miércoles, 17 de junio de 2009


DEMOCRACIA
A LA PERUANA

La democracia está en peligro, afirman nuestros gobernantes. Responsabilizan de ello a quienes desde el exterior y el interior, incluyendo a las comunidades amazónicas, estarían supuestamente tramando la desestabilización del país como parte de un complot que derivaría en la caída del régimen. Comunistas y chavistas, rojos que ahora son verdes, serían, según esos mandamaces, incluyendo a la carilinda Ministra Meche Araoz, que se las ha agarrado con las ONG, los malos de la película.

Esos señorones y señoronas olvidan, que según la historia republicana del país, nuestra democracia siempre suele estar en cuidados intensivos porque de ella, los de abajo sólo hemos conocido muñones y nada más. De otra manera no nos podríamos explicar el cómo después de 1821 siguió existiendo la esclavitud negra o se dio pase a la semiesclavitud china, o también el porqué se estuvo que esperar hasta 1970 para que se liquidase la servidumbre feudal existente en los latifundios serranos. O si quisiéramos ubicarnos en la selva, no entenderíamos las razones por la que la explotación del caucho es una página negra de la historia económica y social.

Esa democracia suele caerse sola porque quienes afirman defenderla la resquebrajan con sus actos o la vuelven letal para los deposeidos. La intervención de la SUNAT en Panamericana Televisión para bloquear la decisión judicial, no fue obra de los amuesha ni de los asháninka, la orden provino de las más altas esferas del Ejecutivo. Y es mortal porque a pesar de que está constitucionalmente establecido el derecho a la vida - es uno derechos fundamentales de la persona- los niños siguen muriendo en las alturas de Puno, Huancavelica, Pasco, Ayacucho, víctimas del friaje, como si este fenómeno natural recién hiciese su aparición en el país, cuando desde tiempos inmemoriales se conoce de su existencia, al igual que otro tipo de calamidades: fenómenos de El Niño, terremotos, sequías, desbordes de ríos, huaycos...

A los aguarunas, huambisas o machiguengas, tampoco podemos culparlos de ese desastre, menos responsabilizarlos de que La Oroya sea una de las diez ciudades más contaminadas del planeta porque es una verdadera cámara de gas causada por el plomo, el arsénico y el cadmio de la fundición ahí existente. ¿Resultados? Más del 99% de los 12 000 niños que viven en esa ciudad tienen la sangre envenenada por el plomo, la muerte es prácticamente su eterna acompañante, sin que nadie puede frenar esta desgracia "democrática".

Ante una democracia como la peruana que ha sido siempre ciega, sorda y muda ante los reclamos de las mayorías, históricamente, la violencia siempre ha sido el único gran recurso al que han podido acudir para obtener sus reivindicaciones. Lo sabe el APRA, que en sus orígenes antioligárquicos estuvo comprometida hasta el cuello con más de un amotinamiento social. La llamada revolución aprista del 7 de julio de 1932 en Trujillo, es un ejemplo de los muchos. Lo saben también las multitudes que en los años 70 obligó a los militares a volver a sus cuarteles; como tampoco puede desconocerse la irrupción no precisamente pacífica de los pueblos en el combate frontal contra el fujimorismo, que concluiría con la fuga del dictador y ¡léase bien! la vuelta a la democracia formal, a las primaveras que los de arriba son los primeros en violentar.

No debe llamarnos entonces la atención que las comunidades amazónicas hayan emprendido el camino de la protesta aírada en procura de sus demandas. Anteayer fueron los cañeros de la costa peruana, los artesanos y obreros de la capital de la República y provincias; ayer, los mineros y petroleros, los campesinos y maestros, los estudiantes y los pobladores de los asentamientos humanos... y podemos seguir. Lo nuevo en este escenario de lucha social es el protagonismo de las etnias amazónicas y sus reivindicaciones, que colocan al Perú ante una confrontación democrática y nacional nunca antes vista.

La Selva, no las ciudades, sino las profundidades de ella, son las que hoy están manifestándole al mundo cuan precaria y falsa es la democracia peruana, incapaz, como lo está demostrando, de viabilizar un petitorio que en su esencia no le cierra el paso a la inversión privada, sino que busca garantizar la existencia de un habitat ya bastante maltratado justamente porque nadie ha querido ponerle coto a la despiadada práctica de los neocaucheros de las trasnacionales del petróleo; y al mismo tiempo salvaguardar la existencia de las etnias y su universo cultural, expuestas a la irracionalidad del capitalismo salvaje, como se ha denunciado en decenas de oportunidades.

Los luctuosos sucesos de Bagua, del pasado viernes 5 de junio pudieron evitarse, incluso el propio levantamiento de las etnias amazónicas pudo no producirse si es que nuestros gobernantes hubieran respetado la legalidad vigente, que los obligaba a consultar con esos pueblos cualquier decisión a adoptar en materia de inversiones. Como lo han dicho los especialistas: el Convenio número 169 de la OIT, incorporado a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa número 26253 del 2 de diciembre de 1993 obliga, así como se lee: obliga, a nuestros gobernantes a esa consulta, para lo cual se deben crear las mejores condiciones: de información, de organización, de diálogo, de previsión, para que ese proceso de intercambio de ideas pueda efectuarse sin contratiempos de ninguna naturaleza.

Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (Expediente número 03343-2007-PA/TC del 19 de febrero del año en curso), reconoce explícitamente ese derecho de las etnias amazónicas, al señalar que "...la consulta debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad nativa o su hábitat natural". Asimismo dispone que para procesarla debe garantizarse: a.- Información relativa al tipo de recurso a explotar; b.- Àreas de explotación; c.- Informes sobre impacto ambiental; d.- Posibles empresas que podrían efectuar la explotación del producto; e.- Entrega anticipada de la información.

Como colofón, sentencia el Tribunal que dicha consulta tendrá que realizarse sin ningún tipo de coerción que pueda desvirtuarla. (Juan Carlos Ruiz, T.C. reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y rango constitucional al Convenio 169 de la OIT. En: Gaceta Constitucional, T. 16, abril de 2009, p.137).

Los decretos leyes números 1090 y 1064, son cuestionados por las comunidades nativas porque justamente no cuentan con su opinión, tal y como lo establece el Convenio número 169 de la OIT, y como también lo determina la sentencia del Tribunal Constitucional arriba citada, que sienta jurisprudencia sobre el particular. El gobierno ha soslayado abiertamente tales disposiciónes; lo más serio es que persiste en su actitud: aparentemente va al diálogo, pero con los interlocutores señalados a dedo, y en un ambiente nada propicio: con toque de queda, estado de emergencia, persecusión de dirigentes y satanización de las comunidades nativas.

En este sentido, si se trata de buscar una salida idónea al problema actual de la amazonía, la opinión del ex Canciller Manuel Rodriguez Cuadros debería ser colocada en el orden del día. Por ello la trascribimos tal como ha sido expuesta en la edición de hoy del diario La Primera de Lima:

1) Derogar los decretos legislativos. 2) Constituir, en aplicación del Convenio 169 de la OIT, una comisión plural que elabore un nuevo régimen jurídico de desarrollo en la Amazonía, bajo los principios del respeto a los derechos de propiedad ancestral, el beneficio compartido y la sustentabilidad medio ambiental. 3) Deponer la suspensión antidemocrática de los congresistas opositores. 4) Otorgar el salvoconducto a Alberto Pizango. 5) Conformar una comisión independiente que esclarezca los hechos de violencia, con participación de los obispos amazónicos y la Defensoría del Pueblo. 6) Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que haga una vista y observación “in loco”. 7) Que los órganos jurisdiccionales establezcan con independencia las responsabilidades individuales por las muertes. (Alberto Mosquera Moquillaza)

Lima, 15 de junio de 2009


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