FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES

UNIVERSITARIOS DEL PERÚ

FENDUP

¡SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA SU TIEMPO
SE HA CUMPLIDO!
BASTA DE ENGAÑOS Y MECIDAS: CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL ¡AHORA!
¡LAS LEYES DE LA REPÚBLICA SON PARA CUMPLIRLAS!
¡LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SON PARA ACATARLAS Y
EJECUTARLAS!

Una vez más el Tribunal Constitucional, nos da la razón con la emisión de la Sentencia Nº 0031-2008-PI/TC, que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo en el año 2008 contra la Ley 29223, que aprueba los términos de continuación del programa de homologación de los docentes de las universidades públicas del país.

La sentencia expresa: “De aquí en adelante debemos entender que el proceso de homologación de los salarios de los docentes de las universidades públicas constituye un proceso que compromete a todos los poderes públicos. Ello importa que ninguna autoridad se resista poniendo trabas o interfiriendo en este proceso bajo responsabilidad de incurrir en desacato a las decisiones de los órganos judiciales” (…).

Cábenos hacer presente que en octubre de 2008, el Tribunal Constitucional, también falló a favor nuestro, pero el gobierno aprista recurriendo a leguleyadas no respetó este fallo y es más, no cumplió, ni hizo cumplir las leyes y otras disposiciones legales (31) que ellos mismos firmaron; por lo que advertimos a la opinión pública que en caso de reiterarse el desacato a esta Sentencia por parte del Poder Ejecutivo, ameritaría de acuerdo a la Constitución Política del Perú, un nuevo procedimiento de acusación constitucional contra el Ministro de Economía y Finanzas.

Todas las triquiñuelas han sido desbaratadas ahora con el fundamento 17 de la Sentencia, que de manera enfática señala:

”También en la justicia constitucional es válido decir: “el tiempo ha
terminado” el tiempo ha terminado para el Poder Ejecutivo en el caso
del cumplimiento del proceso de homologación de los sueldos de los
profesores universitarios dado que desde la primigenia Ley Nº 23733
han transcurrido ya 26 años y la misma NO HA SIDO OBJETO DE
CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO, en los términos
de su principal obligación constitucional de hacer cumplir las leyes
contenida en el artículo 118, inciso 1 de la Constitución. El Tribunal en
tono enérgico emplaza al Poder Ejecutivo a través de la Presidencia
del Consejo de Ministros para que asuma sus responsabilidades
conforme a los artículos 119 y 123 disponiendo lo que fuere conveniente a través de las carteras comprometidas, para que el proceso de
homologación concluya hasta su etapa final en un tiempo que no
deba exceder el próximo periodo presupuestal” (...). Más
DIÁFANO, NI EL AGUA.

Después de más de 80 días en Huelga Nacional Indefinida, recién el día jueves 17 se instaló en la Presidencia del Consejo de Ministros, una “Mesa Técnica”, que tiene como función proponer alternativas para el cumplimiento del tercer tramo de la homologación de los haberes de la docencia universitaria.

La siguiente reunión se realizará el día martes 22 de diciembre, para ésta la FENDUP exige que dada la nueva Sentencia del Tribunal Constitucional, los representantes del Ejecutivo lleven montos y planteamientos concretos respecto al pago inmediato del tercer tramo de la homologación; basta ya de dilaciones.

Sr. Presidente de la República, Sr. Primer Ministro, Sr. Ministro de Economía y Finanzas, la estabilidad jurídica no sólo debe hacerse respetar para las grandes empresas transnacionales que saquean nuestras riquezas naturales. La estabilidad jurídica es también para los peruanos, basta ya de pisotear leyes y sentencias, respeten el Estado de Derecho.

Por último, hacemos un llamado a toda la docencia universitaria a permanecer vigilantes y firmes, cumpliendo los programas de acción y lucha, como única garantía para hacernos respetar.

Lima, 20 de diciembre de 2009

Comité Nacional de Lucha

PPC

QUE UNIVERSIDADES

SE ACREDITEN

Lima, dic. 19 (ANDINA).- La presidenta del PPC, Lourdes Flores, se pronunció hoy a favor de establecer la acreditación de las universidades de todo el país a fin de asegurar la calidad de la enseñanza en las casas superiores de estudios y evitar que el progreso de la nación se vea obstaculizado.

Considero que es “inevitable” avanzar hacia la acreditación que permitirá que las universidades cumplan con estándares de calidad.

“¿Qué hacemos para que el Perú tenga una educación de calidad, desde el colegio hasta la universidad? Se ha puesto en el debate el tema de la universidad. Hay que ir al sistema de acreditación, eso es inevitable”, declaró a RPP.

Flores Nano saludó el progreso que experimenta el país en los últimos años, pero advirtió que hay “nudos y dificultades” que lo pueden poner en riesgo si no se actúa con sensatez en ese y otros temas.

El presidente Alan García Pérez planteó esta semana el objetivo de establecer la evaluación y acreditación de las universidades públicas y privadas, y dijo que se afrontarán todos los obstáculos para lograr una educación de alto nivel de exigencia. Mencionó que en muchos casos la educación universitaria se había convertido en un negocio.

En la víspera, el líder fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes, también se mostró a favor de que supervise el nivel y calidad de la enseñanza universitaria que ofrecen los centros de estudios superiores.

Dijo que algunas universidades han convertido la enseñanza superior en un negocio, por lo que debe pasar por una etapa de acreditación internacional.

“No se puede seguir prosperando ni haciendo fortuna a base de la aspiración de la gente”, observó.

Bedoya Reyes participó en la víspera en la presentación de nueve propuestas planteadas por el PPC para contribuir en el proceso de crecimiento y desarrollo del país.

PRESIDENTE GARCÍA

CRITICA AUTONOMÍA

El gobierno está decidido a intervenir en la recuperación de la calidad de la formación universitaria. Al menos es lo que señala el presidente Alan García, quien ayer dijo que el someter a todas las universidades del país a un examen con fines de acreditación, y asegurar así la mejor calidad de la educación universitaria, es uno de los objetivos de su gobierno.

Luego de ello dirigió frases duras a la llamada autonomía universitaria, pues, según argumentó, “en muchos casos, ha permitido que la educación superior se haya mercantilizado y no preste a la juventud un servicio exigente y de alto nivel”. “Someter (a un) examen de calidad o de acreditación a todas nuestras universidades debe ser un objetivo, sin el cual no podemos irnos del gobierno, y hay que afrontar cualquier dificultad y oposición que haya para que la educación universitaria brinde verdaderamente resultados de alta calidad”, precisó el mandatario.

En Palacio de Gobierno acompañado del ministro de Educación, José Antonio Chang, el Jefe de Estado también insistió en que las universidades deben brindar estudios de calidad y carreras acordes con la demanda del mercado.“Hay que terminar para siempre con el concepto del título obtenido como sea, a cualquier precio, y que sea utilizado para insertarse en el Estado con una estabilidad eterna o en medios privados, pero sin brindarle a la sociedad las calidades ni la conciencia de entrega de un buen profesional”, agregó.

La República

18-12-09

En defensa de la institucionalidad

sanmarquina


Para el lunes 21 de diciembre se ha convocado a lo que sería la única reunión ordinaria de la Asamblea Universitaria en este año. Al respecto manifestamos nuestra preocupación, tanto por el deterioro de la institucionalidad universitaria que esto significa (puesto que la Ley establece que no pueden haber menos de dos reuniones ordinarias anuales de dicho órgano de gobierno), como por el hecho de que aquella reunión se llevará a cabo en una fecha nada propicia para el seguimiento, por parte de la comunidad universitaria, de las decisiones que allí se vayan a tomar, lo cual afecta su credibilidad, transparencia y legitimidad.

Por otra parte, es de notar que la agenda propuesta para ese día se halla sobredimensionada, pues contiene hasta dieciséis puntos, que van desde la aprobación del presupuesto del año 2010 y de la Memoria del rector, hasta la elección del Comité Electoral y de los miembros del OICI, cada uno de los cuales exige un tratamiento prudente, que debe pasar por un cuidadoso examen de las condiciones legales, técnicas y políticas subyacentes a cada punto en discusión. Previsiblemente ello no será así. Todo parece indicar que otra vez, como ya ocurrió el año pasado, se impondrá la voluntad irreflexiva e irresponsable de una mayoría adicta al poder, dispuesta a aprobar todo lo propuesto por el rector y los decanos que le son incondicionales.

Aquel escenario se percibe desde los puntos iniciales propuestos en la agenda, que incluyen la creación de ocho nuevas escuelas, de las cuales no todas cuentan con suficiente fundamento en cuanto a su pertinencia con relación a las necesidades del país, las posibilidades presupuestales de la universidad o la disposición de plana docente para ello.Asimismo, se pretende hacer aprobar una vergonzosa e ilegal Resolución Rectoral que posibilita la matrícula indefinida, sin límite de repitencia de cursos, de “operadores” del voto estudiantil, corruptos y académicamente indigentes. De ese modo pretenden garantizar el voto mercenario para los temas que realmente les interesan, entre los cuales resalta en esta oportunidad el de la elección de los miembros del Comité Electoral que tendrá a su cargo las próximas elecciones de decanos y miembros de la Asamblea Universitaria que decidirá quién es el nuevo rector. Como hicieron el año pasado, buscarán imponer los votos negociados en la decisión sobre temas como los anteriores, para dejar sin representación alguna a la oposición y manejar a su favor dichas elecciones clave para el futuro de nuestra universidad tan castigada por la ineficiencia y oscuros manejos de la actual gestión.

Al respecto exigimos que la creación de nuevas escuelas cumpla con los requerimientos que establece la Ley Universitaria. Igualmente, exigimos el respeto del mandato legal de representación de la oposición en el Comité Electoral, a fin de garantizar la confiabilidad de sus acciones.

Consideramos necesario señalar que el respeto a las normas y la institucionalidad es innegociable, y que hacemos responsables al rector y los decanos salientes que le son incondicionales, de cualquier irregularidad que esta Asamblea pueda convalidar, pues luego tendrán que dar cuenta puntual por ello, para lo cual nos comprometemos a fiscalizar y denunciar toda arbitrariedad en las instancias legales pertinentes.

Diciembre de 2009


Movimiento docente Acuerdo Institucional Sanmarquino
Movimiento docente Convergencia Democrática
Movimiento docente Letras y Números
Docentes independientes

Tribunal Constitucional ordena:

Ejecútese la homologación

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley N.º 29223, norma que precisa la aplicación de la Ley 29137, Ley que aprueba los términos de continuación del programa de homologación de docentes de las universidades públicas y en consecuencia, exhorta al Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros para que asuma sus responsabilidades disponiendo lo que fuere conveniente a través de las carteras comprometidas, para que el proceso de homologación concluya hasta su etapa final en un tiempo que no debería exceder el próximo periodo presupuestal.

El TC dispone en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0031-2008-PI/TC, de manera especial, que el Consejo de Ministros no debe autorizar nuevos procesos por parte de cualquiera de los Ministerios, que estén encaminados a diferir el proceso de homologación. Nuevas demandas en el sentido que convoca el presente proceso, serán asumidas por este Colegiado como una muestra de resistencia a los mandatos del máximo ente jurisdiccional y serían rechazadas de plano, ordenando las correspondientes medidas.

Con ocasión de declarar infundada la presente demanda, el Tribunal señala que las autoridades que, desde el Estado, deben llevar hasta la culminación el proceso de homologación que ya ha sido convalidado por este Colegiado en la sentencia 023-2007-PI/TC y ha recibido también el respaldo del Congreso de la República que ha actuado mediante una serie de normas, entre ellas la norma cuestionada en este proceso.

De aquí en adelante, debemos entender que, el proceso de homologación de los salarios de los docentes de las universidades públicas constituye un proceso que compromete a todos los poderes públicos. Ello importa que ninguna autoridad se resista poniendo trabas o interfiriendo en este proceso bajo responsabilidad de incurrir en desacato a las decisiones de los órganos judiciales.

El Tribunal asume jurisdicción de este modo en la vigilancia de la presente sentencia y de sus decisiones anteriores y actuará conforme a los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional, requiriendo a las autoridades y funcionarios, cualquiera sea su rango o jerarquía a efectos de imponer los mandatos de la Constitución así como de nuestras propias decisiones jurisdiccionales.

Lima, 18 de diciembre del 2009

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SOBRE LA UNIVERSIDAD
HABLA LA CONFIEP

Lima, dic. 18 (ANDINA)- La acreditación de la calidad educativa de las universidades peruanas por parte de entidades calificadoras del extranjero propuso hoy Ricardo Briceño, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), para mejorar el nivel educativo.

Resaltó, en ese sentido, el pedido formulado por el presidente de la República, Alan García, para que centros superiores de estudio sean evaluados y se determine su nivel de calidad en el ofrecimiento de carreras profesionales.

“La acreditación de las carreras profesionales es absolutamente necesaria, es la única manera cómo se puede evaluar, medir y catalogar la enseñanza superior y los niveles de las universidades. Pero esta acreditación debe ser hecha por entidades independientes, sin participación del sector público”, expresó a la Agencia Andina.

Agregó que la oferta de calidad en las carreras profesionales, inevitablemente redundará en la mejora de la economía porque los egresados universitarios tendrán un alto grado de competitividad en el desarrollo de sus labores, tanto en el sector público como privado.

Briceño mencionó que hay numerosas instituciones internacionales de alto prestigio, como las certificadoras del grado de inversión de un país, que pueden efectuar la acreditación de los niveles educativos de la universidad peruana.

Incluso dijo que el sistema de acreditación de esas instituciones, de origen estadounidense básicamente, ya calificó algunas carreras ofrecidas por algunas universidades peruanas y las ubicó dentro de los estándares internacionales.

El representante empresarial, sin embargo, se mostró contrario en suspender la creación de nuevas universidades en las ciudades del país.

“Hay muchas universidades malas existentes. De cancelarse la apertura de nuevas universidades, las existentes y malas seguirían vigentes, continuarían captando alumnado, y proseguirían formando profesionales de nivel mediocre, y eso no es bueno”, comentó.

En la actualidad, existe un proyecto de ley en el Congreso que plantea dicha suspensión hasta que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria, como órgano operador del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa determine el nivel de calidad de las universidades existentes.

“Lo que es importante es que si hay nuevas, sean acreditadas, y las que ya existen, solo se mantengan vigentes en el caso que pasen las acreditaciones”, acotó Briceño.

Por una Universidad

democrática

Ernesto Velit

Comportamientos nada éticos cometidos por una universidad privada han terminado por colocar al sistema universitario del país, y con caracteres de escándalo, en la agenda nacional.

No es difícil verificar cómo, de tiempo en tiempo, la universidad peruana ocupa lugares destacados en los medios y no precisamente para reconocerle méritos ni calificarle virtudes.

Esta vez los estropicios sirvieron para algo. Para hacer patente las graves dolencias que afectan al sistema y el absoluto desinterés con que el Estado mira las miserias universitarias, sin importarle las graves consecuencias que ello implica en la formación educativa de un importante universo de jóvenes peruanos.

Hemos escrito varias veces sobre el tema con la esperanza, siempre, de que los responsables oficiales de superar las deficiencias convoquen a quienes corresponda a construir alternativas de solución y proponerlas, porque tienen autoridad para ello, a los organismos de decisión.

Es difícil entender cómo un proyecto de ley universitaria puede permanecer en manos del Congreso de la República desde hace varios años y a la espera de que alguien termine con su sueño polar.

Cuando suceden escándalos como los recientes, se busca una medida de urgencia que atenúe responsabilidades y satisfaga críticas pero el núcleo del problema continúa intacto.

Hemos señalado que el sistema universitario está abandonado a su suerte, que sus actividades se rigen por las leyes del mercado, que su calidad educativa no resiste una evaluación elemental y que fabrica profesionales sabiendo que no hay espacio laboral que los incorpore.

El empirismo académico califica al sistema, su área de influencia cada día es menor y su resistencia ha sido doblegada por la fuerza del mercado y, lo que es peor, ha preferido negociar detrás del mostrador que defender derechos inalienables.

La multiplicación de universidades, particularmente privadas, las filiales fantasmas a la pesca de alumnos, las creaciones anárquicas para responder compromisos electorales, han terminado por hacer del sistema una suerte de tierra de nadie.

Hemos caído en la torpe interpretación de creer que a más universidades más cultura, cuando lo que se ha conseguido es heterogeneizar a la universidad para hacer más difícil su calificación.

Hoy la universidad pública es sinónimo de educación masificada y de calidad discutible, apta para personas de bajos ingresos.

La privada, regulada por un mercado elitista y abusador, busca responder más a la demanda que a la necesidad, se esfuerza más en diplomar que en respetar las exigencias educativas que sus costos obligan.

Hay una crisis académica administrativa y, además, moral que sacude al sistema universitario en el Perú.

Detener la creación de más universidades es paso importante, pero evaluar las existentes y clausurar las que no califiquen es obligación del Estado, a la que no puede renunciar en nombre de los miles de jóvenes que depositan sus esperanzas de formación universitaria, algunas veces, en manos espurias.

Ya es hora de construir una universidad democrática capaz de replantearse sus propósitos y metas sin necesidad de ser asediada ni por el poder ni por el mercado.

Es hora, también, de que el Gobierno y la sociedad definan conductas explícitas con relación al destino de la universidad.

Hay que detener la avalancha de profesionales mediocres que salen de muchas de las aulas del sistema.

El Comercio a/4

14-12-09