ESTRATEGIA Y DESARROLLO
-estrade-
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SOBRE LA HUELGA DOCENTE
UNO
La exigencia del cumplimiento del artículo 53 de la Ley Universitaria 23733, que sanciona la homologación de los sueldos de la docencia universitaria con los haberes de los magistrados del Poder Judicial, no está en cuestión, como tampoco se pone en tela de juicio la huelga de la FENDUP. El no cumplimiento de esa Ley, sancionada en 1984, como la burla del actual gobierno, dispuesto a implementar una homologación a su antojo, demuestra cuan poco le interesa a esas autoridades el desarrollo de la Universidad pública; venida a menos por una política sistemática de abandono, que ha llevado a que estos centros de estudios prácticamente estén sobreviviendo con sus recursos propios, explicable en la lógica de una Administración que presupuestalmente sólo le está dedicando el 3,3% del PBI al sector educación.
La última jugada del gobierno: el proyecto de ley mediante el cual supuestamente se pretende cumplir con la homologación, previa evaluación de los docentes, no es sino una burda maniobra que se orienta a desacreditar a la docencia universitaria para aislarla de la opinión pública, tal y como en su momento lo hicieron con el SUTEP, usando el mismo libreto de la evaluación y la meritocracia, que curiosamente no se la exigen a otros sectores como a las Fuerzas Armadas, cuyas próximas remuneraciones, de acuerdo a un celebrado proyecto de ley en curso, estarán muy por encima de los emolumentos de la docencia universitaria, a cuyos cesantes y jubilados se los excluye abusivamente de la homologación.
El gobierno soslaya que esas evaluaciones ya se realizan en nuestros centros de estudios en el marco de la misma Ley Universitaria y de las normas estatutarias de cada Universidad. Los procesos de ratificación son una muestra de ello, como lo son también los avances autoevaluativos hacia la acreditación, que forman parte de los esfuerzos de las Universidades por alcanzar los estándares internacionales de funcionamiento.Rechazamos por ello las declaraciones del Presidente García y del Ministro de Educación, que presentan a la docencia universitaria como renuente a los procesos evaluativos; y a la Universidad pública como defensora a ultranza de la autonomía, cuando bien sabemos que su desenvolvimiento se enmarca en el cumplimiento de la Constitución, las leyes de la República y sus Estatutos, que no es precisamente una conducta que distinga a nuestros gobernantes.
La última jugada del gobierno: el proyecto de ley mediante el cual supuestamente se pretende cumplir con la homologación, previa evaluación de los docentes, no es sino una burda maniobra que se orienta a desacreditar a la docencia universitaria para aislarla de la opinión pública, tal y como en su momento lo hicieron con el SUTEP, usando el mismo libreto de la evaluación y la meritocracia, que curiosamente no se la exigen a otros sectores como a las Fuerzas Armadas, cuyas próximas remuneraciones, de acuerdo a un celebrado proyecto de ley en curso, estarán muy por encima de los emolumentos de la docencia universitaria, a cuyos cesantes y jubilados se los excluye abusivamente de la homologación.
El gobierno soslaya que esas evaluaciones ya se realizan en nuestros centros de estudios en el marco de la misma Ley Universitaria y de las normas estatutarias de cada Universidad. Los procesos de ratificación son una muestra de ello, como lo son también los avances autoevaluativos hacia la acreditación, que forman parte de los esfuerzos de las Universidades por alcanzar los estándares internacionales de funcionamiento.Rechazamos por ello las declaraciones del Presidente García y del Ministro de Educación, que presentan a la docencia universitaria como renuente a los procesos evaluativos; y a la Universidad pública como defensora a ultranza de la autonomía, cuando bien sabemos que su desenvolvimiento se enmarca en el cumplimiento de la Constitución, las leyes de la República y sus Estatutos, que no es precisamente una conducta que distinga a nuestros gobernantes.
DOS
En este contexto, la justedad de las demandas universitarias, que no se reducen a la lucha por la homologación, es irrebatible. Así lo sienten los pueblos del interior del país, cuyas Universidades estatales han sido conquistadas en mil batallas por contar con centros de estudios de ese nivel; con los cuales están enlazados por la historia, y por la proyección social de las mismas al servicio de esas poblaciones. Así, la reiniciación de la huelga de la FENDUP se convirtió en una exigencia desde dentro y fuera de los claustros, que se expresa en el apoyo que ha alcanzado,
En San Marcos, y en particular en nuestra Facultad, las cosas han ido en sentido inverso. La primera etapa de la huelga de la FENDUP, en el semestre pasado, no tuvo la contundencia que se esperaba porque al igual que ahora sólo un sector de bases y de docentes se adhirieron a ella. La desinformación, el desinterés, y sobre todo la debilidad gremial conspiraron contra una presencia masiva de la docencia sanmarquina; precariedad camuflada por la estridencia de las corrientes anarquistas, dispuestas siempre a estar en huelga sea cual sea el tiempo o el espacio, al margen del estado real de las fuerzas profesorales, tal como ha ocurrido con el reinicio de esta paralización.
Para estas corrientes, las medidas de lucha no se organizan, ni forman parte de un plan de acción, mucho menos pueden servir para fortalecer los niveles de organización y conciencia de la docencia. Los resultados tanto a nivel del SINDEC o del SINDUSM están a la vista: 14 profesores y 7 bases han decidido el reinicio de la huelga, tan igual o peor que en el semestre pasado, precariedad que no es sino el resultado de una práctica liquidadora que está debilitando el gremio sanmarquino; expresada también en propuestas altisonantes como las de “tomar” la Ciudad Universitaria o las vías de acceso a ésta, para imponer la huelga, y con las que se pretende sustituir el nulo trabajo de educación, organización, y preparación concreta del reinicio de la huelga.
Radicalismo de palabra, oportunismo en los hechos, como se denunció en la última Asamblea del SINDUSM, uno de cuyos dirigentes ha terminado de Asesor del Rector de la Universidad; tal como ha ocurrido en el SINDEC, cuyo Secretario General Juan Anicama Pescorán, renunció a la Secretaría General del Sindicato “para asumir la función de Asesor del decano de la Facultad” (Boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores del SINDEC), abandonando las tareas que asumió luego de la primera etapa de la huelga, que debieron orientarse a su reiniciación.
TRES
En este marco, ESTRADE convoca a superar en la lucha las debilidades de la participación sanmarquina en la huelga de la FENDUP, desarrollando el diálogo persuasivo que permita ganar conciencias y huelguistas, sin atentar contra la libertad de colegas que en el marco de precariedad arriba señalado decidan cumplir con sus labores académicas; al mismo tiempo que se atienden las demandas estudiantiles de no debilitar más el desarrollo del actual semestre académico, afectado ya por los días feriados y las contingencias del sismo de agosto, para lo cual deben crearse mecanismos de interacción con los alumnos para evitar que la Universidad se despueble. Asimismo exigimos que el Consejo de Facultad se pronuncie sobre la legitimidad de la medida adoptada, y exija a la alta administración de la Universidad una posición firme sobre la burla contumaz del gobierno actual.
Ciudad Universitaria, octubre de 2007
Ciudad Universitaria, octubre de 2007
El Comité Directivo
estrade
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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