuestionamientos como los que en este momento aún no se aclaran en la Universidad del Pacífico.


13-02-08
MENOS NO ES MEJOR
SINO PEOR
Fritz Du Bois

La obsesión lobbista de la Universidad Alas Peruanas – cuyo rector ha confesado haber obsequiado 300 viajes a autoridades y funcionarios, entre otras gollerías– está trayendo como consecuencia una reacción defensiva del Gobierno al encontrarse un considerable número de sus partidarios entre los involucrados.
Por ello plantea, ante las críticas sobre la calidad de la educación que imparte la universidad en cuestión, que no se apruebe la creación de nuevas universidades hasta que el sistema de acreditación sea comprobadamente adecuado, lo cual es no solo un intento por desviar la atención sino, también, un gran error. La queja contra el número actual de universidades sale del argumento mercantilista de que la calidad de un servicio se deteriora si hay demasiada oferta en el mercado; por lo tanto, hay que restringirla para asegurar que se logre un retorno apropiado y, de esa manera, tener un buen nivel garantizado. El hecho es que cualquier limitación a la competencia lo que trae consigo es, en realidad, complacencia en el servicio.
Por otro lado, sucesivos gobiernos han demorado 16 años en implementar la acreditación. ¿Qué nos hace pensar que ahora se haría más rápido? Peor aun, en el Perú, lo temporal siempre se convierte en permanente y, como la temporalidad beneficiaría tremendamente a las que ya están instaladas –incluyendo a la universidad que generó el escándalo–, estas estarán contentas de mantener cerrado el ingreso a competidores al mercado.
Asimismo, pareciera que todo tiempo pasado fue mejor y que la calidad de la educación se desplomó el día en que se permitió la inversión, habiendo sido excelente y altruista antes de ello. Lamentablemente, siempre existieron numerosas universidades, tanto públicas como privadas, especializadas en lucrar atendiendo la demanda por una mínima exigencia en la enseñanza. En realidad, la gran diferencia con el periodo preinversión privada es que, antes, solo uno de cada 15 aspirantes tenía cupo en las universidades y, hoy, ese número se ha multiplicado. Ojalá algún día todos tengan acceso, la educación nunca está de más.
Esperamos que el Gobierno corrija la falta de acreditación sin cerrar el mercado. Mientras que el escándalo de una universidad gastando millones para influenciar a funcionarios tiene que ser exhaustivamente investigado.
Perú 21
10-12-09
Alan García
UNIVERSIDADES
SON UN ENGAÑO
El presidente Alan García respaldó el proyecto de ley para suspender la creación de nuevas universidades, al considerar un exceso que el Perú tenga 98 universidades y 400 filiales y sucursales.

"(El proyecto de ley) ya está enviado al Congreso, porque se considera que tener 98 universidades y 400 filiales de universidades es un exceso. Nadie está supervisando cuál es la calidad de lo que se dicta ahí", señaló el mandatario en diálogo con la prensa.

"Entonces, debe haber mucho artificio y lo que he pedido es que en ese proyecto de ley no solamente se frene la creación de nuevas universidades, porque 400 universidades o 500, contando filiales y sucursales hasta en Desaguadero, es un exceso y resulta un engaño", agregó.

Como se recuerda, el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, informó ayer que el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para suspender la creación de nuevas universidades en tanto dure el proceso de acreditación y evaluación a las actuales instituciones educativas, que estará a cargo del Consejo Nacional de Acreditación de Universidades (Coneau)

La iniciativa, que fue aprobada en el Consejo de Ministros, señala que las universidades estarán sujetas a un periodo de acreditación permanente y que se revisará el sistema de estudios a distancia para garantizar que las ofertas se hagan con la calidad debida.

"Con entusiasmo de crear, a veces con afán mercantilista, y pasar por agua tibia a cualquier estudiante para que pague el semestre no vamos a ninguna parte. Estamos engañando a los muchachos", refirió García Pérez.
"La evaluación debe ser nacional e internacional en el sentido de la acreditación, es decir, toda educación exige tener ciertos niveles en la calidad. Perú tenía 35 universidades en 1990 y hoy nos encontramos con 98, con 400 filiales y sucursales. Yo no me puedo quedar tranquilo porque es un engaño en muchos sectores", añadió.
RPP
10-12-09

jueves, 10 de diciembre de 2009

HOMBRES
DE LA EDUCACIÓN

Manuel Burga

¿Quiénes son? Luis Carranza Ugarte y Fidel Ramírez Prado, para sorpresa de muchos. Ensayaré una nueva reflexión sobre este tema, tan urgente como paradójico en nuestro país. Con tantas leyes, decretos que no se cumplen porque quizá están mal hechos, ambos, en este caso, no cumplen con los mandatos legales, ni judiciales. Lo que explica, en un caso, la paralización de las universidades públicas desde hace dos meses y medio, que nos hace recordar a noviembre de 2005 en que, luego de violentas movilizaciones callejeras, el 21 de diciembre, se promulgó el D.U. 033, autorizando el Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas.

Un programa que debía cumplirse en tres años, sin producir enormes egresos y que además podía presentarse como respuesta al largo incumplimiento del Artículo 53 de la ley universitaria que homologa las remuneraciones de los profesores universitarios con las correspondientes de los magistrados judiciales. En esa oportunidad, como rector de San Marcos, presidí la Comisión de la ANR para dialogar con los representantes del MEF y del Minedu, lo que me acercó a los detalles para entender cómo se decide la inversión pública en nuestro país, si de acuerdo a grandes políticas macroeconómicas, específicos planes estratégicos, a la discreción personal de autoridades o funcionarios o a las presiones de los demandantes.

El entonces presidente Toledo abrió el diálogo, y las conversaciones en el MEF se iniciaron con Waldo Mendoza, viceministro de Economía, quien acababa de reemplazar a Luis Carranza, teórico de que en “educación no hay inversión, sino simplemente gasto”. Quedaba en el MEF, como asesora importante, Marisol Guiulfo, continuadora de esa línea dura. Esto hizo muy difícil las negociaciones, porque solicitaban un retorno rápido, sea en calidad, eficiencia o pertinencia, que los rectores ni Fendup podían asegurar: era el trabajo de los legisladores. Luego preguntaban concretamente: “¿Cuántos doctores tienen?”. Para agregar: “Que ellos reciban prioritariamente la homologación”. Lo que hubiera dejado fuera al 80% de la docencia universitaria. Lo exigía M. Guiulfo, que no sé si ya tenía su licencia en Administración de Empresas de la UL.

Ahora ha regresado la línea dura al MEF con el Ministro Carranza. Sabemos que él es egresado de una universidad privada, la PUCP, pero también de una pública, la U. de Minnesota, una de las importantes universidades norteamericanas que ocupa un buen lugar entre las 500 mejores del mundo. Luego fue viceministro y después pasó al BBVA de España. Un técnico de buen nivel, no lo dudo, que puede ser un distinguido gerente del BBVA, pero cómo podríamos pedirle una racionalidad estratégica en el manejo de los fondos públicos y específicamente del “gasto” en educación, tan aparentemente sin retorno en el corto plazo.

Sabemos también que se han aprobado 34 normas legales que mandan el cumplimiento del programa de homologación, con la explícita intención de promover la universidad pública, pero no se cumplen, lo que nos pone ante una evidente acción de incumplimiento de la norma legal que altera el orden público. Ahora regreso al inicio. La U. Alas Peruanas, violentando cualquier dispositivo legal, multiplica ilegalmente sus filiales y con alguna razón podría decir que ha ampliado el acceso a la educación superior, como nadie lo ha hecho desde el Estado. Ni Alas Peruanas ni el MEF cumplen la ley. ¿Alguien nos podría decir la diferencia entre Fidel Ramírez y Luis Carranza, del MEF, en lo que a cumplimiento de la ley se refiere? ¿Por qué en un caso es ilícito y en el otro no? ¿Quizá la clave de nuestra deriva educativa se encuentra en esta paradoja? Parecemos desafortunadamente un país sin políticas ni instituciones, a merced de los individuos.

La República
10-12-09
¿SE DESPERTÓ
GARCÍA?

Nicolás Lynch

Sorpresivamente el presidente García declaró que en el Perú hay universidades cuyos títulos emitidos “a nombre de la nación” no sirven ni para envolver pescado y que por lo tanto habría que proceder a evaluar a todas las existentes, públicas y privadas. Sorpresivamente, digo, porque es la primera vez en tres años y medio de gobierno que expresa una preocupación de semejante magnitud por la universidad.

Y no podemos sino tomarle la palabra, con el perdón de los pescados, porque es cierto, la crisis actual de la mayoría de las universidades públicas y privadas las hace indignas de dar nada en nombre de la nación. El Presidente no hace sino hacer crecer la bola de nieve que empezó hace dos meses y medio con la huelga de los catedráticos, siguió hace dos semanas con el “affaire” de Alas Peruanas y se encuentra ahora en la rifa de las soluciones.

¿Qué hacer? La primera constatación es que al gobierno no le interesa remediar la pobreza de las universidades públicas porque no le ha hecho el menor caso al justo reclamo docente. La segunda es que algo se cuece, que no conocemos, dentro del Apra, porque continúan exigiendo, para bien, que se cierre la creación de universidades con dueño. Esto último no tiene precedente. ¿Habrá conversado con su amigo el ministro Chang, distinguido dueño universitario?

El debate sobre la universidad ha producido en los últimos años diversos proyectos de nueva ley –alguno de los cuales cuenta con alto consenso en el Congreso– que abordan precisamente los temas que hoy García descubre: los problemas de calidad académica y de grave debilidad institucional. Un paso adelante sería la puesta en debate del proyecto de nueva ley universitaria que existe en la Comisión de Educación. De esta manera, iríamos a los problemas de fondo: de reglas comunes para todas las universidades, de gobierno de las mismas, de la calidad académica, de financiamiento universitario, de régimen de profesores, etc.

Si hay consecuencia en la Presidencia de la República, lo cual sería una grata novedad, se tendría que dar el paso de coger el rábano por las hojas y no seguir en la eterna mecida en lo que a educación superior se refiere. Mientras tanto, presidente García, una muestra de buena voluntad sería cumplir con la ley y llevar adelante la homologación de los sueldos de los profesores universitarios.

La República
8-12-09

martes, 8 de diciembre de 2009

LO QUE PORTER
DIJO Y NO DIJO

Daniel Córdova*
Es gratificante que nuestra iniciativa de organizar un foro con Michael Porter, profesor de Harvard y estudioso de las fuerzas competitivas, haya generado un verdadero impacto en las columnas de opinión. Lo curioso es que, salvo honrosas excepciones, todos los comentarios se han hecho sobre uno o dos reportajes periodísticos acerca de la conferencia y no sobre la base de la conferencia completa. Porque los comentarios han resaltado cosas que Porter dijo, le han hecho decir cosas que no dijo y, sobre todo, no han tomado en cuenta lo que dijo y los dos reportajes periodísticos no recogieron.

Porter dijo que el Perú había progresado significativamente en los últimos años, mostrando un gráfico de la reducción de la pobreza. Pero que no por eso había dejado de ser un país muy atrasado económicamente. No dijo que estábamos por un mal camino. Solo que necesitábamos ir mucho más allá. Dijo que se había crecido en la producción y exportación de sectores como el minero y pesquero, pero que en comparación con países más dinámicos, desde Malasia hasta la China, faltaba que se desarrollaran conglomerados más sofisticados de sectores manufactureros y de servicios. No dijo que el desarrollo de sectores primarios estaba mal, ¡todo lo contrario! Señaló que sin el progreso de las exportaciones mineras y pesqueras hubiese sido imposible el crecimiento incipiente de los sectores que son los llamados a liderar el progreso futuro.

Porter dijo que el Perú no era un país suficientemente abierto. Que para progresar debía exportar más e importar más en relación a lo que produce. Dijo que la productividad por trabajador era baja. Y que se necesitaba más inversión extranjera en la industria y los servicios para que el Perú gane en productividad. No dijo que el Perú tenía que dejar de privilegiar las exportaciones, ni que las empresas estatales deben jugar algún papel, ni que el Estado debe restringir la inversión privada.

¿Qué es lo que debe suceder para que el Perú siga progresando de acuerdo con la propuesta de Porter? Las claves de la competitividad, según nuestro invitado, se dividen en dos grupos: la competitividad macroeconómica y la competitividad microeconómica.

La competitividad macroeconómica se da en dos niveles: el de las políticas macroeconómicas y el de la “infraestructura” social e instituciones políticas. Porter elogió el manejo fiscal responsable y la política monetaria de baja inflación, que el Perú ha conseguido. Y criticó los problemas de educación y salud (ambos temas en los que estamos atrasados por la mala gestión estatal). Asimismo, señaló que el Estado de derecho y el respeto de los derechos de propiedad, así como un Estado eficiente, son aspectos esenciales en los que estamos jalados. No abogó por el gasto fiscal irresponsable, ni por tolerar “democráticamente” las tomas de carreteras, ni por mayores impuestos a los más ricos para que los gobernantes de turno se llenen los bolsillos. Fue muy crítico de la corrupción y de los impuestos altos.

En el aspecto microeconómico, abogó por un entorno que favorezca el desarrollo de los negocios, por empresas modernas y socialmente responsables y por el impulso de los sectores emergentes. Y sí, criticó la pasividad del Estado Peruano para generar una promoción económica que potencie (no que invente) los clusters que están marcando poco a poco el nuevo progreso del Perú: la agroexportación, los textiles y confecciones, los servicios turísticos, la pesca de consumo humano, las infraestructuras, y potencialmente la petroquímica, además de las reformas del Poder Judicial, y de los servicios de salud y educación.
El empresariado y la universidad estamos a disposición para ir adelante con la ejecución de estas propuestas. Los ministros abiertos al diálogo y a nuevas ideas también. El presidente tiene la palabra.

(*) Director de posgrado Universidad del Pacífico


El Comercio
8-12-09