Crisis de la Universidad, crisis de las ciencias sociales y unas palabras sobre el Nobel a Elinor Ostrom

Antoni Domènech

Los estudiantes Edgar Manjarín y Bru Laín grabaron y Leonor Març y Casiopea Altisench transcribieron y tradujeron al castellano la intervención de Antoni Domènech en un diálogo público con el catedrático de teoría económica y ex-rector de la Universitat de Barcelona Joan Tugores. Organizado por la Asociación de Estudiantes Progresistas de la UB, el acto (“Crisis de la Universidad y crisis de las Ciencias Sociales”) tuvo lugar en la Facultad de Económicas de esa misma universidad el pasado 14 de octubre.

Es bueno empezar diciendo que este acto público organizado por los estudiantes es también un acto académico. La vida académica no son sólo las clases, las investigaciones o las rutinarias juntas de Facultad o de Departamento. El buen funcionamiento de una Universidad pública depende también decisivamente de actos modestos como éste, en el que profesores, estudiantes y personal administrativo se proponen reflexionar conjuntamente sobre la situación de una institución que inevitablemente refleja, y acaso de manera eminentemente agudizada, los problemas sociales, económicos, culturales y políticos generales de la sociedad.

No se puede entender lo que, al convocar este acto, habéis llamado ―crisis de la universidad y crisis de las ciencias sociales‖ sin entender que esas ―crisis‖ reflejan, más o menos mediatamente, una ―crisis‖ más amplia, una ―crisis‖ de la vida social. Y eso, contextualizar, es lo que acaba de hacer el profesor Tugores cuando ha sostenido que a lo que estamos asistiendo en las últimas décadas es a una especie de ―venganza de las elites‖: al intento de poner fin al gran movimiento de democratización de la enseñanza en general, y de la educación superior en particular, que se inició en Europa (y en buena parte del mundo, también en los EEUU) tras la derrota política y militar del fascismo en 1945. Eso, si no te entendido mal, Joan, viene a ser una invitación a pensar la crisis de la Universidad europea en el contexto de una Europa, digámoslo así, postantifascista. Invitación tanto más convincente e impresionante viniendo de alguien que ha sido nada menos que Rector de la segunda universidad pública más importante de España, la nuestra, la ―Central‖ de Barcelona.

De lo que yo me propongo hablar ahora es de uno de los aspectos más obvios –y tal vez por eso mismo, menos frecuentemente abordados de una manera explícita— de la ―crisis‖: lo que podríamos llamar el retroceso de la esfera o del espacio público en las últimas décadas. Ese retroceso se puede observar en la vida político-social general, en la educación superior y en el cultivo de las ciencias sociales.

El retroceso del espacio público en la vida social y económica

El retroceso del espacio público en general es suficientemente obvio. Me limitaré aquí a observar tres de sus manifestaciones más agudas:

1) El saqueo o expolio del patrimonio público, es decir, de bienes comunes que se construyeron con el ahorro y el esfuerzo de varias generaciones de trabajadores. Las vías por las que ese despojo ha venido siendo perpetrado en las últimas décadas son bien conocidas: puesta en almoneda de empresas e institutos públicos, aunque fueran –por decirlo con Leon Walras— monopolios ―naturales‖ o monopolios ―morales‖ (―privatizaciones‖), introducción de criterios de mercado y de beneficio privado en la gestión de servicios públicos, etc. Dos resultados inmediatos, tan distintos como elocuentes de eso, fueron la degradación de los ferrocarriles y del servicio postal (ése que a Marx le parecía ejemplar, y una prueba empírica de la factibilidad del socialismo) en Gran Bretaña y el caótico colapso del suministro eléctrico en el estado de California (un estado ahora mismo quebrado, dicho sea de paso).

2) El expolio desposesor del común patrimonio natural. Os pondré un ejemplo. Hace 10 años tuve la fortuna de ser invitado a dar un ciclo de conferencias a la Univversidad del Amazonas, en Belén, capital del estado brasileño de Parà. Varios de los alimentos más comunes y sabrosos en esa región amazónica se elaboran con cupuaçú, el fruto de una planta filogenéticamente emparentada con el cacao que las poblaciones originarias venían utilizando inveteradamente en su nutrición. Yo también disfruté con el cupuaçú. Pero hoy, cualquiera que utilice el nombre de cupuaçú para lo que sea (elaborar y vender un producto, o aun en la carta de un restaurante) corre el riesgo ser denunciado por la transnacional japonesa ASHAI Foods y terminar teniendo que pagar un multa de 10.000 dólares, al menos en Europa, Japón y los EEUU. ASHAI Foods registró a su nombre la ―marca‖ cupuaçú. Esto es sólo un pequeño y trivial ejemplo, pero acaso emblemático del expolio a que han sido sometidos en todo el mundo, y señaladamente en el tercer mundo, el patrimonio y los recursos naturales comunes: desde el agua hasta los genes, pasando por los combustibles fósiles.

Observad que tanto el expolio del patrimonio común público como el expolio del patrimonio común natural comparten este rasgo: la exclusión. Recursos a los que antes se accedía libremente –públicamente—, sin otro requisito que el de la ciudadanía o el de la pertenencia a una comunidad, recursos que eran diversamente gestionados en muchos casos con medidas de lo que el gran historiador marxista británico Edward P. Thompson llamó ―economía moral‖ popular, se convierten en recursos exclusivos y excluyentes: exclusivos para los que pueden pagarlos, y excluyentes para los que no pueden –o no quieren— pagarlos. Toda una legión de peritos en legitimación de las catástrofes y las injusticias –eso han llegado a ser, tristemente, muchos pretendidos ―científicos sociales‖— se ha encargado en las últimas tres décadas de justificar esa catastrófica injusticia. Dado que luego, como es obligado hoy en una facultad de ciencias económicas, diré algunas palabras sobre el Nobel de Economía que acaba de ser concedido con todo merecimiento a la gran investigadora de esos problemas que es la norteamericana Elinor Ostrom, volveré sobre este asunto.

3) La tercera manifestación aguda del retroceso del espacio público en nuestra vida político-social sobre la que quiero llamar la atención es la existencia (la ―escandalosa‖ existencia estaría uno tentado a decir, si no fuera porque una época, como la nuestra saturada de escándalos, el adjetivo ―escandaloso‖ ha perdido toda eficacia); es la existencia, digo, de lo que en Alemania ha dado en llamarse una ―puerta giratoria‖ entre el mundo de la política y el mundo de los grandes intereses económicos privados, la existencia de una creciente promiscuidad sin recato entre políticos y grandes empresarios y hombres de negocios. Impresiona la facilidad con que magnates y empresarios entran en el juego de la vida política (Berlusconi, el hombre más rico de Italia, es un caso llamativo, pero también lo es el de los banqueros Rubin o Paulson en las administraciones Clinton y Bush hijo), y la facilidad con que, a la inversa, políticos de primera fila, al abandonar el cargo, y como si fuera la cosa más natural del mundo, entran el mundo de los negocios: ¿habrá que recordar que dos ex-presidentes de gobierno en España, Felipe González y José María Aznar, son ahora empleados de dos grandes magnates internacionales: el archimillonario mexicano Carlos Slim y el magnate australiano de los medios de comunicación Rupert Murdoch? Algo parecido vale para Gerhard Schröder, el antiguo canciller socialdemócrata alemán, que está en el consorcio petrolífero Gazprom. Y el antiguo ministro de exteriores de su gobierno rojiverde, el otrora muy alternativo Joschka Fischer, es ahora mismo un consejero, supongo que excelentemente remunerado, de la empresa automovilística BMW. La puerta giratoria es un fenómeno relativamente nuevo, y es una manifestación muy visible –la financiación privada de las campañas electorales y de los partidos políticos y de sus fundaciones es al menos tan importante, pero difícilmente sale a la luz, como no sea con ocasión de casos particularmente esperpénticos, como los que ahora mismo estamos viendo en el caso del Palau de la Música en Barcelona o, a mucha mayor escala, el que afecta al Partido Popular en Valencia— de la intromisión, de la tiranía, si queréis, ejercida por los grandes intereses económicos en los procesos de toma de decisiones políticas democráticas. ¿Cómo evitar la sospecha de que detrás del aplauso de Felipe González –y de sus amigos del diario El País el 13 de abril de 2002— al frustrado golpe de Estado empresarial contra Hugo Chávez estaban intereses empresariales, entre ellos los de Carlos Slim? O por ir a cosas de magnitud incomparablemente mayor, ¿cómo evitar la sospecha de que detrás de la decisión de los megarrescates bancarios a que comenzó a proceder hace ahora un año el secretario del Tesoro de Bush, Paulson, estaba el banco del que él era alto ejecutivo, Goldman Sachs, banco del que, dicho sea de paso, también fue ejecutivo el todopoderoso secretario del Tesoro de Clinton, Rubin, padrino político y empresarial del actual secretario del Tesoro de Obama, Geithner? Y no estamos hablando aquí de horteras trajes tergaleros de 2.000 euros o de empalagosos relojes de 6.000 euros, estamos hablando de cifras de vértigo: los rescates bancarios en EEUU montan ya a estas alturas el mareante volumen de 4 billones de dólares: para que os hagáis una idea, porque con semejantes cifras es fácil perder el sentido de la magnitud, se acerca ya mucho al gasto –en dólares constantes de 2009, es decir, descontada la inflación— en que incurrieron los EEUU como resultado de su participación en la II Guerra Mundial entre 1941 y 1945. (Para seguir contribuyendo a robustecer nuestro sentido de las magnitudes: en dólares constantes, la inversión del Plan Marshall para reconstruir un continente europeo devastado por la guerra ―sólo‖ fue de 200 mil millones de dólares.)

El retroceso del espacio público en la enseñanza superior

Quisiera limitarme aquí a dos observaciones. Una es la constatación de una tendencia. Y otra es más bien la reafirmación de una distinción conceptual que, de no hacerla, confunde mucho el debate, particularmente en las facultades de ciencias sociales.

Hay una tendencia inequívoca al progreso del ánimo de lucro y al avance de soluciones de mercado, excluyentes, en la enseñanza superior: aumento de los ―ingresos propios‖ de las universidades, tasas cada vez más elevadas de matriculación, ingresos por consultorías y vinculación de la investigación y aun de la docencia a empresas privadas, y en fin, y más radicalmente, creación de instituciones universitarias privadas. Esa tendencia es innegable, y opera por doquiera. En un artículo del suplemento de enseñanza superior del diario conservador británico The Times publicado el pasado mes de julio se puede ver que el retroceso de lo público afecta lo mismo a los países industrializados y a los países del llamado tercer mundo: entre los países industriales se registran incrementos modestos (menos de un 10%) en Alemania y Nueva Zelanda, moderados (entre un 10% y un 35%) en Hungría y los EEUU y muy altos (más de un 60%) en Japón y Corea del Sur. Entre los países pobres, incrementos modestos (menos de un 10%) en Cuba y Suráfrica, moderados (entre un 10% y un 35%) en Kenia y Egipto, altos (entre un 35% y un 60%) en India y Malasia y muy altos (más de un 60%) en Brasil y en Indonesia.

Los dos informes presentados a la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 que, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tuvo lugar en París el pasado mes de julio mostraban el crecimiento explosivo de la oferta privada. El sector privado suministra ya el 30% de la matrícula mundial en la enseñanza superior. Más de la mitad de la población estudiantil de México, Brasil y Chile recibe ya educación es esas instituciones con ánimo (excluyente) de lucro.

En el primer informe, Tras la pista de una revolución académica: Informe sobre las tendencias actuales, se afirma:

―La propagación de la enseñanza superior privada [...] ha sido uno de los hechos más notables de los últimos decenios‖. (…) Lo que, por lo pronto, está cargado de enormes riesgos para el nivel de la vida académica:

―En general, el sector privado absorbe la demanda, ofreciendo acceso a la enseñanza superior a estudiantes que tal vez no estén calificados para ingresar en las instituciones públicas, o que no pueden matricularse en otras universidades que ya están atestadas. [...] en general el sector privado atiende a una clientela masiva y no goza de prestigio.

Esas universidades:

―están gestionadas siguiendo un modelo empresarial, y en ellas, el poder y la autoridad se concentran en los consejos de administración y los consejeros delegados; el cuerpo docente posee escasa autoridad o influencia, y se trata a los estudiantes como a consumidores‖.

Vengo ahora a la segunda observación. Se dice a veces, sobre todo en las facultades de ciencias sociales y de humanidades, que esta tendencia al retroceso de la enseñanza superior como bien público democráticamente accesible y democráticamente gestionable o gobernable también con criterios de bien común público es paralela a un retroceso de las ciencias sociales y de las humanidades a favor de las ciencias naturales y experimentales. Eso es inexacto, si no falso, y vale la pena prevenir aquí contra una confusión cargada de consecuencias.

La ciencia básica, la investigación teórica fundamental, sea natural o social o filosófica, es una actividad a la que –no debería hacer falta argumentar mucho eso en una facultad de ciencias económicas— no puede, por definición, aplicarse el cálculo coste/beneficio. Es imposible saber el valor –el ―beneficio— de una información hasta que no la poseemos, motivo por el cual es imposible determinar de antemano cuál es el coste en el que vale la pena incurrir para obtener el bien informativo deseado. (Una buena parte de las teorías científicas que consideramos verdaderas y epistémicamente valiosas no tienen, décadas después de haber sido descubiertas o formuladas, el menor uso tecnológico, industrial o militar. La teoría científica más famosa del siglo XX, la teoría general de la relatividad, no ha tenido hasta hace muy pocos años la menor utilidad práctica, y ahora la usamos para un fin relativamente modesto: construir los localizadores GPS). Por eso la investigación científica fundamental ha sido siempre sufragada con recursos públicos (así, en Europa y en los sistemas de universidades públicas norteamericanas, como el de California) o privado-altruistas (así, en determinadas universidades norteamericanas de primer nivel, como Harvard o Stanford), y nunca por instituciones privadas con ánimo de lucro y de exclusión, nunca por empresas privadas que compiten en mercados.

Visto de ese modo, hay que decir dos cosas.

Primero: que la privatización total de las instituciones de educación superior representa una amenaza cultural de primer orden para la pervivencia de toda la investigación científica básica, natural o social (y en general, para toda la cultura superior, que está compuesta de cosas que ni sirven ni deben servir para nada ―útil, mercantilizable o no.)

Y segundo: que la privatización parcial de las universidades públicas (por la vía de contratos con empresas privadas, patrocinio privado de instalaciones e investigaciones finalísticamente orientadas, establecimiento de sistemas de patentes sobre resultados científicos logrados, etc.) ha de verse políticamente como saqueo, como despojo de bienes públicos en beneficio de intereses privados.

La “crisis” de las ciencias sociales y el retroceso del espacio público

Vengo ahora al tercer punto de mi intervención, que es, como anunciado, el retroceso del espacio público en el cultivo de las ciencias sociales. Este es un punto delicado –quiero decir, filosóficamente delicado— al que, en mi opinión, no se presta la debida atención.

La actividad científica en general –formal, natural o social— sólo puede desarrollarse y prosperar en el espacio de la razón pública, es decir, fuera de la tiranía –o de la seducción— de las razones y los intereses privados, por legítimos que éstos puedan ser en otros respectos. La actividad científica no está sola en ese empeño por dejar de lado las razones privadas. La república de la investigación científica no es la única institución social que tiene inscrita en su pórtico esta severa advertencia contra las razones privadas: lasciate ogni speranza voi ch'entrate. Está por lo pronto en la buena compañía del derecho republicano (antiguo y moderno): cuando la madre de un acusado que ha sido condenado con todas las pruebas periciales posibles por una corte penal de justicia exclama que no puede creer en la culpabilidad de su hijo y que, diga lo que diga un eficiente fiscal que, con buenas razones públicas –testigos de los hechos, huellas dactilares, huellas genéticas, etc.—, acaba de destruir epistémicamente la presunción de inocencia de su hijo, ella sigue teniendo la ―certeza moral‖ de que el acusado es inocente; cuando esa madre se nos agarra de los faldones del alma, todos podemos entender sus razones privadas, y aun conmovernos con ellas, pero esas razones privadas no son presentables ante una corte de justicia que no admite ni puede admitir como argumentos más que razones públicas.

La ciencia moderna –como el derecho republicano moderno— nació y prosperó cuando se liberó el espacio público suficiente de la tiranía de los intereses y de las razones privadas. El derecho moderno es, en buena medida, la destrucción de la tiranía ejercida por el privilegio (de privi-legium, ―ley privada‖). En particular, el derecho penal moderno –nacido de la Revolución francesa— obligó a los fiscales a tener que destruir con razones públicas objetivas, expresables en lenguaje de tercera persona, la presunción de inocencia de todo acusado; mientras que, en cambio, la clerigalla que manejaba los tribunales de la Inquisición –la Inquisición misma era ya privi-legium de un instituto de derecho privado: la Iglesia católica— obligaba al reo a ―probar‖ su inocencia, y era culpable hasta que lograra –¡ardua tarea!— o modificar o sobornar las certezas morales privadas de sus acusadores.

No es casual que en el famoso proceso de la Inquisición contra Galileo confluyeran ambos mundos, el del derecho y el del nacimiento de la ciencia empírica moderna: la actividad científica es incompatible con el privilegio por lo mismo que es incompatible con la tiranía de las razones privadas (ya sean ―sagradas‖), y no puede sino florecer y prosperar más que en ambientes culturales que crean y protegen los grandes espacios institucionales en que, bien defendidas de la tiranía o de la seducción de los intereses privados, moran la razón y la deliberación públicas.

Pues bien; en estas últimas décadas que, como recordaba el estudiante Manjarín hace poco, Paul Krugman (Premio Nóbel de economía del año pasado) ha calificado de verdadera ―edad obscura de la ciencia económica‖, puede decirse que, no sólo en el cultivo de la teoría económica, sino en el de todas las ciencias sociales, se ha dejado notar el retroceso del espacio público y la intrusión del privi-legium. Eso se puede ver de muchas maneras. Me parece instructivo mostrarlo aquí sólo desde este ángulo: el desprecio de los hechos y de la realidad objetiva. Porque una de las características más llamativas del tipo de teoría económica y de los tipos teorización política y social que han proliferado en estas tres últimas décadas de obscurantismo intelectual en las ciencias sociales –si se me permite extender la calificación de Krugman más allá de las fronteras de la pura teoría económica— es la impugnación de lo que podríamos llamar la soberanía de los hechos objetivos, pública e intersubjetivamente observables.

Las dos manifestaciones más visibles de eso se han dado en la evolución de la teoría económica neoclásica (así como en los subproductos que el llamado ―imperialismo de la ciencia económica‖ ha engendrado en la politología y en la sociología recientes) y, en el otro extremo, en las ciencias sociales de impronta, digamos, relativista y postmodernista. Eso puede resultar un poco sorprendente, porque la primera se reviste con un aparato analítico y matemático aparentemente sólido, y todo entre grandes protestas y aun alardes de ―cientificidad‖, mientras que las segundas son una especie de apología de la arbitrariedad, una versión actual, sedicentemente de izquierda, del me ne frega mussoliniano tan en boga en los ambientes de la extrema derecha cultural europea de los años veinte y treinta del siglo pasado. Así que vale la pena apreciar esta impía convergencia con un poco de detenimiento.

Una de las ―modas más llevaderas de la macroeconomía de los últimos años, como bien sabe mi colega Joan Tugores, ha sido la llamada ―teoría de los ciclos económicos reales‖, una teoría que ha sido central en la llamada contrarrevolución antikeynesiana de las últimas décadas. El curioso propósito de esa teoría, entre otras cosas, era mostrar porqué las economías se comportaban empíricamente de una manera más o menos ―keynesiana‖, siendo así que la teoría macroeconómica keynesiana no podía ser verdadera, porque era incompatible con la microeconomía y con los dogmas centrales de la racionalidad económica de los agentes.

Nada ejemplifica mejor el carácter cargadamente ideológico de esa pulsión micro que iba abatiéndose sobre las facultades de economía que el asombro y el disgusto que causaron en economistas para nada alejados políticamente del neoliberalismo, pero que, por su condición de hombres políticamente activos, se veían obligados a lidiar con el capitalismo realmente existente. He aquí lo que opinaba uno de esos economistas, el famoso Larry Summers, en 1986 (antes, pues, de convertirse en el factótum económico de la administración Clinton): esas nuevas teorías, decía:

―… modelan la economía como un equilibrio walrasiano flotante perturbado por shocks de productividad (…) niegan afirmaciones consideradas evidentes por muchos macroeconomistas académicos y por todos quienes trabajan en labores de predicción de la economía día a día. (…) Si esas teorías son correctas, lo que implican es que la macroeconomía desarrollada en la estela de la revolución keynesiana está confinada en el basurero de la historia. Y sugieren que el grueso del trabajo desarrollado por los macroeconomistas contemporáneos apenas tiene más valor que el de los astrólogos.

Summers se asombraba de que el fundamentalismo de esos teóricos les arrastrara hasta extremos metodológicamente inconcebibles, como el de afirmar lo que sigue:

―Una parte importante de estas desviaciones e incongruencias [entre la teoría y las observaciones empíricas] muy bien podría desaparecer, si las variables económicas se midieran de manera más conforme a la teoría. De aquí que (…) la teoría de los ciclos económicos deba ir por delante de las medidas empíricas de esos ciclos.‖ [Citado por Larry Summers, ―Some Skeptical Observations on Real Business Cycle Theory‖, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 10, No. 4, (primavera de1986), pp. 23-27.]

Aquí tenemos un caso paradigmático de lo que he llamado impugnación de la soberanía de los hechos objetivos. La pretensión de que las variables empíricas se midan ―conforme a la teoría‖ es algo tan desapoderado metodológicamente como si un físico que quisiera poner a prueba la Ley de Boyle-Mariotte que relaciona matemáticamente presión, volumen y temperatura pretendiera que para medir, por ejemplo, la presión de un gas, o su temperatura, construyéramos instrumentos de medición –manómetros, termómetros— que supusieran ya que la Ley de Boyle-Mariotte es correcta.

Que la teoría ―deba ir por delante de las medidas empíricas‖ quiere decir que no hay manera de carearla empíricamente. La cosa sería para echarla al partido de la risa, si no fuera porque estas gentes (los llamados economistas de ―agua dulce‖, concentrados en las grandes universidades norteamericanas no costeras, situadas a orillas de los grandes lagos septentrionales, como la de Minesota o la de Chicago) han gozado del poder suficiente en sus instituciones como para despedir o impedir el acceso a cualquier economista que oliera remotamente a keynesianismo (como Krugman, premio Nóbel 2008), por no hablar de tendencias más radicales o más alejadas del núcleo de los preambula fidei neoclásicos (como la Premio Nóbel de este año, Elinor Ostram).

Quien desprecia cuanto ignora, puede permitirse el lujo de decir: ciencia es lo que yo digo que es ciencia, lo demás es doctrina progre, o astrología, o lo que sea. Una razón privada, acaso excelente, que tiene, sin embargo, el defecto de que suma a la impugnación de la soberanía de los hechos públicamente observables el ataque la libertad académica, y si encima goza del privi-legium de poder decidir sobre la suerte de sus subalternos o de sus colegas, la suerte está echada: más no puede encoger el espacio público en la vida académica.

La impugnación de la soberanía de los hechos objetivos públicamente observables e independientes de las propias convicciones, de las propias necesidades cognitivas, de los propios intereses y aun de las propias ―teorías‖ (o ―Teorías‖) tiene una consecuencia epistémica y políticamente muy interesante, lúcidamente formulada por Bertrand Russell a comienzos del siglo XX. Y es que si cuando dos disputan no hay nada objetivo a lo que apelar, nada que sea independiente de las razones o de los intereses privados de los contendientes, entonces queda completamente destruido el espacio de deliberación pública, y lo único que queda es apelar a la fuerza:

"La teoría pragmática de la verdad [en boga en los EEUU] está inherentemente conectada con la apelación a la fuerza. Si hay alguna verdad no humana que uno pueda conocer, y otro, no, tenemos un criterio al margen de los disputantes, un criterio al que poder someter la disputa; de aquí que un planteamiento judicial de las disputas sea al menos teóricamente posible. Pero si, al contrario, la única manera de descubrir cuál de los disputantes lleva razón es esperar y ver quién gana, entonces no hay otro principio que el de la fuerza para decidir el asunto. [...] Las esperanzas de la paz internacional, lo mismo que el logro de la paz interior, dependen de la creación de una fuerza efectiva de la opinión pública formada a partir de una estimación de las razones y las sinrazones de las disputas. En este caso, sería erróneo decir que la disputa se decide por la fuerza, si no añadiéramos que la fuerza depende de la justicia. Pero la posibilidad de que se forme una opinión pública de este tipo depende de la posibilidad de un criterio de justicia que es una causa, no un efecto, de los deseos de la comunidad; y ese criterio de justicia parece incompatible con la filosofía pragmatista. Esta filosofía, pues, que empieza con la libertad y la tolerancia, acaba desarrollando, con inherente necesidad, una apelación a la fuerza y al arbitraje de los grandes batallones.

Este texto de Russel es de 1910. Sólo 13 años después, el dictador fascista italiano Mussolini venía a confirmar el premonitorio vínculo establecido por Russell entre la impugnación de la soberanía de los hechos objetivos y públicamente observables y la apelación a la fuerza y al privilegio del más fuerte, que es lo único que queda cuando se ha destruido el espacio de la deliberación pública trabajosamente conquistado por la Ilustración:

"En Alemania, el relativismo es una construcción teórica extraordinariamente audaz y destructiva (quizá sea la venganza filosófica de Alemania que anuncia la venganza militar).En Italia el relativismo no es sino un hecho. El fascismo es un movimiento superrelativista porque nunca ha intentado revestir su complicada y vigorosa actitud mental con un programa concreto, sino que ha triunfado siguiendo los dictados de su intuición individual siempre cambiante. Todo lo que he dicho y hecho en estos últimos años es relativismo por intuición. Si el relativismo significa el fin de la fe en la ciencia, la decadencia de ese mito, la 'ciencia', concebido como el descubrimiento de la verdad absoluta, puedo alabarme de haber aplicado el relativismo al análisis del socialismo. Si el relativismo significa desprecio por las categorías fijas y por los hombres que aseguran poseer una verdad objetiva externa…, entonces no hay nada más relativista que las actitudes y la actividad fascistas… Nosotros los fascistas hemos manifestado siempre una indiferencia absoluta por todas las teorías… Nosotros los fascistas hemos tenido el valor de hacer a un lado todas las teorías políticas tradicionales, y somos aristócratas y demócratas, revolucionarios y reaccionarios, proletarios y antiproletarios, pacifistas y antipacifistas. Basta con tener una mira fija: la nación. Lo demás es evidente… El relativista moderno deduce que todo el mundo tiene libertad para crearse su ideología y para intentar ponerla en práctica con toda la energía posible, y lo deduce del hecho de que todas las ideologías tienen el mismo valor, que todas las ideologías son simples ficciones.

A los profesores de sociología y de ciencia política que están en la sala les propongo un pequeño y muy poco costoso experimento. Del texto que acabo de citar de Mussolini quitad la horrísona palabra ―fascismo‖ (poned en su lugar cualquier otra cosa, o djadlo con una X), y pasadlo a vuestros sus alumnos: la tarea consiste en averiguar quién lo escribió y cuándo. Yo lo he hecho: la mayoría de los alumnos de politología, de sociología o de filosofía creen que es un texto reciente de algún postmoderno francés o norteamericano (¡felices países, Francia y EEUU, que, a diferencia de Alemania, Austria, Italia o España, apenas conocieron las manifestaciones culturales del fascismo de los años 30!).

El desprecio de los hechos, la idea de los economistas neoclásicos y de los rational choicers de que la ―teoría va por delante de los hechos‖, como la idea de los sociólogos, los politólogos y los filósofos postmodernos de que no hay hechos objetivos independientes de nuestros intereses y nuestras construcciones intelectuales (de que todo es ―socialmente construido‖, o de que todo es ―voluntad de poder‖, o de que sólo hay ―verdades subjetivas‖), ideas tan aparentemente alejadas en sus designios, han venido a converger catastróficamente en esto: en la labor de destrucción, desde dentro, del espacio de deliberación pública en el que necesariamente han de vivir las instituciones de enseñanza superior.

Replicando a los historiadores postmodernos que afirmaban que el pasado ―no existía‖ porque no había hechos objetivos que registrar o que explicar, el venerable historiador marxista británico Eric Hobsbawm los comparó con certera sagacidad con el abogado del culpable en un juicio penal: porque la única manera de defender a alguien cuya presunción de inocencia ha sido concluyentemente destruida por el fiscal con razones públicas que apelan a hechos objetivos es negar que existan razones públicas sustentadas (entre otras cosas) en hechos públicamente observables. Y sí: el desprecio de los hechos que comparten los economistas neoliberales y los sociólogos y los filósofos relativistas es parte de una estrategia de picapleitos, apta sólo para defensores de culpables.

Uno de los ídolos del relativismo filosófico de estas últimas décadas ha sido el ―anarquista epistemológico‖ Paul K. Feyerabend, quien al menos tiene la ventaja sobre los filósofos estructuralistas y postestructuralistas franceses –campeones del bullshit— y sus hechuras de escribir claro. Como los picapleitos bien entrenados para defender a culpables. Ved, si no, esta clara y contundente defensa de un culpable que, a la vez que ofende y denigra a la víctima, hace la apología del privi-legium del victimario:

"El juicio de los expertos eclesiásticos [condenando a Galileo en el siglo XVII] fue científicamente correcto. Esos expertos de la Iglesia tenían, además, unas intenciones sociales correctas, a saber: proteger a los hombres de las trapacerías de los especialistas. Había que proteger a los hombres de que fueran corrompidos por una ideología limitada, que tal vez funcionara en ámbitos limitados, pero que resultaba inadecuada para sostener una vida armoniosa. Con una revisión del juicio podría tal vez haber conseguido la Iglesia hacerse con algunos amigos entre los científicos, pero eso habría ido en desmedro de su función de custodia de los valores humanos y sobrehumanos importantes."

Pero no todo han de ser malas noticias. Precisamente hoy, los científicos sociales tenemos nuevas buenas nuevas.

Unas palabras sobre el Premio Nobel de Economía 2009 a Elinor Ostrom

Así como el Premio Nóbel del año pasado era muy esperable –recayó en un enfant terrible del establishment académico que había sido uno de los más mordaces críticos de la política económica de Bush precisamente en el momento en que el capitalismo remundializado, financiarizado y (des)regulado a favor de los ricos se estaba desplomando—, el Premio Nóbel a Elinor Ostrom de este año ha sido una sorpresa. Una agradable sorpresa que conviene celebrar especialmente en una facultad de ciencias económicas como la nuestra, que tiene la fortuna de albergar también, desde su misma fundación, a politólogos, a sociólogos, a historiadores, a juristas y a filósofos.

Sorpresa porque, para empezar, la profesora Ostrom pertenece a una tradición científica completamente alejada de la teoría económica neoclásica, una tradición, la histórico-institucionalista, prácticamente barrida de los departamentos de teoría económica norteamericanos (y europeos) desde hace décadas. Tan es así, que la propia Ostrom está en un departamento de ciencia política.

Sorpresa también porque sus ideas científico-sociales no sólo están alejadas de los dogmas de la teoría neoclásica y de rational choicers et minoresque alii (el economista californiano Paul Romer ha escrito hoy mismo que es un Premio contra el ―imperialismo‖ de la ciencia económica
en la sociología y la politología), sino que Ostrom entra por uvas y polemiza con esos dogmas científicamente parroquianos, tanto metodológica como substantivamente.

Por último en punto a entender la sorpresa causada por su Nobel: el objeto de estudio al que la profesora Elinor Ostrom y su marido, Victor Ostrom, han dedicado su vida no puede estar más alejado de los intereses de la profesión económica en las últimas décadas, ni, por qué no decirlo, más cercano a lo que estamos discutiendo aquí: los bienes comunes y la forma en que las gentes del común se las arreglan para gestionarlos con eficiencia. En su legendario y seminal ensayo sobre la ―economía moral de la multitud‖ el historiador marxista británico Edward P. Thompson había ya destruido, contextualizándolo históricamente, el mito acuñado en los 60 por Garrett Hardin sobre la llamada ―tragedia de los comunes‖ (según el cual el proceso de desposesión por privatización de los bienes comunales en la Inglaterra del siglo XVIII se explica por la ineficiencia económica de los mismos). El trabajo de Ostrom es una demolición empírica y analítica en toda regla de ese mito ―fundacional‖, si así quiere decirse, de la doctrina neoliberal apologética del capitalismo y de su cultura económica de despojo y expropiación (aquella ―economía política tiránica‖, a la que Robespierre opuso su ―economía política popular‖ y Thomas Paine, su ―justicia agraria).

Elinor Ostrom trabajó, entre otros, con el matemático alemán, y también Premio Nobel de economía, Reinhard Selten, uno de los últimos grandes innovadores en teoría de juegos (con su famoso criterio de la ―mano temblorosa‖ para decidir entre una multiplicidad de equilibrios de Nash). En sus diseños experimentales y en sus estudios empíricos, Ostrom se dio cuenta de que la teoría matemática de juegos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en biología evolutiva, carece prácticamente de poder predictivo y explicativo en las ciencias sociales. Eso es así, entre varias otras cosas, porque, como en general toda la teoría estándar de la elección racional, la teoría de juegos no puede enfrentarse al problema de la información subjetiva (―intencional‖, en el sentido técnico-filosófico del concepto) de los agentes económicos; y eso a diferencia de lo que ocurre en biología, en donde las entidades maximizadoras de los modelos matemáticos que emplean teoría de juegos –los genes, por ejemplo— no son agentes intencionales, capaces de cognición, movidos por información subjetivamente procesada y, encima, con funciones de utilidad que no pueden representarse como matemáticamente independientes entre sí, sino que deberían poder crecer o decrecer matemáticamente unas relación con otras. (Entre paréntesis, y para los que en la sala no sean economistas: un dogma central de la racionalidad económica es que las funciones de utilidad que supuestamente maximizan los agentes económicos son matemáticamente independientes unas de otras. Eso quiere decir que los agentes son egoístas: si mi función de utilidad creciera matemáticamente con la del profesor Tugores, sería altruista respecto de él –me alegraría ahora por él, que ya se quitó de encima la carga de ser rector, por ejemplo—; si decreciera, en cambio, diríamos que le envidio –todavía ahora se me pondrían los dientes verdes sólo con pensar que ha sido decano de esta facultad y rector de la UB durante años—. No hay el menor problema, en este punto, en caracterizar a los genes como maximizadores de funciones matemáticamente independientes. Pero quien se empeñe en construir hipótesis matemáticas así para agentes intencionales humanos, va listo.) Bueno, pues la formación como científica cognitiva de Ostrom vinculación académica a programas de ciencia cognitiva le ayudaron a comprender cabalmente este problema científico, y han contribuido no poco a su crítica empírico-analítica del rational choice y del monismo motivacional –panegoísta— del mismo y a darse cuenta de que, en general, las hipótesis y los experimentos game theoretic en ciencias sociales o son tautologías camufladas (grotescas parodias de la teoría microeconómica), o son un fiasco predictivo, o –entretenimiento de investigadores ociosos y buscadores de rentas académicas— meros jueguecitos científicamente irrelevantes con caricaturas de agentes enfrentados a problemas muy simples y completamente artificiales, incapaces de aclarar y modelar lo que ella llama ―dilemas sociales‖ fundamentales.

Por otro lado, la formación histórico-institucional de Ostrom le ayudó a construir hipótesis y modelos fecundos sobre importantes ―dilemas sociales‖ reales y a diseñar experimentos económico-sociales interesantes y científicamente relevantes, cuando se percató de que las instituciones proporcionan –holistamente— información a los agentes, y de que esa información es describible objetivamente, con lenguaje de tercera persona y de modo conceptualmente independiente de la(s) teoría(s) que ayuda(n) a construirlos. Su visión de la evolución y de la eficiencia de las instituciones sociales que gobiernan bienes comunes en relación con la información (son eficientes las instituciones en las que los agentes pueden acceder fácilmente a toda la información disponible) es uno de los logros más importantes de su carrera científica. Y ese logro le ha permitido también echar luz institucionalista sobre el confundente tratamiento que los economistas neoliberales y los juristas influidos por la huera tautología conocida con el superferolítico nombre de ―análisis económico del derecho‖ dispensan al importante problema de los derechos de propiedad, así como hacer aportaciones decisivas a la economía ecológica y a la comprensión de la historia de la vida económica.

Anteayer, cuando se le concedió el Premio Nobel, lo menos que puede decirse es que reinaba el desconcierto. Lo revela esta pregunta: ―Lo suyo, profesora Ostrom, ¿es teoría económica, es teoría política o es teoría social? La devastadora y elocuente respuesta –―lo que yo hago podría llamarse economía política‖— fue como una bofetada a más de un siglo de estupidez e impostura científica: el siglo largo transcurrido desde que el predicado de ―política‖ comenzó a desaparecer de las facultades de economía de todo el mundo, y la unificada ciencia social clásica, a fragmentarse –a idiotizarse— tan innecesaria como infértilmente.

Antoni Domènech es catedrático de filosofía y metodología de las CCSS en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidat de Barcelona y editor general de SinPermiso.

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