CRISIS EN UNIVERSIDADES

Mercedes Cabanillas

Coincido con Nicolás Lynch, en lo sustantivo, cuando expresa su preocupación por la situación actual de la universidad. Es una verdad harto conocida, afirmar que ésta atraviesa por una profunda crisis que le impide contribuir a la solución de los problemas del país. El descontento social es generalizado, no solo por el bajo nivel en la calidad de la enseñanza, sino porque se advierte que no existe una adecuada articulación entre la universidad y el desarrollo nacional. El problema es mucho más complejo, lo que nos obliga a legislar con prontitud y rigor, de cara a una realidad cada vez más exigente por el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas especialidades técnico-productivas.

Somos conscientes de esta urgencia, por lo que no es exacto que Nicolás Lynch diga que a mi pedido la Comisión de Educación “decidió no discutir la propuesta de una nueva ley universitaria y mandar el predictamen al archivo”. Falso. Ni fue pedido, ni está archivado: se encuentra en Orden del Día de la Comisión para su debate, Será necesario, por razones metodológicas y prácticas, identificar y agrupar los aspectos esenciales, trascendentes e ineludibles por legislar, como: qué tipo de universidad queremos, y, en concordancia, atribuirle los fines y objetivos correspondientes; su forma de gobierno y estructura orgánica; el procedimiento de elección de autoridades; los alcances de gratuidad en la educación superior; la formación profesional orientada a los requerimientos del mercado laboral y en la dirección del crecimiento de los sectores económicos del país, lo cual nos debe llevar a precisar que, periódicamente, se evalúe la vigencia de las carreras ofertadas.

Como se podrá apreciar, son muchos los aspectos pendientes de debate, los cuales, sumados al tema del recurso presupuestal, en el caso de las universidades públicas, o la asimilación de la evaluación y acreditación de la calidad, convierten a las universidades en instituciones de urgente atención. En lo que respecta a las filiales universitarias, debo recordar que fue, precisamente, a mi iniciativa legislativa que en junio del 2005 se dio la Ley 28564, vigente, que restituyó el tercer párrafo del artículo 5 de la ley universitaria, “quedando prohibida la creación de nuevas filiales universitarias públicas y privadas, fuera del ámbito departamental de su sede principal”.

El contenido de esta ley, así como la incorporación de mi propuesta sobre dejar en suspenso la creación de nuevas universidades, hasta que entre en funcionamiento el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), dicen de mi interés por la educación universitaria. Mi preocupación sobre este tema viene de mucho atrás y no obedece a exigencias mediáticas ni coyunturales.

La República
22-03-10