CANTAR VICTORIA

ES EL PEOR RIESGO

Michael Porter *

El hecho de que el Perú haya mejorado su rendimiento económico resulta indiscutible y alentador. Con la implementación de sólidas políticas macroeconómicas, el país ha dado grandes pasos durante la década pasada hacia la superación de su larga historia de inestabilidad económica. Esto le ha permitido capear la crisis global actual y convertir su economía en una de las más resistentes del hemisferio occidental en los últimos años.

Sería fácil declarar que el Perú es un éxito económico; sin embargo, cantar victoria puede convertirse en el mayor riesgo de cara al país y sus líderes. De ningún modo se puede asegurar que se mantendrán las tasas de crecimiento obtenidas recientemente, ello ni siquiera es probable. Si bien el “boom” de los “commodities” ha llevado a un crecimiento en el corto plazo, la prosperidad por ciudadano se mantiene a niveles bajos, el desempleo persiste a pesar del rápido crecimiento, y cerca del 60% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza.

La recuperación de precios de los “commodities” desde su desplome ocurrido en el 2008 es ciertamente bienvenida, pero el verdadero trabajo para crear un futuro auspicioso para el Perú recién ha comenzado. El país debe mejorar sustancialmente su competitividad o la economía no tendrá un crecimiento sostenido, no generará empleos, ni mejorará el nivel de vida de la población. Si se continúa dependiendo de los “commodities” como impulsadores de la economía, se acabará en un callejón sin salida. El Perú debe, en lugar de ello, adoptar una estrategia económica y social integral para lograr transformar la economía, basándose en las ventajas únicas del país.

PROGRESO ECONÓMICO

Ninguna economía nacional puede avanzar sin estabilidad macroeconómica, la cual crea condiciones de inversión tanto para empresas nacionales como para inversionistas extranjeros. El Perú ha progresado bastante en su gestión macroeconómica, incluyendo un fuerte compromiso para reducir la deuda pública, lograr el equilibrio presupuestal y crear un fondo de estabilización. Asimismo, el país ha liderado a la región en la apertura de la economía hacia el comercio y la inversión extranjera y en la protección de inversionistas. Según el Banco Mundial, el Perú es el primer país latinoamericano en protección de inversión extranjera, lo cual ha generado un significativo incremento de flujos de capital en la economía, que han superado los US$6 mil millones tan solo en el año 2009.

La estabilidad macroeconómica del Perú sigue siendo excesivamente dependiente de los “commodities”; de hecho, un tercio del ingreso fiscal proviene de fuentes relacionadas con estos.

El país ha logrado además importantes progresos en ciertas áreas del ámbito empresarial, particularmente con relación a la solidez de sus bancos y mercados financieros, la protección de los derechos civiles, la libertad empresarial y la propiedad privada. Asimismo, ha realizado algunas mejoras de infraestructura, incluyendo la Carretera Interoceánica, cuyo fin es aumentar el volumen de comercio entre el Perú, Brasil occidental y el norte de Bolivia. Una emergente clase media está cada vez más consciente de la calidad de los productos y demanda altos estándares en términos de servicios.

RETOS MÁS PROFUNDOS

A pesar de este progreso, el país sigue siendo muy poco competitivo en muchos campos, lo cual limitará seriamente su capacidad para continuar creciendo económicamente y, especialmente, de mejorar el nivel de vida de su población.

Las compañías peruanas tienen que asumir costos extremadamente altos para hacer negocios, desde lidiar con un sistema impositivo ineficiente y con la dificultad de hacer cumplir los contratos hasta enfrentar retos para contratar a sus trabajadores. La carga impositiva y las regulaciones laborales, por ejemplo, se encuentran entre las más pesadas del mundo: el país figura en los puestos 135 y 158, respectivamente, según la medición de la publicación “Doing Business” del Banco Mundial.

Si bien se ha logrado cierto progreso, los negocios peruanos se encuentran atados de pies y manos por la baja calidad de la infraestructura física (aire, tierra y mar), así como por un inadecuado suministro de electricidad y agua. El Gobierno del Perú necesita invertir una mayor proporción de su PBI en infraestructura pública, como también debería alentar al sector privado para que tenga una mayor participación en temas de infraestructura. El Perú sufre además de servicios públicos de baja calidad y de falta de independencia en el Gobierno.

El sistema educativo está quebrado. Sin una educación y sin un sistema de capacitación de mano de obra eficientes, los peruanos jamás serán capaces de lograr mejores salarios. En regiones pobres lidiar con la falta de educación, salud y nutrición resulta especialmente urgente si se quiere reducir las disparidades en el desarrollo humano y crear oportunidades económicas equitativas para todos los grupos socioeconómicos. Además de las debilidades relacionadas al capital humano, se invierte de manera insuficiente en ciencia y tecnología.

La corrupción sigue significando una importante desventaja para los negocios. Resulta esencial enfrentar la perversa corrupción en todos los niveles de gobierno si se aspira a un crecimiento empresarial más allá de la minería; asimismo, se debe contar con una eficiente inversión del capital de la nación y un gobierno eficaz. Igualmente importante resulta proteger de manera decidida los derechos de propiedad (tanto física como intelectual), algo esencial para impulsar la inversión y la innovación. La estabilidad política del país se ve desafiada por el crimen organizado en la forma del tráfico de drogas y por el predominio de la delincuencia común.

Las iniciativas de desarrollo a nivel sectorial deberán tener un rol protagónico en la política económica del país con el fin de fomentar ese nuevo desarrollo económico que se necesita de manera tan urgente. En lugar de escoger ganadores, el sector empresarial y el Gobierno deben colaborar para ayudar a crecer a todas las industrias existentes y emergentes en el Perú, a través de regulaciones menos engorrosas, mejorando sus capacidades e impulsando su internacionalización.

Cada región del Perú necesita una estrategia clara para construir una economía propia y única basada en las fortalezas locales. La descentralización y una mayor responsabilidad en el ámbito local son el camino correcto para enfrentar las inequidades sociales y económicas entre la sierra y la costa. Optimizar los vínculos físicos a lo largo del país mejorando la infraestructura logística entre las diferentes regiones y elevar la capacidad de planeamiento, diseño e implementación de políticas de desarrollo por parte de los gobiernos locales son pasos esenciales dentro de este proceso.

El Perú necesita fomentar relaciones más cercanas con sus vecinos para coordinar políticas de desarrollo económico más allá de sus fronteras. En una región que se consume en debates ideológicos sobre los beneficios de la integración internacional, el Perú está posicionado para convertirse en el trampolín de todas aquellas empresas sudamericanas que deseen acceder a los mercados norteamericanos y asiáticos. Por lo tanto, debe continuar con su agenda de liberalización comercial, pero entendiendo que los acuerdos de libre comercio por sí solos no hacen que un país sea competitivo. Los acuerdos de libre comercio generan oportunidades para que las compañías productivas logren acceder a otros mercados y para que las empresas extranjeras inviertan en el país, pero esto solo ocurrirá si el Perú puede ofrecer un ambiente competitivo para los negocios.

ESTRATEGIA ECONÓMICA

En estos tiempos de transición económica, la prioridad nacional para el Perú es crear e implementar una estrategia económica nacional. La nación no puede resolver todos sus retos de competitividad de inmediato, pero debería crear una agenda estratégica priorizada para la próxima década, que sea entendida por todas las partes de la sociedad y en relación con la cual se pueda medir el progreso.

Una estrategia económica para el Perú debería basarse en las fortalezas únicas del país, mientras enfrenta las dificultades que limitan su productividad. La nación no debe imitar las políticas de otros países, sino crear su propio camino a seguir.

El Perú es un país de gran potencial, pero se necesitará una nueva relación entre los sectores público y privado para poder cumplir con esta promesa. La tarea del Gobierno es generar un entorno empresarial en el cual el sector privado pueda competir y prosperar. La comunidad empresarial, por su parte, deberá asumir un rol mucho más importante, dirigiendo y apoyando la mejora de la competitividad; la misma tarea tienen los sindicatos y universidades.

La única forma de crear un futuro más promisorio para todos los peruanos consiste en elevar la competitividad del Perú. Con estabilidad, ímpetu y una creciente confianza en sí mismo, este es el momento para que el Perú enfrente el reto de la competitividad.

Catedrático de Harvard Business School

El Comercio/31-01-10

¿QUE DEFIENDE

WALDO MENDOZA?

Félix Jiménez

Oscar Dancourt dice que el error de Waldo es hacer depender el desempeño de economías como la nuestra exclusivamente del modelo de crecimiento. Yo creo que su error es otro. Waldo define al modelo neoliberal como aquel “amigable con la inversión privada” y pone como ejemplos a Chile, México, Brasil y Colombia. ¿Es este realmente el conjunto de países representantes del neoliberalismo? En los casos de México y Colombia, parece no haber duda. Pero la economía mexicana no calza con la definición de Waldo. Según Jaime Ros, la economía mexicana no es amigable con la inversión privada porque la política económica neoliberal adoptada México desde mediados de los ochenta "no ha logrado resolver los problemas del país y estancó el crecimiento económico". En su artículo Estancamiento y Crisis de la Economía Mexicana, 2009, sustentó sus aseveraciones con los índices del PBI de 1940 a 1981, que registraron un crecimiento de 3.2%, en tanto que de 1990 a 2005 retrocedieron a 1.5%. Por otro lado, Jaime dice que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “no ha repercutido aún en las empresas ni en los productores mexicanos”. Por el contrario, a través de dicho tratado “ha ingresado a México un mayor número de importaciones y, para el caso de los productores, casi han desaparecido por completo los créditos para el campo”. Finalmente, a la desaceleración del crecimiento a partir de 1982 hasta la fecha, se agrega el retroceso de la productividad total de los factores (PTF).

El error de Waldo, entonces, es conceptual, teórico. Su definición de modelo neoliberal no tiene una buena evidencia empírica. Por su parte Dancourt comete, al parecer, otro error teórico. Luego de afirmar que el desempeño macroeconómico de economías como la nuestra depende del: 1) contexto externo, 2) de la política macroeconómica y 3) del modelo de crecimiento, dice que «un error común que se comete, como Waldo en (su) artículo, es atribuir el mejor o peor desempeño macroeconómico exclusivamente al modelo, olvidando los otros factores». Claramente confunde modelo económico con modelo de crecimiento, y no toma en cuenta que las políticas macroeconómicas influyen en el comportamiento de largo plazo de las economías, retardando o acelerando la tasa de crecimiento económico.

Para centrar el debate propongo, entonces, lo que la teoría económica no convencional entiende por modelo económico, y sobre esta base, precisar que se entiende por modelo económico neoliberal. Un modelo económico es la forma de producción basada en un patrón específico de acumulación de capital que da lugar a un determinado liderazgo sectorial y de demanda en el crecimiento económico. Con base en esta definición podemos decir que la forma de producción que se orienta hacia las exportaciones en su versión neoliberal implica la liberalización al máximo de los mercados y, en particular, del mercado de trabajo, la reducción significativa de aranceles o su eliminación, y la asignación de un papel subsidiario y neutral al Estado. El modelo económico incluye una estructura de precios relativos, una forma de financiamiento y una estructura de demanda que determinan, conjuntamente, el patrón de crecimiento (quién lo lidera) y el tipo de tecnología que se adopta. Por su parte, estos dos últimos, el patrón de crecimiento y la tecnología, determinan los niveles y la calidad de empleo de la fuerza laboral.

Las reformas neoliberales y la naturaleza de la política económica determinan la estructura de precios relativos clave (fundamentalmente el salario real). Las reformas son las que configuraron un tipo de institucionalidad, o un contexto institucional, que incluye la Constitución y las leyes vigentes dictadas durante el fujimorato. (Es claro que el sistema sociopolítico influye en el nivel de desarrollo institucional, pero este es un tema que no abordaremos aquí). Para North (Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 1990) estas son las reglas «formales». A estas se suman las «informales» que se refieren a los códigos de conducta, costumbres y valores que influyen en el comportamiento de consumidores y empresarios.

¿Qué significa entonces cambiar el modelo neoliberal? Primero, cambiar la Constitución y los tratados de libre comercio. Tiene que cambiar, también, la legislación que desregula el mercado de trabajo y vulnera los derechos a los trabajadores. Segundo, en los casos de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal, sólo hay asegurar su manejo eficiente de las dos primeras e institucionalizar la regla contracíclica en la última, pero junto con una profunda reforma tributaria. Tercero, si no hay cambios en la Constitución, el Estado no podrá intervenir con políticas sectoriales y de otro tipo para desarrollar mercados internos, agroindustria y otras actividades manufactureras.

¿Por qué debe cambiar el modelo económico neoliberal en el Perú? 1) Porque es un modelo que alienta la competitividad mediante la apertura comercial indiscriminada y con salarios estancados. 2) Porque es un modelo primario exportador, extractivista, desindustrilizador, que no genera empleo sostenible y afecta al medio ambiente. 3) Porque alienta la dependencia del crecimiento de los capitales extranjeros (tanto con endeudamiento externo de la banca local y de las inversiones extranjeras sujetas a «estabilidad tributaria»). La inversión privada local o nacional no aumenta sostenidamente. 4) Porque descuida el desarrollo y expansión de los mercados internos, con lo cual conspira contra la inserción competitiva de la economía en los mercados internacionales, mediante aumentos sostenidos en la productividad. 5) Porque ha sacrificado la capacidad del Estado para hacer políticas sociales de calidad (salud, educación, seguridad social) al mantener una estructura tributaria regresiva y aceptar la práctica de los «óbolos» mineros. 6) Finalmente, porque el modelo económico neoliberal ha acentuado la desigualdad y la exclusión, empeorando la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población.

Actualidad Económica del Perú
26-01-10

SAN MARCOS RECIBIÓ

7 MIL DÓLARES POR CONCIERTO

Lima, ene. 22 (ANDINA).- El estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se ha convertido en el principal recinto para la realización de megaeventos en el país, como lo demuestra el exitoso concierto de la banda de rock Metallica, que congregó a 50 mil personas cómodamente instaladas, manifestó hoy el decano de la Facultad de Educación de dicho centro de estudios, Carlos Barriga.

Destacó a Andina el hecho que la gran cantidad de asistentes al masivo concierto accediera y abandonara las instalaciones muy rápidamente y sin mayores contratiempos, lo que confirma que dicha sede está preparada para cualquier megaconcierto que se quiera realizar en el país.

“Es el principal recinto por su amplitud, comodidad y sobre todo por la seguridad que ofrece al público. En el último concierto no hubo grandes aglomeraciones de gente ni de vehículos.”

Resaltó además la cercanía de grandes avenidas aledañas al estadio: Venezuela, Colonial y Universitaria.

Refirió que en el reciente evento estuvieron en la cancha unas 30 mil personas y en las tribunas otras 20 mil.

Invitó a las empresas del rubro del espectáculo a tomar en cuenta esta infraestructura que, por si fuera poco, tiene capacidad para albergar a un mayor número de asistentes.

En ese sentido, adelantó que la UNMSM invertirá en algunas mejoras y adaptaciones con el fin de que el estadio pueda utilizar su capacidad al máximo, que podría ser de hasta 90 mil personas.

Dijo que entre los proyectos pendientes está la mejora de las vías de ingreso y salida, y, considerando que la universidad cuenta con espacios suficientes, también la construcción de una playa de estacionamiento interna con capacidad para tres mil vehículos, e inclusive la habilitación de zonas que permitan acampar a los fanáticos con anterioridad al día de realización de los eventos.

Refirió que estos planes están actualmente en estudio y espera que se hagan realidad pronto.

“Se van a hacer algunas inversiones para poner el estadio a punto y pueda albergar, en forma progresiva, hasta 90 mil personas. Esa sería la meta final. Iremos con cautela.”

Precio promocional

El decano informó también que la UNMSM decidió ingresar al mercado de los megaconciertos con una estrategia de precios promocionales.

En ese marco, reveló que por el concierto de Metallica cobraron siete mil dólares, aunque precisó que la empresa con la que contrataron se encargó de costear la habilitación de todos los servicios e instalaciones del recinto.

Dijo que, por ejemplo, la empresa reparó todas las instalaciones eléctricas, los servicios higiénicos y de agua potable, y que también se encargó del pintado interno y externo del estadio, entre otras cosas.

Agregó, asimismo, que la empresa se encargó de todos los trabajos de limpieza posteriores al concierto y dejó el recinto en condiciones óptimas.

Sin embargo, afirmó que ahora que ya han entrado a este mercado, sus tarifas serán reajustadas. “Pero siempre serán significativamente más bajas que las de otras instalaciones.”

Barriga reflexionó que la UNMSM tenía un “elefante blanco que ahora ha puesto a caminar", y que va a generar ingresos para una universidad pobre que siempre necesita de mayores recursos.

DEL NEOLIBERALISMO

AL LIBRE MERCADO DESATADO

Paul Walder

El once de enero, a escasos días de la segunda vuelta presidencial, Michelle Bachelet firmó el ingreso de Chile a la OCDE. La inscripción fue calificada por la gobernante como el fin del camino de modernización y apertura comercial iniciado por el primer gobierno de la Concertación. Tras veinte años de persistentes políticas a favor de la inserción de Chile en los mercados globales, a través de profusos acuerdos comerciales con naciones de todo el planeta, Bachelet resumía el evento: “Lo que ha ocurrido durante estos veinte años es histórico. Chile deja atrás el subdesarrollo y se encamina a paso firme para convertirse en una nación desarrollada en unos años más”.

Una satisfacción más bien personal que no pudo impregnar a la opinión pública del mismo modo como lo lograron las firmas de tratados comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, interpretados entonces como el “ingreso de Chile a las grandes ligas”.

La pesadumbre por la baja votación conseguida por Eduardo Frei en la primera vuelta electoral del 13 de diciembre y la inquietud por los resultados de la segunda vuelta del 17 de enero pasado, oscurecían tanto la mirada retrospectiva de las políticas de la Concertación como la visión futura. Porque muchos de los temas levantados por el candidato de Izquierda, Jorge Arrate, y el independiente Marco Enríquez-Ominami fueron críticas directas a las políticas económicas de veinte años que destacaba, erradamente, Michelle Bachelet.

Si el gobierno ha considerado el ingreso del país a la OCDE como el salto hacia una correa transportadora que conducirá al pleno desarrollo, la percepción en la opinión pública se mueve por otras realidades: los efectos directos, individuales y sociales, de aquel anunciado y nunca alcanzado desarrollo.

Las consecuencias locales de la inserción de Chile en los mercados mundiales de la globalización económica y financiera, han sido la desregulación de todos los mercados nacionales y la concentración de la propiedad en las grandes corporaciones, lo que llevó, durante los últimos veinte años, a una entrega sin precedentes del poder al sector privado, a todo tipo de abusos corporativos, a la pérdida de derechos ciudadanos y a un aumento persistente de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Durante estas dos décadas las grandes corporaciones de los sectores industriales, de servicios y, de modo especial, financiero, lograron ganancias inéditas en Chile, las que, pese a la negada pero vigente política del chorreo económico, no se extendieron al resto de la población. Todo Chile ha trabajado para el enriquecimiento ilimitado del gran capital.

Un ciego malestar

Tras más de veinte años de neoliberalismo sin efectos favorables en la calidad de vida, el ciudadano finalmente ha expresado su malestar. Y nada más claro que el voto. Pero no se trata de un fenómeno reciente. La votación contra la Concertación es resultado de un proceso nacional subterráneo escasamente medido y poco escuchado por los gobernantes. Desde comienzos de la década, y tras la crisis asiática, los reiteradamente anunciados beneficios de la apertura comercial y la globalización económica y financiera ya eran interpretados por el país con creciente sospecha.

Porque a la prédica de “más y mejores empleos” la evidencia era otra: un alto desempleo y deterioro, mediante externalización y flexibilización laboral de hecho, de los trabajos. Frente al discurso de más y mejor consumo, el ciudadano se vio prisionero de la concentración de la propiedad y de prácticas de colusión de precios -algunas evidentes pero muchas ocultas-, y de un sistema crediticio abiertamente usurero y amparado por la institucionalidad económica sostenida por los gobiernos de la Concertación. Un consumo pagado en cuotas bajo la intimidación permanente de Dicom, castigo no sólo económico, sino que significa la supresión de la condición de consumidor, de ciudadano. Ante éstas y numerosas otras evidencias, los chilenos fueron alimentando un amargo resentimiento tanto a las políticas y a la falsa retórica de la Concertación.
Aunque los gobiernos de la Concertación, y en especial el saliente de Bachelet, intentaron destacar una vertiente social -desde el crecimiento con equidad de Ricardo Lagos a la redes de protección social de Bachelet-, la realidad, medida el 13 de diciembre y el 17 de enero, ha sido otra. Ya hacia la mitad de la década la Iglesia Católica tuvo que interceder varias veces en conflictos sociales y laborales derivados de una institucionalidad hecha a medida de la gran empresa, debió proponer un salario ético más justo para los trabajadores y, tal vez el llamado más concreto, criticar la esencia del mal: el modelo neoliberal.

Sondeos muy poco difundidos hablaban desde comienzos de la década del fuerte malestar que había producido en los chilenos la ampliación y consolidación del modelo de libre mercado. Estudios del PNUD concluían que una gran mayoría de la población quería más intervención del Estado en la economía. No bastaba con una mayor regulación, cuyos resultados sólo han demostrado la debilidad del Estado para fiscalizar y castigar a las grandes corporaciones, sino un giro en la ortodoxia del mercado.

En noviembre pasado, la BBC divulgó un sondeo mundial sobre el apoyo al modelo neoliberal, el que fue en su momento silenciado por la gran prensa chilena. Sólo meses más tarde el periodista chileno Ernesto Carmona rescató el estudio y lo hizo circular a través de Internet. Los datos son contundentes y reflejan que más del 90 por ciento de los chilenos estima que el Estado debe asumir un rol más activo en la economía.

Entre otros datos, la encuesta reveló que casi la mitad de los chilenos “está de acuerdo en declarar que el capitalismo de mercado libre tiene problemas que requieren resolverse con más regulación y reformas, pero el 20 por ciento cree que se necesita un sistema distinto (...) en tanto un 72 por ciento de los encuestados aprueba más control gubernamental de industrias importantes, un 91 por ciento opina que el gobierno debe tener un rol más activo en la distribución uniforme de la riqueza y un 84 por ciento pide una mayor presencia del gobierno en la actividad reguladora del capitalismo”.

Tal vez la conclusión más rotunda es que Chile, tras Brasil, es el país, entre 27 naciones estudiadas, con mayor rechazo al sistema neoliberal. De acuerdo a la encuesta, los chilenos repudian sin más el actual modelo económico, fenómeno tal vez percibido por la Concertación, que incluyó en su discurso electoral la idea de “más Estado”, eslogan que se levantó como una paradoja al observar las políticas de los últimos veinte años. Para ello basta recordar que durante el gobierno del derrotado Eduardo Frei se entregaron al sector privado áreas tan sensibles como el agua potable y los puertos.

Frankenstein de la Concertación

La resistencia al neoliberalismo en un país que ha desarrollado y acariciado este modelo con una fruición sin parangón en el mundo durante más de treinta años, es un caso que ha de tenerse en cuenta. Porque el malestar sucede también en una nación despolitizada, carente de organizaciones sociales y sin una prensa masiva que ejerza la crítica, rasgos que han favorecido al populismo de la derecha. El modelo neoliberal, instalado a la fuerza por la dictadura, fue moldeado por la Concertación para regocijo de la derecha, y financiado por el gran sector privado, que ha convertido el consumo de masas en el único objetivo de la democracia. Un largo proceso que abarca ya más de una generación y que terminó por identificar a la Concertación con las penurias del modelo. Aun cuando es la derecha económica amparada por los militares la que detenta la paternidad neoliberal, fue la Concertación quien alimentó, fortaleció y embelleció a la criatura. Hoy, con rasgos de Frankenstein, ha destruido a quien la tomó en tan cálida adopción.

Los efectos del modelo no están sólo en el mall y en artilugios de consumo, presentados a modo de zanahoria a los ojos del burro. Los verdaderos efectos, que son el garrote, están en la comercialización de todas las actividades de la vida, partiendo por la salud, la educación y todos los servicios. Y también están en el alto desempleo, en el pavor producido por la inestabilidad laboral, en la inequidad, en la desprotección social. Se trata de efectos negados por el sector privado y, si bien últimamente y muy tardíamente reconocidos por los gobiernos, nunca resueltos.

Un ejemplo de la mínima incidencia de estas políticas asistenciales ha sido la pensión asistencial que creó el gobierno saliente para las personas que quedan al margen del sistema privado de pensiones. Esta ley, celebrada como un triunfo de las políticas públicas ante el mercado, se estrelló a poco andar con el colapso financiero internacional, que generó pérdidas millonarias a los fondos de pensiones de todos los trabajadores. Tras la debacle masiva, el gobierno, sin intervenir ni criticar el sistema privado, sólo observó los movimientos del mercado.

Las condiciones laborales han quedado al arbitrio del mercado, lo que ha sido amparado durante veinte años por los gobiernos de la Concertación. Una encuesta de la Dirección del Trabajo, publicada la primera semana de enero, reflejó las condiciones laborales en el sector privado: más de la mitad de los trabajadores chilenos (55 por ciento) gana sueldos que no superan los 257 mil pesos brutos y sólo en el 5,1 por ciento de las empresas existen sindicatos activos.

La Concertación se presentó en estos años como la representante de la gobernabilidad, de la estabilidad política, de la armonía social. Una política basada en los consensos con la derecha que ha derivado en una política acotada -expresada por el sistema binominal-, en acuerdos entre las elites y en una fuerte exclusión de las demandas de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales. Así como en estos veinte años la economía fue entregada a saciar el apetito del sector privado, la política, limitada a las elites y redes de poder crecientemente corruptas, ha clausurado cualquier posibilidad de mayor democratización.

Las políticas de los consensos fueron decisiones de grupo impuestas de un modo autoritario. Un modo de gobierno que tuvo efectos en todos los aspectos de la vida política y social -derechos humanos, pueblos indígenas, políticas públicas, etc.- y que en economía se expresaron en un pacto para mantener y reforzar la ortodoxia neoliberal. Una fusión ideológica que tuvo su expresión en las propuestas de ambos candidatos. Porque si hubo diferencias, éstas fueron pequeños matices, como quedó en evidencia en la oferta del “bono marzo” anunciado por ambos candidatos.

La Concertación, enquistada en el poder político y también en el económico por medio de relaciones gozosas pero peligrosas con las grandes corporaciones, fue incapaz de ofrecer un cambio real, el que ha tomado la derecha más como figura retórica que como propuesta política ante un pueblo despolitizado, ignorante, amnésico y desmovilizado. Porque si hay algo que la derecha ha defendido durante los últimos treinta años, es el libre mercado, que es su esencia, su ley, su naturaleza. Pero como gran paradoja, esta ciudadanía, explotada por las grandes corporaciones y endeudada con el sector financiero, ha confiado de forma candorosa en los causantes de sus males.

En Chile ha terminado el ciclo de los gobiernos de la Concertación. La ruptura de las fuerzas de Izquierda pudo haber sido una causa, las oscuras redes políticas y la corrupción otras, pero en especial ha sido por el descrédito de sus políticas económicas, piedra de tope para la Concertación que crecerá con la derecha. En medio de una crisis internacional que impedirá altos crecimientos del PIB para generar chorreo económico, que es la única política redistributiva aceptada por la derecha, el malestar ciudadano aumentará.

Piñera habla de cambios. Pero en los hechos, habrá continuidad en el modelo económico. La Concertación deja el gobierno. Pero el mercado seguirá gobernando a sus anchas.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 703, 22 de enero 2010 - punto@interaccess.cl)

LA ESTANFLACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD PERUANA

Rocío Silva Santisteban

Cuando estudiaba mi pregrado en los años 80 también se hablaba de una crisis: pero era básicamente por el exceso de política en la universidad, por las arcas vacías de la misma, por la pobreza de los sueldos de los profesores y por la carencia de investigaciones. Pero éramos un país sitiado por el terror y la inflación: la universidad de alguna manera respondía a esta escasez y a esa violencia sobreviviendo como podía. Veinte años después somos un país que se vanagloria de haber crecido en medio de una crisis económica global, de tener un PBI bastante alto para la región y de ser uno de los más emprendedores. Sin embargo, la universidad no responde a las exigencias de calidad de un país así descrito: no hay investigación, las bibliotecas siguen siendo pésimas, los profesionales absolutamente tecnocratizados y la sensibilidad por el conocimiento totalmente adormilada.

Nos encontramos, pues, ante lo que podría llamarse una estanflación de la universidad peruana: sí, inflación del número de universidades pero estancamiento del conocimiento. Las universidades que han surgido no lo han hecho para responder a las necesidades del Perú y de su medio ambiente. No, en realidad, responden a ciertos temores atávicos por la pobreza y la creencia en la universidad como espacio de movilidad social y a la especulación de sus directivos: esa es la razón por la cual hay más facultades de Derecho que facultades de Ingeniería de Minas, por ejemplo.

Estancamiento con inflación, o más bien al revés, hartas universidades sin mayores logros educativos; crece el número pero en conjunto no son siquiera la sombra de la universidad peruana durante los años 50 y 60: ese es el escenario hoy en día, y es un escenario que a la clase política y a las élites intelectuales debería darles(nos) vergüenza. Deberíamos tener rosácea de tanta vergüenza.

Me parece que esta crisis de la universidad peruana responde al hecho de haberla banalizado pues se la ha formateado según las enseñanzas mal interpretadas del neoliberalismo: convertirlo todo en dinero. Es por eso mismo que muchas universidades se publicitan como espacios de “tránsito” del colegio a un puesto laboral. Pero la universidad es mucho más que eso.

Lamentablemente hoy en día, debido a la importancia de la tecnología, de la información y de la universidad como espacio de entrenamiento de tecnócratas, se está creando un nuevo tipo de mercancía: el saber-mercancía, un saber devenido en cosa que, de acuerdo con la teoría fetichista de la mercancía, encubre que su valor existe únicamente como producto social. Por eso mismo el escándalo de los privilegios del copyright, desde los países europeos, y desde nuestro tercermundismo, el escándalo de la piratería, las fotocopias y la ruptura con todo tipo de licencias. Lo que sucede es que hoy toda información o conocimiento convertido en mercancía produce rédito, y no necesariamente para su creador, sino al que permite que ese saber-mercancía se convierta en producto a ser comercializado.

¿Cómo combatir esta estanflación universitaria? Luchando por el acceso irrestricto al conocimiento y apostando por formar cerebros: seres humanos con niveles de abstracción, de análisis y de pensamiento crítico que nos permitan mirar al futuro más allá de la “exportación de minerales”.

Domingo

24-01-10

INICIANDO UN DEBATE

CON WALDO MENDOZA

Pedro Francke

Profesor de la PUCPUn reciente artículo de Waldo Mendoza, titulado “En defensa del neoliberalismo” (El Comercio, 19.01.2010) provoca iniciar un debate. Ha puesto la pelota en la cancha de los críticos y corresponde responder.

Primero veamos aquello en lo que estamos de acuerdo con Waldo: tienen que hacerse cambios para “enfrentar mejor los shocks externos” y, para que “dejemos de ser uno de los países más desiguales en América Latina” se requiere “elevar sustantivamente la presión tributaria para sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura”.

Despejando la cancha

Segundo, dejemos de lado los falsos debates. Criticar al modelo neoliberal no equivale a defender una “intervención estatal que entorpece el funcionamiento de la economía” (estoy seguro de que Waldo Mendoza considerará también la defensa del medio ambiente o la salud pública como objetivos válidos de la acción pública). Claro que no son raros los estados que toman malas medidas. El tipo de cambio múltiple en Venezuela, puede ser un buen ejemplo de eso: por nuestra experiencia con el dólar MUC sabemos a dónde eso nos lleva.

Lo mismo podemos decir acerca de eliminar el derecho de propiedad menospreciando la seguridad de los inversionistas, o de aplicar políticas fiscales insostenibles gastando ingresos extraordinarios a tontas y a locas (como en el Perú hoy se exige que hagan los gobiernos regionales con su canon). El mercado debe funcionar y la estabilidad macroeconómica debe ser cuidada.

Pero iniciar un debate tomando como base las intervenciones estatales tontas, sería como basar la crítica al neoliberalismo en propuestas extremas como las de eliminar el Banco Central (propuesto por Carlos Boloña en su momento, pero que ningún economista serio siquiera consideraría). Dejemos esos recursos polémicos a un lado.

Cambios necesarios

Detengámonos mejor en los cambios que nuestra economía requiere. Si bien hay un acuerdo general en elevar la recaudación (aunque hasta ahora hay muy poco avance real), un tema fundamental es cómo. En un reciente debate que tuve con PPK, este buen representante del neoliberalismo planteaba, para mejorar la recaudación, reducir la CTS y las gratificaciones de 16% del salario a 2%, para que así las empresas se formalicen y tributen más.

Por el contrario, lo principal para mejorar la recaudación es cobrarles impuestos a las empresas mineras, petroleras y financieras que han tenido enormes ganancias los últimos años, y establecer impuestos a las grandes fortunas y a la herencia. Redistribuir el ingreso requiere una tributación que se concentre en los más ricos. Por su parte, promover la formalización no pasa por reducir derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, sino por facilitar los trámites y el crédito a los pequeños empresarios, y ser más estricto en la fiscalización hacia las grandes empresas.

Pero la redistribución no solo pasa por impuestos y gastos públicos. También se necesita garantizar derechos laborales que permitan una mejora de los salarios reales, que están estancados hace años y cuya participación en el PBI ha caído de 30% a apenas 21%. Hablamos de que los trabajadores puedan hacer su sindicato y negociar su pliego de reclamos sin temor a ser despedidos, lo que no sucede en el Perú aún siendo un derecho básico reconocido internacionalmente. Luchar contra la pobreza exige también promover aquellas actividades que dan más empleo a la gente, de donde la mayoría de peruanos vive: agricultura y pequeñas empresas.

Punto clave: políticas sectoriales

Otro punto clave en esta discusión sobre el neoliberalismo es: ¿hacen falta o no políticas que promuevan el turismo, que faciliten el avance tecnológico, que apoyen el surgimiento de nuevas industrias, que descentralicen la economía? ¿Basta con el funcionamiento “libre” de los mercados, o es necesario además una intervención consciente del estado para dirigir la economía, promoviendo las actividades que pueden tener mejores efectos sociales, ser sostenibles ambientalmente y promover una mayor dinamización productiva en el largo plazo?

Por cierto, cuando hablamos de intervención estatal, no debemos pensar que esta deba ser exclusiva o principalmente mediante empresas públicas; un rol primordial deben jugar regulaciones de mercado que generan incentivos a la inversión y la empresa privada, como impuestos, créditos, subsidios, normas de defensa del consumidor y estandarizaciones.

El neoliberalismo ha considerado estas políticas como distorsionadoras del mercado y generadoras de ineficiencia, aunque Comex y el IPE, los grandes defensores de la apertura comercial, nada han dicho cuando se protege al biodiesel del grupo Romero de la competencia internacional.

Finalmente, una buena discusión requiere también precisar qué no debe cambiar, y más bien hay que defender y mejorar. Anoto 4 centrales: 1) Una política macroeconómica anticíclica (fiscal y monetaria), que la hemos tenido por primera vez en 2009; tardíamente, pero más vale tarde que nunca; 2) El apoyo a nuestras exportaciones no tradicionales, incluyendo el turismo, que han crecido fuerte en los últimos años y eso está muy bien; 3) El avance de la construcción y la industria orientada al mercado interno; 4) Las inversiones públicas en infraestructura. Pelota devuelta. Waldo, está en tu cancha

El autor es profesor de la Universidad Católica

Domingo

24-01-10

EN DEFENSA

DEL NEOLIBERALISMO

Waldo Mendoza

Cuando ocurre una crisis económica, un eterno candidato a culpable es el modelo de desarrollo, cualquiera que sea este.

Como la tasa de crecimiento del PBI ha caído de 10% en el 2008 a 1% en el 2009, hay muchas voces que piden cambiar el actual modelo “neoliberal”.

Sin embargo, si la alternativa en América Latina es un modelo como el de Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela, donde la intervención estatal entorpece el funcionamiento de la economía, es mejor quedarse como estamos.

Argentina y Venezuela, en plena desinflación mundial, tienen tasas de inflación que son de las más altas en el mundo.

En Argentina, el gobierno ha sido expulsado de los mercados internacionales de crédito y no tiene fondos para pagar su abultada deuda pública.

En Ecuador, justo cuando la economía mundial empieza a recuperarse, la recesión está en su clímax: 17% de caída del PBI en noviembre último.

En Venezuela, la reciente devaluación amplificará la estanflación que se inició en el segundo trimestre del 2009.

Y el crecimiento económico de Bolivia, el más alto de América Latina en el 2009, está apoyado en el impulso fiscal financiado con los ingresos provenientes de las nacionalizaciones, los cuales son, en su mayoría, transitorios.

Todos estos países, en especial Bolivia y Venezuela, han espantado a la inversión privada, la fuente más importante del crecimiento económico sostenido.

El Perú está felizmente en el otro grupo, junto con Brasil, Chile, Colombia y México.

En estos países, hace muchos años que la inflación ha dejado de ser un problema.
El crecimiento del PBI, con la excepción del de México, ya se restableció, luego de la recesión ocasionada por la crisis internacional.

Por ser modelos amigables para la inversión privada, esta variable crecerá en los próximos años infinitamente más que en el otro grupo de países.

En perspectiva, entonces, estos países crecerán a una velocidad mucho mayor que los otros.

Hay, sin embargo, dos correctivos que deben hacerse para que el crecimiento sea sostenido y socialmente aceptable.

En primer lugar, tenemos que enfrentar mejor los choques externos. El Perú, durante el 2008-2009, fue un ejemplo clamoroso de lentitud de respuesta frente a una grave crisis internacional. El costo ha sido que la economía se paralizó en el 2009.

En segundo lugar, el actual modelo de desarrollo tiene el gran lastre de que no ha logrado que dejemos de ser uno de los países más desiguales en América Latina.
Hay una enorme tarea en este campo para la política fiscal, que tendrá que elevar sustantivamente la presión tributaria para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura. En ese campo, hemos retrocedido con el actual gobierno.

El autor es Jefe del Departamento de Economía de la Universidad Católica.

El Comercio

19-01-10