EL NEOLIBERALISMO
EN FILIPINAS

(Nacimiento, apogeo y crisis del neoliberalismo
como ideología hegemónica en las Filipinas)

Walden Bello

El siguiente texto fue presentado en la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de la Sociedad de Sociología de Filipinas el 16 de octubre de 2009. El artículo trata de arrojar luz sobre cómo una ideología logra la hegemonía, cómo se mantiene la hegemonía, y qué sucede cuando las pretensiones de una ideología se contradicen con la realidad.

El neoliberalismo es una perspectiva que defiende el mercado como regulador esencial de la actividad económica y con objeto limitar al mínimo la intervención del Estado en la vida económica. Neoliberalismo en los últimos tiempos se ha identificado con la economía, habida cuenta de su hegemonía como un paradigma dentro de la disciplina, es decir, su exclusión de otras perspectivas como formas legítimas de hacer economía. Dado que la economía se considera en muchos círculos como una ciencia dura, tanto como la física del ser, por ejemplo, el neoliberalismo ha tenido una influencia tremenda y generalizada no sólo en los círculos académicos sino en los políticos. Si bien la Universidad de Chicago se convirtió en la fuente de la sabiduría académica, en los círculos tecnocráticos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se veían como las instituciones clave para trasladar la teoría a la política, a un conjunto de prescripciones prácticas que se aplicasen a todas las economías.

Es sorprendente darse cuenta de cómo el neoliberalismo relativamente reciente se ha convertido en un paradigma hegemónico. Todavía en la segunda mitad del siglo XX la economía keynesiana (años 70), que promueve una buena dosis de intervención estatal como elemento necesario para la estabilidad y el crecimiento sostenido, era la ortodoxia. En lo que solía conocerse como el Tercer Mundo, el desarrollismo era el enfoque dominante. Hubo una tendencia conservadora del desarrollismo y otra progresista, pero ambas vieron el Estado, más que el mercado, como el mecanismo central del desarrollo.

En Filipinas, el neoliberalismo llegó por primera vez en la forma del programa de ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial a principios de 1980, en un intento de este último de reforzar la capacidad de la economía al servicio de su deuda externa abrumadora. El ajuste estructural ayudó a desencadenar la crisis económica de principios de 1980, su efecto de contracción significó el inicio de la recesión mundial. [1] La crisis [de Filipinas] fue la peor desde la Segunda Guerra Mundial, pero el papel de la economía neoliberal en ella se vio empañado por su coincidencia con la profunda crisis política desencadenada por el asesinato de Aquino en agosto de 1983. Para la mayoría de los filipinos, Marcos fue la causa de ambas crisis.

¿Triunfo por defecto?

Durante el período de Aquino, la economía neoliberal comenzó su ascenso a la supremacía ideológica.

En primer lugar, se asoció con varios intelectuales y tecnócratas cercanos a la administración Aquino, que había sido fuertemente influenciada por los gobiernos de Reagan y Thatcher sobre sus experimentos de libre mercado en Estados Unidos y Gran Bretaña. Entre ellos el economista Bernie Villegas y el secretario de Hacienda de Cory Aquino, Jesús Estanislao. Otro centro clave del neoliberalismo emergente fue la Escuela de Economía de la Universidad de Argentina, que había redactado un Libro Blanco sobre la economía de Filipinas en 1985.

En segundo lugar, los análisis remitidos por estos intelectuales estaban en sintonía con el sentir popular. Situaban los problemas económicos del país en lo que se conoce como "capitalismo de amigos", o el uso de las agencias estatales para favorecer los intereses privados de algunos allegados del dictador [Ferdinand Marcos]. El asalto directo sobre el estado keynesiano, tachado de ineficaz, fue la característica más destacada del thatcherismo y el reaganismo y un elemento subsidiario en el caso para la libertad de mercado.

En tercer lugar, no había alternativa creíble al neoliberalismo. El desarrollismo keynesiano, que promovió el papel del Estado como factor estratégico en la primera fase de la ascensión al desarrollo, se vio comprometido por su personificación en la dictadura de Marcos. En cuanto a la visión de la izquierda de "industrialización nacionalista" o "nacional democrática" de la economía, no fue más allá de retóricas y apenas había sido popularizado en el período anterior a la sublevación de EDSA, tal vez debido a la prioridad que el Partido Comunista ponía en la lucha anti-fascista, que exigía infravalorar la opinión de que la democracia nacional es la antesala del socialismo, para formar un frente amplio con los elementos anti-dictatoriales de la élite. Luego, tras el levantamiento de EDSA, la articulación de una alternativa fue desbaratada por la preocupación de la izquierda por las consecuencias de su falta de participación en el acto final de la expulsión de Marcos.

En resumen, la perspectiva neoliberal triunfó por defecto, y esta ausencia de alternativas creíbles a nivel nacional fue complementada por cuatro acontecimientos a nivel internacional: el colapso del socialismo centralizado en Europa oriental, que parecía ofrecer el golpe de gracia a la alternativa socialista, la crisis del modelo socialdemócrata sueco, el aparente éxito de las revoluciones de Reagan y Thatcher en la revitalización de las economías estadounidense y británica, y el aumento de la reciente industrialización de Asia Oriental. Los cuatro [acontecimientos] tuvieron un impacto en el pensamiento de la clase media y las élites, que son, por cierto, llamadas "clases llenas de palabrería" debido a su función discursiva central en la legitimación de las perspectivas sociales y políticas.

¿Cómo fue interpretado el "milagro asiático" por los neoliberales?

Vale la pena observar cómo el aumento de las economías vecinas fue interpretado por los neoliberales para mistificar el neoliberalismo. En opinión de los neoliberales, la clave del el éxito de nuestros vecinos era la hegemonía del mercado. Como dijo Jesús Estanislao, “el gobierno se debe ocupar de una serie de actividades macroeconómicas, como la construcción de infraestructura, por ejemplo, dejando todo lo demás para el sector privado”. Y eso es exactamente lo que Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia han hecho, y eso es lo que México está haciendo, y estamos empezando a hacerlo. "[2]La realidad, sin embargo, es que si bien es cierto que en Indonesia, Malasia y Tailandia, el Estado puede haber jugado un papel menos agresivo que en Corea y Taiwán, el Estado fue el principal impulsor de la industrialización. Por ejemplo, Tailandia comenzó a registrar tasas de crecimiento del 8 al 10 por ciento, deslumbrando al mundo, cuando dio inicio a una fase de "sustitución de importaciones"-el uso de la política comercial para crear el espacio para el surgimiento de un sector de bienes intermedios- durante la segunda mitad de la década de 1980 [3].

En el caso de Malasia, si bien es cierto que algunas privatizaciones y la desregulación a favor de intereses privados se llevó a cabo a finales de 1980, sería un error subestimar el impacto de estas políticas. La compañía petrolera estatal, Petronas, fue siempre calificada como una de las mejores de Asia del Este y una de las empresas más innovadoras y exitosas en la región de Asia oriental era el conjunto dirigido por el Estado bajo la fórmula del joint venture entre una empresa estatal y una empresa de automóviles extranjeros, Mitsubishi, que produjo el Proton Saga, emblema de Malasia, que llegó la saga a controlar dos tercios del mercado nacional y generó un beneficio para sus productores, un ejemplo de todos los pecados de la política industrial que los economistas neoclásicos, como Estanislao, habían advertido: trato fiscal discriminatorio para los competidores, orientación estratégica industrial para manipular los incentivos de mercado para crear una industria local de automóviles y presión a las fuentes locales [fabricantes] de componentes para fomentar el crecimiento de las industrias proveedoras locales [4].

En Indonesia, el Estado se mantuvo durante los años 1980 y 1990 como actor clave en la economía, con empresas estatales aportando alrededor del 30 por ciento del PIB total y cerca del 40 por ciento del PIB no agrícola. Los gastos de capital como porcentaje del presupuesto del gobierno llegaron al 47 por ciento en Indonesia mientras que en Tailandia se elevó la cifra de 23 a 33 por ciento. En cambio, en Filipinas, los tecnócratas de Aquino empujaron hacia abajo los gastos de capital como porcentaje del presupuesto nacional del 26 a 16 por ciento. Dado que el gobierno es el mayor inversor en una economía, esta reducción radical de los gastos de capital no podía sino tener un impacto en los resultados económicos. Mientras Filipinas crecía con un 1-2 por ciento nuestros vecinos lo hacían en tasas del 6 al 10 por ciento.

En suma, nuestros tecnócratas neoliberales se deslumbraron hasta el punto de envidiar el rendimiento de nuestros vecinos, pero no identificaron correctamente la razón para ello. Alegaron que era el mercado, cuando en realidad era el Estado. Si bien una cierta liberalización que estaba produciendo en las economías de nuestros vecinos, esa la liberalización era selectiva en el contexto de un proteccionismo estratégico impulsado por el Estado, cuyo objetivo era profundizar en la estructura industrial.

El apogeo del neoliberalismo

Estas ideas, por desgracia, tienen consecuencias y tal vez no hay mejor manera de ilustrarlo que el esfuerzo para hacer de Filipinas un NIC ( "país de reciente industrialización") en el año 2000, como se dijo, a través de la globalización, es decir, la integración acelerada de Filipinas en el mercado mundial y los circuitos de producción a través del comercio y radical liberalización de las inversiones. El neoliberalismo vivió su fase más doctrinaria y más influyente con el gobierno del presidente Fidel Ramos.

Lo que podríamos llamar la "neoclasificación" de la tecnocracia de Filipinas que se hizo en el gobierno Ramos no muestran tanto el carácter de un golpe de estado intelectual como de un traspaso gradual de las alturas estratégicas de la tecnocracia de libre mercado hacia los ámbitos académico, gubernamental y empresarial, muchos de los cuales habían realizado estudios en los años 1970 y 1980 en los Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando el estado keynesiano había perdido su brillo y el neoliberalismo se había puesto de moda en los departamentos de economía de las universidades de los EEUU. Muchos hicieron sus postgrados en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, incluido el Ministro de Finanzas de Ramos, Roberto de Ocampo. El y sus colegas que han desempeñado un papel destacado de giro del país [hacia el neoliberalismo] actuaron así no sólo por la presión externa del Banco Mundial y el FMI, sino también pos sus creencias "impuestas, tal vez, pero también por dirección política [del gobierno]"[5]. Además, surgió un amplio consenso" entre las élites y la clase media en torno a las reformas de libre mercado"[6].

En cualquier caso, la revolución liberal había logrado una masa crítica en el momento en que Ramos llegó al poder y su hegemonía se consolidó durante su administración[7].

La pieza central del programa neoliberal durante este período fue la liberalización arancelaria: la Orden Ejecutiva 264 de Filipinas se comprometió a bajar las tarifas en todos los productos, menos algunos sensibles, entre el 1-5 por ciento en 2004. En su afán de ponerse al día con nuestros vecinos, lo que nuestros tecnócratas hicieron fue copiar la impresionante tasa de crecimiento del Chile de Pinochet sin ver la desindustrialización y la enorme crisis social provocada por sus políticas de libre mercado.

Además de la liberalización arancelaria radical, el régimen de inversión extranjera fue liberalizado, se flexibilizaron las normas bancarias para que los bancos extranjeros estableciesen sus operaciones en el país, y la cuenta de capital fue casi totalmente liberalizada para atraer a los inversores especulativos, haciendo el peso [moneda filipina] totalmente convertible, permitiendo la utilización completa e inmediata de los beneficios, y la plena utilización de las cuentas en moneda extranjera. En efecto, en la unidad de la administración para alcanzar a sus vecinos, la atracción de la inversión especulativa mediante la eliminación de las barreras de entrada y salida de capital se convirtió en la vanguardia de su estrategia la globalización.

La administración también garantizó que la liberalización se mantendría con los regímenes sucesivos, siendo difícil el dar marcha atrás en estas medidas. Filipinas se unió a la Zona de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), con arancel preferencial de sus efectivos. Bajo este esquema, el año próximo, 2010, todas las tarifas, excepto las de arroz, se reducirán a 0 y 5 por ciento. Más importante aún, Filipinas se unió a la Organización Mundial del Comercio en 1995, una medida que exige la revisión de una gran cantidad de leyes que rigen el comercio, la inversión, y los derechos de propiedad intelectual para que nuestro ordenamiento jurídico sea "compatible con la OMC".

La economía creció una media del 4 por ciento durante el período de Ramos, sobre todo porque después de los años de Aquino, no había lugar a donde ir sino hacia arriba.

Consecuencias de la crisis financiera de Asia

Esta ilusión fue rota por la crisis financiera asiática de 1997. Los fondos especulativos, unos 4.600 millones de dólares, salieron del país. La salida masiva de capital resultó en una recesión y el estancamiento de 1998 a 2000.La crisis financiera asiática dio lugar a una recepción más crítica del neoliberalismo en algunos círculos de elite y clase media. Se comenzó a ver otros países, como Argentina, que debido a su cumplimiento con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio en la Agricultura, la Argentina se transformó de un país exportador neto de alimentos a un país importador neto de alimentos desde mediados de la década de 1990. La liberalización de la industria de inicio con el ajuste estructural de los años ochenta dio lugar a la erosión irreversible de la base industrial del país. La lista de cierres de industrias productoras de papel, textiles, cerámica, productos de caucho, muebles y accesorios, productos petroquímicos, bebidas, madera, zapatos, aceites de petróleo , accesorios de vestir, y artículos de cuero es extensa. En los primeros años de esta década, la industria textil del país se había reducido de 200 a menos de 10 empresas [8].

El veredicto más convincente de más de dos décadas de liberalización lo dio el entonces secretario de Hacienda, Isidro Camacho, Jr., en 2003: "Hay una aplicación desigual de la liberalización del comercio, que es una desventaja para nosotros" [9] (…) “la reforma arancelaria "ha matado a tantas industrias locales." [10] En otros países, la pérdida de la base industrial local a menudo ha sido contrarrestada por los neoliberales, citando mejoras en el bienestar de los consumidores. Esto no fue posible en las Filipinas, donde la tasa de pobreza se mantuvo estancada en 32-35 por ciento de la población.

Grupos de la sociedad civil, así como grupos de presión de la industria local, como la Alianza de Libre Comercio (TLC) fueron centrales en el descrédito de la doctrina neoliberal. Sin embargo, el papel desempeñado por ciertos órganos de gobierno no debe ser subestimado. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura ha liderado con éxito la oposición a una mayor liberalización del comercio agrícola en la OMC. De hecho, este personal [del Departamento de Agricultura] trabaja en estrecha colaboración con grupos de la sociedad civil.

El enfoque doctrinario neoliberal, que fue dominante bajo la administración Ramos ha dado paso en los últimos años a una perspectiva más pragmática porque los datos disonantes ya no pueden ser eliminados. Si bien la tendencia hacia la reducción de aranceles sigue dominando, ahora hay varios casos de inversión. Por ejemplo, un comité de revisión del gobierno constituido con arreglo a la Orden Ejecutiva 241 plantea tarifas en 627 de 1371 bienes producidos localmente para prestar socorro a las industrias que sufren la competencia de las importaciones.

El reciente colapso de la economía mundial debido, entre otras cosas, a la ausencia de regulación de los mercados financieros ha erosionado aún más la credibilidad del neoliberalismo. Sin embargo, sigue ejerciendo una fuerte influencia en nuestros economistas y gestores económicos. En las recientes audiencias sobre el presupuesto en la Cámara de Representantes, la liberalización del comercio se defiende como conducente a una mayor "competitividad"; no se habla de la posibilidad de renegociar nuestra deuda externa al parecer porque nos dará una mala reputación en los mercados mundiales de capital, la globalización sigue siendo alabada como la ola del futuro, y reducir los gastos de capital para equilibrar el presupuesto, incluso si con esto invitamos a una recesión más profunda [11].

¿Por qué esta invocación continua de los mantras neoliberales, cuando las promesas del neoliberalismo han sido contradichas en cada ocasión por la realidad?

En primer lugar, el discurso de la corrupción sigue siendo generalizada para explicar el subdesarrollo de Filipinas. En este discurso, el Estado es la fuente de corrupción, de manera que tener un mayor papel del Estado en la economía, incluso como regulador, es visto con escepticismo. Para muchos filipinos, y no sólo en el discurso de configuración de la clase media, el estado de corrupción - y no las relaciones de desigualdad generada por el mercado y la erosión de los intereses económicos nacionales provocada por la liberalización del comercio y los mercados de capitales - es considerado como el mayor obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico sostenido. No es éste el lugar para discutir esta creencia en detalle, basta con decir en este punto que esta supuesta correlación entre la corrupción y el subdesarrollo y la pobreza tiene poca base en la realidad. [12]

En segundo lugar, a pesar de la profunda crisis del neoliberalismo, no ha habido ningún paradigma alternativo creíble o discurso que ha surgido, ya sea local o internacional. No hay nada como el reto que plantea la economía keynesiana al fundamentalismo de mercado durante la Gran Depresión. Los retos planteados por economistas estrellas como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Dani Rodrik seguirán haciéndose dentro de los límites de la economía neoclásica, con su ecuación de bienestar social con la reducción del coste unitario de producción. Nos guste o no, no sólo los economistas, los intelectuales en general, buscan orientación en el extranjero, incluidas las de los críticos del establecimiento.

Hay un tercer motivo. La economía neoliberal sigue proyectando una imagen de la ciencia dura, debido a haber sido cuidadosamente matematizada. A raíz de la reciente crisis financiera, la formalización extrema y el matematización de la disciplina ha sido objeto de críticas desde dentro de la profesión económica en sí, con algunos alegando que la metodología más que de fondo se ha convertido en el final de la práctica económica, con la disciplina, como resultado, perdiendo su contacto con las tendencias del mundo real y sus problemas. Podría valer la pena señalar que John Maynard Keynes, una mente matemática sí misma, se opuso a la matematización de la disciplina, debido precisamente a la falsa sensación de solidez que le dio a la economía. Como señala su biógrafo, Robert Skidelsky, Keynes era "famoso por su escepticismo acerca de la econometría", los números para él eran "simplemente pistas, los disparadores para la imaginación", en lugar de las expresiones de certezas o las probabilidades de los acontecimientos pasados y futuros. [13]

Superar el neoliberalismo, en definitiva, implica ir más allá de la adoración de los números que a menudo actúan como un sudario a lo real, más allá del cientificismo con que se enmascara a sí mismo como ciencia.

Walden Bello es miembro de la Cámara de Representantes de la República de Filipinas. Anteriormente profesor de sociología en la Universidad de Filipinas en Diliman, es autor o co-autor de 15 libros, el último de los cuales es Guerras de Alimentos (Londres: Verso, 2009). También es presidente de la Freedom from Debt Coalition y analista senior de Focus on Global South.

Notas

[1] Charles Lindsay, "la economía política de la reforma de la política económica en las Filipinas: La continuidad y la Restauración", en Andrew McIntyre y Kanishka Jayasuriya, eds., La dinámica de la reforma de la política económica en Filipinas (Singapur: Oxford University Press, 1992).[2] Jesús Estanislao, entrevistado por Marco Mezzera, 13 de noviembre de 1996.[3] Véase Chaopath Sasakul, Lecciones de la experiencia del Banco Mundial de los Préstamos de Ajuste Estructural (PAE): Un estudio de caso de Tailandia (Bangkok: Tailandia Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, 1992), p. 19, y Narongchai Akrasanee, David Dapice, y Frank Flatters, la exportación de Tailandia, encabezada por el crecimiento: Retrospectiva y perspectivas (Bangkok: Tailandia Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, 1991), p. 17.[4] Véase, entre otros, Richard Doner, "Las coaliciones nacionales y empresas automovilísticas japonesas en el sudeste de Asia", tesis doctoral, Universidad de California en Berkeley, 1987, pp. 511-596.[5] Citado en Jenina Joy Chavez, configuración de la economía política de Filipinas: el papel de los activistas neoclásicos (Manila: Modo, 1996), p. 9.[6] Ibid.[7] Ibid.[8] Alianza de Comercio Justo, Stop desindustrialización: Vuelva a calibrar Filipinas los Aranceles Aduaneros Ahora (Manila: Comercio Justo de la Alianza, 2003), p. 16.[9] Citado en Eric Boras, "gobierno pierde miles de millones a las reducciones arancelarias," Business World, 20 de octubre de 2003.[10] Ibid, p. 26[11] Observaciones del representante Junio Cua, Presidente del Comité de Asignaciones, durante las deliberaciones sobre el Presupuesto de la República 2010 México, 6 de octubre de 2009.[12] Véase Herbert Docena, "La corrupción y la pobreza: ladrando al árbol equivocado", En Walden Bello, Herbert Docena, Marissa de Guzmán, y Marylou Malig, eds., El Desarrollo Anti-Estatal: La economía política de la crisis permanente en Filipinas (London: Zed Press, p. 281.[13] Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: La Economía como salvador (London: Penguin Books, 1992).

Traducido para el CEPRID por Julio Fucik

Fuente: http://focusweb.org/neoliberalism-as-hegemonic-ideology-in-the-philippines-rise-apogee-and-c.html?Itemid=1

Rebelión
20-11-09

ELOGIO Y DEFENSA

DE LA UNIVERSIDAD

Luis Jaime Cisneros

El nombre de la institución universitaria ha estado tan maltratado en los últimos tiempos que siento que mi silencio puede contribuir, por insignificante que sea, al maltrato general. ¡Y no puede ser! Me corresponde decir algo. No elijo la acusación ni la protesta. Elijo el elogio, que mira a la tradición y mira, por lo mismo, al porvenir. Y cuando elijo la tradición, elijo la vieja cultura greco-latina. Muchos creerán que elijo el pasado y que, por eso, no tomo en cuenta el presente. Somos muchos, felizmente, los que comprendemos que porque elijo la tradición estoy mirando a la esencia del trabajo universitario, que está mirando al porvenir. Fueron los griegos los que nos alertaron al respecto. De ellos aprendimos a plantearnos preguntas esenciales sobre el qué y el cómo para alcanzar, así, los primeros caminos del conocimiento.

Mi primer contacto con los estudios superiores lo tuve en el Lycée Francais de Montevideo. Un solo recuerdo, un solo nombre resume todo lo aprovechado. Aprendí a leer un libro maravilloso de Descartes: Régles pour la direction de l’esprit. Leerlo significó analizar y discutir cada una de sus páginas; significó distribuirnos en cuatro grupos para averiguar si podíamos encontrar una explicación sobre el espíritu. Como conclusión anotamos en nuestro cuaderno que habíamos elegido un camino: consistía en no tener miedo de formular preguntas.

Cuando, un año después, en 1939, comencé mi vida universitaria, comprobamos que iniciábamos una ‘carrera’. Esa palabra sigue siendo mi divisa: la he tenido en cuenta en mis largos decenios de docencia. He aprendido a vivirla. La vida universitaria es una vida de permanente ejercicio de lectura e investigación. No suele verlo el estudiante. Pero no dejamos de verlo los profesores. No es el edificio. Es un modus operandi. Es el fruto de un modus agendi en que profesores y estudiantes, en estudiado y armónico trajín nos damos a una tarea en busca del conocimiento, tarea que genera en nosotros inquietudes e intereses, que son las armas que van alimentando y robusteciendo el interés por los temas y generan la necesidad de investigar. Se dice así de fácil.

Pero es en ese hermoso trajín de descubrir cómo se va abriendo en el estudiante el interés, iluminado a veces por las contribuciones de los propios alumnos que nos ayudan a descubrir vías desconocidas de acceso. Quienes hemos tenido oportunidad de ver fortalecerse vocaciones, y las hemos podido seguir a través de breves ensayos, o de sesudas monografías, o de tesis que inauguran nuevas maneras de trabajar, sabemos bien que la real vida universitaria exige precisamente fe en la marcha. Esa fe no la estimulará la perspectiva del éxito. El conocimiento no se compra. En el conocimiento se está comprometido. No aprendemos ni investigamos para ganar. Lo hacemos para saber. Cuando en la academia de Platón se reunían era solamente para saber. El conocimiento nos ratifica como persona.

Cuando volvemos la mirada a los griegos, reparamos en que no nos es fácil atribuirles especialidades. Lo importante era pensar. Y lo que estuvo a la disposición fue siempre la naturaleza. Las ‘humanidades’ de aquella época estaban constituidas, si miramos bien, por las ‘humanidades’ de la era moderna. Si queremos que nos interesen de verdad las humanidades hoy, no podemos desconocer lo que ocurre en el mundo de la economía, ni podemos ignorar en qué están trabajando los físicos, ni podríamos ignorar por qué las drogas atraen tan temprano a nuestros muchachos. Todo esto pertenece hoy al mundo en que un universitario tiene que encarar su responsabilidad. Y a todo eso la institución tienen que hacerle frente.

El fruto del trabajo universitario no tiene que ver con el número de alumnos que tenga una institución, ni con los edificios en los cuales desarrolle su tarea. Una universidad es lo que hacen sus profesores y sus estudiantes: los testimonios se ilustran a través de los libros que publican y las investigaciones que realizan. Las tesis de los estudiantes reflejan el grado de estímulo que han recibido, y van ilustrando sobre los intereses a que la institución está dirigiendo su mirada. Cuando se habla de eso se está hablando de la tarea universitaria, la real, la auténtica.

La República

29-11-09

EL CUENTO DEL TÍTULO

UNIVERSITARIO

Mirko Lauer

El escándalo de viajes judiciales y amarres comerciales Alas Peruanas-congresistas PAP ya es bastante feo de por sí. Pero es probable que lo peor aparezca cuando los investigadores escarben en la performance educativa de esta empresa que emite títulos universitarios. Además no es el único tugurio académico del país, solo el más notorio en estos días.

A la sombra de la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, se ha expandido en los últimos decenios una marea de dudosos centros de educación superior, de los que por lo general salen profesionales dudosos con títulos dudosos. En medio de ese archipiélago una que otra facultad se salva, pero el resultado en conjunto constituye una verdadera estafa a la juventud peruana.

En su última reunión-vitrina en Arequipa los empresarios con más voz volvieron a hacer notar que el deficiente nivel educativo de una mayoría de peruanos es un serio obstáculo al desarrollo. Ese bajo nivel no es casual, ni siquiera natural, sino fabricado por una oferta universitaria que no resiste la menor evaluación independiente.

Quienes habían puesto sus esperanzas en la educación privada como panacea tendrán que repensar las cosas. Las universidades-negocio del sector privado (otra bendición con nombre propio de tiempos fujimoristas) venden un producto igual de malo que el entregado por las peores cuevas del sector público.

Como la demanda de un título, cualquier título, es enorme en el país, las universidades de fantasía han venido acumulando un poder económico que ahora se busca transferir a la política. La universidad propia se ha vuelto una plataforma de lanzamiento político, como lo viene siendo por decenios la propiedad de una estación de radio o TV.

En este panorama la ANR es más parte del problema que de la solución. Una de sus tareas es evaluar a las universidades, sobre todo las nuevas, y publicar un informe anual sobre el sector. Pero nada claro ha salido de allí en este sentido, más allá de un ranking de universidades, que no llega a ser exactamente lo mismo.

De modo que las más que turbias invitaciones y asociaciones de Alas Peruanas son un reflejo bastante exacto de lo que esta corporación viene haciendo en el campo de la educación superior. Cualquier investigación debe visitar esas extralegales sucursales y ver qué están recibiendo exactamente esos pobres alumnos.

Entre el clientelismo político (que no quede distrito sin su universidad), la codicia empresarial, la indiferencia cómplice del Estado y la mansedumbre del público, se viene liquidando la idea misma de lo que es una universidad en la parte baja del espectro académico.

La República
26-11-09

Crisis de la Universidad, crisis de las ciencias sociales y unas palabras sobre el Nobel a Elinor Ostrom

Antoni Domènech

Los estudiantes Edgar Manjarín y Bru Laín grabaron y Leonor Març y Casiopea Altisench transcribieron y tradujeron al castellano la intervención de Antoni Domènech en un diálogo público con el catedrático de teoría económica y ex-rector de la Universitat de Barcelona Joan Tugores. Organizado por la Asociación de Estudiantes Progresistas de la UB, el acto (“Crisis de la Universidad y crisis de las Ciencias Sociales”) tuvo lugar en la Facultad de Económicas de esa misma universidad el pasado 14 de octubre.

Es bueno empezar diciendo que este acto público organizado por los estudiantes es también un acto académico. La vida académica no son sólo las clases, las investigaciones o las rutinarias juntas de Facultad o de Departamento. El buen funcionamiento de una Universidad pública depende también decisivamente de actos modestos como éste, en el que profesores, estudiantes y personal administrativo se proponen reflexionar conjuntamente sobre la situación de una institución que inevitablemente refleja, y acaso de manera eminentemente agudizada, los problemas sociales, económicos, culturales y políticos generales de la sociedad.

No se puede entender lo que, al convocar este acto, habéis llamado ―crisis de la universidad y crisis de las ciencias sociales‖ sin entender que esas ―crisis‖ reflejan, más o menos mediatamente, una ―crisis‖ más amplia, una ―crisis‖ de la vida social. Y eso, contextualizar, es lo que acaba de hacer el profesor Tugores cuando ha sostenido que a lo que estamos asistiendo en las últimas décadas es a una especie de ―venganza de las elites‖: al intento de poner fin al gran movimiento de democratización de la enseñanza en general, y de la educación superior en particular, que se inició en Europa (y en buena parte del mundo, también en los EEUU) tras la derrota política y militar del fascismo en 1945. Eso, si no te entendido mal, Joan, viene a ser una invitación a pensar la crisis de la Universidad europea en el contexto de una Europa, digámoslo así, postantifascista. Invitación tanto más convincente e impresionante viniendo de alguien que ha sido nada menos que Rector de la segunda universidad pública más importante de España, la nuestra, la ―Central‖ de Barcelona.

De lo que yo me propongo hablar ahora es de uno de los aspectos más obvios –y tal vez por eso mismo, menos frecuentemente abordados de una manera explícita— de la ―crisis‖: lo que podríamos llamar el retroceso de la esfera o del espacio público en las últimas décadas. Ese retroceso se puede observar en la vida político-social general, en la educación superior y en el cultivo de las ciencias sociales.

El retroceso del espacio público en la vida social y económica

El retroceso del espacio público en general es suficientemente obvio. Me limitaré aquí a observar tres de sus manifestaciones más agudas:

1) El saqueo o expolio del patrimonio público, es decir, de bienes comunes que se construyeron con el ahorro y el esfuerzo de varias generaciones de trabajadores. Las vías por las que ese despojo ha venido siendo perpetrado en las últimas décadas son bien conocidas: puesta en almoneda de empresas e institutos públicos, aunque fueran –por decirlo con Leon Walras— monopolios ―naturales‖ o monopolios ―morales‖ (―privatizaciones‖), introducción de criterios de mercado y de beneficio privado en la gestión de servicios públicos, etc. Dos resultados inmediatos, tan distintos como elocuentes de eso, fueron la degradación de los ferrocarriles y del servicio postal (ése que a Marx le parecía ejemplar, y una prueba empírica de la factibilidad del socialismo) en Gran Bretaña y el caótico colapso del suministro eléctrico en el estado de California (un estado ahora mismo quebrado, dicho sea de paso).

2) El expolio desposesor del común patrimonio natural. Os pondré un ejemplo. Hace 10 años tuve la fortuna de ser invitado a dar un ciclo de conferencias a la Univversidad del Amazonas, en Belén, capital del estado brasileño de Parà. Varios de los alimentos más comunes y sabrosos en esa región amazónica se elaboran con cupuaçú, el fruto de una planta filogenéticamente emparentada con el cacao que las poblaciones originarias venían utilizando inveteradamente en su nutrición. Yo también disfruté con el cupuaçú. Pero hoy, cualquiera que utilice el nombre de cupuaçú para lo que sea (elaborar y vender un producto, o aun en la carta de un restaurante) corre el riesgo ser denunciado por la transnacional japonesa ASHAI Foods y terminar teniendo que pagar un multa de 10.000 dólares, al menos en Europa, Japón y los EEUU. ASHAI Foods registró a su nombre la ―marca‖ cupuaçú. Esto es sólo un pequeño y trivial ejemplo, pero acaso emblemático del expolio a que han sido sometidos en todo el mundo, y señaladamente en el tercer mundo, el patrimonio y los recursos naturales comunes: desde el agua hasta los genes, pasando por los combustibles fósiles.

Observad que tanto el expolio del patrimonio común público como el expolio del patrimonio común natural comparten este rasgo: la exclusión. Recursos a los que antes se accedía libremente –públicamente—, sin otro requisito que el de la ciudadanía o el de la pertenencia a una comunidad, recursos que eran diversamente gestionados en muchos casos con medidas de lo que el gran historiador marxista británico Edward P. Thompson llamó ―economía moral‖ popular, se convierten en recursos exclusivos y excluyentes: exclusivos para los que pueden pagarlos, y excluyentes para los que no pueden –o no quieren— pagarlos. Toda una legión de peritos en legitimación de las catástrofes y las injusticias –eso han llegado a ser, tristemente, muchos pretendidos ―científicos sociales‖— se ha encargado en las últimas tres décadas de justificar esa catastrófica injusticia. Dado que luego, como es obligado hoy en una facultad de ciencias económicas, diré algunas palabras sobre el Nobel de Economía que acaba de ser concedido con todo merecimiento a la gran investigadora de esos problemas que es la norteamericana Elinor Ostrom, volveré sobre este asunto.

3) La tercera manifestación aguda del retroceso del espacio público en nuestra vida político-social sobre la que quiero llamar la atención es la existencia (la ―escandalosa‖ existencia estaría uno tentado a decir, si no fuera porque una época, como la nuestra saturada de escándalos, el adjetivo ―escandaloso‖ ha perdido toda eficacia); es la existencia, digo, de lo que en Alemania ha dado en llamarse una ―puerta giratoria‖ entre el mundo de la política y el mundo de los grandes intereses económicos privados, la existencia de una creciente promiscuidad sin recato entre políticos y grandes empresarios y hombres de negocios. Impresiona la facilidad con que magnates y empresarios entran en el juego de la vida política (Berlusconi, el hombre más rico de Italia, es un caso llamativo, pero también lo es el de los banqueros Rubin o Paulson en las administraciones Clinton y Bush hijo), y la facilidad con que, a la inversa, políticos de primera fila, al abandonar el cargo, y como si fuera la cosa más natural del mundo, entran el mundo de los negocios: ¿habrá que recordar que dos ex-presidentes de gobierno en España, Felipe González y José María Aznar, son ahora empleados de dos grandes magnates internacionales: el archimillonario mexicano Carlos Slim y el magnate australiano de los medios de comunicación Rupert Murdoch? Algo parecido vale para Gerhard Schröder, el antiguo canciller socialdemócrata alemán, que está en el consorcio petrolífero Gazprom. Y el antiguo ministro de exteriores de su gobierno rojiverde, el otrora muy alternativo Joschka Fischer, es ahora mismo un consejero, supongo que excelentemente remunerado, de la empresa automovilística BMW. La puerta giratoria es un fenómeno relativamente nuevo, y es una manifestación muy visible –la financiación privada de las campañas electorales y de los partidos políticos y de sus fundaciones es al menos tan importante, pero difícilmente sale a la luz, como no sea con ocasión de casos particularmente esperpénticos, como los que ahora mismo estamos viendo en el caso del Palau de la Música en Barcelona o, a mucha mayor escala, el que afecta al Partido Popular en Valencia— de la intromisión, de la tiranía, si queréis, ejercida por los grandes intereses económicos en los procesos de toma de decisiones políticas democráticas. ¿Cómo evitar la sospecha de que detrás del aplauso de Felipe González –y de sus amigos del diario El País el 13 de abril de 2002— al frustrado golpe de Estado empresarial contra Hugo Chávez estaban intereses empresariales, entre ellos los de Carlos Slim? O por ir a cosas de magnitud incomparablemente mayor, ¿cómo evitar la sospecha de que detrás de la decisión de los megarrescates bancarios a que comenzó a proceder hace ahora un año el secretario del Tesoro de Bush, Paulson, estaba el banco del que él era alto ejecutivo, Goldman Sachs, banco del que, dicho sea de paso, también fue ejecutivo el todopoderoso secretario del Tesoro de Clinton, Rubin, padrino político y empresarial del actual secretario del Tesoro de Obama, Geithner? Y no estamos hablando aquí de horteras trajes tergaleros de 2.000 euros o de empalagosos relojes de 6.000 euros, estamos hablando de cifras de vértigo: los rescates bancarios en EEUU montan ya a estas alturas el mareante volumen de 4 billones de dólares: para que os hagáis una idea, porque con semejantes cifras es fácil perder el sentido de la magnitud, se acerca ya mucho al gasto –en dólares constantes de 2009, es decir, descontada la inflación— en que incurrieron los EEUU como resultado de su participación en la II Guerra Mundial entre 1941 y 1945. (Para seguir contribuyendo a robustecer nuestro sentido de las magnitudes: en dólares constantes, la inversión del Plan Marshall para reconstruir un continente europeo devastado por la guerra ―sólo‖ fue de 200 mil millones de dólares.)

El retroceso del espacio público en la enseñanza superior

Quisiera limitarme aquí a dos observaciones. Una es la constatación de una tendencia. Y otra es más bien la reafirmación de una distinción conceptual que, de no hacerla, confunde mucho el debate, particularmente en las facultades de ciencias sociales.

Hay una tendencia inequívoca al progreso del ánimo de lucro y al avance de soluciones de mercado, excluyentes, en la enseñanza superior: aumento de los ―ingresos propios‖ de las universidades, tasas cada vez más elevadas de matriculación, ingresos por consultorías y vinculación de la investigación y aun de la docencia a empresas privadas, y en fin, y más radicalmente, creación de instituciones universitarias privadas. Esa tendencia es innegable, y opera por doquiera. En un artículo del suplemento de enseñanza superior del diario conservador británico The Times publicado el pasado mes de julio se puede ver que el retroceso de lo público afecta lo mismo a los países industrializados y a los países del llamado tercer mundo: entre los países industriales se registran incrementos modestos (menos de un 10%) en Alemania y Nueva Zelanda, moderados (entre un 10% y un 35%) en Hungría y los EEUU y muy altos (más de un 60%) en Japón y Corea del Sur. Entre los países pobres, incrementos modestos (menos de un 10%) en Cuba y Suráfrica, moderados (entre un 10% y un 35%) en Kenia y Egipto, altos (entre un 35% y un 60%) en India y Malasia y muy altos (más de un 60%) en Brasil y en Indonesia.

Los dos informes presentados a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 que, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tuvo lugar en París el pasado mes de julio mostraban el crecimiento explosivo de la oferta privada. El sector privado suministra ya el 30% de la matrícula mundial en la enseñanza superior. Más de la mitad de la población estudiantil de México, Brasil y Chile recibe ya educación es esas instituciones con ánimo (excluyente) de lucro.

En el primer informe, Tras la pista de una revolución académica: Informe sobre las tendencias actuales, se afirma:

―La propagación de la enseñanza superior privada [...] ha sido uno de los hechos más notables de los últimos decenios‖. (…) Lo que, por lo pronto, está cargado de enormes riesgos para el nivel de la vida académica:

―En general, el sector privado absorbe la demanda, ofreciendo acceso a la enseñanza superior a estudiantes que tal vez no estén calificados para ingresar en las instituciones públicas, o que no pueden matricularse en otras universidades que ya están atestadas. [...] en general el sector privado atiende a una clientela masiva y no goza de prestigio.

Esas universidades:

―están gestionadas siguiendo un modelo empresarial, y en ellas, el poder y la autoridad se concentran en los consejos de administración y los consejeros delegados; el cuerpo docente posee escasa autoridad o influencia, y se trata a los estudiantes como a consumidores‖.

Vengo ahora a la segunda observación. Se dice a veces, sobre todo en las facultades de ciencias sociales y de humanidades, que esta tendencia al retroceso de la enseñanza superior como bien público democráticamente accesible y democráticamente gestionable o gobernable también con criterios de bien común público es paralela a un retroceso de las ciencias sociales y de las humanidades a favor de las ciencias naturales y experimentales. Eso es inexacto, si no falso, y vale la pena prevenir aquí contra una confusión cargada de consecuencias.

La ciencia básica, la investigación teórica fundamental, sea natural o social o filosófica, es una actividad a la que –no debería hacer falta argumentar mucho eso en una facultad de ciencias económicas— no puede, por definición, aplicarse el cálculo coste/beneficio. Es imposible saber el valor –el ―beneficio— de una información hasta que no la poseemos, motivo por el cual es imposible determinar de antemano cuál es el coste en el que vale la pena incurrir para obtener el bien informativo deseado. (Una buena parte de las teorías científicas que consideramos verdaderas y epistémicamente valiosas no tienen, décadas después de haber sido descubiertas o formuladas, el menor uso tecnológico, industrial o militar. La teoría científica más famosa del siglo XX, la teoría general de la relatividad, no ha tenido hasta hace muy pocos años la menor utilidad práctica, y ahora la usamos para un fin relativamente modesto: construir los localizadores GPS). Por eso la investigación científica fundamental ha sido siempre sufragada con recursos públicos (así, en Europa y en los sistemas de universidades públicas norteamericanas, como el de California) o privado-altruistas (así, en determinadas universidades norteamericanas de primer nivel, como Harvard o Stanford), y nunca por instituciones privadas con ánimo de lucro y de exclusión, nunca por empresas privadas que compiten en mercados.

Visto de ese modo, hay que decir dos cosas.

Primero: que la privatización total de las instituciones de educación superior representa una amenaza cultural de primer orden para la pervivencia de toda la investigación científica básica, natural o social (y en general, para toda la cultura superior, que está compuesta de cosas que ni sirven ni deben servir para nada ―útil, mercantilizable o no.)

Y segundo: que la privatización parcial de las universidades públicas (por la vía de contratos con empresas privadas, patrocinio privado de instalaciones e investigaciones finalísticamente orientadas, establecimiento de sistemas de patentes sobre resultados científicos logrados, etc.) ha de verse políticamente como saqueo, como despojo de bienes públicos en beneficio de intereses privados.

La “crisis” de las ciencias sociales y el retroceso del espacio público

Vengo ahora al tercer punto de mi intervención, que es, como anunciado, el retroceso del espacio público en el cultivo de las ciencias sociales. Este es un punto delicado –quiero decir, filosóficamente delicado— al que, en mi opinión, no se presta la debida atención.

La actividad científica en general –formal, natural o social— sólo puede desarrollarse y prosperar en el espacio de la razón pública, es decir, fuera de la tiranía –o de la seducción— de las razones y los intereses privados, por legítimos que éstos puedan ser en otros respectos. La actividad científica no está sola en ese empeño por dejar de lado las razones privadas. La república de la investigación científica no es la única institución social que tiene inscrita en su pórtico esta severa advertencia contra las razones privadas: lasciate ogni speranza voi ch'entrate. Está por lo pronto en la buena compañía del derecho republicano (antiguo y moderno): cuando la madre de un acusado que ha sido condenado con todas las pruebas periciales posibles por una corte penal de justicia exclama que no puede creer en la culpabilidad de su hijo y que, diga lo que diga un eficiente fiscal que, con buenas razones públicas –testigos de los hechos, huellas dactilares, huellas genéticas, etc.—, acaba de destruir epistémicamente la presunción de inocencia de su hijo, ella sigue teniendo la ―certeza moral‖ de que el acusado es inocente; cuando esa madre se nos agarra de los faldones del alma, todos podemos entender sus razones privadas, y aun conmovernos con ellas, pero esas razones privadas no son presentables ante una corte de justicia que no admite ni puede admitir como argumentos más que razones públicas.

La ciencia moderna –como el derecho republicano moderno— nació y prosperó cuando se liberó el espacio público suficiente de la tiranía de los intereses y de las razones privadas. El derecho moderno es, en buena medida, la destrucción de la tiranía ejercida por el privilegio (de privi-legium, ―ley privada‖). En particular, el derecho penal moderno –nacido de la Revolución francesa— obligó a los fiscales a tener que destruir con razones públicas objetivas, expresables en lenguaje de tercera persona, la presunción de inocencia de todo acusado; mientras que, en cambio, la clerigalla que manejaba los tribunales de la Inquisición –la Inquisición misma era ya privi-legium de un instituto de derecho privado: la Iglesia católica— obligaba al reo a ―probar‖ su inocencia, y era culpable hasta que lograra –¡ardua tarea!— o modificar o sobornar las certezas morales privadas de sus acusadores.

No es casual que en el famoso proceso de la Inquisición contra Galileo confluyeran ambos mundos, el del derecho y el del nacimiento de la ciencia empírica moderna: la actividad científica es incompatible con el privilegio por lo mismo que es incompatible con la tiranía de las razones privadas (ya sean ―sagradas‖), y no puede sino florecer y prosperar más que en ambientes culturales que crean y protegen los grandes espacios institucionales en que, bien defendidas de la tiranía o de la seducción de los intereses privados, moran la razón y la deliberación públicas.

Pues bien; en estas últimas décadas que, como recordaba el estudiante Manjarín hace poco, Paul Krugman (Premio Nóbel de economía del año pasado) ha calificado de verdadera ―edad obscura de la ciencia económica‖, puede decirse que, no sólo en el cultivo de la teoría económica, sino en el de todas las ciencias sociales, se ha dejado notar el retroceso del espacio público y la intrusión del privi-legium. Eso se puede ver de muchas maneras. Me parece instructivo mostrarlo aquí sólo desde este ángulo: el desprecio de los hechos y de la realidad objetiva. Porque una de las características más llamativas del tipo de teoría económica y de los tipos teorización política y social que han proliferado en estas tres últimas décadas de obscurantismo intelectual en las ciencias sociales –si se me permite extender la calificación de Krugman más allá de las fronteras de la pura teoría económica— es la impugnación de lo que podríamos llamar la soberanía de los hechos objetivos, pública e intersubjetivamente observables.

Las dos manifestaciones más visibles de eso se han dado en la evolución de la teoría económica neoclásica (así como en los subproductos que el llamado ―imperialismo de la ciencia económica‖ ha engendrado en la politología y en la sociología recientes) y, en el otro extremo, en las ciencias sociales de impronta, digamos, relativista y postmodernista. Eso puede resultar un poco sorprendente, porque la primera se reviste con un aparato analítico y matemático aparentemente sólido, y todo entre grandes protestas y aun alardes de ―cientificidad‖, mientras que las segundas son una especie de apología de la arbitrariedad, una versión actual, sedicentemente de izquierda, del me ne frega mussoliniano tan en boga en los ambientes de la extrema derecha cultural europea de los años veinte y treinta del siglo pasado. Así que vale la pena apreciar esta impía convergencia con un poco de detenimiento.

Una de las ―modas más llevaderas de la macroeconomía de los últimos años, como bien sabe mi colega Joan Tugores, ha sido la llamada ―teoría de los ciclos económicos reales‖, una teoría que ha sido central en la llamada contrarrevolución antikeynesiana de las últimas décadas. El curioso propósito de esa teoría, entre otras cosas, era mostrar porqué las economías se comportaban empíricamente de una manera más o menos ―keynesiana‖, siendo así que la teoría macroeconómica keynesiana no podía ser verdadera, porque era incompatible con la microeconomía y con los dogmas centrales de la racionalidad económica de los agentes.

Nada ejemplifica mejor el carácter cargadamente ideológico de esa pulsión micro que iba abatiéndose sobre las facultades de economía que el asombro y el disgusto que causaron en economistas para nada alejados políticamente del neoliberalismo, pero que, por su condición de hombres políticamente activos, se veían obligados a lidiar con el capitalismo realmente existente. He aquí lo que opinaba uno de esos economistas, el famoso Larry Summers, en 1986 (antes, pues, de convertirse en el factótum económico de la administración Clinton): esas nuevas teorías, decía:

―… modelan la economía como un equilibrio walrasiano flotante perturbado por shocks de productividad (…) niegan afirmaciones consideradas evidentes por muchos macroeconomistas académicos y por todos quienes trabajan en labores de predicción de la economía día a día. (…) Si esas teorías son correctas, lo que implican es que la macroeconomía desarrollada en la estela de la revolución keynesiana está confinada en el basurero de la historia. Y sugieren que el grueso del trabajo desarrollado por los macroeconomistas contemporáneos apenas tiene más valor que el de los astrólogos.

Summers se asombraba de que el fundamentalismo de esos teóricos les arrastrara hasta extremos metodológicamente inconcebibles, como el de afirmar lo que sigue:

―Una parte importante de estas desviaciones e incongruencias [entre la teoría y las observaciones empíricas] muy bien podría desaparecer, si las variables económicas se midieran de manera más conforme a la teoría. De aquí que (…) la teoría de los ciclos económicos deba ir por delante de las medidas empíricas de esos ciclos.‖ [Citado por Larry Summers, ―Some Skeptical Observations on Real Business Cycle Theory‖, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 10, No. 4, (primavera de1986), pp. 23-27.]

Aquí tenemos un caso paradigmático de lo que he llamado impugnación de la soberanía de los hechos objetivos. La pretensión de que las variables empíricas se midan ―conforme a la teoría‖ es algo tan desapoderado metodológicamente como si un físico que quisiera poner a prueba la Ley de Boyle-Mariotte que relaciona matemáticamente presión, volumen y temperatura pretendiera que para medir, por ejemplo, la presión de un gas, o su temperatura, construyéramos instrumentos de medición –manómetros, termómetros— que supusieran ya que la Ley de Boyle-Mariotte es correcta.

Que la teoría ―deba ir por delante de las medidas empíricas‖ quiere decir que no hay manera de carearla empíricamente. La cosa sería para echarla al partido de la risa, si no fuera porque estas gentes (los llamados economistas de ―agua dulce‖, concentrados en las grandes universidades norteamericanas no costeras, situadas a orillas de los grandes lagos septentrionales, como la de Minesota o la de Chicago) han gozado del poder suficiente en sus instituciones como para despedir o impedir el acceso a cualquier economista que oliera remotamente a keynesianismo (como Krugman, premio Nóbel 2008), por no hablar de tendencias más radicales o más alejadas del núcleo de los preambula fidei neoclásicos (como la Premio Nóbel de este año, Elinor Ostram).

Quien desprecia cuanto ignora, puede permitirse el lujo de decir: ciencia es lo que yo digo que es ciencia, lo demás es doctrina progre, o astrología, o lo que sea. Una razón privada, acaso excelente, que tiene, sin embargo, el defecto de que suma a la impugnación de la soberanía de los hechos públicamente observables el ataque la libertad académica, y si encima goza del privi-legium de poder decidir sobre la suerte de sus subalternos o de sus colegas, la suerte está echada: más no puede encoger el espacio público en la vida académica.

La impugnación de la soberanía de los hechos objetivos públicamente observables e independientes de las propias convicciones, de las propias necesidades cognitivas, de los propios intereses y aun de las propias ―teorías‖ (o ―Teorías‖) tiene una consecuencia epistémica y políticamente muy interesante, lúcidamente formulada por Bertrand Russell a comienzos del siglo XX. Y es que si cuando dos disputan no hay nada objetivo a lo que apelar, nada que sea independiente de las razones o de los intereses privados de los contendientes, entonces queda completamente destruido el espacio de deliberación pública, y lo único que queda es apelar a la fuerza:

"La teoría pragmática de la verdad [en boga en los EEUU] está inherentemente conectada con la apelación a la fuerza. Si hay alguna verdad no humana que uno pueda conocer, y otro, no, tenemos un criterio al margen de los disputantes, un criterio al que poder someter la disputa; de aquí que un planteamiento judicial de las disputas sea al menos teóricamente posible. Pero si, al contrario, la única manera de descubrir cuál de los disputantes lleva razón es esperar y ver quién gana, entonces no hay otro principio que el de la fuerza para decidir el asunto. [...] Las esperanzas de la paz internacional, lo mismo que el logro de la paz interior, dependen de la creación de una fuerza efectiva de la opinión pública formada a partir de una estimación de las razones y las sinrazones de las disputas. En este caso, sería erróneo decir que la disputa se decide por la fuerza, si no añadiéramos que la fuerza depende de la justicia. Pero la posibilidad de que se forme una opinión pública de este tipo depende de la posibilidad de un criterio de justicia que es una causa, no un efecto, de los deseos de la comunidad; y ese criterio de justicia parece incompatible con la filosofía pragmatista. Esta filosofía, pues, que empieza con la libertad y la tolerancia, acaba desarrollando, con inherente necesidad, una apelación a la fuerza y al arbitraje de los grandes batallones.

Este texto de Russel es de 1910. Sólo 13 años después, el dictador fascista italiano Mussolini venía a confirmar el premonitorio vínculo establecido por Russell entre la impugnación de la soberanía de los hechos objetivos y públicamente observables y la apelación a la fuerza y al privilegio del más fuerte, que es lo único que queda cuando se ha destruido el espacio de la deliberación pública trabajosamente conquistado por la Ilustración:

"En Alemania, el relativismo es una construcción teórica extraordinariamente audaz y destructiva (quizá sea la venganza filosófica de Alemania que anuncia la venganza militar).En Italia el relativismo no es sino un hecho. El fascismo es un movimiento superrelativista porque nunca ha intentado revestir su complicada y vigorosa actitud mental con un programa concreto, sino que ha triunfado siguiendo los dictados de su intuición individual siempre cambiante. Todo lo que he dicho y hecho en estos últimos años es relativismo por intuición. Si el relativismo significa el fin de la fe en la ciencia, la decadencia de ese mito, la 'ciencia', concebido como el descubrimiento de la verdad absoluta, puedo alabarme de haber aplicado el relativismo al análisis del socialismo. Si el relativismo significa desprecio por las categorías fijas y por los hombres que aseguran poseer una verdad objetiva externa…, entonces no hay nada más relativista que las actitudes y la actividad fascistas… Nosotros los fascistas hemos manifestado siempre una indiferencia absoluta por todas las teorías… Nosotros los fascistas hemos tenido el valor de hacer a un lado todas las teorías políticas tradicionales, y somos aristócratas y demócratas, revolucionarios y reaccionarios, proletarios y antiproletarios, pacifistas y antipacifistas. Basta con tener una mira fija: la nación. Lo demás es evidente… El relativista moderno deduce que todo el mundo tiene libertad para crearse su ideología y para intentar ponerla en práctica con toda la energía posible, y lo deduce del hecho de que todas las ideologías tienen el mismo valor, que todas las ideologías son simples ficciones.

A los profesores de sociología y de ciencia política que están en la sala les propongo un pequeño y muy poco costoso experimento. Del texto que acabo de citar de Mussolini quitad la horrísona palabra ―fascismo‖ (poned en su lugar cualquier otra cosa, o djadlo con una X), y pasadlo a vuestros sus alumnos: la tarea consiste en averiguar quién lo escribió y cuándo. Yo lo he hecho: la mayoría de los alumnos de politología, de sociología o de filosofía creen que es un texto reciente de algún postmoderno francés o norteamericano (¡felices países, Francia y EEUU, que, a diferencia de Alemania, Austria, Italia o España, apenas conocieron las manifestaciones culturales del fascismo de los años 30!).

El desprecio de los hechos, la idea de los economistas neoclásicos y de los rational choicers de que la ―teoría va por delante de los hechos‖, como la idea de los sociólogos, los politólogos y los filósofos postmodernos de que no hay hechos objetivos independientes de nuestros intereses y nuestras construcciones intelectuales (de que todo es ―socialmente construido‖, o de que todo es ―voluntad de poder‖, o de que sólo hay ―verdades subjetivas‖), ideas tan aparentemente alejadas en sus designios, han venido a converger catastróficamente en esto: en la labor de destrucción, desde dentro, del espacio de deliberación pública en el que necesariamente han de vivir las instituciones de enseñanza superior.

Replicando a los historiadores postmodernos que afirmaban que el pasado ―no existía‖ porque no había hechos objetivos que registrar o que explicar, el venerable historiador marxista británico Eric Hobsbawm los comparó con certera sagacidad con el abogado del culpable en un juicio penal: porque la única manera de defender a alguien cuya presunción de inocencia ha sido concluyentemente destruida por el fiscal con razones públicas que apelan a hechos objetivos es negar que existan razones públicas sustentadas (entre otras cosas) en hechos públicamente observables. Y sí: el desprecio de los hechos que comparten los economistas neoliberales y los sociólogos y los filósofos relativistas es parte de una estrategia de picapleitos, apta sólo para defensores de culpables.

Uno de los ídolos del relativismo filosófico de estas últimas décadas ha sido el ―anarquista epistemológico‖ Paul K. Feyerabend, quien al menos tiene la ventaja sobre los filósofos estructuralistas y postestructuralistas franceses –campeones del bullshit— y sus hechuras de escribir claro. Como los picapleitos bien entrenados para defender a culpables. Ved, si no, esta clara y contundente defensa de un culpable que, a la vez que ofende y denigra a la víctima, hace la apología del privi-legium del victimario:

"El juicio de los expertos eclesiásticos [condenando a Galileo en el siglo XVII] fue científicamente correcto. Esos expertos de la Iglesia tenían, además, unas intenciones sociales correctas, a saber: proteger a los hombres de las trapacerías de los especialistas. Había que proteger a los hombres de que fueran corrompidos por una ideología limitada, que tal vez funcionara en ámbitos limitados, pero que resultaba inadecuada para sostener una vida armoniosa. Con una revisión del juicio podría tal vez haber conseguido la Iglesia hacerse con algunos amigos entre los científicos, pero eso habría ido en desmedro de su función de custodia de los valores humanos y sobrehumanos importantes."

Pero no todo han de ser malas noticias. Precisamente hoy, los científicos sociales tenemos nuevas buenas nuevas.

Unas palabras sobre el Premio Nobel de Economía 2009 a Elinor Ostrom

Así como el Premio Nóbel del año pasado era muy esperable –recayó en un enfant terrible del establishment académico que había sido uno de los más mordaces críticos de la política económica de Bush precisamente en el momento en que el capitalismo remundializado, financiarizado y (des)regulado a favor de los ricos se estaba desplomando—, el Premio Nóbel a Elinor Ostrom de este año ha sido una sorpresa. Una agradable sorpresa que conviene celebrar especialmente en una facultad de ciencias económicas como la nuestra, que tiene la fortuna de albergar también, desde su misma fundación, a politólogos, a sociólogos, a historiadores, a juristas y a filósofos.

Sorpresa porque, para empezar, la profesora Ostrom pertenece a una tradición científica completamente alejada de la teoría económica neoclásica, una tradición, la histórico-institucionalista, prácticamente barrida de los departamentos de teoría económica norteamericanos (y europeos) desde hace décadas. Tan es así, que la propia Ostrom está en un departamento de ciencia política.

Sorpresa también porque sus ideas científico-sociales no sólo están alejadas de los dogmas de la teoría neoclásica y de rational choicers et minoresque alii (el economista californiano Paul Romer ha escrito hoy mismo que es un Premio contra el ―imperialismo‖ de la ciencia económica
en la sociología y la politología), sino que Ostrom entra por uvas y polemiza con esos dogmas científicamente parroquianos, tanto metodológica como substantivamente.

Por último en punto a entender la sorpresa causada por su Nobel: el objeto de estudio al que la profesora Elinor Ostrom y su marido, Victor Ostrom, han dedicado su vida no puede estar más alejado de los intereses de la profesión económica en las últimas décadas, ni, por qué no decirlo, más cercano a lo que estamos discutiendo aquí: los bienes comunes y la forma en que las gentes del común se las arreglan para gestionarlos con eficiencia. En su legendario y seminal ensayo sobre la ―economía moral de la multitud‖ el historiador marxista británico Edward P. Thompson había ya destruido, contextualizándolo históricamente, el mito acuñado en los 60 por Garrett Hardin sobre la llamada ―tragedia de los comunes‖ (según el cual el proceso de desposesión por privatización de los bienes comunales en la Inglaterra del siglo XVIII se explica por la ineficiencia económica de los mismos). El trabajo de Ostrom es una demolición empírica y analítica en toda regla de ese mito ―fundacional‖, si así quiere decirse, de la doctrina neoliberal apologética del capitalismo y de su cultura económica de despojo y expropiación (aquella ―economía política tiránica‖, a la que Robespierre opuso su ―economía política popular‖ y Thomas Paine, su ―justicia agraria).

Elinor Ostrom trabajó, entre otros, con el matemático alemán, y también Premio Nobel de economía, Reinhard Selten, uno de los últimos grandes innovadores en teoría de juegos (con su famoso criterio de la ―mano temblorosa‖ para decidir entre una multiplicidad de equilibrios de Nash). En sus diseños experimentales y en sus estudios empíricos, Ostrom se dio cuenta de que la teoría matemática de juegos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en biología evolutiva, carece prácticamente de poder predictivo y explicativo en las ciencias sociales. Eso es así, entre varias otras cosas, porque, como en general toda la teoría estándar de la elección racional, la teoría de juegos no puede enfrentarse al problema de la información subjetiva (―intencional‖, en el sentido técnico-filosófico del concepto) de los agentes económicos; y eso a diferencia de lo que ocurre en biología, en donde las entidades maximizadoras de los modelos matemáticos que emplean teoría de juegos –los genes, por ejemplo— no son agentes intencionales, capaces de cognición, movidos por información subjetivamente procesada y, encima, con funciones de utilidad que no pueden representarse como matemáticamente independientes entre sí, sino que deberían poder crecer o decrecer matemáticamente unas relación con otras. (Entre paréntesis, y para los que en la sala no sean economistas: un dogma central de la racionalidad económica es que las funciones de utilidad que supuestamente maximizan los agentes económicos son matemáticamente independientes unas de otras. Eso quiere decir que los agentes son egoístas: si mi función de utilidad creciera matemáticamente con la del profesor Tugores, sería altruista respecto de él –me alegraría ahora por él, que ya se quitó de encima la carga de ser rector, por ejemplo—; si decreciera, en cambio, diríamos que le envidio –todavía ahora se me pondrían los dientes verdes sólo con pensar que ha sido decano de esta facultad y rector de la UB durante años—. No hay el menor problema, en este punto, en caracterizar a los genes como maximizadores de funciones matemáticamente independientes. Pero quien se empeñe en construir hipótesis matemáticas así para agentes intencionales humanos, va listo.) Bueno, pues la formación como científica cognitiva de Ostrom vinculación académica a programas de ciencia cognitiva le ayudaron a comprender cabalmente este problema científico, y han contribuido no poco a su crítica empírico-analítica del rational choice y del monismo motivacional –panegoísta— del mismo y a darse cuenta de que, en general, las hipótesis y los experimentos game theoretic en ciencias sociales o son tautologías camufladas (grotescas parodias de la teoría microeconómica), o son un fiasco predictivo, o –entretenimiento de investigadores ociosos y buscadores de rentas académicas— meros jueguecitos científicamente irrelevantes con caricaturas de agentes enfrentados a problemas muy simples y completamente artificiales, incapaces de aclarar y modelar lo que ella llama ―dilemas sociales‖ fundamentales.

Por otro lado, la formación histórico-institucional de Ostrom le ayudó a construir hipótesis y modelos fecundos sobre importantes ―dilemas sociales‖ reales y a diseñar experimentos económico-sociales interesantes y científicamente relevantes, cuando se percató de que las instituciones proporcionan –holistamente— información a los agentes, y de que esa información es describible objetivamente, con lenguaje de tercera persona y de modo conceptualmente independiente de la(s) teoría(s) que ayuda(n) a construirlos. Su visión de la evolución y de la eficiencia de las instituciones sociales que gobiernan bienes comunes en relación con la información (son eficientes las instituciones en las que los agentes pueden acceder fácilmente a toda la información disponible) es uno de los logros más importantes de su carrera científica. Y ese logro le ha permitido también echar luz institucionalista sobre el confundente tratamiento que los economistas neoliberales y los juristas influidos por la huera tautología conocida con el superferolítico nombre de ―análisis económico del derecho‖ dispensan al importante problema de los derechos de propiedad, así como hacer aportaciones decisivas a la economía ecológica y a la comprensión de la historia de la vida económica.

Anteayer, cuando se le concedió el Premio Nobel, lo menos que puede decirse es que reinaba el desconcierto. Lo revela esta pregunta: ―Lo suyo, profesora Ostrom, ¿es teoría económica, es teoría política o es teoría social? La devastadora y elocuente respuesta –―lo que yo hago podría llamarse economía política‖— fue como una bofetada a más de un siglo de estupidez e impostura científica: el siglo largo transcurrido desde que el predicado de ―política‖ comenzó a desaparecer de las facultades de economía de todo el mundo, y la unificada ciencia social clásica, a fragmentarse –a idiotizarse— tan innecesaria como infértilmente.

Antoni Domènech es catedrático de filosofía y metodología de las CCSS en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidat de Barcelona y editor general de SinPermiso.

www.sinpermiso.info

LAS VERDADERAS

UNIVERSIDADES

Alfredo Miró Quesada

Ante el surgimiento de instituciones que malamente se llaman universidades, debemos plantearnos dos objetivos concretos: definir qué es una universidad y qué hacer para evitar —de una vez por todas— los fraudes de estas instituciones que nos desprestigian y que son un mal ejemplo para nuestros hijos y para todo el país.

En primer lugar, desde la antigüedad las universidades han definido sus misiones en tres ámbitos fundamentales: la formación de profesionales, la investigación científica y tecnológica, y la promoción y difusión del arte y la cultura.

Esta taxonomía de las misiones es definida puramente con fines de análisis, pues las tres interactúan íntimamente para formar egresados integralmente formados, con sólidos principios morales y éticos, creativos y creadores de nuevas realidades, y con sentido de pertenencia a su suelo y de solidaridad con sus semejantes.

Finalmente, para disminuir o evitar la proliferación de estas malas instituciones, la experiencia ha ido definiendo tres elementos importantes: la acreditación social de la calidad educativa universitaria, la creación y autorización de las nuevas universidades por los poderes ejecutivos de los gobiernos y las agencias que supervisan la calidad de los servicios que se entregan a los consumidores.

En el caso peruano, debiera el Estado, en representación de la sociedad en su conjunto, tomar tres acciones concretas: fomentar y promover la acreditación social de la educación, vía entidades acreditadoras independientes impulsadas —por ejemplo— por la Confiep, primera interesada en la calidad universitaria, o por los colegios profesionales, suponemos también interesados. Igualmente, se pudiera estimular la acreditación con instituciones internacionales.

En segundo lugar, el Gobierno, vía el Ministerio de Educación con el apoyo de las entidades acreditadoras, debiera ser la única institución que estudiara y aprobara la creación de nuevas universidades. El Consejo para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha posibilitado la instalación de universidades de baja calidad, no ha fomentado una sana competencia que eleve la calidad y ha propiciado la degeneración de la institución universitaria.

En tercer lugar, la institución que debe velar por la calidad, integridad y veracidad de los bienes y servicios que se entregan a los consumidores —el Indecopi— debería tener mucho que hacer frente a campañas universitarias millonarias que prometen maravillosos servicios universitarios careciendo de profesores calificados, de los mínimos servicios universitarios y —muchas veces— de la más elemental infraestructura.

Con estas tres consideraciones finales que nacen de la experiencia de sistemas universitarios íntegros y exitosos, pudiéramos evitarnos la vergüenza de tener instituciones universitarias plagadas de litigios que pretenden resolver satisfaciendo a jueces y adulando a congresistas.

El Comercio

24-11-09

¿Cómo es?

¿Cuánto hay?

Zenón Depaz

El mismísimo Secretario General del partido gobernante; una ex ministra de Educación y prominente dirigente del mismo partido; así como otros parlamentarios, también de ese partido, integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la República, viajan orondos por el mundo, financiados por una institución de reputación a estas alturas más que dudosa, que denominándose universitaria (no habiendo sido autorizada para ello por el CONAFU), y funcionando gracias a una acción de amparo favorecida por el corrupto juez fujimorista Percy Escobar, propagandiza impúdicamente decenas de filiales igualmente no autorizadas,… y luego preguntan, ¿hay algún conflicto funcional en ello?

Otro congresista, también del APRA, con amplia experiencia en favorecer gananciosos tráficos de tierras, “facilita” donaciones de terrenos urbanos para esa misma “universidad”, de la que luego su esposa resulta socia,… y luego invita a quien quiera a que le abra un proceso judicial por ello, con la seguridad de quien sabe tener la impunidad garantizada.

Otro congresista (esto ya parece letanía), del mismo partido, que junto a actuales ministros y viceministros, también -para variar- de aquel partido, lo primero que hizo tras instalarse este gobierno fue crear su propia universidad privada, “con fines de lucro” (denominada Simón Bolívar, para afrenta del Libertador, ¿o para castigo de Chávez?), tramita en el Congreso, con celeridad digna de mejores causas, atribuciones del CONAFU que favorecen su propio negocio y el de sus “asesorados” de Alas Peruanas, amén de otras “universidades” mafiosas, también creadas “con fines de lucro”.

Otro más, igualmente congresista, ¿adivinan de qué partido?, tristemente famoso por negar a su hijita puesto que era “gordita”, alquila bienes inmuebles, ¿adivinan a qué “universidad”?, y funge, además, de vicerrector de la misma. Una más, también congresista, y también del supradicho partido, ex presidenta de la Subcomisión de Educación Superior, no quiso ser menos e igualmente alquila locales a la misma “universidad”. Al pedírsele una justificación de ello, dio ante cámaras una lección de sabiduría: “¿de qué otro modo –preguntó a la reportera– podemos conocer mejor la realidad universitaria?”… Bingo! Dio en el clavo. No podría haber mejor modo de conocer, no sólo la triste realidad universitaria en nuestro país, signada por el abandono estatal, sino a los directos responsables de ello, para quienes la autonomía universitaria significa, en el caso de las universidades públicas, “son autónomas; arréglense como puedan”; y, en el caso de las privadas: “hagan lo que les dé la gana, pero… ¿cómo es?”. He ahí la política de Estado actual para la Educación Superior.

La Primera

24 de noviembre de 2009

Manuel Burga

UNA SITUACIÓN

SIN SALIDA

La red que tiene la Universidad Alas Peruanas (UAP) es mucho más compleja que la del caso de los petroaudios, afirmó Manuel Burga, ex rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras recordar que este cuestionado centros de estudios mantiene su vinculación con autoridades políticas, parlamentarias y judiciales, que serían las llamadas a realizar un cambio en el sistema universitario.

Fue al comentar las declaraciones de Fidel Ramírez Prado, rector de UAP quien en la víspera considero que “no es pecado” costear viajes y estadías en el extranjero a congresistas y magistrados del Poder Judicial.

“Esto es más que eso, porque es la punta del iceberg que demuestra algo que todos los universitarios conocemos, la presencia muy difundida en redes de este tipo de empresa–universidad- negocio, organizada por decreto legislativo 882 y ahora sale su rector a decir que esto sólo es un escándalo y que es normal. (…) ¿Qué hacer? ¿Suprimir ese decreto 882? Imposible, por una razón muy sencilla, los que integran la Comisión de Educación - en una buena proporción – están vinculados a esta universidad”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“¿Quién puede cambiar esto? ¿El ministro de Educación? Si el ministro (Antonio) Chang es rector de una universidad del mismo tipo. ¿Qué hacer verdaderamente? Promover una ley universitaria ¿Quién la da? La misma comisión de Educación del Congreso ¿Qué esperanzas hay? Que las universidades se reformen a ellas mismas y que las universidades privadas de categoría tengan una presencia mayor, porque verdaderamente estamos ante redes más complejas que en el caso de los petroaudios”, agregó.

Tampoco el Poder Judicial

Comentó que el Caso alas Peruanas debe llevarnos a una mayor reflexión sobre lo que es la universidad peruana, pública o privada. Recordó que el tema de la proliferación de centros de estudios superiores como “empresa-negocio” surgió a partir del decreto 882 de 1996, emitido durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Por este decreto se permite la inversión privada y la ganancia en educación, ya que no hay dinero del tesoro, se deja que el capital invierta y haga sus negocios, pero hay que distinguir entre la universidad privada como la Católica y la universidad Alas Peruanas, hay una enorme diferencia”, remarcó.

“Haber mercantilizado la educación, para que haya dentro de esa mercantilización, eso es pasible de ser sometido a pena por el Poder Judicial, pero qué Poder Judicial puede hacerlo. Es una situación bastante delicada en el país”, apuntó.

Se debe separar a congresistas vinculados a “universidad-negocio”Burga Díaz consideró, en ese sentido, que sería “mucho pedir” al ministro Antonio Chang un pronunciamiento claro en torno al caso Alas Peruanas. Recomendó a la Comisión de Educación que separe a aquellos legisladores que están relacionados con lo que el denomina “universidad-empresa-negocio”.“Creo que es mucho pedir, quizás se pueda esperar algo de la comisión de Educación, que pueda invitar a salir de la comisión de Educación a quienes tienen compromisos, vinculaciones con universidades de este tipo. Pero, ¿qué tiempo tienen? Si lo otro tiene que haber con el espionaje, con los asuntos comerciales, esto tiene que ver con la formación de la ciudadanía y esto es un retraso”, señaló.

San Martín, San Ignacio y César Vallejo

Cuestionó, igualmente, que la “universidad-empresa-negocio” tenga relaciones con políticos prominentes, al referirse al caso de la Universidad San Martín, Universidad César Vallejo o la Universidad San Ignacio de Loyola.

“Hay políticos prominentes que están vinculados a este tipo de universidad, nuestro presidente de la República a través de Antonio Chang, (…) la Universidad San Ignacio de Loyola, a través de su dueño, la Universidad César Vallejo, a través de César Acuña. Es incontable los nombres que tenemos y el lobby que tiene la 'universidad-negocio' que es una desnaturalización de la universidad”, aseveró.

“Que no justifiquen eso, que es el mercado para aquellos (estudiantes) que no pueden ingresar a una pública, no es cierto, lo bueno es una inversión ordenada en educación pública en el país, es el Estado que tiene 30 universidades públicas funcionando, lo otro es ese tipo de gangrena que ha proliferado”, anotó.

Chang y la gestión en educación como ganancia

El ex rector de la Universidad San Marcos criticó al Poder Ejecutivo, por mantener a un ministro como Antonio Chang, tras considerar que esa actitud no le parece inteligente, ni propio de una gestión pública adecuada. Dijo que esto significa tener a un “especialista en la gestión de educación como ganancia, como gestor de la educación como servicio público”.

“Hay asociaciones invisibles, que son imposibles de cambiar, que son proyectos de vida, proyectos comerciales (en la universidad). Pero tomar a la educación como un proyecto comercial y poner a un ministro especialista en la gestión de la educación como ganancia, como gestor de la educación como servicio público, no me parece inteligente”, sostuvo.“(...) Lo que perciben muchos funcionarios que van a trabajar allí (a la Universidad San Martín) por horas, es que es un negocio personal para compensar sus actividades profesionales o docentes. Eso, tiene que haber un sistema de regulación, pero el SINEASE, también está bajo el control del ministerio y bajo control partidario del Apra”, anotó.

Declarar en emergencia universidad pública

Finalmente, planteó que la Comisión de Educación del Congreso se reúna constantemente para declarar en emergencia la universidad pública, pues estamos en una situación sin salida.“¿Qué podemos esperar? Yo creo que debería declararse en emergencia la universidad pública, en general, debería haber sesiones permanentes de la Comisión de Educación, que está en manos del Partido Nacionalista y que está capturada por cinco o seis congresistas vinculadas a universidades privadas”, opinó.“Estamos en una situación sin salida y muy graves, esta tendencia a la mercantilización oficial de la universidad desde el Estado, puede ser muy nociva para el país, en el corto y mediano plazo”, concluyó.

Ideeleradio

23-11-09

31 Razones

DE LA DOCENCIA

UNIVERSITARIA

Los docentes universitarios de las universidades públicas siguen en huelga exigiendo una homologación de sueldos con los del Poder Judicial, que el Estado Peruano les debe desde hace 26 años.

No se trata pues, de ningún aumento de sueldo ni de un capricho antojadizo por parte de los docentes, sino de la indignación legítima ante el incumplimiento de una ley que hace 26 años es pasada por alto.

El tema, sin embargo, sigue pasando por agua tibia y no ha tenido la presencia mediática que merece. Todo esto indica que, desde el Poder Ejecutivo, no quieren que llegue el tercer tramo de homologación, lo cual evidencia que para el Presidente García la Educación no es prioridad. ¿Cuál es el argumento para no homologar los sueldos de los docentes? El Ministro de Economía afirma que no hay dinero para esta homologación, pese a que publicita el crecimiento económico sostenido y estable en el Perú. ¿Falta dinero o voluntad?

A continuación la lista de los 31 dispositivos legales que conforman el paquete de medidas que evidencia la legalidad de la petición de los maestros:

1. Ley No 23733, Ley Universitaria (Dic 1983) Artículo 44º.
2. Ley No 28427, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2005 (Dic. 2004) Décima disposición final.
3. Decreto Supremo No 106-EF (27 de agosto del 2005).
4. Ley No 28603 (10 de setiembre del 2005).
5. Decreto Supremo No 121-2006-EF (15 de setiembre del 2005).
6. Resolución Ministerial No 501-2005-EF (06 de octubre del 2005).
7. Decreto Supremo no 133-2005-EF (08 de octubre del 2005).
8. Ley No 28637.
9. Decreto de Urgencia 033-2005 (22 de diciembre del 2005) Aprobación del Marco del Programa de Homologación de los Docentes de las Universidades Públicas.
10. Decreto de Urgencia No 002-2006 (21 de enero del 2006) Autoriza partida para financiar el Programa de Homologación y establece disposiciones para la aplicación del DU 033-2005.
11. Decreto Supremo No 019-2006-EF.
12. Ley No 28750 (3 de junio del 2006).
13. Decreto Supremo No 089-2006-EF.
14. Ley No 28927.
15. Ley No 28929. Ley que en su décima disposición final faculta al MEF a completar el 35% de la homologación de docentes universitarios de las universidades públicas, en el año 2007.
16. Decreto de Urgencia No 038-2006 (Dic 30 del 2006).
17. Informe No 077-2007-EF/76.14 (marzo, 21 del 2007, enviado a la FENDUP el 19 de abril del 2007).
18. Ley No 29035 (Domino 10 de junio del 2007).
19. Decreto supremo No 087-2007-EF (viernes 06 de julio 2007).
20. Ley No 29070 (Domingo 22 de julio 2007).
21. Decreto supremo No 112-2007-EF (domingo 3 de agosto 2007).
22. Ley No 29137 (martes 27 de noviembre del 2007). Ley que aprueba los términos de continuación del Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas.
23. Proyecto de Ley No 1975 (Aprobado por Comisión Permanente del Congreso de la República miércoles 19 de diciembre de 2007).
24. Proyecto de Ley No 1975 (Observado y remitido al Congreso de la República el 29 de diciembre del 2007 firman el Presidente Alan García y Ministro Jorge del Castillo).
25. La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural y Deporte aprobó por unanimidad la INSISTENCIA de la Autógrafa de Ley, en su sesión Extraordinaria del 09 del presente.
26. Ley No 29223 (martes 6 de mayo 2008).
27. Sentencia del Tribunal Constitucional (15 de octubre 2008) Declara FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad.
28. Sentencia del 1er juzgado Civil, ante la demanda de Acción de Cumplimiento interpuesta por la FENDUP (29 de diciembre 2008).
29. Sentencia del 1er Juzgado Civil, ante Medida Cautelar presentada por la FENDUP (20 de enero de 2009).
30. Ley del Presupuesto de la República 2009 (28 de noviembre de 2008) Disposición final sexagésimo primera, en la que se dispone cumplir con el pago de la homologación de los docentes universitarios tal como lo dispone el Tribunal Constitucional.
31. Demanda Constitucional (Presentada al congreso el 14 de mayo de 2009).

Con estas 31 razones, entre ellas una sentencia del Tribunal Constitucional, queda evidenciado que los docentes merecen ser escuchados. ¿Lo hará este gobierno?

http://www.otramirada.pe/otra-mirada-al-dia