EL DERECHO

DE CONSULTA

(Ataques y mentiras contra

los derechos indígenas)

En el siguiente artículo dos expertos en temas amazónicos: Alberto Chirif y Frederica Barclay, no solo desbrozan los argumentos contra la actual jornada de protesta amazónica sino que profundizan en sus causas e implicancias desde diversas perspectivas: los derechos indígenas, la política del gobierno, el rol del Estado y la seguridad nacional.

En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”, aparecido en diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio nacional.

Según sus palabras: “El pecado original -y quizá el único- de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: las leyes ni los decretos no suelen ser consultados ni con los especialistas; se imponen respondiendo con frecuencia a intereses específicos“.

Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”, un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre, en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado.

Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas“. Estamos así ante realidades diferentes.

La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº 26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente“; y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 1 y 2).

Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante, es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar. El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.

En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida“.

Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella“. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan“.

¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta, de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala fe.

La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría del Pueblo, antes mencionado).

La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es el sector público“. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas y está también ampliamente reafirmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 15).

¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No, nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!, por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos“, lo que significa borrar de un plumazo los derechos legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos indígenas.

El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero, como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas“, mientras que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría antes citado).

El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº 012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica, con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial” (así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes. Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron a toda la delegación, también integrada por el inefable representante de CONAP.

¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?

El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante la ley N° 29157″)

Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más restringida.

No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez y los García“?

También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas y las pone en condición de adjudicables a inversores. Esta misma norma coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos, suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil. Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.

Un ataque integral

Pero la arrogancia y prepotencia del gobierno va más allá de los actuales decretos. El perro del hortelano fue algo así como el “marco teórico” y la clarinada para el ataque que vendría de inmediato. El presidente García pretende que los proyectos y las medidas dictadas se orientan a la lucha contra la pobreza y devastación de los bosques amazónicos.

Para darse un aire técnico y convocar el apoyo a sus medidas los voceros del gobierno han señalado una y otra vez que hay 11 millones de hectáreas deforestadas, que efectivamente existen, pero ninguno ha mencionado dos cosas: la primera, que la devastación de los bosques no es consecuencia de la actividad de los pueblos indígenas, que han vivido en la región durante siglos sin poner en riesgo ni el bosque, ni otros recursos naturales, como los suelos y la fauna; y la segunda, que la deforestación es producto de la colonización impulsada desde fines del siglo XIX por el Estado y potenciada durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde, a través de la Carretera Marginal y de proyectos especiales, financiados con deuda externa contraída por el Perú con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y US/AID.

¿Saben ustedes cuál fue la razón que dieron ése y otros gobiernos para emprender estos programas de colonización?: Superar la pobreza. Ahora el presidente García se ilumina y sin cuestionar el rol del Estado y la responsabilidad que a él mismo le toca, en la medida que ya estuvo a la cabeza de éste en 1980-85, emprende una nueva búsqueda para “superar la pobreza”.

Lo que está en cuestión es si a los anteriores gobiernos les interesaba la pobreza de los peruanos o más bien buscaban engañarlos con promesas ilusorias de tierras ubicadas en el Dorado amazónico. Y al actual gobierno, ¿le interesa la pobreza o satisfacer las demandas de empresarios ávidos de terrenos para plantaciones de biocombustibles?

El gobierno, si es que el tema le interesa de verdad, no debe buscar la pobreza en lugares tan alejados como la Amazonía, sino en Lima y en las demás grandes ciudades del país, donde un gran porcentaje de la población no tiene trabajo y sobrevive con ingresos ínfimos. La pobreza que sí afecta a indígenas amazónicos está precisamente en las zonas que han sido devastadas por la colonización y por las industrias extractivas, que han contaminado el medio ambiente, afectado su salud y destruido sus redes sociales de solidaridad. Pero las políticas del gobierno no se dirigen hacia la solución de estos problemas, sino hacia su expansión.

El ataque a los pueblos indígenas desatado por este gobierno no se limita a socavar su derecho al territorio sino que procura acabar con ellos a través de la medidas destinadas a debilitar sus lenguas y culturas. Es con esta finalidad que hay que entender las sucesivas medidas tomadas por el Ministerio de Educación, como la exigencia de la nota 14 para los postulantes a institutos superiores pedagógicos. Es verdad que esta norma es general y afecta a todos los candidatos: durante los tres años que lleva de vigencia no ha habido ingreso a dichos institutos en el país, porque la dispersión de quienes superaron la valla (alrededor del 3% de más de 14.000 postulantes) no he permitido conformar un número suficiente para justificar el funcionamiento de un año lectivo.

Una vez más el Estado castiga a quienes son víctimas de su mala política, en este caso, educativa. Aunque el ministro de educación ha recibido, de parte de muchas instituciones, explicaciones fundamentadas sobre las consecuencias de la norma, entre ellas, el déficit de profesores bilingües, mantiene su decisión inmutable. El ataque a la identidad de los pueblos indígenas se demuestra, además, por medidas como el rechazo de fondos de la cooperación internacional para educación intercultural bilingüe o la negativa del ministerio de participar en eventos sobre EBI.

¿A quién defiende el Estado?

La consigna del gobierno (y en esto no se diferencia de los anteriores) es negar la evidencias, enterrando bien su cabezota de avestruz en un hoyo. Hace cerca de tres años, cuando los achuares del río Corrientes hicieron pública sus denuncias sobre la contaminación de las fuentes de agua y sus recursos para la vida y, en general, del medio ambiente de su territorio, y de cómo ésta estaba afectando la salud de los pobladores, el Estado negó con desparpajo que esto fuese verdad, a pesar de que el Ministerio de Salud y el de Producción habían comprobado, mediante análisis de laboratorio, la magnitud del daño.

Sólo una protesta descomunal por parte de los indígenas, con toma de campamentos petroleros y pozos y cierre de válvulas de estaciones de bombeo, lo llevó a reaccionar, aunque su primera opción fue por la recaptura de las instalaciones por la vía violenta, lo que en realidad quería decir que seguía negando que la actividad afectaba la salud de la gente y el medio ambiente. La presión fue tan grande que tuvo luego que dar marcha atrás y reconocer la veracidad contenida en las denuncias y suscribir, junto con la empresa y la federación indígena, el acta de Dorissa, mediante la cual Pluspetrol y el Estado se comprometían a remedir la situación en un plazo perentorio.

En buena hora que haya sido así, pero ¿no pone esto en evidencia el hecho de que el gobierno mintió al negar primero los estragos negativos causados por la extracción de petróleo? El hecho de que hoy día el ministro Brack trate de hacer aparecer los cambios en la legislación sobre explotación de hidrocarburos como un logro del gobierno y no de los indígenas, nos parece un hecho carente de sinceridad.

Pero esa reacción del gobierno fue apenas coyuntural y producto de una presión formidable ejercida por las organizaciones indígenas, la sociedad civil y algunas instituciones pública, como la Defensoría del Pueblo, que antes como ahora ha jugado un papel destacado. Ahora el Estado niega una vez más la realidad de que el petróleo y las industrias extractivas en general son fuente de contaminación e impactos negativos para los pobladores locales. Toda la contaminación, afirma, es cosa del pasado. Ignoramos qué alcance querrá darle el gobierno a su noción de pasado, pero lo cierto es que el gasoducto se rompió cinco veces durante el primer año de funcionamiento, lo que es un indicador de irresponsabilidad y, probablemente, de corrupción, por el uso de tubos en mal estado o de segunda mano, como lo estableció una auditoría ambiental independiente que luego, para seguir con la costumbre nacional, fue silenciada.

Pero el anterior no es el único caso, ya que las denuncias de contaminación causadas por industrias extractivas o de transformación de minerales van desde el Callao y, pasando por La Oroya (donde el gobierno, una vez más, ha prolongado el plazo de Doe Run para cumplimiento del PAMA, mientras la población se ahoga en humos y los índices de plomo y otros metales pesados aumenta en su sangre), se expande por otras zonas.

Y no es un problema sólo de derrames, sino, de manera más global, de impactos en el medio ambiente en que viven indígenas y campesinos. En el Urubamba, durante la época de instalación del proyecto del gas del Camisea, un promedio de 200 barcazas diarias “batían” o “licuaban” las aguas del río, contaminando y alterando el hábitat de los peces, fuente principal de las proteínas que consumen los pobladores. Los matsiguengas que habitan la cuenca han sido “compensados” temporalmente por la pérdida admitida de capacidad de pescar en ése y otros ríos de la zona con un sol diario, lo que apenas alcanza para adquirir una lata de conserva a la semana. ¿Quién es el responsable de crear pobreza en los pueblos indígenas? Que no se diga que la contaminación es cosa del pasado porque ahora hay estándares, pues éstos existen desde 1993 y los achuares, quichuas y urarinas sólo consiguieron que se supervise la actividad de las empresas y se les obligue a cumplir las normas después de 13 años de continuas denuncias.

El problema es que al gobierno y a mucha gente le parece normal que los indígenas paguen los costos del llamado desarrollo. Si sus chacras son destruidas, también el monte que utilizan para cazar y realizar actividades forestales, poco importa. La idea es que esos espacios valen poco frente a la riqueza que producen las industrias extractivas. También sus vidas y las de las generaciones por venir valen poco, lo que es un indicador más del racismo que impera en el país. Nos preguntamos qué pasaría si 200 barcazas batieran diariamente el agua del mar en los balnearios del sur de Lima. La protesta sería masiva y apoyada por la prensa, porque se consideraría que se está afectando propiedad privada valiosa de gente que vale más.

Los indígenas y la seguridad nacional

En los últimos tiempos, se acusa cada vez más a los indígenas de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Cancillería se niega a dar pase a la creación de dos reservas comunales y a un parque nacional ubicados en la zona comprendida en el curso alto de los ríos Napo y Putumayo, alegando razones de seguridad nacional. Dice temer que los 700 secoyas peruanos y los 300 ecuatorianos, que por lo demás provienen de familias peruanas que emigraron antes del conflicto de 1941 y que luego no pudieron volver, puedan afirmar derechos territoriales y conformarse en un Estado independiente. Es para no creerlo, sobre todo considerando que tanto las reservas como los parques son áreas naturales protegidas de propiedad pública. Ha dado la misma razón para justificar el recorte del parque nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, pero en cambio permite la presencia en la parte cercenada de la empresa Dorato Perú, pantalla de la transnacional canadiense Dorato Resources Inc., cuyo gerente general, Carlos Ballón, fue asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno, como ha puesto a la luz César Hildebrandt en un reciente artículo. ¿Resulta ser entonces que una transnacional es mejor defensora de la seguridad nacional que el propio Estado, que, reiteramos, es el dueño de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas? Eso se llama tener confianza en las instituciones propias e ideas muy claras sobre la defensa nacional.

La lista de las ventas del patrimonio nacional y de empresas privadas a un país como Chile, con el cual el Perú, por desgracia para la paz, mantiene conflictos pendientes, es inacabable. Más aun, este gobierno quiso venderle incluso parte del terreno del Ministerio de Defensa, lo que tal vez no signifique nada en términos de seguridad nacional comparándolo con lo que ya el Estado peruano había ya vendido a capitales chilenos (en especial, las industrias estratégicas), pero no se puede negar que el simbolismo del hecho resulta grotesco. Podemos también mencionar la profusión de decretos que suspenden la norma constitucional que prohíbe que “dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad” (Art. 71º), alegando para esto razones de necesidad nacional.

Cuando la excepcionalidad de levantar la prohibición por razones de “necesidad pública” se convierte en norma, debemos sospechar de la existencia de otros intereses. El papel aguanta todo.

Algunos ejemplos: Petrobras en el lote 117, en el extremo norte del país, en la zona frontera con Colombia y Ecuador; Pacific Stratus Energy, en los lotes 135, 137 y 138, en la frontera con Brasil; y la lista sigue. También podemos mencionar que hace apenas unos años, las denuncias públicas pusieron en evidencia que la empresa maderera Newman Lumber Company de los Estados Unidos había construido una carretera de 150 Km a lo largo de la frontera con Bolivia para extraer caoba de manera ilegal, sin que las autoridades políticas ni las Fuerzas Armadas del Perú se hubiesen dado cuenta, o al menos así lo dijeron. Ni qué decir del ingreso cotidiano a territorio peruano de madereros colombianos por la frontera del Putumayo, sin que los numerosos puestos de las Fuerzas Armadas peruana hagan nada por frenarlos. Frente a todo esto, ¿podemos seguir sosteniendo que son los indígenas una amenaza a la integridad nacional?

Para terminar queremos referirnos a las dimensiones que ha tomado la actual protesta indígena. Su impacto se debe a la movilización masiva de familias y organizaciones indígenas amazónicas, incluyendo entre ellas algunas que eran consideradas como bases de CONAP, como las awajun del Alto Mayo; y a la amplia solidaridad que ha convocado su causa en diversas instituciones y personalidades de los más diversos sectores sociales. Además del carácter justo de los reclamos, esta solidaridad expresa el desagrado de la ciudadanía con un gobierno que le ha mentido de la manera más burda. La lista de mentiras es larga, pero la que mejor describe la traición es el ofrecimiento electoral de renegociar los contratos petroleros y mineros, que terminó con la genuflexión de estirar la mano para esperar una propina, según la voluntad de las empresas, que por supuesto no tienen ninguna.

Confrontado por un periodista con las contradicciones entre las promesas de la campaña y las medidas tomadas por el presidente ya en el ejercicio del poder, el congresista aprista José Vargas respondió: “Una cosa es lo que se dice en la campaña y otra la que se hace cuando se llega al poder”. Estamos frente a una buena muestra de las “interpretaciones auténticas” que podemos esperar de este personaje que se desempeña como presidente de la Comisión de Constitución. Nada menos.

—
* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.

* Frederica Barclay es antropóloga y Doctora en Historia por la Universidad de Barcelona. Investigadora del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía en las líneas de trabajo: Amazonía. Historia regional. Elites locales. Colonización. Es autora y co-editora de numerosas publicaciones como Guía etnográfica de la alta amazonía, Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Camisea, La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1851-2000, Órdenes y desórdenes en la selva central. Historia y economía de un espacio regional amazónico, entre otros.

27-05-09

¿QUIÉN VIOLA

EL ESTADO DE DERECHO?

En las últimas semanas, líderes del gobierno han acusado a los pueblos indígenas amazónicos de haber iniciado una huelga y haber recurrido a la violencia en sus reclamos, de ir contra el desarrollo y los intereses del país, todo ello al proponer los mismos la derogatoria de los decretos legislativos expedidos por el gobierno que afectan sus intereses. Al margen del desacertado llamado de insurgencia (rápidamente rectificado), El equipo profesional de IDL-Justicia considera que los decretos en cuestión son inconstitucionales por no haber sido promulgados respetando el derecho fundamental a la consulta de los pueblos indígenas y, por lo tanto, son el gobierno y el Congreso quienes afectan el Estado de Derecho al promover normas de cómo esta, conforme a los fundamentos siguientes:

1. El derecho a la consulta forma parte del ordenamiento jurídico peruano. El artículo 6, inciso 1 letra a del Convenio 169 de la OIT, aprobado e incorporado a la legislación nacional mediante resolución legislativa Nº 26253, publicada el 2/12/93, señala con claridad la obligación del Estado de "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". Agrega en el inciso 2 de dicha disposición que "Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas". Además, el Convenio 169 reconoce otros derechos a los pueblos indígenas como el derecho a la integridad cultural, a la participación, a decidir sus prioridades de desarrollo y controlar en lo posible el mismo (Derecho a la libre determinación), al mejoramiento de sus condiciones de vida como prioridad de los planes y proyectos de desarrollo, a participar en los beneficios de la explotación en tanto se den, a la autonomía, al uso de las tierras, etc.

2. El derecho a la consulta tiene rango constitucional y vincula a todos los poderes del Estado. De conformidad a la Cuarta Disposición Final de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha señalado que los tratados de derechos humanos tiene rango constitucional (STC Nº 00025-2005-PI/TC y Nº 00026-2005-PI/TC acumulados, f.j. 25). Este rango constitucional ha sido reconocido al Convenio 169 de la OIT (STC Nº 03343-2007-PA/TC, f. j. 31.), reconociendo en sede jurisprudencial de forma explícita, el derecho a la consulta. De esta forma el Convenio 169, y todos los derechos que reconoce, conforman el Bloque de Constitucionalidad.

3. Los Decretos promulgados por el gobierno, cuya derogatoria reclaman los pueblos amazónicos no fueron consultados en respeto al mandato del Convenio 169 que tiene rango constitucional. Se trata de los 8 decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades realizada por el Congreso a través de la Ley 29157. Nos referimos a los Decretos Legislativos 994 (modificado por el DL 1064), 1081, 1015 (modificado por el DL 1073), 1064, 1079, 1089, 1090 y el 1085. Estos decretos, independientemente que sus contenidos sean convenientes para el país, NUNCA fueron consultados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT.

4. El gobierno y el Congreso han vulnerado la Constitución al desconocer el derecho a la consulta. El gobierno ha incumplido lo establecido en el artículo 118 inciso 1 que señala que es obligación del Presidente de la República "Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales". De igual manera, el Congreso ha violado el artículo 102 inciso 2 que establece como obligación del Estado "Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores". Si bien ambos tiene la facultad de libre configuración de las leyes y de los decretos legislativos, no se trata de un poder ilimitado, ellos no pueden desconocer la Constitución y los derechos fundamentales, supuesto en el cual se incurriría en un vicio sustancial de nulidad. El artículo 45 de la Constitución, que señala que "El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen".

5. No se niega el derecho a la libre empresa de los inversionistas, pero este debe ser armonizado con los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución y el ordenamiento jurídico, no solo reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, también reconocen el derecho de libre empresa de los inversionistas, así como la obligación del Estado de garantizar y procurar una explotación de los recursos naturales sostenible. Estamos ante bienes jurídicos constitucionales dignos todos ellos de protección en este caso, los cuales deben ser armonizados a través de una adecuada ponderación, y recurriendo al principio de proporcionalidad. Es decir, el gobierno peruano no solo debe proteger los intereses del gran capital, también debe preocuparse por garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

26-05-09

LA PROTESTA

AMAZÓNICA

Nota de los editores.- ¿Cuáles son las razones de la actual protesta amazónica? Pedro García-Hierro, ex Asesor de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en una carta aclaratoria a un periodista local, señala, entre otros puntos, las razones de fondo de la protesta de los pueblos amazónicos, por las que su máximo dirigente, Alberto Pizango, ha sido denunciado "por alentar la rebelión, sedición y conspiración"

- El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.

- El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.

- El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

- El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.

- El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.

- El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.

- El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.

- El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.

- El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.

- El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.

- El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.

- El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.

- El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.

- El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.

Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más.

Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.

Petróleo

LA CAUSA DEL CONFLICTO

Pedro Francke

La causa del conflicto en la Amazonía es el empecinamiento de Alan García en explotar todo el petróleo que hay allí, a como de lugar, rápidamente. En una sola ronda de licitaciones otorgó concesiones para la explotación petrolera hasta que éstas alcanzaron 49 millones de hectáreas de la amazonía, el 72% de su territorio. Brasil, cuya área amazónica es mucho mayor que la nuestra, no tiene concesiones petroleras ni por la séptima parte que el Perú. Mucho menos Colombia, que también tiene un gobierno de derecha y neoliberal.

¿Es esta la mejor estrategia para nuestra economía? Recuérdese que el petróleo sólo puede extraerse, y venderse, una vez. Se agota. Es verdad que podríamos sacar el petróleo y luego invertirlo juiciosamente en favor de las generaciones actuales y futuras, pero cuando todo ese dinero está en manos de nuestros gobernantes, puede desaparecer con facilidad.

La corrupción prevaleciente en el Perú, como lo mostraron los petroaudios de Romulo León y el “faenón”, indican que mejor es no sacar todo el petróleo a la vez, sino paulatinamente. Como dice el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “el subsuelo puede ser el mejor sitio para guardar esta riqueza, sobre todo si existe el riesgo de que el gobierno use esos ingresos para sus propósitos antes que para el bien público” (*).

Por otro lado, el haber concesionado de golpe enormes territorios tampoco es buena política. Refirámonos a Stiglitz nuevamente: “Cuando la competencia por los recursos es limitada – y sobre todo cuando se sabe que es limitada – el precio que prevalecerá será menor. Una forma de limitar la competencia es licitando súbitamente un gran número de lotes – aumentando la oferta de tal manera que la demanda por cada lote sea limitada” (*).

Imagínese, amigo lector, que Usted fuera dueño de 50 edificios en Lima. ¿Remataría todos los departamentos en un solo día, vendiendo a cualquier precio? Ni siquiera en la bolsa de valores, donde hay miles de compradores, un inversionista pone a la venta cantidades muy grandes de acciones de la misma empresa en un solo día. Eso lo sabe hasta el corredor de bolsa más novato.

Pero ese remate acelerado es precisamente lo que hizo este gobierno en el “faenón” del petróleo.
Este remate se ha realizado sin ningún diálogo con los pueblos indígenas, por lo que violenta Convenios internacionales suscritos por el Estado peruano. La explotación petrolera viene generando además costos ambientales, con efectos sobre la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigres y Corrientes donde opera Pluspetrol, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasan los límites aceptables de cadmio en la sangre. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos.

La actual protesta indígena se explica porque su salud y su vida están amenazadas, y tienen la ley de su parte. Pero reconocer que tienen la razón facilitaría además promover otras opciones de desarrollo amazónico basadas en el aprovechamiento del agua, el bosque y la biodiversidad en alternativas como el turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero y los bionegocios. Todo ello debe hacerse consultando a los pueblos amazónicos, nunca imponiéndoles a sangre y fuego decisiones tomadas en la capital.

(*) J. Stiglitz: “The role of the state” en J. Sachs, J. Stiglits y M. Humphreys “Escaping the resource curse”, paginas 15 y 31, traducción propia.

25-05-09

UNA PLÉTORA

DE CAPITAL

Natalia Aruguete

En diálogo con Cash, el investigador marxista Rolando Astarita señaló que en el último cuarto de siglo hubo una expansión mundial del capitalismo, que la brecha entre ricos y pobres no impidió el crecimiento de los mercados y que la crisis no se dio sólo por un mal funcionamiento del mercado financiero, sino de la economía en su conjunto.

Desde diversas posturas económicas, sobre todo progresistas y heterodoxas, se afirma que estamos en una época de hegemonía del sector financiero sobre el productivo y en una hipertrofia del capital especulativo, que dejó al descubierto el estancamiento de la economía mundial en los últimos treinta años. En diálogo con Cash, el investigador marxista Rolando Astarita señaló, en cambio, que, en realidad, en el último cuarto de siglo hubo una expansión mundial del capitalismo, que la brecha entre ricos y pobres no impidió el crecimiento de los mercados y que la crisis no se dio sólo por un mal funcionamiento del mercado financiero, sino de la economía en su conjunto. “Lo del capital ficticio hay que ponerlo en proporción, no debe hacernos perder el análisis estructural”, explicó.

¿Cree que la crisis financiera marca la caída de “la dictadura de las finanzas”?

–No veo que haya una dictadura de las finanzas, sino un dominio del capital en general, acentuado de manera muy profunda a partir de los años ’80. En el último cuarto de siglo, el disciplinamiento del capital sobre las clases trabajadoras operó a través de mecanismos directos pero también del mercado, con políticas monetarias duras, aperturas comerciales, flexibilización laboral. Pero no veo distinción de sectores dentro del capital.

Sin embargo, el crédito y las deudas crecieron en todo el mundo. ¿Esto pudo haber afectado el desarrollo de la economía real?

–Nunca hubo desarrollo del capitalismo sin desarrollo del crédito y de una monetización de la economía. Desde la perspectiva de Marx, el crédito es una palanca de la acumulación del capital. Esto también se ve en la fase que va de 1890 a 1929. En China, junto con la expansión capitalista crecieron sus índices monetarios y la participación de los mercados financieros. Pero el crédito también potencia las posibilidades de especulación, sobreacumulación y crac. Marx trabajaba con tendencias y contra-tendencias. Hoy, en cambio, se toma un solo aspecto de la realidad.

Algunos sostienen que el crecimiento del crédito prueba el estancamiento del sistema capitalista.

–La idea de que el sistema capitalista está estancado desde hace 25 años no resiste el análisis de la realidad. En los últimos 30 años, la economía capitalista tuvo tasas de expansión superiores al 3 por ciento a nivel mundial. Aunque fueron desiguales: Japón está estancada desde 1992 y Europa tuvo un crecimiento débil. Hubo una expansión geográfica del sistema capitalista, que entró en China, en el Este de Europa y en Rusia, y una profundización de las relaciones capitalistas. El aumento de la productividad en la economía de Estados Unidos desde 1995 fue mayor al 3 por ciento anual. El crédito actúa como una potenciación de tendencias del sistema y muchas veces permite que un ciclo económico se expanda más allá de sus posibilidades. En 2001, Estados Unidos sufrió una recesión suave. La economía creció 0,8 por ciento y el crédito lubricó los mecanismos económicos. Pero la recuperación de 2002 fue débil, con poca generación de puestos de trabajo y recuperación débil de la inversión.

¿Hacia qué sectores se dirigió el crédito en ese contexto?

–Hacia la construcción residencial y al consumo en general; no a las empresas. Desde el 2000, las empresas de Estados Unidos y del G-7 disminuyeron su dependencia del sistema financiero. Hubo un exceso de ahorro y las empresas achicaron sus deudas con los bancos. Incluso, usaron parte de esa liquidez para recomprar sus acciones. No hubo una gran expansión de la inversión productiva, pero tampoco una dependencia del capital productivo con respecto al capital financiero. Las ratios de dependencia volvieron a promedios de los ’70. No se puede decir que haya sido una crisis a lo Hyman Minsky, un autor keynesiano que planteaba que las crisis se producen porque las empresas caen en un sobreendeudamiento y pagan deuda con deuda hasta que la situación explota.

Pero sí hubo una “financiarización de los consumidores”, con la que se amortiguó la crisis de 2001.

–Y además ayudó a la recuperación de 2002. Eso es cierto, lo equivocado es pensar que eso actuó solo. En 2001, la sobreabundancia de capital líquido y la débil inversión se dieron porque la tasa de rentabilidad del capital se venía debilitando desde 1996/97. Ese es el fondo del problema. Se produjo lo que Marx llamaba “una plétora de capital”: abundante capital líquido, tasas de interés muy bajas (motorizados por la Reserva Federal y por la entrada de capitales que buscaban refugio en Estados Unidos) y una sobreoferta del crédito. Esos capitales líquidos terminaron en el sector de la construcción, donde encontraron un campo de expansión relativamente rápido. Y terminó explotando.

También se plantea que, desde los años setenta, el mundo asiste a una crisis de sobreproducción combinada con una crisis de subproducción.

–Hay dos tipos de explicaciones de las crisis. Una, que el problema de las crisis se dio por las finanzas. Otra, que en Argentina se repite bastante, dice que se debe a una importante desigualdad en los ingresos, lo que produjo una crisis de consumo por falta de demanda. Creo que esto tampoco explica lo que sucedió. En el último cuarto de siglo, hubo un proceso de “proletarización”, enormes masas de la población se incorporaron al ejército de asalariados. Los casos más resonantes son China y la India. Esto supone una ampliación de los mercados, aun cuando haya una brecha creciente en los ingresos. Según The Economist, en Estados Unidos, el 0,1 por ciento de la población gana 77 veces más que el 90 por ciento. En los ’70 esa diferencia era de 1 a 20. También en China crece la desigualdad. Pero no es cierto que si crece la desigualdad no crecen los mercados.

En este crecimiento de la economía capitalista, ¿cómo se compone el producto bruto en el mundo?

–En el caso de Estados Unidos, desde la recuperación de 2001 se generaron fenómenos de sobre-acumulación de capital y caída de la tasa de rentabilidad. Ese es el telón de fondo de la crisis. Sobre esto actuó el factor financiero, pero también el crecimiento desproporcionado en la construcción residencial entre 2001 y 2007. Su participación en el Producto pasó de 4,2 a más del 6,0 por ciento. Esto genera tensiones, porque un sector está creciendo a tasas muy superiores al resto, en un contexto en que la inversión se mantiene débil. Esto potenció el sistema del crédito y se dio una sobre-expansión del sector en relación con las necesidades de la economía.

Tomando sólo el sector financiero, ¿el crecimiento de su participación en el PIB de Estados Unidos supuso un cambio o una continuidad respecto de etapas anteriores?

–No me parece que la tasa de crecimiento se haya acelerado desde 1979/80. Entre 1895 y 1929, la tasa de crecimiento de ese sector en Estados Unidos fue superior a los últimos veinte años. Con la crisis del ’30 bajó su participación en la economía y recuperó terreno desde la década del ’50, con un crecimiento relativamente constante desde 1960. No hubo un quiebre importante en los ’80, aunque sí aumentaron mucho las tasas de interés: entre 1979 y 1985, el peso de los intereses en las balanzas empresarias subió considerablemente. Esto expresa parte de la tesis de la financiarización, pero no se convirtió en algo permanente.

¿Por qué?

–Se pronosticó que se produciría una punción permanente del sector financiero sobre la ganancia empresaria, mediante la tasa de interés. Y que esto debilitaría al sector productivo y llevaría al estancamiento. Pero insisto en que el peso de los intereses sobre el sector productivo tendió a bajar. Según datos del Official Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos, entre 2006 y principios de 2007, ese peso estaba a niveles de 1970, que era una época keynesiana. Pienso que ésta es una crisis muy grave, muy profunda, pero estamos lejos de una crisis como la del ’30.

¿Entonces cree que no hay un predominio del capital ficticio por sobre el productivo, en detrimento del crecimiento de la economía real?

–Hay que preguntarse hasta qué punto esto es novedoso. Cuando en el sistema capitalista hubo expansión del capital, en la Bolsa de Valores hubo sobrevalorizaciones. Tradicionalmente, un promedio de esta ratio estaría en 10 años de price earning. En momentos de euforia bursátil, alcanzó 20 o 30 años. Esto ayuda a la inestabilidad del sistema capitalista, ya que provoca inflación de ganancias que desaparecen de la noche a la mañana, pero éstas no crecen al margen del trabajo productivo.

¿Cree que la crisis actual refleja este mecanismo?

–Aquí han estallado activos financieros ligados al crédito, que se había sobrevalorizado. El estallido refleja que la economía estaba funcionando mal. Lo del capital ficticio hay que ponerlo en proporción, no debe hacernos perder el análisis estructural. Al extraer la plusvalía y realizarla en los mercados, puede haber inflaciones que terminan reventando. Pero, si bien agravan la inestabilidad, no explican en sí mismas las crisis.

¿Se puede establecer alguna relación entre el exceso de ahorro y la tendencia a la financiarización de la economía?

–Este exceso de ahorro se debió a la debilidad de la inversión productiva. En determinado momento, hubo sectores que han sobreacumulado. Los neoclásicos lo interpretaron como una decisión de los hogares cuando, en realidad, fue por debilidad de la inversión. Un ejemplo es la caída de la inversión en Asia –con excepción de China– después de la crisis de 1997/98. Esta masa de capital líquido presiona sobre el sector financiero al buscar su valorización. Pero hay que destacar la relación de causalidad. El crecimiento de este sector es consecuencia de la acumulación del capital, no opera por fuera del conjunto de los problemas de esa acumulación. La interpretación de los neo-keynesianos –que hoy son el mainstream– es la del acelerador financiero. Es decir, el uso de los activos financieros como colaterales en préstamos hace que, en determinado momento, se produzca un shock que se potencia a través del mecanismo financiero.

¿Y usted qué opina sobre ese diagnóstico?

–Tiene aspectos de la realidad importantes, pero no analiza a qué se debe el shock, de dónde viene. Es el propio sistema de la competencia capitalista el que obliga a un banco a competir con otros para ofrecer más rentabilidades. Si no los ligamos a los problemas de fondo, no entendemos por qué esas especulaciones pueden estallar en una brutal crisis financiera, que no siempre afecta a la economía. Por ejemplo, el crac de Wall Street de 1987 no derivó en una crisis global y fue la segunda gran caída de la Bolsa de Estados Unidos.

En la cumbre del G-20 se propuso una mayor regulación de los mercados como forma de apuntalar la situación económica, ¿cree que ésa sería una solución?

–En el G-20 la regulación de los mercados se planteó como gran cuestión para después de la crisis. Hoy la discusión es hasta qué grado hay que tener intervención estatal y si se van a aplicar o no medidas proteccionistas. Todo el mundo pide que no haya medidas proteccionistas pero, en el fondo, muchos las aplican. Sobre esto quisiera hacer dos reflexiones. Los mercados financieros y capitalistas presionan por eludir las regulaciones. Las regulaciones de Basilea establecieron que los bancos debían tener cierta ratio de capital en relación a su cartera de activos. Pero éstos diseñaron “Sociedades de Propósitos Especiales” (especie de fideicomiso) para armar sus operaciones por fuera de balance y, luego, comprar los papeles que emitían esas entidades.

¿Y la segunda reflexión?

–Lenin decía que estaban bien las consignas pero hay que pensar quién las aplica. En el G-20, se planteó que el FMI debe retomar poder para regular. Ese organismo está gobernado por las grandes potencias, los grandes banqueros y el capital internacionalizado. Va a responder a esos intereses. Es un control de los altos mandos del capital para evitar desequilibrios. No hay controles en abstracto.

Página/12

17-05-09

CONTINÚA

EL CAOS CAPITALISTA

Eduardo Andrade Bone
Argenpress

Desde los círculos económicos y financieros de la Unión Europea, se despliegan grandes esfuerzos por hacerle creer a la opinión pública, que se están produciendo signos de recuperación económica, como una forma de minimizar los costos que ha generado y seguirá produciendo el descalabro económico y financiero que vive el sistema capitalista en sus diversas expresiones y a escala mundial.

Sin embargo, lo cierto es que en la vieja Europa el ejército de desempleados sigue creciendo de forma alarmante y la contracción del producto interno bruto ya casi se encuentra por los suelos. Por ejemplo, en países como España la crisis económica de los capitales ha puesto termino a la existencia de más de 100.423 empresas, lo que representa la desaparición del 7,1% de las empresas españolas en un año, de acuerdo a los antecedentes hechos públicos por la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (Conae).

Ahora los efectos y consecuencia de la crisis generada por la mafias del mundo financiero norteamericano y europeo, según señalan directivos del Banco Alemán recién esta comenzando a afectar la destrucción de empleos. Además porque el mundo empresarial en sus diversos niveles, no tiene ninguna disposición en contribuir a superar la crisis en beneficio del bien común. Recordemos que fuentes económicas europeas nos indican que la cesantía estaría alcanzando los 20 millones de nuevos parados, tan solo en el viejo continente.

De allí que ante la anarquía económica existente en la toma de medidas, tanto en Europa, Estados Unido y Japón no se observan signos de recuperación económica reales y a cada paso surgen efectos colaterales imprevistos y difíciles de manejar o reordenar. Para muestra un “botón”, el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona del euro y de la Unión Europea (UE) descendió en el primer trimestre un 2,5%, el mayor descenso desde que Eurostat inició la serie histórica en 1995. Ahora todos los pronósticos siguen indicando que la caída del PIB a escala de las economías antes mencionadas, seguirá desplomándose.

Es tal además el cúmulo de contradicciones existentes en los “iluminados” y expertos económicos del mundo capitalista, que aún no saben con certeza como resolver la crisis y el tiempo que esta durara o hasta donde la extenderán, o lo que se busca generar con ella. De allí que todos los “paquetes de medidas” implementados por los gurúes del sistema capitalista en beneficio de los especuladores y la mafias que componen el sistema financiero internacional, no ha hecho otra cosas que empeorar la situación a escala global.

Pero si ha dejado al descubierto lo corrupto que se encuentra su sistema económico en sus más diversos niveles. Por ejemplo, y nos volvemos a remitir a España, Caja Madrid adquirió en abril un BMW serie 7 blindado por valor de 510.717 euros para que su presidente, Miguel Blesa, pueda ser trasladado de forma segura, según dan a conocer medios de prensa del país ibérico. La adquisición del BMW se produce también en un momento en que la cuarta entidad financiera del país ha presentado un nivel de morosidad en el primer trimestre que ronda el 5%, uno de los más altos del sector.

Otro ejemplo de la corrupción en los altos niveles del mundo financiero español y que también se da en el resto de Europa. Los ejecutivos de Caja Castilla-La Mancha por parte del Banco de España, no han renunciado a sus lujosos privilegios disfrutando de automóviles oficiales con chofer, uso exclusivo de las tarjetas VISA oro con fondos indefinidos y sueldos multimillonarios con primas extras de todo tipo.

Mientras tanto los bancos continúan en apuros, el gobierno belga haciendo uso de los recursos públicos ha ido en el rescate de KBC que se encontraría al borde de la quiebra. Otras entidades bancarias golpeadas por la crisis son Natixis de capitales franceses, le siguen el Banco Popular, el Banco del Crédito Agrícola y el cuarto banco galo de propiedad de Caisse d’Epargne, también se encuentra en apuros.

Mientras tanto las entidades financieras continúan anunciado el despido de sus empleados, como es el caso de American Express ha dado a conocer el despido de unos 4.000 empleos, que equivale a un recorte del 6% de su plantilla, entre otras medidas con las que pretende ahorrar alrededor de 800 millones de dólares (unos 590 millones de euros) en lo que queda de año. O la industria alemana Schaeffler, dedicada a producir componentes para automóviles y que ha anunciado el despido de 4500 trabajadores.

En los países que forman parte de los epicentros principales de la crisis (EE.UU., UE y Japón) del capitalismo salvaje siguen cayendo las ventas del sector servicio, la morosidad de los ciudadanos que se encuentran endeudados por determinados tipos de créditos sigue creciendo. Los pedidos a las industrias que forman parte de la economía real sigue en descenso, las caídas en algunos países se remontan alrededor del 20% de la industria manufacturera en el transcurso de un mes.

Ahora los máximos directivo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades del sistema capitalista mundial, viven en una incertidumbre permanente, sin saber a ciencia cierta, hacia donde se dirige la brújula del sistema. Ni siquiera ellos tienen claro cuando será el momento que se produzca una cierta recuperación económica. Y permanentemente usan un vocabulario de profetas o astrólogos, más que de economistas serios y responsables para enfrentar la crisis que ellos mismos han generado.

De allí que el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellic, Jean-Claude Trichet, director del Banco Central de Europa, y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, en su encuentro secreto en Grecia, resolvieron que hay que seguir descargando la crisis en los estratos sociales de menores ingresos y en las capas medias endeudadas y cada vez más empobrecidas, hasta que no se vean visos de un crecimiento real de la economía mundial.

De allí que todas las medidas están dirigidas a salvar de una catástrofe mayor a todo el sistema económico y financiero del mundo capitalista a escala global, minimizar sus efectos en la economía real y reducir las peligrosas consecuencias sociales que se puedan derivar de la crisis.

Ahora en la vereda del frente, el movimiento sindical y sus dirigentes a escala global, se encuentra desconcertado ante la crisis, muchos de sus líderes se han arrodillado ante el capital neoliberal y sin una capacidad real de respuesta ante la avalancha de cesantía que están generando los que dirigen y controlan la economía capitalista mundial. Las mayores movilizaciones ante la crisis se han llevado a cabo en países como Grecia, Alemania o Francia, pero estas restan de tener el carácter de masas al cual estaba acostumbrada la clase trabajadora.

En países como Suecia, los dirigentes de los sindicatos más importantes y de la central obrera (LO), han terminado corrompidos antes las políticas económicas neoliberales implantadas en el país escandinavo.En el ámbito de la política propiamente tal, las fuerzas progresistas y de izquierda a escala mundial, se encuentran debilitadas y en muchos casos divididas, lo que les impide enfrentar como una sola fuerza a los representantes de los capitales y su crisis económica. Permitiendo así, que el sistema capitalista a escala mundial tengan el campo completamente libre para seguir golpeando con sus crisis a los estratos sociales de menores ingresos de los más diversos países del mundo.

24-05-09

EUROPA

SE HUNDE

En su Panorama Económico Mundial, publicado el 23 de abril último, el FMI advertía que Europa enfrenta una recesión más profunda y una recuperación más larga que EEUU y el resto del mundo. Como resultado, la Unión Europea (UE) se ha convertido en la región donde las perspectivas de que la crisis llegue pronto a su fin son más distantes, estimaba el FMI. Los últimos datos confirman dramáticamente esas previsiones, y revelan que la crisis recesiva se expande por toda Europa y el colapso financiero con desaceleración económica y desempleo se contagia aceleradamente tanto por las economías centrales del euro como por los países del Este que afrontan crecientes huelgas y protestas sociales con "amenazas a la gobernabilidad". Los últimos números publicados esta semana ratifican esa tendencia y agravan el escenario en las potencias más ricas.

Europa se hundió en la recesión durante el primer trimestre del año y en Japón se acentuaron las presiones deflacionarias a causa de la crisis económica mundial, con lo cual se reducen las posibilidades de recuperación de EEUU, que tuvo datos menos negativos, según las estimaciones de analistas económicos.

El Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro registró una contracción récord del 2,5% en el primer trimestre de este año respecto al trimestre anterior. La contracción es más profunda que en EEUU -1,6% en el mismo período- a pesar de que la crisis financiera empezó en la otra orilla del Atlántico. El Banco Central Europeo dijo que la recesión será al menos el doble de la prevista. Esta caída no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, es decir desde hace más de medio siglo. El BCE prevé las primeras cifras de crecimiento para 2010, con un raquítico 0,2%. Se trata del cuarto retroceso consecutivo del PIB de ese espacio monetario formado por 16 países, y la caída es similar a la del conjunto de la Unión Europea (UE, 27 países).

El Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania, la economía locomotora del euro, sufrió en el primer trimestre de 2009 un retroceso del 3,8%, lo que confirma que este país se encuentra sumido en la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Además, este viernes, se informó que Francia, la otra gran "locomotora" económica europea, ya está también en recesión. La economía francesa entró oficialmente en recesión al caer por segundo trimestre consecutivo. Además, los datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadísticas, muestran un desempleo récord de la Eurozona y del conjunto de la UE. El PIB francés se contrajo un 1,2% en el primer trimestre y un 1,5% en el trimestre anterior, después de haber caído un 0,2% en el tercer trimestre de 2008 y 0,4% en el segundo, indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE). La economía gala destruyó en los tres primeros meses de 2009 más puestos de trabajo que en todo 2008, haciendo aumentar el desempleo en casi 150.000 personas desde principios de año.

Cifra que parece ridícula frente a la española, que en el mismo período ha dejado sin empleo a casi 800.000 personas. La economía de España, fuertemente aquejada por la crisis global, sufrió en el primer trimestre de 2009 su mayor contracción en 50 años, según cifras oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el jueves pasado que el PIB (Producto Interno Bruto) cayó un 1,8% en relación con los últimos tres meses de 2008 y un 2,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El INE aclaró que se trata de cifras preliminares y que los datos definitivos se conocerán la semana próxima. No obstante, los economistas advirtieron que se trata del peor retroceso de la economía de España desde 1950.

En cuanto a Gran Bretaña: "Sencillamente no sabemos, y nuestros modelos tampoco. La situación es de lo más imprevisible". Ése fue el inquietante mensaje que lanzó el Banco de Inglaterra en su último diagnóstico sobre la economía británica. Ni siquiera se conoce si ésta seguirá experimentando o no una contracción en 2010 y 2011. Lo mismo ocurre con la inflación, donde hay “riesgos significativos en ambas direcciones”. En cuanto a los bancos comerciales, se desconoce si disponen o no de capital suficiente, señala el Financial Times. Lo único que el Banco sabía a ciencia cierta durante la publicación el miércoles del informe trimestral sobre inflación era que la recuperación será lenta, afirma el diario londinense.

También caen las economías de Austria y Holanda un 2,8%, Italia un 2,4%, Grecia un 1,2% Eslovaquia un 5,4%, la República Checa un 3,4%, Bulgaria un 3,5%, Rumania un 2,6% y Hungría un 2,3%. Italia, en recesión desde el tercer trimestre de 2008, tuvo en el período enero-marzo de este año una contracción de 2,4% de su PIB. España ya había revelado el jueves un retroceso de 1,8% de su actividad en ese mismo período.

La publicación de esos datos provocaron una depreciación del euro frente otras divisas. La moneda europea se cotizaba a primeras horas de la tarde del viernes a 1,3576 unidades por dólar, frente a 1,3638 la víspera en Nueva York. El euro también caía a 95,27 yenes, frente a 95,20 el jueves. Los sindicatos europeos protestaron estos días -el viernes en Bruselas- en lo que ya llaman "manifestaciones paneuropeas" contra la pérdida de empleos. Las marchas se han producido también en Madrid, Praga y Berlín. Las malas noticias para el empleo continúan, después de que la británica British Telecom anunciara el despido de 15.000 trabajadores. La inflación se mantuvo en el 0,6% en abril y dio un respiro ante los temores de que acabe derivando hacia deflación, que haría mayor la pérdida de puestos de trabajo y más difícil la salida de la crisis. Aunque algunos países, como Francia y España, llevan dos meses viendo caer los precios.

El colapso en Europa del Este

La crisis sigue colapsando a Europa del Este, con contracciones en el primer trimestre de 2,3% en Hungría, 2,6% en Rumania y 3,5% en Bulgaria, el más pobre de la UE. El retroceso fue de 3,4% en República Checa. Los economistas advierten que la zona euro corre un riesgo mucho mayor de un deterioro más profundo que otras regiones debido a la aguda crisis económica, fiscal y política en Europa del Este, así como el deterioro en la calidad de los activos de sus bancos.

Las turbulencias económico financieras, y los disturbios sociales y sindicales ya se llevaron puestos a los gobiernos de Bélgica e Islandia, y comienzan a generar inestabilidad y principios de caos social en las primeras potencias del euro, como Francia y Reino Unido, además de arrasar con las ex naciones comunistas de Europa del Este, donde se han registrado algunas de las mayores movilizaciones de los últimos 20 años.

A medida que las consecuencias de la desocupación y el desplome del poder adquisitivo del salario se hacen sentir por toda Europa, la protesta baja a la calle en cada vez más países para expresar el descontento. El malestar social que generan la desocupación creciente y el deterioro de las condiciones salariales, así como el achicamiento de la capacidad de consumo, exacerba el estado de frustración colectiva, provoca pérdida de confianza en los políticos y alimenta las huelgas y protestas sociales que comienzan a extenderse por toda la geografía europea.

Hay un punto central de fricción entre las naciones desarrolladas del euro y los países del Este: Los bancos y corporaciones trasnacionales de las potencias centrales del euro son auxiliados con subsidios y proteccionismo estatal, en tanto que sus filiales situadas en Europa del Este no reciben esos beneficios y en consecuencia sufren la peor crisis recesiva de la región despidiendo trabajadores y deteriorando las condiciones laborales y el poder de consumo de las mayorías.

Las tensiones que salieron a flote en las últimas cumbres dejaron de manifiesto la dificultad de forjar una estrategia coherente para combatir una recesión que ha golpeado a los 27 miembros del bloque con fuerza desigual. Incluso los líderes de Europa Central y del Este, la zona más afectada por la crisis, mostraron divergencias acerca de los "planes de rescate".

En verdad el mayor peligro que enfrenta Europa Occidental, aparte de sus propios desequilibrios debidos a la crisis, es el enorme agujero en que se han convertido los países del Este. Esa región le debe a la banca de las naciones centrales europeas más de 1,5 billones de euros.

La crisis recesiva empieza a ejercer presión sobre los presupuestos de algunos gobiernos del euro, y en general de los países del Este, que aumentan sensiblemente sus gastos para estimular su economía en medio de una caída de sus recaudaciones tributaria por la desaceleración económica.

En ese escenario, las potencias dominantes del euro, cuyos bancos centrales y redes de bancos privados lideran el negocio con los rescates y "salvatajes financieros" entre los miembros del bloque, se muestran cada vez más renuentes a prestar dinero a los países cada vez más "insolventes" de Europa del Este.

Como dicen los operadores de Wall Street: "Los negocios son negocios, incluso durante la crisis", y el sionismo financiero de Europa y EEUU sólo prestan a quienes pueden pagar los intereses y devolver el capital.

Rebelión

24-05-09

EL SECUESTRO DEL

CONOCIMIENTO
(Los fondos para la investigación académica

bajo el control de las empresas)

George Monbiot

¿Por qué el Consejo de Investigación Médica está dirigido por un industrial del armamento? ¿Por qué el Consejo de Investigación Medioambiental está gestionado por el director de una empresa de la construcción? ¿Por qué el presidente de una firma inmobiliaria es quien gestiona los fondos para la educación superior en el Reino Unido?

Simplemente porque el gobierno ha convertido nuestras universidades en departamentos empresariales de investigación. La búsqueda del conocimiento ha dejado de ser un fin en sí mismo: ahora la máxima aspiración es encontrar mejores formas de hacer dinero.

A finales del mes pasado, sin que la prensa haya dado cuenta de ello, se produjo una silenciosa revolución intelectual. Los consejos de investigación, que aportan el 90 por ciento de los fondos para la investigación académica en el Reino Unido [1], introdujeron un nuevo requisito para las personas que solicitan una beca: ahora deben justificar el impacto económico del trabajo que quieren llevar a cabo. Los consejos definen impacto económico como “la contribución demostrable que la investigación tendrá en la sociedad y en la economía” [2]. Pero, ¿cómo se demuestra el impacto económico de una investigación nueva antes de que se lleve a cabo?

La idea, afirma el gobierno, es transferir el conocimiento desde las universidades a la industria, impulsando la economía del Reino Unido y ayudándonos a salir de la recesión. No hay nada malo, en principio, en la comercialización de los descubrimientos científicos. Pero imponer esta condición a la búsqueda de cualquier conocimiento no nos enriquece: nos empobrece al reducir las maravillas del universo a cifras en un libro de contabilidad.

Imagínense a Charles Darwin intentando rellenar esta solicitud de beca antes de embarcarse en el Beagle [3]: “Explique cómo su investigación podría revertir en el bienestar del país, en su riqueza o en su cultura. Por ejemplo, impulsando la economía global y, específicamente, la competitividad económica en el Reino Unido. ¿En cuánto tiempo se pueden obtener estos beneficios?” [4]. Si Darwin hubiera dependido de una beca del Consejo de Investigación del Reino Unido, nunca hubiera zarpado.

El gobierno insiste en que, en lo fundamental, no ha cambiado nada; que el Principio Haldane, el cual establece que el gobierno no debe interferir en las decisiones de investigación, sigue en vigor. Sólo los consejos de investigación, afirman los ministros, deben decidir quien será el beneficiario de los fondos.

Esto es una falsedad similar a las que utilizan los propietarios de la prensa. Algunos insisten en que nunca interfieren en las decisiones que se toman en sus periódicos, pero los directores que han nombrado, que comparten sus mismos puntos de vista, saben perfectamente qué se espera de ellos. Los presidentes de los cinco consejos que financian la investigación científica [5] y los de los tres consejos que financian la educación superior [6] (que aportan el grueso de los fondos a las universidades) son o han sido altos ejecutivos empresariales. Esos hombres dependen de Lord Drayson, ministro de Ciencia e Innovación, quien antes de ser ministro fue director general de PowderJect, una compañía farmacéutica. Paul Drayson estuvo implicado en una polémica que para muchos simboliza la inexistencia de barreras reales entre gobierno y empresas.

El 30 de noviembre de 2001, el gobierno británico decidió comprar grandes cantidades de una variante de la vacuna antivariólica, denominada cepa Lister. La única empresa que tenía la suficiente cantidad de vacunas era una empresa llamada Bavarian Nordic. El 6 de diciembre de 2001, Paul Drayson formaba parte del reducido grupo de hombres de negocios que desayunaron con Tony Blair, el entonces primer ministro británico. En aquella época, Drayson hizo una donación de 50.000 libras esterlinas [entonces aproximadamente unos 75.000 euros] al Partido Laborista. Muy poco después, responsables gubernamentales solicitaron la compra de la vacuna a Bavarian Nordic. Les dijeron que ya no podían suministrársela porque PowderJect acababa de comprar la distribución exclusiva de los derechos para el Reino Unido [7], por lo que el gobierno tuvo que comprar las vacunas a la empresa de Drayson. A PowderJect se le pagaron unos 48 millones de euros, 30 millones de euros más de lo que PowderJect pagó a Bavarian Nordic [8].

Tanto la oficina del primer ministro como Paul Drayson se negaron a responder a las preguntas sobre si la compra [de la vacuna] de la cepa Lister se discutió en el desayuno de Downing Street. No ha quedado claro si Lord Drayson conocía en aquel momento la decisión del gobierno de elegir esa cepa de la vacuna.

Sin duda Drayson se lleva muy bien con Sir John Chisholm, presidente del Consejo de Investigación Médica. Chisholm creó una empresa de software militar antes de convertirse en el director de la Agencia gubernamental de Investigación de Defensa. Fue él quien convirtió esta agencia en una empresa comercial llamada QinetiQ, mediante un proceso de privatización que culminó siendo Lord Drayson secretario de adquisiciones del Ministerio de Defensa. Durante este proceso [de privatización], Sir John pagó alrededor de 194.000 euros por una participación en la empresa. Cuando QinetiQ cotizó en bolsa, su valor alcanzó los 39 millones de dólares [9]. El ex director de la Agencia de Investigación de Defensa describió estos hechos como “la mayor de las codicias” [10]. Lord Gilvert, ex secretario de adquisiciones de Defensa señaló: “[…] Francamente, el dinero obtenido por los altos cargos públicos es obsceno […] No contribuyeron en absoluto al cambio de la compañía, fue el trabajo del equipo de investigación quien lo logró” [11]. Sir John Chishoms continúa siendo el presidente de QinetiQ. ¿Hay alguien fuera del gobierno que crea que esas personas pueden intervenir en la investigación científica en este país?

En marzo, Lord Drayson afirmó ante la Royal Society que “[…] El presupuesto de la ciencia está a salvo […] no habrá recortes para la ciencia pura” [12]. La promesa se rompió un mes después, cuando se transfirió el presupuesto —alrededor de 160 millones de euros— a los consejos de investigación para “apoyar las áreas con potencial económico” [13], lo cual significa intercambio de personal e investigaciones con la industria [14].

Sainsbury Review rige ahora la política científica en el Reino Unido, política que el gobierno afirma ejecutará en su totalidad. La revista está dirigida por Lord Sainsbury, el donante del Partido Laborista, ex ministro de Ciencia y ex director ejecutivo de adquisiciones. Según la revista, los consejos de investigación deben “valorar los objetivos reales de transferencia de conocimiento” para demostrar que la ciencia revierte en la empresa [15]. El presupuesto debería ser, según les informaron, de 180 millones de euros para investigación en colaboración con la industria. Este presupuesto se podría incrementar hasta un máximo de 270 millones de euros para las agencias de desarrollo regional [16, 17]. El gobierno gasta además 225 millones de euros al año en “cambiar la cultura en las universidades: incrementando el trabajo que hacen con un amplio abanico de negocios y aumentando la actividad comercial” [18]. Todo esto no es más que otro rescate encubierto, que ayuda a las empresas con necesidad de financiación para sus propias investigaciones.

El impacto económico resume lo que tienen que escribir los candidatos para asegurarse de que todos los investigadores son conscientes de que el negocio de las universidades es negocio. Como indican los documentos gubernamentales, las universidades ya “aportan incentivos, por ejemplo, el asesoramiento para la promoción” para convencer a los investigadores de que se impliquen en sus negocios [19]. Si la investigación no aporta dinero a alguien, es probable que no llegue muy lejos.

Incluso si esta política se analiza en función de sus propios objetivos, no tiene sentido. La salud de la economía a largo plazo depende de nuevas investigaciones que sólo se deben a sí mismas: cuando los científicos son libres para ir en pos de sus impulsos es más posible que logren esos descubrimientos fortuitos, cuyos impactos en la sociedad y en la economía son mayores e imposibles de predecir. Al obligarlos a colaborar con la industria es más probable que sigan una línea de investigación sobre algo conocido en vez de intentar dirigirse a nuevos campos. Sin embargo, el conocimiento no es simplemente una cuestión de impacto económico, sino de hacerse preguntas, de perspicacia y belleza. A veces el conocimiento puede que no tenga aplicación alguna, pero enriquece al mundo de una forma que a personas como Lord Drayoson les costaría percibir.

Notas:

1. Lord Drayson, conferencia pronunciada para la British Venture capital Association el 17 de noviembre de 2008. Disponible en inglés en: http://www.dius.gov.uk/news_and_speeches/speeches/lord_drayson/venture
2. http://www.epsrc.ac.uk/ResearchFunding/HowToApply/EIFAQs.htm
3. El HMS Beagle, nombre del barco en el que Charles Darwin realizó su expedición científica a la Patagonia y Tierra del Fuego en 1.831 [N. de la T].
4. Véase el documento completo en inglés en: http://www.epsrc.ac.uk/CMSWeb/Downloads/Other/EIGuidanceForApplicants.pdf
5. Los cinco presidentes de los consejos para la financiación de la investigación científica son: Dr. Peter Ringrose, ex director de la oficina científica de Myers Squib en Bristol; John Armitt, es director ejecutivo de la red de ferrocarril; Sir John Chisholm, actual presidente de QinetiQ; Ed Wallis, actual presidente de W S Atkins; Peter Warry, actual presidente de Victrex PLC y de BSS Group PLC.
6. Los tres presidentes de los consejos para la finaciación de la educación superior son: Tim Melville-Ross, ex director ejecutivo de la Nationwide Building Society; Roger Thomas, ex consejero de la firma de abogados Eversheds; John McClelland, actual presidente de Technology Ventures y de NQ Consulting Ltd.
7. David Leigh y Rob Evans, “Papers detail Labour donor’s vaccine deal”, The Guardian, 29 de junio de 2004. Artículo completo disponible en inglés en: http://www.guardian.co.uk/uk/2004/jun/29/politics.freedomofinformation
8. Tania Branigan, “Vacines to net Labour donor’s firm £20m”, The Guardian, 17 de abril de 2002. Artículo disponible en inglés en: http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/17/uk.labour
9. Dominic O’Connell , “£20m boss of Qinetiq set to retire”, Timesonline, 8 de febrero de 2009. Artículo disponible en inglés en: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/technology/article5683362.ece
10. “What Dunfermline meant for Gordon Brown's ambitions”, Letters to the Daily Telegraph, Daily Telegraph, 10 de febrero de 2206. Disponible en inglés en: http://www.telegraph.co.uk/comment/letters/3622997/Letters-to-the-Daily-Telegraph.html
11. David Hencke, “Auditors condemn rushed MoD sale that turned civil servants into multimillionaires", The Guardian, 21 de noviembre de 2007. Artículo disponible en inglés en: http://www.guardian.co.uk/uk/2007/nov/21/military.immigrationpolicy
12. Lord Drayson, conferencia anual en la Academy of Medical Sciences, Royal Society, 3 de marzo de 2009. Texto completo disponible en inglés en: http://www.dius.gov.uk/generate_pdf?id={4D3CEA50-034E-4174-AEF1-9C2EE8341A48}
13. “Budget 2009. Building Britain’s future: Economic and Fiscal Strategy Report and Financial Statement and Budget Report, pág. 136. Documento completo en inglés disponible en: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Budget2009/bud09_completereport_2520.pdf14. John Denham, “Letter to stakeholders on Budget”, abril de 2009. Artículo disponible en inglés en: http://www.dius.gov.uk/budget200915. “The race to the Top, A Review of Government’s Sicence and Innovation Policies”, pág. 11, Texto completo disponible en inglés en: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sainsbury_review051007.pdf 16. Ibid , pág. 66.17. Ibid, pág.152.18. Ibid, Lord Drayson, referido a los Fondos para la Innovación en Educación Superior, 17 de noviembre de 2008.Fuente: http://www.zcommunications.org/zspace/commentaries/3862
George Monbiot es columnista del diario británico The Guardian. Ha trabajado como periodista de investigación en Brasil, Indonesia y África Oriental. Ha impartido docencia en Oxford, Essex y Bristol, entre otras universidades. Es autor asimismo de varios libros, entre los que destacan: Heat: how to stop the planet burning; The Age of Consent: a manifesto for a new world order and Captive State: the corporate takeover of Britain.
Paloma Valverde es miembro de Rebelión y de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI, www.iraqsolidaridad.org).

Traducción: Paloma Valverde

Rebelión

19-05-09