LA OROYA

AGONIZA

La Oroya es una ciudad ubicada a 175 Km. de Lima, en el departamento de Junín (Perú). En 1922 se convirtió en un centro metalúrgico cuando la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation inició sus operaciones. Desde entonces, la vida y la economía de esta población de aproximadamente 30,000 habitantes, gira en torno a las necesidades de esta gran fundición. La misma que es responsable de la contaminación por plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados que emite diariamente al medio ambiente, a través de una enorme chimenea que parece dominar la ciudad.

Las consecuencias de la exposición a estos contaminantes, van desde el deterioro irreversible del sistema respiratorio, diferentes tipos de cáncer, efectos adversos en el sistema reproductivo y en el desarrollo y daños a órganos vitales; hasta cambios de conducta y en la actividad cerebral y agotamiento permanente, sobretodo a niños y niñas menores de 6 años. A pesar de ello, las autoridades de salud y ambientales del Perú no han cumplido las obligaciones de control a la actividad metalúrgica y de protección a la salud de las personas.

La Oroya es el único lugar en América del Sur, de acuerdo a un informe del Blacksmith Institute (2006), que presenta los peores niveles de contaminación y afecta seriamente la salud de las personas, por ello ha sido incluida en una escalofriante lista de los 10 lugares más contaminados del mundo, junto a Chernobyl donde ocurrió el mayor accidente industrial del mundo, Dzerzhinsk una ciudad rusa donde se fabricaban armas químicas, Linfen donde se desarrolla la industria de carbón en China y Rapinet donde más de 3 millones de personas están afectadas por desechos de curtiduría en La India.

Cronología de hechos

En 1974 la fundición pasó a manos del Estado Peruano: CENTROMIN Perú, quien presentó en 1996 su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Plan de 10 años, al cabo de los cuales la empresa se adecuaría a las normas ambientales vigentes en el Perú.

En 1997 el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) es vendido a la empresa norteamericana Doe Run Company y se crea Doe Run Perú (DRP), quien desde el comienzo modifica 3 veces el PAMA y pide una ampliación de su plazo (que vencía en enero del 2007) por cinco años más.

Después de muchos escándalos y denuncias en medios de comunicación, nacionales e internacionales, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en controversial desición, resuelve en junio del 2006, darles la ampliación del PAMA hasta el 2009.

Lamentablemente, esta desición es tomada, aún sabiendo que desde 1999 se vienen realizando estudios de salud y a partir del 2001 se evidenciaron los altos niveles de plomo en sangre en mujeres gestantes y niños. Según el propio Ministerio de Salud (MINSA), el 99.1% de los niños oroínos tienen promedios altos de plomo en sangre, 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro), sobrepasando los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la salud (OMS), que son 10 ug/dl.

En el 2005 la Universidad de Saint Louis, Missouri, en convenio con el Arzobispado de Huancayo, realizó un “Estudio sobre la contaminación ambiental en los hogares de La Oroya y Concepción y sus efectos en la salud de sus residentes”, para determinar los niveles de metales tóxicos en sangre y orina. Los resultados del muestreo biológico confirmaron la gravedad de la situación de salud comunitaria, concluyendo que la población de La Oroya y Concepción están contaminadas con plomo, arsénico, cadmio, antimonio, etc.

Esta situación suscitó que en Noviembre de 2005 las organizaciones Earthjustice, CEDHA (Centro de Derechos Humanos y Ambiente) y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente), junto con el Dr. Carlos Chirinos (abogado peruano), solicitaran medidas cautelares (para que se hagan acciones urgentes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en nombre de un grupo de personas en La Oroya, incluyendo varios menores de edad.
El 27 de junio del 2006, se reconoció el derecho a la salud de la población de La Oroya pues el Tribunal Constitucional peruano (TC) dictó sentencia en un proceso de acción de cumplimiento, declarando culpable al MINSA y ordenando implemente en 30 días un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes.

Casi paralelamente, el 02 de agosto del 2006, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) publicó el “Plan a Limpiar el Aire de la Cuenca Atmosférica de La Oroya”, con el objetivo de proteger la salud de las personas y la calidad del ambiente a través de la implementación de estrategias, políticas y medidas de acción directas, concertadas y participativas para controlar la contaminación ambiental, reduciendo las emisiones de la chimenea y las llamadas emisiones fugitivas del CMLO. Este plan incluía un "Plan de Contingencia", cuya finalidad era reducir la exposición de la población a altos niveles de contaminación así como reducir las emisiones en los episodios más agudos de contaminación, las cuales deben contar con la activa participación de la población afectada y el macroemisor (DRP).

Como las acciones dentro de Perú no se han cumplido, y las acciones que el MINSA argumentó ante el TC como eficientes (Convenio, modificación al PAMA, acuerdos) no han sido suficientes para mejorar la situación en la ciudad de La Oroya, también se presentó en Diciembre de 2006, ante la CIDH, una solicitud de caso (demanda) para que se determine la responsabilidad del Estado peruano por las afectaciones en la salud, la dignidad, la integridad y la vida y de los derechos de los niños, entre otros, debidos a la falta de control de la contaminación en La Oroya.
La CIDH siguió recibiendo información actualizada del caso La Oroya y después de estudiarlo, con fecha 31 de Agosto de 2007, decretó medidas cautelares urgentes a favor de los 65 beneficiarios, para que el Estado Peruano brinde diagnóstico y tratamiento médico especializado, para prevenir daños graves en su integridad y vida.

Hasta la fecha no se ha cumplido la orden del TC, no se han implementado los planes aprobados gracias a la presión de la sociedad civil y el apoyo de algunas organizaciones sociales de base de La Oroya y los esfuerzos se están centrando en hacer que el Estado implemente las medidas cautelares. Hacemos votos para que nuevos horizontes de esperanza y salud se abran para los oroinos quienes merecen vivir en un ambiente sano.

www.todosobrelaoroya.org)